Policía antidisturbios en Buenos Aires, Argentina

Dadas las abundantes discusiones en torno a las reformas policiales en el continente americano, Yanilda González, profesora asistente de la Universidad de Chicago, analiza las implicaciones que las experiencias de Latinoamérica en materia de reformas policiales pueden tener para dichas iniciativas en el futuro.

El nombramiento de Jeff Sessions como fiscal general por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llevado a especulaciones sobre el destino de los recientes intentos de reforma policial.

Al inicio de sus funciones, Sessions dijo que buscaría "retirar" las investigaciones del Departamento de Justicia en torno a los abusos de la policía, argumentando que éstas afectan la eficacia de la institución.

* Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation. Se traduce y reproduce con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

En los últimos tres años, los estadounidenses se han pronunciado en contra de la violencia policial, la militarización y la corrupción, mediante movimientos como Las Vidas Negras Importan (Black Lives Matter) y organizaciones similares. Los funcionarios federales han respondido a estos reclamos creando fuerzas de tarea especializadas cuya función consiste en recomendar las mejores prácticas, adelantar investigaciones en los departamentos de policía más problemáticos y aplicar reformas. Las cortes también han buscado reducir las normas inconstitucionales que permiten parar a los ciudadanos e inspeccionarlos, y los gobiernos municipales han creado agencias de supervisión independientes y han promulgado sólidos programas de vigilancia comunitaria.

¿Pero tendrán continuidad?

Mi investigación sobre las reformas policiales en Latinoamérica muestra que este tipo de reformas son altamente vulnerables a los cambios políticos. Estos casos demuestran que dichas reformas pueden ser anuladas muy pronto, antes de que puedan afianzarse y demostrar resultados.

Comprender la política de las reformas policiales en Latinoamérica puede resultar útil para quienes desean cambios en la labor policial en Estados Unidos.

La política y las reformas policiales

Líderes de Colombia y la provincia de Buenos Aires, Argentina, reajustaron sus instituciones de policía en 1993 y 1998, respectivamente. Estas reformas se dieron como respuesta al aumento en las tasas de criminalidad, así como a la violencia policial generalizada, la corrupción y la ineficacia en la lucha contra el crimen.

Las leyes para las exhaustivas reformas de la policía fueron elaboradas mediante un amplio consenso político. Los legisladores del Congreso colombiano y de la legislatura provincial de Buenos Aires promulgaron leyes para desmilitarizar, descentralizar y profesionalizar la Policía Nacional de Colombia y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Dichas reformas también permitieron mejorar los estándares de reclutamiento y formación, fortalecer los organismos de supervisión y crear espacios formales de participación de la comunidad.

Sin embargo, apenas un año después de que se aprobaron las reformas, Ernesto Samper fue elegido presidente de Colombia. Él prometió acabar la profunda reestructuración de la policía nacional llevada a cabo por su predecesor. "Dejemos que la policía se autorregule", dijo.

De manera similar, en la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf fue elegido gobernador en 1999. Él dejó intacta la ley de reforma policial de su predecesor. Sin embargo, dejó clara su estrategia frente a la lucha contra el crimen: "Tenemos que meterles bala a los delincuentes".

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Ambos políticos utilizaron los temores de los ciudadanos en torno al aumento del crimen para abogar por una mayor autonomía de la policía y para que ésta adoptara una línea "más dura" frente al crimen. Durante sus administraciones, la reforma policial dio paso a períodos de "contrarreforma". Estos se caracterizaron por una mayor autonomía de la policía, menos rendición de cuentas, mayor militarización, corrupción desenfrenada y asesinatos extrajudiciales.

Otras investigaciones sobre la policía en Latinoamérica han aportado pruebas contundentes sobre el impacto de esta retórica política. Cuando se eligen políticos que promueven estrategias policiales "más duras", aumentan los asesinatos por parte de la policía y la represión sobre los ciudadanos.

Estos ejemplos muestran que puede ser difícil conciliar los objetivos a largo plazo de las reformas policiales con los objetivos a corto plazo de los políticos.

El apoyo de la policía a las reformas

Mi investigación también demuestra que las fuerzas de policía que se oponen a las reformas tienen un considerable poder para debilitarlas. En la provincia de Buenos Aires, los funcionarios de la policía lograron acabar con un sistema de foros de seguridad barriales que les permitían a los ciudadanos ejercer supervisión sobre la policía. Los agentes sentían que los foros les daban a los ciudadanos demasiado control sobre asuntos particulares de la policía. En consecuencia, presionaron al gobernador y al ministro de seguridad para que redujeran la financiación y el personal necesario para implementarlos.

Como comparación, un sistema participativo similar en São Paulo, Brasil, ha permanecido durante tres décadas. Allí, los policías fueron incorporados a la estructura de gobierno de los consejos comunitarios, lo que permite una relación más colaborativa. Como resultado, muchos policías han llegado a considerar a los miembros del foro como sus defensores. Aunque los ciudadanos de São Paulo no tienen la autoridad para supervisar, la cooperación de la policía ha contribuido a la permanencia de estos espacios de participación.

Quienes proponen las reformas deben entonces identificar a los policías y motivarlos a participar en reformas sustentables. Sin el apoyo de personas del interior de la institución, es poco probable que las reformas perduren.

Mantener la continuidad

Otra vulnerabilidad de las reformas policiales es el hecho de que, después de que son aprobadas, sus promotores se olvidan de ellas. En Buenos Aires y en Colombia, las organizaciones y activistas de los derechos humanos siguieron actuando después de que los políticos empezaron a revertir las reformas. Pero la indignación social generalizada que condujo inicialmente a las reformas se desvaneció, y con ello desapareció el impulso necesario para sostener las reformas en el largo plazo.

Las investigaciones que se han adelantado tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica han demostrado que las campañas en favor de las políticas de "mano dura contra el crimen", o "populismo punitivo", son una estrategia altamente efectiva para ganar votos. Como lo han demostrado los investigadores, tales políticas pueden producir un amplio apoyo de diversos grupos de votantes. Las denominadas coaliciones "pro-orden", es decir, las alianzas de organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los políticos que abogan por las políticas de "la ley y el orden", también han demostrado una gran capacidad para movilizar recursos y apoyo popular.

Si no se logran sostener las coaliciones que apoyan las reformas, existe poco contrapeso para dichas presiones.

¿'Contrarreforma' en Estados Unidos?

¿Está Estados Unidos entrando en un período de "contrarreforma" similar al que se ha presentado en Colombia y Argentina?

Los opositores a la reforma, entre ellos Sessions, advierten de "una tendencia a largo plazo en el aumento de los crímenes violentos". También han propuesto teorías como el "efecto Ferguson", es decir, la idea de que el creciente control de la actividad policial ha hecho que la policía sea menos activa. Estos argumentos pueden inquietar a los votantes y conducirlos a creer que la reforma policial puede llevar a que la policía sea menos eficaz en la lucha contra el crimen.

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Por otra parte, el presidente Trump ha adoptado una retórica similar a la de sus homólogos de Colombia y Argentina. Como candidato, propuso que la policía fuera "mucho más dura" en la lucha contra el crimen. Y como presidente, ha dicho que su administración "impondrá la ley y el orden" y "empoderará" a la policía.

Es demasiado pronto para determinar si estos esfuerzos de reforma policial serán revocados. Si bien el contexto de Estados Unidos difiere del de Latinoamérica, estos ejemplos demuestran que la reforma policial es un proceso continuo y polémico, que es difícil de lograr y altamente propenso a ser revocado.

* Este artículo fue publicado originalmente por The Conversation. Se traduce y reproduce con permiso. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.