La remota cárcel isleña apodada la Guantánamo de Panamá alberga los presos más peligrosos del país, pero crecen las preocupaciones por las duras condiciones y las violaciones a los derechos humanos que ocurren detrás de los inexpugnables muros de ese presidio.
En marzo de 2015, el presidente de Panamá Juan Carlos Varela anunció que la cárcel Punta Coco, próxima a inagurarse, contribuiría a cortar los vínculos de los cabecillas del crimen en Panamá y reducir la violencia que causan interrumpiendo su comunicación con el exterior.
La nueva prisión de máxima seguridad albera a sólo seis reclusos en una base naval antinarcóticos en Isla del Rey, localizada a más de cien kilómetros de distancia de la costa de Ciudad de Panamá, la cual tiene cuatro municipios y una población de unos 1.600 habitantes permanentes. La cárcel no se considera parte siquiera del sistema penitenciario dirigido por el Ministerio de Gobierno de Panamá, sino que es administrada por el Ministerio de Seguridad Pública. Los prisiones están oficialmente bajo la custodia del Servicio Nacional Aéreo y Naval (SENAN) y del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).
Los seis internos en Punta Coco están en su mayoría acusados de tráfico de estupefacientes y de armas, terrorismo contra el Estado y homicidio (Ver tabla abajo). Fueron transferidos en secreto a la isla sin previo aviso a los prisioneros o a sus familias. Si bien en un punto funcionarios del gobierno afirmaron que los prisioneros habían solicitado el traslado por protección, el mensaje difundido por el presidente Varela y por el director del sistema penitenciario ha sido otro; la intención era cortar los vínculos entre los seis y sus seguidores en el exterior, quienes, según los funcionarios, ejecutan crímenes por órdenes de los primeros.
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La ubicación aislada de la cárcel también impide fugas, pues ha habido un alarmante incremento de evasiones en los últimos meses, principalmente en junio, cuando seis reclusos escaparon de la prisión La Joyita, y la mitad de presos en Punta Coco han burlado la custodia en el pasado.
Los presos de Punta Coco
| Nombre | Delito |
| Carlos Mosquera |
Mosquera fue vinculado en marzo de 2015 al decomiso de 320 kilogramos de cocaína en una hacienda en el pueblo de Sajalices, en Panamá. También se dice que hace parte de una red dedicada al “tumbe” (robo) de cargamentos de droga. |
| Clifford Alfonso Hylton Patterson |
Patterson está detenido por su presunta participación en robos a bancos y otros negocios, así como por su fuga del centro penitenciario La Joyita en junio de 2015. |
| José Cossio |
Cossio fue capturado en Costa Rica y extraditado a Panamá en 2015. Es el líder de la pandilla Calor Calor, una de las más poderosas de Panamá. Cossio presuntamente robó US$2,4 millones del Banco de China en la Zona Libre de Colón, en Panamá, en 2005. También está en prisión por el asesinato de una candidata al concurso de belleza de Panamá, narcotráfico y por la fuga de la cárcel La Joya. |
| Jose Camargo |
Camargo es el cabecilla de la pandilla Bagdad, archirrival de Calor Calor. En 2014, se dice que dio la orden de asesinar a dos niños y sus padres en la ciudad costera de La Chorrera, Panamá, pese a estar detenido en la sede de la Policía Nacional de la ciudad de Ancón desde 2013. |
| Dangelo Dayan Ramírez Ramea |
Ramírez es acusado de haber participado en el robo al Banco de China en 2005 con Cossio. También se encuentra detenido por narcotráfico, lavado de dinero, lesiones personales, extorsión y otros crímenes. Según los expedientes de la policía, también es el jefe de una organización criminal local. |
| Azael Ramos |
Ramos está en prisión por tráfico de armas y de estupefacientes, posesión de armas y homicidio, entre otros delitos. Ha escapado de la custodia policial en dos ocasiones; la primera fue en 2008, cuando se fugó de La Joyita, y la segunda vez fue en 2010, cuando se escapó del Hospital Santo Tomás de Ciudad de Panamá, cuando recibía tratamiento. Estuvo fugitivo durante dos meses después de la primera fuga, pero logró eludir a las autoridades por dos años después de su segunda evasión. |
| Enrique Edwin Jaén Cherigo* |
Jaén Cherigo está acusado de ser el conductor del auto que participó en el fatal atropellamiento y fuga de un célebre ciclista panameño. Luego huyó al interior de Panamá, donde fue capturado en la ciudad de Santiago. Jaén Cherigo también ha sido vinculado a la pandilla El Pentágono. *Al contrario de otros presos de la isla, cuya presencia ha sido confirmada, no es claro si Jaén Cherigo se encuentra detenido actualmente en Punta Coco, pues el director de la Policía Nacional no ha dado una fecha específica de su traslado a la isla. |
Presuntos abusos a los derechos humanos
El apelativo de “Guantánamo Bay de Panamá” para Punta Coco no se deriva sólo de su ubicación en la base naval de una isla, donde se mantiene a los presos por fuera de la jurisdicción normal. También hay quejas de abusos a los derechos humanos.
