Desde secuestro y genocidio hasta lavado de dinero y malversación del erario público, los actuales líderes latinoamericanos han enfrentado investigaciones por una amplia variedad de delitos, lo que pone de relieve los cambios estructurales que la región enfrenta en su lucha pendiente por acabar con la impunidad que cobija a sus élites políticas.

Argentina

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) fue acusada de tres casos de corrupción y está siendo procesada por un cuarto caso. En el que va más adelantado, Kirchner enfrentará un juicio por su presunta participación en la venta de futuros dólares artificiales devaluados, una operación bancaria estatal especulativa que finalmente le costó a Argentina millones de dólares. El resto de los casos tienen en común acusaciones según las cuales Kirchner participaba en criminales (o bien lideraba esos esquemas) que involucraban contratos públicos ilegales, generalmente asignados a compañías de pequeños grupos de empresarios, a cambio de sobornos.

Aunque en menor grado, el actual presidente Mauricio Macri también recibió duras críticas luego de que su nombre apareciera en la filtración de los "Papeles de Panamá" en 2016. El poder judicial de Argentina  se encuentra investigando los nexos del presidente con la empresa familiar extranjera Fleg Trading Ltd, pero no se le han formulado cargos.

Argentina ha condenado a uno de sus presidentes, Carlos Menem (1989-1999), pero éste nunca ha pasado un dia tras las rejas. Menem fue inicialmente condenado en el 2013 a siete años de prisión por vender armas a Croacia y Ecuador bajo embargo internacional de armas en ese momento—y después fue condenado a cuatro años y seis meses en diciembre del 2015 por malversación de fondos durante su mandato. Sin embargo, Menem disfruta de la impunidad que le provee su curul en el senado. En 2017, el senador de 86 años estaba postulándose una vez más para la reelección en octubre de este año.

14 08 17 Problemas legales de presidentes latinoamericanos Insightcrime 1

Brasil

Los escándalos de corrupción masiva en Brasil continúan sacudiendo el régimen político del país, mientras las investigaciones revelan más pruebas de la participación de los políticos.

Menos de tres semanas después de que Michel Temer, acusado de "corrupción pasiva" en el escándalo de "Lava Jato" (Lavado de Autos), se convirtió en el primer presidente en ser acusado formalmente, los brasileños vieron cómo uno de sus líderes preferidos era condenado a casi una década tras las rejas.

En espera de un juicio de apelación, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por recibir sobornos a cambio de ayudar a la firma brasileña OAS a obtener contratos de la compañía estatal Petrobras. Pero el expresidente también es blanco de otros casos de corrupción. En julio de 2016, Lula fue juzgado por obstaculizar la investigación de Petrobras. El expresidente fue luego acusado, en octubre del 2016, por tráfico de influencias y lavado de dinero, y de ayudar a la constructora Odebrecht a obtener contratos en Angola a cambio de sobornos durante su mandato. En diciembre de 2016, Lula enfrentó cargos similares, esta vez por aparentemente supervisar la asignación ilegal de ocho contratos de Petrobras mientras estaba en el cargo.

 Por otro lado, la presidenta Dilma Rousseff (2010-2014; 2014-2016) fue formalmente acusada a finales de agosto, por manipular cifras del presupuesto estatal para ocultar el déficit gubernamental. La presidenta estaba siendo investigada desde octubre de 2015, luego del voto del Tribunal Supremo Electoral según el cual, había evidencia suficiente del financiamiento ilícito de su campaña electoral del 2014 como para reabrir una investigación. Rousseff ha negado en repetidas ocasiones cualquier falta grave, y ha acusado a sus oponentes políticos de fomentar un “golpe”.

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se encuentra bajo investigación por sospecha de espionaje ilegal a sus opositores políticos mientras se encontraba en el poder. La Corte Suprema ordenó una investigación sobre la participación directa del expresidente después de que dos de sus asesores fueran sentenciados en abril de 2015. Un intento en 2014 de abrir un debate en el Senado sobre la relación de Uribe y su partido Centro Democrático con organizaciones paramilitares no obtuvo votos suficientes.

