Batallones Cazadores en El Salvador Cortesía de Factum

En la peor escalada de violencia en El Salvador en lo que va de 2017, septiembre cerró con 435 homicidios, casi 15 diarios. El alza ocurre en medio de una serie de políticas públicas contradictorias impulsadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

La mayoría de los asesinatos ocurrieron en los últimos diez días del mes, justo cuando el gobierno salvadoreño decidió enviar tanques de guerra a las calles de la capital, San Salvador, en un aparente despliegue de fuerza. Entre el 20 y el 30 de septiembre hubo un promedio de 27 homicidios al día, según cifras oficiales.

En una serie de hechos que parecen hablar de un ciclo de violencia que, lejos de romperse, se agrava, la noche del último día del mes un familiar del fiscal general de la república fue asesinado a tiros en su casa en un suburbio al oriente de San Salvador.

Fuentes del Ministerio Público dijeron a InSight Crime que aún no se puede determinar si el ataque tiene vínculos con las pandillas.

Otro incidente ocurrido en septiembre habla de como las pandillas, sobre todo la Mara Salvatrucha (MS13), mantienen control sobre importantes porciones del territorio salvadoreño, en especial en áreas urbanas.

El sábado pasado, 30 del mes, miembros de la MS13 llamaron por teléfono a los vigilantes privados que cuidan una residencial, en la ciudad dormitorio de Soyapango, al oriente de San Salvador, para amenazar con matarlos si no dejaban el lugar.

Los vigilantes dejaron sus puestos y los vecinos decidieron formar un grupo de autodefensa para protegerse.

La nueva escalada en las cifras de homicidios ocurre, además, a pocas semanas de que proliferaran las denuncias contra el gobierno salvadoreño por tolerar la existencia de grupos de exterminio al interior de la Policía Nacional Civil (PNC).

Además de un extenso informe que Revista Factum publicó el 22 de agosto, en el que denuncia a un grupo élite de la PNC por tres asesinatos, dos agresiones sexuales y una extorsión, un grupo de organizaciones de la sociedad civil encabezado por la Universidad Centroamericana cuestionó al gobierno de Sánchez Cerén ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 16 casos de abusos en el marco de la llamada guerra contra las pandillas.

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Desde 2014, cuando este gobierno dio por culminada la tregua de 2012 y 2013 entre las pandillas MS13, el barrio 18 y el Estado, optó por una política de seguridad que priorizó las medidas represivas y la creación de unidades élites de la PNC a las que el Estado dio un importante margen de acción en el territorio gracias a un paquete de medidas extraordinarias aprobadas en la Asamblea Legislativa que incluyen ampliación de los plazos de detención, uso del ejército en actividades de seguridad pública, más flexibilidad para la ejecución de allanamientos y requisas, y endurecimiento de medidas administrativas en las cárceles.

A pesar de las medidas extraordinarias, y de la retórica de guerra promulgada desde el ejecutivo el gobierno también ha sido señalado de propiciar nuevos pactos clandestinos con las pandillas, incluido uno que, según el periódico El Faro, facilitó la creación de una facción disidente de la MS13, bautizada “La 503” (por el código telefónico de El Salvador).

Análisis de InSight Crime

A pesar de su retórica de triunfo y su ataque frontal a las pandillas, las cuentas siguen sin cuadrarle al gobierno.

No es solo que la cifra de homicidios haya vuelto a subir, es también que esas mismas cifras ponen en duda que, como suele afirmar la administración de Sánchez Cerén, la mayoría de los muertos sean pandilleros.

En su cuenta de Twitter @PNC_SV, la Policía da cuenta de los homicidios ocurridos cada día; para el 29 de septiembre, por ejemplo, reportaron 32 asesinados, de los cuales solo dos presumen son pandilleros. El jueves 28, algo similar: 21 asesinados, de los cuales solo uno era pandillero y dos sospechosos de colaborar con pandillas. Números parecidos se repiten durante el último tramo de septiembre.

A la narrativa del éxito estatal se ha sumado la Fiscalía General de la República. Durante una reunión celebrada en Miami el viernes 29 de septiembre junto a funcionarios estadounidenses y representantes de los ministerios públicos de Guatemala y Honduras, el fiscal salvadoreño Douglas Meléndez aseguró que en El Salvador se habían procesado 3.477 cargos criminales contra pandilleros y se había arrestado a 1.400 miembros de la MS13.

Las cifras salvadoreñas aparecen sumadas en un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus iniciales en inglés) el 29 de septiembre en el que se habla, sin especificar periodos de tiempo, del arresto de 3.800 pandilleros en Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, y se insiste en los esfuerzos internacionales para contrarrestar a las pandillas, en específico a la MS13, a la que el Departamento del Tesoro en Washington designó como objetivo prioritario en 2014.

El comunicado de DOJ destaca juicios abiertos en Nueva York y Massachusetts contra miembros de la MS13 y las acusaciones hechas por sus contrapartes centroamericanas como muestras del éxito en la lucha contra la pandilla.

“Estos esfuerzos han ayudado a nuestros socios centroamericanos condenar a miles de criminales, decomisar más de mil millones de dólares en bienes ilícitos, y coordinar investigaciones transnacionales con sus contrapartes estadounidenses”, dice el comunicado de DOJ. En el terreno, en el caso salvadoreño, los resultados aún están por verse.

En los tribunales de El Salvador, a la fiscalía no le ha ido bien en sus embates contra la MS13. En agosto, los fiscales bajo las órdenes de Meléndez perdieron el juicio en el que acusaban a 18 personas, la mayoría exfuncionarios, de haber cometido actos ilegales para facilitar la tregua pandillera del 2012.

El juez que llevó el proceso los absolvió a todos e incluso increpó a los fiscales por la debilidad del caso que habían presentado, en el que un testigo confirmó tratos entre altos funcionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) con el liderazgo nacional de la MS13 y del Barrio 18, así como dádivas ofrecidas por los dos principales partidos políticos, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a cambio de apoyos electorales.

Pendiente de juicio está, por ahora, la llamada Operación Jaque, que es como la fiscalía denominó a una investigación cuyo objetivo, según la acusación presentada ante los tribunales, son las finanzas de la MS13.

Las medidas extraordinarias en El Salvador, como dice el DOJ en su comunicado, han llevado a decenas de arrestos de pandilleros y supuestos pandilleros, pero la mayoría de ellos, como ha sucedido en versiones anteriores de políticas públicas de combate a las pandillas, conocidas como “Mano Dura”, han vuelto a las calles después de periodos cortos en la cárcel, en esencia porque la mayoría son acusados sin pruebas contundentes.

Una de las consecuencias de la tregua salvadoreña, además, fue el fortalecimiento de nuevos liderazgos en las calles que en varias ocasiones han utilizado las cifras de homicidios como moneda de cambio en sus interacciones violentas o de diálogo con el gobierno nacional.

Los números de septiembre, que el gobierno ha atribuido entre otras cosas a las pugnas internas entre las facciones de la MS13, vuelven a señalar con claridad que las medidas extraordinarias, los arrestos masivos, las tanquetas en las calles, los abusos de la policía, el recrudecimiento en el uso de la violencia por parte de las pandillas en su afán por mantener el control territorial y las consecuencias directas de la tregua han reforzado un ciclo letal del que no se sale con la tradicional retórica de fuerza y eficiencia estatal.