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Cartel de los Soles

Insignia de soles usados por los generales venezolanos Insignia de soles usados por los generales venezolanos

El término "Cartel de los Soles" es usado para describir a los grupos al interior de las fuerzas de seguridad de Venezuela que trafican con cocaína. Es, en cierto modo, un término engañoso ya que crea la impresión de que hay un grupo jerárquico, compuesto principalmente por oficiales militares, que fija el precio de la cocaína en el país. Hay células en las principales ramas de las fuerzas armadas -el ejército, la armada, la fuerza aérea y la Guardia Nacional, desde el más bajo hasta el más alto nivel- que esencialmente funcionan como organizaciones narcotraficantes. Sin embargo, describirlas como un "cartel" en el estricto sentido de la palabra sería exagerado. No está claro cuál es el modus operandi entre estas células, aunque al parecer las rivalidades entre éstas han sido letales en el pasado.

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Los elementos de las fuerzas armadas al parecer más profundamente involucrados en el narcotráfico en Venezuela se encuentran, como era de esperarse, concentrados a lo largo de la frontera occidental con Colombia; especialmente en los estados de Apure, Zulia y Táchira. El poder de estas células proviene de su acceso a los principales aeropuertos, retenes y puertos, incluyendo Puerto Cabello en el estado Carabobo. Se cree que estas organizaciones militares tienen como proveedor de cocaína a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en particular los Bloques Oriental y Magdalena Medio.

Orígenes

El término "Cartel del Sol" fue utilizado por primera vez en 1993, cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe antidrogas Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron investigados por tráfico de drogas y delitos conexos. Como comandantes de brigada, cada uno llevaba un solo sol como insignia en sus hombros, dando lugar al nombre de "Cartel del Sol" (más tarde, cuando surgieron acusaciones de que los comandantes de división –con dos soles por su rango- participaron en el narcotráfico, el término se convirtió en el Cartel de los Soles).

En los años noventa, surgieron acusaciones sobre tropas de la Guardia Nacional aliadas con narcotraficantes, pero, en términos generales, esto principalmente consistía en aceptar sobornos y mirar hacia otro lado mientras los traficantes movían su mercancía. Los militares no tenían conexiones directas con los proveedores y en gran parte no movían ni almacenaban cocaína ellos mismos.

Tres acontecimientos significativos contribuyeron al auge del crimen organizado en Venezuela. En primer lugar, Colombia firmó el multimillonario Plan Colombia de seguridad con Estados Unidos, lo que permitió que las fuerzas de seguridad de Colombia presionaran a los grupos guerrilleros de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como nunca antes. Esta presión militar obligó a los guerrilleros a mover sus operaciones a los estados fronterizos de Venezuela que eran poco vigilados.

Luego, en 2002 ocurrieron dos hechos claves, uno tras otro. El primero fue el final del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Andrés Pastrana, con lo cual la guerrilla perdió su enorme santuario en el Sur de Colombia, viéndose obligada a buscar otros refugios. El segundo fue el intento de golpe de estado que removió temporalmente al presidente Hugo Chávez del poder. Esto llevó a Chávez a centrar gran parte de su energía en la identificación y sanción de los golpistas, mientras lideraba otras intensas batallas políticas, como la huelga petrolera de 2002-2003.

Las consecuencias del golpe llevaron al gobierno de Chávez a reforzar su círculo de confianza, lo cual también significó que muchas posiciones influyentes en el gobierno o las oportunidades lucrativas de contratos les fueron otorgadas a militares leales. Se dio la sensación de que el gobierno asumió una posición de régimen pretoriano, con militares retirados o en servicio ocupando cargos importantes en estamentos del Estado.

Chávez también estableció áreas de operaciones militares a lo largo de la frontera, invocando el temor a una invasión estadounidense desde la frontera con Colombia. Se cree que fue en ese momento cuando efectivos tanto del ejército, como de la Guardia Nacional, se corrompieron por el narcotráfico.

