Una carta abierta de senadores de Estados Unidos al presidente Donald Trump sugiere que las supuestas actividades criminales del vicepresidente de Venezuela podrían facilitar las actividades terroristas en suelo estadounidense, una suposición sin fundamento que podría afectar el futuro del panorama criminal en Venezuela.
En una carta abierta al presidente Trump, firmada el 8 de febrero (pdf), 34 senadores de Estados Unidos le pidieron al jefe de Estado que “tomara medidas inmediatas para sancionar a los funcionarios del régimen de Venezuela responsables de aprovecharse de la calamitosa situación humanitaria, robar recursos del Estado y violar los derechos humanos”, lo que plantea serias preocupaciones sobre la criminalidad al interior del gobierno venezolano.
La carta parece surgir como respuesta a una investigación de Associated Press publicada a finales de diciembre de 2016, que reveló la creciente participación del ejército venezolano en el tráfico de alimentos, tras la decisión del presidente Nicolás Maduro de encargar a la institución de la distribución de alimentos en el país, seriamente afectado por la escasez de alimentos.
Los 34 senadores también solicitaron que las agencias estadounidenses investiguen aún más a Tareck El Aissami, nuevo vicepresidente de Venezuela. La carta sostiene que El Aissami enfrenta acusaciones de vínculos con el narcotraficante Walid Makled, un ciudadano venezolano de origen sirio que se encuentra actualmente encarcelado en Venezuela.
El documento también señala la participación del vicepresidente en la venta ilegal de pasaportes venezolanos a personas provenientes del Medio Oriente, entre ellos algunos miembros de la organización libanesa Hezbolá y el grupo militante palestino Hamas.
Las sospechas del tráfico de pasaportes venezolanos no son nuevas. Pero el tema resurgió a raíz de una investigación publicada recientemente por CNN y CNN en Español. Según los medios de comunicación, “un reporte confidencial de inteligencia regional de 2013 obtenido por CNN dice que 173 individuos del Medio Oriente obtuvieron pasaportes y documentos venezolanos de 2008 a 2012. Entre ellos, personas vinculadas al grupo terrorista Hezbolá”.
Análisis de InSight Crime
La administración del anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aplicó sanciones contra altos funcionarios del gobierno venezolano en el año 2015 por sus represiones a los opositores políticos. Pero la reciente carta de los senadores de Estados Unidos puede ser un intento de llevar a la nueva administración de Trump hacia una postura más dura con respecto a las presuntas actividades delictivas de altos miembros del gobierno venezolano.
Además del tráfico de alimentos, miembros de las fuerzas armadas de Venezuela han sido acusados de participar en el tráfico de drogas en el país por varios años. Sin embargo, los cargos criminales levantados en los tribunales estadounidenses contra estos funcionarios no han logrado destituir a ningún oficial de alto rango. Por el contrario, la administración de Maduro parece estar ofreciendo protección a algunas de estas figuras. El ejemplo más ilustrativo de esto fue el nombramiento de Nestor Reverol, general de la Guardia Nacional Venezolana, como ministro del Interior, al día siguiente de que Estados Unidos anunciara una acusación contra él por tráfico de drogas.
Por otra parte, el nuevo vicepresidente, El Aissami, ha sido apodado por la oposición venezolana como el “narco de Aragua”, el estado donde él se desempeñó previamente como gobernador. El Aissami ha sido acusado por su presunta vinculación con narcotraficantes, y es objeto de una investigación de Estados Unidos, según informes de Wall Street Journal y Bloomberg.
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Las sanciones que se presentaron durante la administración Obama contra funcionarios venezolanos describen a la nación sudamericana como una “amenaza para la seguridad nacional”, pero la administración posteriormente se retractó de dicha descripción. La nueva solicitud de sanciones, sin embargo, podría llamar la atención de la Casa Blanca bajo la administración Trump, dado que se insinúa que las actividades criminales de los miembros del gobierno venezolano pueden tener vínculos con el terrorismo internacional.
Hay que aclarar, sin embargo, que esta insinuación es en gran parte infundada. Como InSight Crime lo ha escrito anteriormente, por varias razones se ha tendido a exagerar los vínculos entre las organizaciones terroristas islámicas y el crimen organizado latinoamericano. Esto no significa que el tráfico de pasaportes venezolanos que se menciona en la carta de los senadores y en la investigación de CNN no se trate de un esquema real. Pero la evidencia disponible sugiere que los pasaportes estaban siendo vendidos por funcionarios corruptos para su beneficio económico personal, más que como una política coordinada para ayudar a las organizaciones terroristas internacionales.
El futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela bajo la administración Trump es incierto. Sin embargo, es posible que la carta de los senadores estimule a la Casa Blanca a dirigir más recursos hacia la investigación y tratar de castigar a los altos funcionarios venezolanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado.
Por un lado, esto podría reforzar la aparente estrategia de Maduro de proteger a los individuos que han sido señalados por Estados Unidos, quienes tendrían tanto —o quizá más— que perder que él mismo en caso de que el régimen se desplome como consecuencia de las presiones por la constante agitación política y económica. Pero por otro lado, una mayor presión de Estados Unidos sobre los actores criminales al interior del gobierno de Venezuela podría alentar a una mayor movilización de la oposición política en Venezuela, así como de la comunidad internacional, para que se adopte una postura más agresiva para intentar erradicar la criminalidad que ha corrompido al gobierno de Venezuela.