Soldados cargan un cuerpo en una bolsa de plástico en Cauca, Colombia

Es probable que el más violento ataque de las FARC desde que comenzaron las conversaciones de paz de Colombia no estropee por completo las negociaciones, pero también indica hasta qué punto ciertas facciones guerrilleras son vulnerables a cometer actos criminales.

Un ataque perpetrado en la noche del 14 de abril dejó como resultado 11 militares muertos y al menos otros 19 heridos después de que una columna móvil de las FARC atacó una base del ejército en el departamento del Cauca, al suroccidente del país. Esta ha sido la acción más nociva contra las fuerzas de seguridad colombianas desde que se iniciaron las conversaciones de paz en 2012.

Los negociadores de las FARC en La Habana consideran que el enfrentamiento fue un acto de defensa propia y señalaron que el mismo pone de manifiesto la necesidad “urgente” de un cese al fuego bilateral. Por su parte, la reacción del gobierno consistió en revocar el compromiso previo de detener los bombardeos aéreos contra los guerrilleros.

Desde el 20 de diciembre pasado, las FARC habían declarado un alto el fuego indefinido, pero el grupo advirtió que lo terminaría en caso de que fuera atacado por las fuerzas del gobierno. Desde entonces, según se observa en una cronología del proceso de paz, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus iniciales en inglés), los guerrilleros han hecho por lo menos nueve declaraciones en las que critican lo que consideran ofensivas militares contra ellos en diferentes partes del país.

En marzo, uno de los principales negociadores del grupo guerrillero, Iván Márquez, dijo que el cese al fuego de las FARC se estaba “disolviendo” debido a “tantos ataques y operativos contra nuestras posiciones”.

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Franklin Ramírez, defensor del pueblo de Buenos Aires, el pequeño pueblo cerca de donde ocurrió la emboscada de la guerrilla, dijo que en la zona no se había presentado ninguna acción militar reciente contra las FARC.

“Las fuerzas armadas están ejerciendo control territorial aquí”, dijo. “Están avanzando y moviéndose de un sector a otro”.

El secretario de gobierno de Buenos Aires también le dijo a InSight Crime que no se había presentado ninguna acción militar contra los actores armados en la zona desde comienzos del año 2015.

El Tiempo informó que el ejército colombiano había estado persiguiendo al líder de la columna móvil de las FARC, quien es acusado de participar en tráfico de drogas. Cauca, el departamento colombiano donde ocurrió el ataque, es un centro del comercio de marihuana, parcialmente controlado por otra unidad de las FARC, el Sexto Frente.

Análisis de InSight Crime

Si el reciente ataque fue de hecho provocado por la persecución de los militares a un comandante de las FARC involucrado en el narcotráfico, es probable que en Colombia se presenten más enfrentamientos similares mientras continúan las conversaciones de paz.

Sin embargo, según David Correal, analista del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), esto no ocurrirá sólo porque el comando superior de las FARC considere ventajoso abrirle paso a la violencia.

“Esta acción genera un alto costo para las FARC en el proceso político”, dijo, y añadió que “en este momento una ofensiva violenta no está dentro de los intereses de las FARC”.

Los comandantes de las FARC —que actualmente se encuentran en negociaciones de paz en La Habana— tienen mala comunicación con los comandantes de menor rango y ejercen poco control sobre ellos, particularmente sobre aquellos que operan en áreas estratégicamente importantes para el hampa colombiana. Como lo ha informado InSight Crime, las facciones de las FARC presentes actualmente en zonas con una economía criminal en auge (ya sea marihuana, coca o minería ilegal) están más en riesgo de separarse de las FARC y seguir involucradas en actividades criminales incluso si las conversaciones de paz llevan a la reinserción de la guerrilla a la política convencional.

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Las unidades de las FARC que operan en el departamento del Cauca (un área estratégicamente importante para el crimen organizado colombiano, debido a su acceso a la costa del Pacífico, la proliferación de cultivos de droga y la minería sin licencia) corren un alto riesgo de abandonar el proceso de paz con el fin de permanecer involucradas en actividades criminales. Según El País, la columna móvil responsable del ataque es conocida por instalar abundantes minas antipersona y al parecer también está involucrada en la minería ilegal.

Su ataque contra las fuerzas militares es en última instancia un síntoma de un problema mayor: la incapacidad de los líderes de las FARC de controlar sus tropas y por tanto de convencerlas de dejar la actividad criminal en caso de que se llegue a un acuerdo de paz. El asunto se complica aún más por el hecho de que a los comandantes de menor rango prácticamente se les está pidiendo poner la otra mejilla aun si las operaciones del ejército continúan, una orden que algunas facciones de las FARC no están claramente dispuestas a cumplir.

Entre más se alarguen las negociaciones habrá más probabilidades de que ocurran este tipo de incidentes, y aunque es dudoso que las conversaciones estén en riesgo de fracasar ahora mismo, éste representa un significativo paso hacia atrás para la paz en Colombia.