Desde secuestro y genocidio hasta lavado de dinero y malversación del erario público, los actuales líderes latinoamericanos han enfrentado investigaciones por una amplia variedad de delitos, lo que pone de relieve los cambios estructurales que el país enfrenta en su lucha pendiente por acabar con la impunidad que cobija a sus élites políticas.

Argentina

Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) fue llamada a comparecer a juicio por su posible participación en dos casos diferentes ese año. En febrero, se la llamó a testificar por acusaciones de manipulación artificial de la cotización del peso argentino frente al dólar durante su presidencia. Las autoridades sospechan que su participación en las políticas del banco central buscó evitar una crisis monetaria en el corto plazo hacia finales de su segundo periodo, lo que dejó a su sucesor enfrentando las consecuencias económicas en los años siguientes. Sin embargo, no está acusada de enriquecimiento ilícito como producto del complot. Fernández de Kirchner también tiene otra investigación abierta desde abril de 2016 por un complot internacional de lavado de dinero, pero no se le han imputado cargos formales en el caso.

El actual presidente Mauricio Macri también quedó bajo el fuego luego de que su nombre apareciera en la filtración de los "Panama Papers" en 2016. El poder judicial en Argentina investiga los nexos del presidente con la empresa familiar offshore Fleg Trading Ltd, pero no se le han formulado cargos.

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Brasil

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) ha enfrentado investigaciones desde 2015 por su presunta participación en varios escándalos de corrupción. Primero se lo acusó de tráfico de influencias en 2015. Lula da Silva presuntamente ayudó a la firma brasileña Odebrecht a asegurarse varios contratos públicos en el exterior a cambio de compensaciones financieras ilícitas. El expresidente fue detenido para un interrogatorio en marzo de 2016 por su presunta participación en el masivo escándalo de corrupción y lavado de dinero en Petrobras, que ha causado un remezón en el gobierno brasileño. Aunque las autoridades liberaron a da Silva después de interrogarlo por tres horas y de registrar su residencia, no se le levantaron los cargos. Se le ordenó oficialmente comparecer por acusaciones de obstrucción a la justicia en julio de 2016.

La presidenta Dilma Rousseff (2010-2014; 2014-2016) tiene investigaciones en su contra desde octubre de 2015, cuando el Supremo Tribunal Electoral de Brasil decidió por votación que había suficiente evidencia de financiación ilícita para su campaña electoral de 2014. En mayo, el senado brasileño votó para proceder con el juicio político contra Rousseff por cargos de manipulación de cifras del presupuesto estatal con el fin de ocultar el déficit del gobierno. Se encuentra suspendida, y se espera una decisión final sobre el juicio en septiembre u octubre. Rousseff niega cualquier delito, y ha acusado a sus opositores de intentar un "golpe".

Los ingentes escándalos por corrupción en Brasil de seguro seguirán sacudiendo la institucionalidad política del país, a medida que las investigaciones hacen aflorar mayor evidencia de la participación de los políticos. El actual presidente interino Michel Temer fue acusado recientemente de participar en la financiación ilegal de la campaña de otro político. No se han formulado acusaciones formales en su contra.

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) se encuentra bajo investigación por sospecha de espionaje ilegal a sus opositores políticos mientras se encontraba en el poder. La Corte Suprema ordenó una investigación sobre la participación directa del expresidente después de que dos de sus asesores fueran sentenciados en abril de 2015. Un intento en 2014 de abrir un debate en el Senado sobre la relación de Uribe y su partido Centro Democrático con organizaciones paramilitares no obtuvo votos suficientes.

El Salvador

Tres de los últimos cuatro presidentes de El Salvador han tenido que responder por acusaciones de corrupción.

Francisco Flores (1999-2004) fue puesto bajo arresto domiciliario en noviembre de 2014 por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito. La evidencia contra el expresidente provino en su mayor parte de un informe compilado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que hizo público el entonces presidente Mauricio Funes. En diciembre de 2015 se ordenó a Flores comparecer ante un tribunal por cuatro acusaciones penales, que incluían el desvío ilícito de US$15 millones en ayuda enviados por Taiwán tras el terremoto de 2001. Murió en enero de 2016 antes de que el caso llegara a los estrados judiciales.

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El sucesor de Flores, Elías Antonio Saca (2004-2009), fue citado por la Corte Suprema en febrero de 2016 para justificar ingresos personales superiores a US$6,5 millones. Además de eso, sus propiedades familiares aumentaron en casi US$13 millones de dólares durante su presidencia, de los cuales más de nueve millones de dólares se justificaron como "otras actividades e inversiones".

Mauricio Funes (2009-2014) fue acusado, en febrero de 2016, de enriquecimiento ilícito durante su ejercicio. También se lo investiga por un caso aparte de lavado de dinero y por su posible participación en la tregua de pandillas en la que el país medió en 2012. Otras figuras destacadas que mediaron en la tregua de pandillas han sido acusadas de diversos delitos relacionados.

