La decisión de Estados Unidos de sancionar a Tareck El Aissami, el recientemente nombrado vicepresidente de Venezuela, por su presunta participación en el tráfico de drogas, lo convierte en el funcionario de rango más alto en el gobierno del presidente Nicolás Maduro en ser acusado de tales crímenes.
Las sanciones, anunciadas por el Departamento del Tesoro el 13 de febrero bajo la Ley de Narcotraficantes Extranjeros con Denominación Especial (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), señalan que El Aissami “facilitó cargamentos de estupefacientes desde Venezuela, controlando aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de las rutas de drogas a través de los puertos de Venezuela”.
Después de una investigación sobre El Aissami que se extendió por varios años, el Departamento del Tesoro dijo que durante sus anteriores cargos como gobernador de Aragua (2012-2017) y ministro de Relaciones Interiores y Justicia (2008-2012), El Aissami “supervisó cargamentos de estupefacientes, parte de los cuales quizá eran suyos, que contenían más de mil kilogramos y en múltiples ocasiones partieron de Venezuela, incluyendo algunos que tenían como destino final México y Estados Unidos”.
El Aissami habría recibido pagos por facilitar los envíos de droga pertenecientes al capo de la droga venezolano Walid Makled García. Según el documento de Estados Unidos, también está acusado de coordinar cargamentos de drogas de Los Zetas y ofrecer protección al narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera y al narcotraficante venezolano Hermagoras González Polanco.
Las sanciones incluyen a otro venezolano, un empresario llamado Samark José López Bello, por “proporcionar ayuda material, asistencia financiera o bienes y servicios como apoyo a las actividades de narcotráfico internacional, y por trabajar para El Aissami, o a nombre de éste”, así como a cinco empresas estadounidenses de propiedad de López Bello, o administradas por éste.
López Bello respondió a las sanciones a través de su página de Internet, diciendo que “no hay evidencia fáctica ni justificación legal” para incluirlo en la lista de sanciones.
El presidente Maduro aún no se ha pronunciado sobre últimas sanciones de Estados Unidos, pero reprodujo los comentarios de El Aissami a través de su cuenta de Twitter, en la que se refirió a las acusaciones como “miserables provocaciones” y decidió mostrar “más fuerza” frente a lo que definió como agresiones imperialistas.
Que no nos distraigan estas miserables provocaciones, nuestra principal tarea es acompañar a @NicolasMaduro en la recuperación económica.
— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) February 14, 2017
Venezuela está atravesando por una grave crisis económica, social y política, y los niveles crónicos de inseguridad, violencia y criminalidad, así como la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, están afectando fuertemente a los ciudadanos. La hiperinflación ha llevado a que algunos billetes valgan menos que el papel en el que están impresos, lo que ha reducido el poder adquisitivo de los salarios y ha creado mayores incentivos para las actividades criminales y el mercado negro.
El Aissami hace parte de una larga lista de altos funcionarios del gobierno que han sido sancionados o acusados en Estados Unidos por tráfico de drogas o crímenes relacionados. Néstor Reverol, el actual ministro del Interior de Venezuela, fue acusado formalmente el año pasado por cargos de narcotráfico. El día después de que la acusación fue anunciada, Maduro lo nombró en su cargo actual.
Análisis de InSight Crime
El nombramiento de El Aissami a mediados de enero fue interpretado como una señal de que el gobierno de Maduro está preparándose para mantener el poder y resistir la tempestad económica y social que amenaza con consumir al país. Maduro le dio poderes en materia de economía y seguridad, que no son comunes para un vicepresidente, y lo puso a cargo de un nuevo comando antigolpista conformado por algunos de sus partidarios más leales.
En caso de que Maduro dimita como presidente —algo que la mayoría de los venezolanos quieren—, El Aissami tomaría su lugar. Su nuevo cargo puede significar varias cosas: podría ser una señal de que ha iniciado un proceso de sucesión, o un intento de suavizar las fuertes críticas contra Maduro, al dejar como alternativa a un temido hombre de línea dura y criminal.
El Aissami fue el ministro de Relaciones Interiores y Justicia que más tiempo permaneció en este cargo, y lideró las acciones que condujeron al arresto de Walid Makled, uno de los principales narcotraficantes de Venezuela.