El término Cartel de los Soles saltó de nuevo a la palestra gracias al periodista y concejal municipal Mauro Marcano, en 2004. Antes de ser asesinado a tiros, él acusó al comandante de brigada de la Guardia Nacional y director de inteligencia Alexis Maneiro, y a otros miembros de la Guardia Nacional, de vínculos con el narcotráfico. El caso de Marcano sugirió una corrupción sistemática en la Guardia Nacional; sin embargo, el gobierno hizo un esfuerzo poco entusiasta para investigar su asesinato. No se abrió investigación contra Maneiro, y fue trasladado a una posición menos visible.

Durante este tiempo, hubo otras señales de que el narcotráfico estaba aumentando en Venezuela. En 2004 se llevaron a cabo una serie de incautaciones récord de drogas en el país: 32 toneladas de cocaína y 12 toneladas de heroína y marihuana. La participación de los militares facilitando la circulación de la cocaína también fue objeto de investigación en agosto de 2004, cuando varios oficiales le tendieron una trampa a tres pasajeros de un vuelo (entre ellos un ciudadano estadounidense) por narcotráfico en el aeropuerto internacional de Caracas. Otros funcionarios de la Guardia Nacional fueron detenidos en un caso separado, cargando cocaína en un avión privado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Este tipo de incidentes resaltó el papel de los militares en el narcotráfico, y su tendencia a apoderarse de cargamentos de drogas sólo cuando no habían recibido los respectivos sobornos.

En 2005 sucedió otro hecho que contribuyó al fortalecimiento de las redes del crimen organizado en el país, cuando Chávez acusó a la DEA de espionaje. Esto puso fin a los proyectos antinarcóticos financiados por Estados Unidos, incluyendo una de las iniciativas que pudo haber actualizado la tecnología de Puerto Cabello, uno de los puntos de salida para los cargamentos de drogas más importantes del país.

Uno de los más claros indicios de que funcionarios de alto nivel en las fuerzas de seguridad han estado involucrados en el crimen organizado sucedió en 2008, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés: Office of Foreign Assests Control) anunció sanciones contra las siguientes personas:

- Hugo Armando Carvajal Barrios, director de inteligencia militar en ese entonces.

- Henry de Jesús Rangel Silva, a quien Chávez nombró comandante de las fuerzas armadas y ministro de defensa en enero de 2012.

- Ramón Emilio Rodríguez Chacín, exministro de interior y justicia.

Presuntamente todos eran contactos de las FARC en un esquema de intercambio de drogas por armas.

En septiembre de 2011, la OFAC sancionó a otros cuatro funcionarios venezolanos, según informes basados ​​en evidencia recuperada de los portátiles encontrados en el campamento del asesinado comandante de las FARC Raúl Reyes:

- Cliver Antonio Alcalá Cordones, más tarde nombrado como jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de Guyana del Ejército (REDI Guyana).

- El congresista Freddy Alirio Bernal Rosales, exalcalde de Caracas.

- El oficial de inteligencia Ramón Isidro Madriz Moreno.

- Amílcar Jesús Figueroa Salazar, un político descrito como "un traficante de armas para las FARC (...) y un contacto principal para los líderes de las FARC asentados en Venezuela".

Los partidarios del gobierno de Chávez han sostenido que la lista de la OFAC se basa en evidencia débil de los portátiles de las FARC, y que no existe ninguna prueba concreta de que este Cartel de los Soles en realidad esté llevando a cabo operaciones criminales. Otros han criticado a la lista de la OFAC como una herramienta política utilizada para calumniar al régimen de Chávez.

No obstante, cabe destacar que las fuerzas de seguridad no llevaron a cabo investigaciones totalmente transparentes sobre la presunta mala conducta de Maneiro, Alcalá y otros cuando tuvieron la oportunidad. Otros incidentes -como el caso de la "narcoavioneta" en 2011- alimentaron la creencia de que existía una complicidad con el crimen organizado en los más altos niveles militares y gubernamentales. Un pequeño avión capturado en el Estado norteño de Falcón, con unos 1.400 kilos de cocaína, fue descubierto despegando de la base militar La Carlota en Caracas en agosto de 2011. Los portavoces militares de la Fuerza aérea y el gobierno emitieron comunicados dando explicaciones disímiles frente a lo ocurrido.