República Dominicana

El expresidente Leonel Fernández (1996-2000; 2004-2012) fue acusado por un traficante de drogas de haber aceptado dineros de la droga para financiar ilegalmente sus campañas electorales. Sin embargo, Fernández nunca fue acusado oficialmente de corrupción.

El Salvador

Tres de los últimos cuatro presidentes de El Salvador han tenido que responder por acusaciones de corrupción.

Francisco Flores (1999-2004) fue puesto bajo arresto domiciliario en noviembre de 2014 por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. La evidencia contra el expresidente provino en su mayor parte de un informe compilado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que hizo público el entonces presidente Mauricio Funes. En diciembre de 2015 se ordenó a Flores comparecer ante un tribunal por cuatro acusaciones criminales, que incluían el desvío ilícito de US$15 millones en ayuda enviados por Taiwán tras el terremoto de 2001. Murió en enero de 2016, antes de que el caso llegara a los estrados judiciales.

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El sucesor de Flores, Elías Antonio Saca (2004-2009), fue citado por la Corte Suprema en febrero de 2016 para justificar ingresos personales superiores a US$6,5 millones. Además de eso, sus propiedades familiares aumentaron en casi US$13 millones durante su presidencia, de los cuales más de US$9 millones se justificaron como "otras actividades e inversiones". Saca fue arrestado el 30 de octubre por malversación de fondos, asociación ilícita y lavado de dinero.

Mauricio Funes (2009-2014) fue acusado en febrero de 2016, de enriquecimiento ilícito durante su ejercicio. También se lo investiga por un caso aparte de lavado de dinero y por su posible participación en la tregua de pandillas en la que el país medió en 2012. Otras figuras destacadas que mediaron en la tregua de pandillas han sido acusadas de diversos delitos relacionados.

Guatemala

El escándalo de corrupción de "La Línea", que estalló en Guatemala en 2015, llevó a la caída del presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti. Un esfuerzo conjunto de fiscales guatemaltecos y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha llevado a acusar a Pérez Molina y a muchos otros funcionarios de haber llegado a sus cargos mediante argucias por una red de financiamiento ilegal de sus campañas, de recibir sobornos para otorgar concesiones gubernamentales, robar dineros públicos para la compra de artículos de lujo y recibir coimas de un esquema de fraude aduanero. Baldetti fue arrestada en agosto de 2015, y Pérez Molina dimitió de su cargo en diciembre de 2015, luego de que el Congreso le retirara su inmunidad, y fue arrestado al día siguiente.

Antes de investigar a la administración de Pérez Molina, la CICIG organizó un intento infructuoso para procesar al expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) por corrupción. Después de huir a El Salvador y luego a México en 2004, Portillo fue extraditado a Guatemala en 2008, donde en 2011 se lo declaró inocente de las acusaciones de malversación. Sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos en 2013, donde se declaró culpable de lavado de dinero, y fue sentenciado a casi tres años de cárcel. Portillo fue liberado en 2015 y regresó a Guatemala el mismo año.

Haití

El expresidente de Haití, Michel Martelly (2011-2016), ha sido acusado de mantener una administración plagada de corrupción. En el año 2014, un tribunal inició una investigación de corrupción contra su esposa y su hijo; además, han surgido acusaciones de que el expresidente malversó de dineros públicos. Aunque Martelly nunca ha sido acusado formalmente, las numerosas personas condenadas o investigadas en su círculo cercano, así como las numerosas denuncias por corrupción, han generado serias preocupaciones en torno a sus actividades durante el cargo.

Honduras

El expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) recibió siete acusaciones distintas por corrupción durante su periodo en la presidencia. Callejas fue absuelto de todos los cargos en un juicio en 2005, que se dio luego de que por voto el Congreso revocara la inmunidad legal que había cobijado a todos los presidentes anteriores. Callejas resultó implicado más adelante en el enorme escándalo de corrupción en la FIFA, desatado en 2015, y que llevó a Estados Unidos a formular cargos a 42 personas por presuntos sobornos por US$200 millones. En marzo de 2016, Callejas se declaró culpable de asociación delictiva, de conspiración para realizar fraude electrónico, yde recibir sobornos a cambio de conceder derechos de transmisión y comercialización de los partidos de clasificación a la Copa Mundial de Fútbol, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El expresidente está en libertad bajo fianza previa a su sentencia, que podría ser de 20 años de prisión por cada cargo aceptado.