Una reciente visita al penal de la defensora del pueblo de Panamá Lilia Herrera dio como resultado un informe condenatorio y la recomendación de que se trasladara de inmediato a los presos y se cerrara el centro penitenciario. Según Herrera, la cárcel violaba las convenciones y pactos internacionales sobre derechos humanos, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que evitan y sancionan la tortura y todos los demás tipos de trato cruel, inhumano y degradante a prisioneros.
El informe de la defensora del pueblo detalló cómo las celdas de los presos eran peligrosamente calientes, debido a que la construcción en concreto absorbe el abrasador calor del trópico, y la ventilación se limita a una pequeña ventana en la puerta metálica de la celda que sirve para pasar los alimentos a los prisioneros. Añadió que la salud de los reclusos es pone en mayor riesgo por la proliferación de mosquitos en la isla y la mala atención médica del establecimiento.
Herrera tuvo la postura más crítica hacia los esfuerzos del gobierno por aislar a los detenidos, señalando cómo permanecen encerrados en su celda durante casi 24 horas diarias y se les impide comunicarse con los demás. Indicó que a los prisioneros se les conceden apenas 40 minutos por fuera de su celda, pero no todos los días, pues sólo se los deja salir cuando necesitan lavar su ropa. Además, la estricta prohibición de la cárcel a la interacción social entre los presos implica que se mantienen aislados permanentemente. También agregó que el aislamiento y la dificultad de acceso a Punta Coco priva a los seis reclusos de su derecho fundamental a acceder al sistema judicial.
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La Organización de las Naciones Unidas también ha manifestado su inquietud, pues el Secretario Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y el presidente de su Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria calificaron las condiciones de “inhumanas y degradantes”. Los representantes de la ONU instaron al gobierno panameño a cesar de inmediato el traslado de presos a Punta Coco por graves preocupaciones sobre la incapacidad de los internos de preparar una defensa adecuada debido a la distancia y al costo de viajar a la isla. También manifestaron su preocupación por los grilletes que se pone a los presos en manos y pies durante las visitas, los frecuentes afecciones intestinales de los reclusos, la falta de luz eléctrica y el continuo uso del confinamiento en solitario, del que señalaron sólo debe emplearse como último recurso.
Las familias de los detenidos también iniciaron sus propias protestas, exigiendo el cierre del lugar, al que llamaron un “cruel sistema del pasado”, y se quejaron de que el gobierno no les hubiera anunciado el próximo encierro de sus parientes en una isla lejana.
Pese a la presión, el gobierno mantiene posición
El 30 de agosto, los presos de Punta Coco iniciaron una huelga de hambre, denunciando que la cárcel viola sus derechos y no tenía justificación legal. Entretanto en la parte continental, los críticos ya recalcan la falta de resultados del sacrificio de los derechos humanos en aras de la seguridad, pero hasta el momento el gobierno no ha cedido.
En septiembre, el director del Sistema Penitenciario de Panamá (SPP), Gabriel Pinzón, defendió esa prisión en el programa de noticias por televisión Radar. Aseguró que no se estaban violando los derechos humanos y que era preciso mantener aislados a los presos, para que no pudieran comandar más crímenes. Pero ofreció un atisbo de esperanza para quienes piden el cierre del penal, señalando que era una medida “transitoria”, cuya legalidad pronto decidirá la Corte Suprema.
Hasta ese momento o hasta que el gobierno ceda a sus críticos, Punta Coco se mantendrá como un lúgubre símbolo de la voluntad del gobierno de Panamá para sacrificar los derechos humanos en aras de a seguridad, aun cuando los beneficios prometidos están lejos de ser seguros.