Una nueva ley lista para debate en la cámara de diputados de México propone ampliar y regular la participación del ejército en la guerra contra las drogas que ya alcanza una década, una bandera roja para los críticos de la controvertida ofensiva militar contra los carteles.
Al presentar la nueva iniciativa, uno de los representantes a favor de esta: Martha Sofía Tamayo Morales, reconoció que las fuerzas armadas de México se han convertido en “el principal recurso” en la confrontación del crimen organizado y problemas de seguridad nacional, pero que “su eficiencia se ha visto limitada por la falta de un marco legal adecuado… en particular en su rol en tiempos de paz”.
El proyecto de Ley de Seguridad Interna, de representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente Enrique Peña Nieto, Noticias y perfiles de México y a sus divisiones de seguridad interna, lo que podría ser un nuevo avance de convertirse en ley la iniciativa.
Un nuevo grupo interno estaría conformado por personas de diferentes sectores del gobierno para tomar decisiones relativas a cuándo implementar nuevas medidas especiales, que el presidente podría poner en movimiento para restaurar “el orden interno” en una institución o zona geográfica del país.
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En teoría, la nueva iniciativa propone hacer de las fuerzas armadas el último recurso, no el primero, en temas de seguridad después de que todas las demás ramas de orden público —la policía municipal, estatal y federal, así como la nueva gendarmería— hayan demostrado ser “insuficientes para enfrentar la amenaza”.
También estipularía una mayor rendición de cuentas al requerir que el gobierno federal sea informado de todas las acciones que las fuerzas armadas tomen en su tarea de garantizar la seguridad interna, así como la publicación de un informe periódico sobre el problema.
Análisis de InSight Crime
Aún está por verse cómo tomarán esta nueva ley los legisladores mexicanos, pero de aprobarse, quienes se oponen a la militarización tendrán poco consuelo con su función “regulatoria”; después de todo, la creación de una nueva ley no significa que esta se cumpla.
Inicialmente, el ejército mexicano fue enviado a las calles del país para combatir el crimen organizado en 2006 por el expresidente Felipe Calderón, y desde entonces ha mantenido ese rol. Aunque el ejército sigue siendo la instancia de seguridad que mayor confianza genera en el país, sus agentes han cometido graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la guerra contra las drogas, algunas de las cuales ha intentado encubrir.
Desde 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México ha recibido más de 9.000 denuncias contra sus miembros, y ha habido soldados implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y uso de la tortura, así como algunos de los casos más graves de violación a los derechos humanos en la última década.
Incluso el director de la Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda, ha dicho que el despliegue del ejército contra el crimen organizado fue un “error” y que el ejército de México está cansado de la tarea.
Pese a la militarización de la campaña contra el crimen organizado y los traficantes de narcóticos que adelanta México, ahora las tasas de homicidios en el país se acercan a niveles no vistos desde 2012. Algunos analistas independientes señalan que más de la mitad de los homicidios son obra del crimen organizado y las pandillas criminales.
El despliegue del ejército mexicano en un contexto civil suscita preocupaciones constitucionales. Aunque hay algunas circunstancias específicas en las que se considera justificado el uso de las Fuerzas Armadas Mexicanas en el territorio nacional, el artículo 16 de la Constitución Mexicana restringe la función doméstica de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, y les impide entrar a residencias particulares. Sin un estado de emergencia declarado, es difícil justificar en términos legales que se ponga al ejército en las calles en el contexto de la guerra contra las drogas.
Algunos podrían interpretar la nueva propuesta de Ley para la Seguridad Interna como una forma de evadir estas preocupaciones constitucionales ampliando las definiciones de seguridad interna. También sería una forma de crear un marco legal que facilita la justificación del uso de los militares en la lucha contra las drogas en un escenario internacional y nacional, dadas las críticas que ha recibido la campaña de observadores extranjeros y domésticos.
El año pasado, las Naciones Unidas retuvieron el 15 por ciento de los recursos destinados a la financiación de la lucha antinarcóticos, luego de que México incumpliera los criterios de derechos humanos a los que estaba condicionada dicha financiación.
El uso del ejército contra el crimen organizado en México sigue una tendencia regional; algunos incluso podrían llamarlo tradición regional. En toda Latinoamérica, los gobiernos confrontados por fuerzas policiales corruptas y mal preparadas y por niveles de violencia y poder de fuego en aumento muchas veces han recurrido a su ejército para intentar restaurar el orden.
En todos los casos, los ejércitos de los países latinoamericanos han demostrado ser en el mejor de los casos una herramienta obtusa para disminuir la violencia asociada con el crimen organizado y el narcotráfico a largo plazo, y en muchos casos han empeorado las cosas y cometido atropellos contra la población civil tan graves como los perpetrados por los actores criminales a quienes ellos tenían la obligación de neutralizar.
Además de México, los ejemplos más obvios de esto pueden verse hoy en Colombia (donde la guerra contra las drogas y su conflicto civil de 50 años terminaron por desdibujarse) y en Centroamérica.
Son incontables otros argumentos contra la militarización. Esta es una aceptación de que las fuerzas de policía simplemente no pueden hacer frente al problema de seguridad pública, que reduce por defecto la confianza de los ciudadanos en esa autoridad. La dependencia del ejército puede crear un ciclo de dependencia para las instituciones de policía, que inhibe la voluntad política para hacer las inversiones necesarias en la creación de entes de seguridad y judiciales fuertes. También envía al público el mensaje de que el gobierno recurre a medidas extremas para tratar de ganar control sobre el crimen organizado en ascenso.
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Sin embargo para los países latinoamericanos acosados por la violencia (de las 50 ciudades más violentas del mundo, 41 están en Latinoamérica) —cuyos organismos de orden público y judiciales muchas veces mal financiados y peor preparados han sido cooptados y corrompidos por el crimen organizado— los jefes de defensa podrían aducir con razón que no tienen nadie más a quién acudir para restablecer la seguridad.
Y esa tendencia parece abocada a continuar, pese a sus obvios defectos. El presidente de Argentina Mauricio Macri es el último que ha adoptado una estrategia militarizada. Firmó acuerdos de seguridad con Estados Unidos e Israel, mientras estudiaba el modelo mexicano y a la espera de desarrollar una estrategia para enfrentar el creciente consumo de droga y la mayor presencia del crimen transnacional organizado en el país.