Guatemala

El escándalo por corrupción de "La Línea", que estalló en Guatemala en 2015, llevó a la caída del presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidenta Roxana Baldetti. Un esfuerzo conjunto de fiscales guatemaltecos y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha llevado a acusar a Pérez Molina y a muchos otros funcionarios de haber llegado a sus cargos mediante argucias por una red de financiamiento ilegal de sus campañas, de recibir sobornos para otorgar concesiones gubernamentales, robar dineros públicos para la compra de artículos de lujos y recibir coimas de un esquema de fraude aduanero. Baldetti fue arrestada en agosto de 2015 y Pérez Molina dimitió de su cargo en diciembre de 2015, luego de que el Congreso le retirara su inmunidad, y fue arrestado al día siguiente.

Antes de investigar a la administración de Pérez Molina, la CICIG organizó un intento infructuoso para procesar al expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) por corrupción. Después de huir a El Salvador y luego a México en 2004, Portillo fue extraditado a Guatemala en 2008, donde se lo declaró inocente de las acusaciones de malversación en 2011. Sin embargo, fue extraditado a Estados Unidos en 2013, donde se declaró culpable de lavado de dinero, y fue sentenciado a casi tres años de cárcel. Portillo fue liberado en 2015 y regresó a Guatemala el mismo año.

Honduras

El expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) recibió siete acusaciones distintas por corrupción en su periodo en la presidencia. Callejas fue absuelto de todos los cargos en un juicio en 2005, que se dio luego de que por voto el congreso revocara la inmunidad legal que había cobijado a todos los presidentes anteriores. Callejas resultó implicado más adelante en el enorme escándalo de corrupción en la FIFA, desatado en 2015, y que llevó a Estados Unidos a formular cargos a 42 personas por presuntos sobornos por US$200 millones. En marzo de 2016, Callejas se declaró culpable de una conspiración de crimen organizado y fraude electrónico, de recibir sobornos a cambio de la concesión de derechos de transmisión y comercialización de los partidos de clasificación a la Copa Mundo de Fútbol, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El expresidente está en libertad bajo fianza previa a su sentencia, que podría llegar a 20 años de prisión por admisión de cargos.

Panamá

El expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) tiene en su contra numerosas investigaciones por presuntos delitos, que incluyen malversación, corrupción y espionaje ilegal. Aún no es procesado, pero en 2015 el tribunal electoral de Panamá le revocó su inmunidad por el cargo de uso indebido de información privilegiada para operaciones bursátiles, y la Corte Suprema del país ha hecho gestiones para extraditarlo de vuelta a Panamá desde Miami.

Paraguay

La Fiscalía General de Paraguay lanzó una investigación en octubre de 2015 contra el expresidente interino Federico Franco (2012-2013) por presunto lavado de dinero, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito. En abril de 2016, el fiscal especial de Paraguay para lavado de dinero declaró que investiga a Franco y a su esposa, la senadora Emilia Alfaro de Franco, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Los fiscales dijeron a ABC Color que Franco había sido relacionado con cuentas dudosas que se usaron para financiar su campaña y que el ingreso neto de su esposa aumentó en 610 por ciento durante sus cinco años en el parlamento y en 14 meses como primera dama.

El actual presidente Horacio Cartes fue condenado por fraude electrónico a mediados de la década de 1980 y se mantuvo fugitivo por cuatro años hasta que un juez revocó su sentencia. Alguna vez se le formularon cargos formales por homicidio aunque prescribieron. Los cables diplomáticos divulgados por Wikileaks indican que las autoridades estadounidenses investigaron a Cartes por presunto lavado de dinero incluso en 2010.

Perú

Varios expresidentes peruanos han sido acusados de varias actividades criminales.

Alberto Fujimori, quien estuvo en la presidencia entre 1990 y 2000, se encuentra en la cárcel después de haber sido sentenciado a 25 años de prisión en 2009 por abusos contra los derechos humanos, que incluyeron genocidio. Ya había sido condenado a seis años en 2008 por abuso de poder.

El expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se ha visto salpicado en el escándalo de los "narcoindultos", desde enero de 2014, cuando una comisión del congreso solicitó que se le abriera un sumario por el presunto cobro de sobornos a cambio de la liberación anticipada a más de 1.000 presos condenados por delitos de drogas.

Otro expresidente, Alejandro Toledo (2001-2006), fue acusado en marzo de 2015 por un caso de lavado de dinero en el que había de por medio más de US$9 millones.

El presidente Ollanta Humala, cuyo periodo acaba de terminar, no ha sido acusado de delitos de corrupción, pero las autoridades brasileñas lo acusan de ser beneficiario en el extranjero de la firma brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para asegurarse importantes contratos de obras públicas en Perú.