Panamá

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) tiene en su contra numerosas investigaciones por presuntos delitos, que incluyen malversación, corrupción y espionaje ilegal. Aún no ha sido procesado, pero en 2015 el tribunal electoral de Panamá le retiró su inmunidad por el cargo de uso indebido de información privilegiada para operaciones bursátiles.

Tras superar varias barreras legales, a finales de septiembre de 2016 el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panmá solicitó oficialmente su extradición desde Estados Unidos.

Martinelli fue arrestado en Estados Unidos en junio de 2017, y actualmente está tratando de impedir su extradición de vuelta a Panamá, donde las autoridades esperan acusarlo formalmente por espionaje ilegal y corrupción.

Paraguay

La Fiscalía General de Paraguay lanzó una investigación en octubre de 2015 contra el expresidente interino Federico Franco (2012-2013) por presunto lavado de dinero, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. En abril de 2016, el fiscal especial de Paraguay para el lavado de dinero declaró que estaba investigando a Franco y a su esposa, la senadora Emilia Alfaro de Franco, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los fiscales le dijeron a ABC Color que Franco había sido relacionado con cuentas dudosas que se usaron para financiar su campaña, y que el ingreso neto de su esposa aumentó en 610 por ciento durante sus cinco años en el parlamento y en 14 meses como primera dama.

El actual presidente Horacio Cartes fue condenado por fraude electrónico a mediados de la década de los ochenta y se mantuvo fugitivo por cuatro años hasta que un juez revocó su sentencia. Alguna vez se le formularon cargos formales por homicidio, aunque las normas de prescripción se vencieron. Los cables diplomáticos divulgados por Wikileaks indican que ya en 2010 las autoridades estadounidenses habían investigado a Cartes por presunto lavado de dinero.

Perú

Varios expresidentes peruanos han sido acusados de diversas actividades criminales.

Alberto Fujimori, quien estuvo en la presidencia entre 1990 y 2000, se encuentra en la cárcel tras haber sido sentenciado a 25 años de prisión en 2009 por violaciones a los derechos humanos, que incluyeron genocidio. Ya había sido condenado a seis años en 2007 por abuso de poder.

El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se ha visto salpicado en el escándalo de los "narcoindultos", desde enero de 2014, cuando una comisión del Congreso solicitó que se le abriera un sumario por el presunto cobro de sobornos a cambio de la liberación anticipada de más de mil presos condenados por delitos de drogas.

Otro expresidente, Alejandro Toledo (2001-2006), fue acusado en marzo de 2015 por un caso de lavado de dinero en el que había de por medio más de US$9 millones.

Perú está buscando el arresto de Toledo por éste y un segundo caso en el que el expresidente es acusado de recibir US$20 millones para ayudar a la firma brasileña de construcción Odebrecht a firmar contratos.

El escándalo de Odebrecht también ha salpicado a Ollanta Humala (2011-2016), quien fue puesto en “detención preventiva” durante 18 meses en julio del 2017 por un juez que teme que el expresidente obstruya o evada la investigación por corrupción. Humala no ha sido acusado aún, pero los fiscales dicen que tienen pruebas de que el expresidente recibió sobornos en dos ocasiones para financiar las campañas electorales: primero por parte del fallecido jefe de Estado, Hugo Chávez, durante la campaña de 2006 en la que Humala salió derrotado; y después por parte de Odebrecht para las elecciones de 2011, en las que salió victorioso. Las autoridades brasileñas ya habían afirmado en febrero de 2016 que poseían pruebas de que Humala había recibido sobornos de Odebrecht. 

*Este artículo es actualizado constantemente en relación a su versión original, publicada por primera vez el 10 de agosto de 2016.