Gobernador de Veracruz Miguel Yunes

El nuevo gobernador del estado de Veracruz, al oriente de México, enfrenta guerras de carteles y una espiral de violencia luego de tomar el lugar del fugitivo Javier Duarte. La alteración del nexo gobierno-crimen organizado causada por la caída de Duarte amenaza con exacerbar el caos.

Luego de prometer recuperar la seguridad en Veracruz durante sus primeros seis meses en el cargo, el gobernador Miguel Ángel Yunes ha experimentado una nueva ola de violencia al inicio de su administración. El estado tuvo más de 100 homicidios en el mes de enero, luego de 132 en diciembre, el primer mes de Yunes en el poder, informó Sin Embargo.

Según un informe de inteligencia obtenido por Milenio a comienzos de este mes, la violencia en Veracruz es fomentada por una combinación de guerras territoriales y conflictos internos entre redes criminales, y se concentra en territorios claves: más de la mitad de los homicidios registrados en 2016 ocurrieron en solo catorce de los 212 municipios del estado.

En muchos de los territorios, las matanzas tienen relación con disputas entre Los Zetas, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los recién llegados —una alianza entre Los Zetas-Vieja Escuela y el Cartel del Golfo—, señala el informe.

Está en juego el control de las economías criminales, que incluyen los corredores de tráfico de drogas, secuestro, microtráfico y robo de combustible. Sin embargo, en zonas del centro del estado, se cree que gran parte de la violencia tiene conexión con luchas internas por poder entre Los Zetas, que vieron diezmada su jerarquía por muertes y capturas, declara el informe.

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La anterior administración del estado de Veracruz, liderada por Javier Duarte enfrenta acusaciones de corrupción masiva y colusión estrecha con redes del crimen organizado, y Duarte mismo está prófugo.

En medio de la ola de violencia más reciente, Sin Embargo declara que estas redes están enviando un mensaje al nuevo gobernador. El medio destaca tres eventos que pueden interpretarse de esa manera.

En primer lugar, la serie de homicidios de delincuentes de poca monta en las primeras semanas de la administración de Yunes, acompañada del mensaje "no matamos inocentes".

A esto le siguió el traslado, por un grupo criminal, de dos cadáveres a lo largo de 260 kilómetros para arrojarlos cerca de la antigua residencia de Yunes.

Y más recientemente, estuvo el secuestro de dos médicas el día internacional de la mujer, quienes fueron liberadas prontamente sin mediación de rescate, al menos según la versión oficial de los hechos, luego de que su secuestro desatara una crisis en la gobernación.

Ponerle coto a la violencia en Veracruz y romper los lazos entre las instituciones del estado y el crimen organizado fueron factores claves de la campaña de Yunes en 2016. Sin embargo, confrontado con el deterioro de la situación de seguridad, Yunes ha echado mano de un dicho común de los políticos mexicanos bajo asedio, que alegan que la violencia solo ha afectado a los criminales y que "las personas de bien y trabajadoras" no tienen nada que temer, según Sin Embargo.

Mientras las autoridades luchan por contener las redes criminales en contienda, siguen apareciendo nuevos ejemplos del alcance de la influencia del crimen organizado en el gobierno.

El 12 de marzo, Flavino Ríos, que recibió de Duarte el cargo como gobernador interino, fue arrestado y puesto en libertad condicional por un año, mientras responde a las acusaciones por haber ayudado en la fuga de Duarte, informó Univision. Ríos admite haber organizado un avión oficial para transportar a Duarte, pero niega haber tenido conocimiento en ese momento de que el gobernador estuviera fugitivo.

En las afueras de la ciudad de Veracruz, entretanto, los investigadores han exhumado hasta el momento los restos de 250 personas en una fosa común. El fiscal Jorge Winckler dijo que creía que los restos pertenecen a personas desaparecidas en años anteriores por redes del crimen organizado en colusión con autoridades anteriores, según The Guardian.

Análisis de InSight Crime

El alcance de la colusión entre el gobierno y los actores criminales en Veracruz se hace cada vez más claro, y es evidente que la criminalización del gobierno antecede en mucho el gobierno de Javier Duarte. Los informes compilados por organismos internacionales, como el International Crisis Group (ICG) y Reporteros sin fronteras, así como las investigaciones sobre las fosas comunes, han documentado el impacto de este nexo mafia-estado. Los informes señalan que la violencia descontrolada contra los periodistas y los índices de desapariciones por las nubes se afirmaron con la proliferación de las redes del crimen organizado y el saqueo de las arcas del estado por parte de sus socios corruptos en el gobierno.

Sin embargo, aunque este estatu quo entre gobierno y criminales fue el responsable de la terrible violencia, los intentos por romper los nexos entre el gobierno y el hampa podrían generar aún más caos y violencia, como ya puede estar sucediendo.

En varias regiones de México donde criminales y oficiales actúan en connivencia, los actores del estado desempeñan un rol clave en el mantenimiento del equilibrio en el hampa, teniendo a raya lo peor de la violencia y arrinconando el caos de las disputas mafiosas, y de ese modo evitando la atención y el escrutinio externo que esa inseguridad acarrearía. Este rol se ha evidenciado claramente en lugares como Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos. Estos actores, no solo del gobierno, sino también de la policía, el ejército, la fiscalía y otras instituciones pueden ser interlocutores y garantes claves, haciendo acuerdos y arreglos y ofreciendo protección a ciertas redes para garantizar un grado de balance en el mundo criminal.

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En regiones como esta, la alteración de estas redes, como ha sucedido en Veracruz, puede exacerbar las tensiones en el hampa, donde la inestabilidad política genera inestabilidad criminal.

La corrupción no desaparecerá pronto de Veracruz, pero es poco probable que sea tan organizada y sistemática como se dice que fue en la anterior administración. Esto también plantea la posibilidad de que diferentes actores estatales corruptos que sigan operando puedan aliarse con diferentes redes criminales, lo que se sumará al caos de las luchas de poder.

Aunque es demasiado prematuro juzgar el éxito de la administración Yunes, los hechos de su paso por la gobernación hasta ahora destacan el desafío al que se enfrenta, y muestran con mucha claridad que la naturaleza de este desafío implica que las cosas bien pueden empeorar antes de empezar a mejorar.