Las FARC comenzarán a reintegrarse a la vida civil

Este 15 de agosto fue el último día del histórico desarme de los guerrilleros de las FARC, que allana el camino para la siguiente fase crucial del proceso de paz en Colombia: su reinserción a la sociedad. Pero los excombatientes son vulnerables y existen grandes tensiones. ¿Podrá el gobierno evitar el deterioro de la situación de seguridad en Colombia y garantizar que los combatientes desmovilizados no retornen a la vida criminal?

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, anunció que el 15 de agosto el personal de las Naciones Unidas (ONU) retiró las últimas armas de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de las zonas de desmovilización.

"El desarme de las FARC termina", dijo Villegas.

Tras la finalización de la etapa de desarme, los excombatientes permanecerán en las zonas de desmovilización temporales, que a partir de ahora se llamarán Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Las armas recogidas serán recicladas, y con ellas se construirán tres monumentos alusivos a la paz.

Sin embargo, todavía existe una cantidad indeterminada de armas en diversas zonas de almacenamiento por todo el país. Hacia finales de julio, la ONU había accedido a menos de la mitad de los 779 sitios registrados en ese momento por las FARC.

Estos depósitos de armas ya han sido blanco de los grupos armados. El 6 de agosto, un equipo de trabajo fue atacado cuando buscaba un sitio de almacenamiento, tras lo cual un policía resultó herido. Se cree que los atacantes eran disidentes de las FARC o miembros del segundo grupo guerrillero más grande del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Villegas anunció además que habrá cambios en los procedimientos de seguridad en las zonas.

"El marco legal de las zonas [de desmovilización] termina […]  también en el diseño de la seguridad de las zonas para las comunidades que las recibieron", dijo.

Esto significa que la policía permanecerá en esas mismas áreas por los próximos tres años y podrá ingresar a las zonas, y que los excombatientes no serán responsables de su propia seguridad.

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Además, como parte de un plan de despliegue que fue anunciado en 2016, 80.000 miembros del ejército y la policía mantendrán su presencia en 116 municipios vulnerables donde las FARC solían ejercer el control.

"Esta se considera la operación policial y militar más grande que tiene hoy el hemisferio y el continente americano", dijo el ministro de Defensa.

La siguiente fase del acuerdo de paz se centrará en la reincorporación política, social y económica de los exguerrilleros, lo que incluye la conformación de su propio partido político.

Análisis de InSight Crime

Ahora que están desarmados, los exguerrilleros de las FARC son más vulnerables que nunca. El gobierno es el principal responsable de proveerles lo que necesiten para sobrevivir e integrarse a la vida civil y a la sociedad, con el fin de evitar que vuelvan a caer en la criminalidad.

Según Raúl Rosende, jefe de gabinete de la misión de la ONU que continuará monitoreando el proceso, "hay dos elementos fundamentales para ello: que los excombatientes tengan seguridad física y socioeconómica".

La importancia de proporcionar seguridad física quedó clara en la víspera del final oficial de la fase de desarme, cuando el presunto jefe de milicias del Frente 18 de las FARC fue asesinado a las afueras de un campamento de desmovilización de las FARC.

Otros líderes sociales también están siendo asesinados año tras año, un síntoma más del disminuido poder de las FARC y de las deficiencias del Estado para ocupar los territorios que solían ser de la guerrilla y proveer protección en dichos lugares. El 6 de agosto, presuntos miembros de Los Urabeños, la organización criminal más poderosa de Colombia, asesinaron al líder local Nidio Dávila, quien estaba promoviendo activamente la sustitución de los cultivos de droga en el departamento colombiano donde más coca se produce. Este no es el primer ejemplo evidente de la oposición criminal al proceso de sustitución de los cultivos de coca.

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Como lo demuestra el caso de Dávila, estas muestras de violencia pueden tener un impacto directo sobre el crimen organizado. La inseguridad afectará la capacidad de las comunidades para hacer frente a los grupos criminales que buscan explotar y expandir el comercio de drogas y otros negocios ilegales, lo que podría tener graves repercusiones en la estabilidad de Colombia e incluso en las relaciones internacionales del país con socios clave como Estados Unidos.

Dadas estas condiciones, los exguerrilleros y las comunidades rurales tienen más razones para temer que los esfuerzos de seguridad del gobierno no serán suficientes en el futuro cercano. Esto podría alentar a los grupos de civiles a armarse para su propia defensa, una opción que los comandantes de las FARC han apoyado anteriormente.

Sin embargo, ha habido algunos avances en cuanto a seguridad, como el despliegue estratégico de las fuerzas del Estado y la aprobación de una ley que les permite a los exguerrilleros de las FARC vincularse a una fuerza especial de 1.200 guardias de seguridad, denominada Unidad Nacional de Protección (UNP), cuya principal función consistirá en brindarles seguridad a los exguerrilleros.

Como ha señalado Rosende, el funcionario de la ONU, para que los exguerrilleros continúen comprometidos con el proceso de paz se requiere que tengan buenas condiciones de vida. Ya se han puesto en marcha los planes iniciales para lograr esto. El mes pasado, se crearon cuentas bancarias para los guerrilleros desmovilizados y se les pagaron las primeras sumas mensuales de dinero —justo por debajo del salario mínimo de Colombia (que es de unos US$250)—. Además, los exguerrilleros iniciaron su primera cooperativa financiera, que estará encargada de proveer fondos para los desmovilizados emprendedores. Los nuevos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación también ofrecerán más oportunidades educativas para los excombatientes, que ya han experimentado con sus propios negocios y proyectos agrícolas.