Mural del colectivo armado "La Piedrita" en Caracas

 El vicepresidente de Venezuela ha amenazado con reprimir las protestas de la oposición con colectivos –grupos armados progobierno que se criminalizan cada vez más—, lo que empuja más al país al borde de un conflicto civil y al estado más cerca de la delincuencia.

El vicepresidente Aristóbulo Istúriz advirtió el 27 de octubre que el gobierno pedirá a los colectivos que salgan a las calles el 3 de noviembre, día en que la oposición tiene planeada una protesta y una marcha masiva hacia el Palacio de Miraflores, el palacio presidencial, informó Infobae.

Los colectivos son grupos barriales progobierno, que fueron armados por el expresidente de Venezuela Hugo Chávez para defender su Revolución Bolivariana.

“Vamos a tener rodeado Miraflores, vamos a llenarles la avenida Bolívar, vamos a llenarles la avenida Universidad, vamos a llenarles la avenida Lecuna y los vamos a esperar [a los manifestantes] con los caballos de hierro,” declaró Istúriz antes de añadir, “Ellos dicen que van a venir marchando hasta Miraflores. Que le van a traer la carta de despido a Maduro. Y nosotros vamos a llenarles la avenida Bolívar.”

La amenaza del vicepresidente de llamar a los “caballos de hierro” –un término que se refiere a bandas motorizadas– se da un día después de que la oposición organizara protestas a nivel nacional en Venezuela para hacerle frente al bloqueo interpuesto por las autoridades electorales del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. El anuncio también precedió la huelga general del 28 de octubre, convocada por la oposición.

Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, advirtió que “viene una derrota para la burguesía, el 3 [de noviembre] el pueblo se va para Miraflores y el 3 le diremos al mundo: Venezuela se respeta, Venezuela es libre; Venezuela es soberana.”

Análisis de InSight Crime

La amenaza del vicepresidente de recurrir a grupos armados radicales es el último ejemplo preocupante de la actitud cada vez más hostil del gobierno hacia la oposición política, y evidencia la creciente criminalidad dentro del régimen.

Las investigaciones de InSight Crime han demostrado que varios de los colectivos del país se han criminalizado y vuelto violentos, extorsionando a las comunidades que muchas veces dicen proteger. El despliegue de colectivos para hacer frente a posibles manifestantes es particularmente preocupante y apunta a la fusión entre la ideología y la criminalidad; estos grupos armados a favor del gobierno han estado asociados con la violencia por mucho tiempo. Han estado involucrados en batallas callejeras por territorio con fuerzas del estado, como la Guardia Nacional y sus relaciones con las fuerzas del gobierno varían y cambian. También han hecho parte de la controvertida Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) realizada junto con otras fuerzas del estado.

El término colectivo puede referirse a una variedad de grupos políticos que se adhieren a las ideologías socialistas de izquierda.  Algunos de los más tradicionales anteceden al régimen de Chávez, se enfocan completamente en actividades sociales y culturales en áreas determinadas, y son inofensivos. Pero otros constituyen milicias armadas y sin regulación, que responden a las órdenes del gobierno.

Chávez se concentró en armar a los colectivos después del golpe de estado de 2002, a cargo de altos oficiales del ejército contrarios a él, que lo derrocó  temporalmente. Después de eso, Chávez quiso crear una guardia armada que le respondiera solamente a él. Investigaciones de InSight Crime sugieren que los colectivos pueden variar en forma y estructura: los “colectivos territoriales armados” operan y controlan áreas específicas, mientras que las “bandas motorizadas” son menos estructuradas y territoriales, pero operan con impunidad y con total apoyo del gobierno. Para algunos colectivos nuevos y emergentes, la ideología socialista no es más que una fachada para ocultar actividades criminales, en especial extorsiones.

También hay creciente evidencia de criminalidad en los altos niveles del gobierno de Maduro; la más reciente es la acusación de Estados Unidos a Néstor Reverol, quien ahora es ministro del interior y justicia, por cargos de narcotráfico. Se cree que más de dos docenas de funcionarios y militares activos y retirados forman parte del Cartel de los Soles, una red informal de oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de cocaína. Los sobrinos de Cilia Flores, esposa del presidente Maduro y primera dama, están actualmente en custodia por presunta participación en un acuerdo de tráfico internacional de cocaína.

VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre Lavado de dinero

Tres de las políticas más importantes de Chávez fueron la apropiación de las ricas reservas petroleras de Venezuela para financiar programas sociales y combatir la pobreza, la implementación de un sistema de precios controlado por el gobierno para ciertos productos básicos , y los controles tarifarios sobre el cambio de divisas. Las tres han motivado un aumento de la corrupción dentro de las instituciones del gobierno y la expansión de los mercados negros.

La compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S. A. habría perdido más de US$10 mil millones por corrupción, y varios de sus ejecutivos de alto rango se han declarado culpables en Estados Unidos por haber aceptado sobornos. El control sobre el tipo de cambio crea incentivos para el fraude, que podría ascender a US$69.500 millones, según el New York Times. El control de precios sobre los productos básicos, en especial víveres y gasolina, ha alimentado las dinámicas del contrabando en la frontera con Colombia.

Pero las pérdidas colosales causadas pro la corrupción, propiciadas a su vez por el desplome de los precios del petróleo, han ocasionado una crisis económica y una escasez alimentaria generalizada. Estos factores también han contribuido al actual conflicto político, y la oposición ha lanzado un proceso para revocar la presidencia de Maduro por medio de un referendo. Lo que ocasionó las recientes manifestaciones fue el bloqueo de este proceso por parte de la Suprema Corte de Venezuela. Si la oposición gana en un referendo así antes del 10 de enero, se realizarán nuevas elecciones. Pero después de esa fecha, el actual vicepresidente asumiría el cargo de presidente por el resto del periodo.

Dado que la crisis económica no da señales de disminuir, las tensiones políticas, sociales y criminales que amenazan la estabilidad de Venezuela no harán más que intensificarse a medida que se acerca el fin de año.