Pero, según los informes, luego de su arresto Makled incluyó a El Aissami y a su hermano Fariz en la larga lista de funcionarios del gobierno a quien les pagó sobornos para que le permitieran traficar drogas dentro y fuera de Venezuela. Rafael Isea, el exgobernador de Aragua, quien a su vez está siendo investigado en Venezuela y actualmente hace parte de un programa de protección de testigos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés), también ha dado testimonio de las actividades de narcotráfico de El Aissami.
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El Aissami también ha sido vinculado a una operación de tráfico de drogas de los sobrinos de la primera dama, Celia Flores, conocido como el caso de los “Narcosobrinos”. Un tercer sospechoso acusado en este caso —el hondureño Roberto Jesús Soto García— presuntamente trabajó durante muchos años con el Cartel de los Soles (una red de tráfico de drogas que operaba al interior de las fuerzas armadas de Venezuela), en particular en una operación encabezada por El Aissami y sus seguidores.
El vicepresidente de Venezuela también ha sido implicado en un “puente terrorista-criminal“, mediante el cual supuestamente varios militantes islamistas fueron traídos a Venezuela y a países vecinos, y el cual permitió enviar fondos ilícitos y drogas de Latinoamérica a Oriente Medio, incluyendo el otorgamiento de pasaportes venezolanos a terroristas de Damasco. El año pasado, Joseph Humire, coautor del libro Iran’s Strategic Penetration in Latin America [“La estratégica penetración de Irán en América Latina”] y fundador del Centro para una Sociedad Libre y Segura (SFS por sus iniciales en inglés), presentó un testimonio sobre este asunto ante el Comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos.
El reciente nombramiento de El Aissami es otra muestra de la costumbre del presidente Maduro de nombrar en altos cargos del gobierno a individuos acusados o sancionados por Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros crímenes relacionados. Maduro está rodeándose de socios que tienen un claro interés en garantizar que la oposición no llegue al poder, y El Aissami es sólo uno de los muchos individuos con dichos intereses.
Además de Reverol, otros funcionarios acusados por Estados Unidos de crímenes relacionados con el narcotráfico son: Henry de Jesús Rangel Silva, exministro de Defensa y actual gobernador del estado Trujillo; Hugo Armando Carvajal Barrios, actual diputado de la Asamblea Nacional en el estado de Monagas y exjefe de contrainteligencia del ejército; y Ramón Emilio Rodríguez Chacín, actual gobernador del estado Guárico y exministro del Interior.
La creciente lista de acusaciones por tráfico de drogas contra altos funcionarios del gobierno venezolano podría indicar que un Estado cada vez más “mafioso” está al mando de un país que es importante para el tránsito de cocaína. La cocaína producida en la vecina Colombia es pasada a Venezuela a través de la frontera, para luego ser exportada a los lucrativos mercados de Estados Unidos y Europa.
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Las recientes sanciones no son un buen augurio para el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, que han sido tensas durante varios años. El predecesor de maduro, Hugo Chávez, expulsó formalmente a la DEA en el año 2005, después de acusarla de espionaje; y al igual que él, Maduro se ha empeñado en representar a Estados Unidos como un imperio enemigo. La administración del anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impuso en el año 2011 sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano por delitos relacionados con el narcotráfico, y Maduro ha dicho que Donald Trump no podría ser peor presidente que Obama.
Pero las recientes sanciones de la administración Trump contra un miembro de alto rango del gobierno venezolano podrían desmentir a Maduro y ser una señal de que la nueva administración de Estados Unidos planea adoptar un enfoque aún más duro contra su gobierno y sus actividades criminales.
A principios de este mes, varios senadores de Estados Unidos emitieron una carta (pdf) en la que instaban al presidente Trump a tomar medidas inmediatas para sancionar a los “funcionarios del régimen responsables de aprovecharse de la calamitosa situación humanitaria, robar recursos del Estado y violar los derechos humanos en Venezuela”. Una investigación de Associated Press demostró que los militares se estaban aprovechando ilegalmente de la importación y venta de alimentos para los empobrecidos venezolanos, devastados por la escasez.
Dicho esto, una escueta orden ejecutiva emitida por el presidente Trump el 9 de febrero, en la que se refería al crimen organizado y a los carteles de la droga, no es clara acerca de la manera como pretende deshacerse de los “malos hombres” latinoamericanos. Y Venezuela representa un desafío particularmente complejo, porque allí es muy difícil separar los malos hombres de las autoridades.