Otro caso que se dio en septiembre de 2013, esta vez involucrando a un avión de pasajeros, condujo a la detención de 28 personas, entre ellos un teniente coronel, y otros miembros de la Guardia Nacional. El 10 de septiembre, un avión de Air France aterrizó en París con 1,3 toneladas de cocaína a bordo, empacadas en 31 maletas. El avión había despegado del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, el cual está controlado por la Guardia Nacional. De inmediato quedó claro que había una amplia colaboración de los miembros de las fuerzas armadas. 

Pese a que se dieron una serie de arrestos de miembros de la Guardia Nacional involucrados en el caso, todos eran oficiales de bajo rango. A pesar del hecho, no se hizo responsable a ningún alto funcionario; según las declaraciones de un periodista investigativo venezolano, era "absolutamente impensable, imposible, que se llevara a cabo sin la cooperación de los altos mandos". Una comisión parlamentaria fue creada para investigar el caso, pero los miembros carecían de independencia del Poder Ejecutivo, aumentando la probabilidad de culpar a alguien más, por fuera de la Guardia Nacional. 

A lo largo de la historia del Cartel de los Soles ha habido muy poca investigación sobre la mala conducta profesional, y hay muchas pruebas que sugieren que la integridad de las fuerzas armadas se ha visto gravemente comprometida por el crimen organizado.

Modus Operandi

A mediados de la primera década del siglo XXI, efectivos de la Guardia Nacional y otras ramas de las fuerzas armadas comenzaron a participar más activamente en el narcotráfico. Células de las fuerzas de seguridad comenzaron a comprar, almacenar, mover y vender cocaína ellos mismos; antes su función principal era extorsionar a narcotraficantes que movían cargamentos de cocaína. Una teoría de por qué esta evolución se produjo es que los narcotraficantes colombianos comenzaron a pagar a los militares con drogas en lugar de dinero en efectivo, lo que obligó a los venezolanos a encontrar sus propios mercados para los narcóticos.

No hay un árbol genealógico para una estructura tan efímera como el Cartel de los Soles, sólo una lista de los nombres publicados por la OFAC, y mucha especulación. Parece evidente que las ramas principales de las fuerzas armadas -la Guardia Nacional, el Ejército, la Armada y la Fuerza aérea- tienen facciones que trafican con drogas. Aunque a veces parece que trabajan juntos, también hay evidencia de que a veces operan unos contra otros y roban cargamentos de droga (una práctica conocida como "tumbes"). Ha habido reportes de una facción del narcotráfico en el Ejército compuesta por agentes que participaron en el intento de golpe de estado de 1992, un grupo informalmente conocido como el "Cartel Bolivariano".

Cargamentos de cocaína son comprados en los estados fronterizos de Apure y Zulia, o bien en los departamentos de la frontera colombiana. Debido a que los dólares son escasos en Venezuela, y debido a que el bolívar se devalúa con frecuencia en el mercado negro, es raro que las compras involucren dinero en efectivo. La cocaína es a menudo intercambiada por armas, especialmente en negociaciones con las FARC. De lo contrario, los venezolanos actúan como socios de los narcotraficantes colombianos, acordando dividir las ganancias de la venta de la cocaína en el extranjero.

Las rutas de tráfico más populares son por vía aérea hacia la República Dominicana y Honduras. Otra ruta es por tierra hasta Surinam, luego en avión o en barco a África Occidental y de ahí hasta Europa. Cuando se mueve por tierra, la cocaína se suele almacenar en ranchos y fincas de propiedad de contactos civiles.

La Guardia Nacional trabajó con el narcotraficante civil Walid Makled para mover sus cargamentos de droga desde Venezuela. Makled también dijo haber trabajado con decenas de altos funcionarios militares. Pero, si bien parece que la Guardia Nacional y el Ejército utilizaron a Makled como su "agente" para organizar el movimiento de cargamentos de cocaína fuera del país, no hay conexión entre estas dos facciones de las fuerzas de seguridad. Las dos han luchado, robándose cargamentos de cocaína entre sí y luego reportándolos como incautaciones. Pero es raro que las incautaciones de cocaína reportadas sean destruidas en su totalidad –usualmente son traficadas nuevamente-.

Después del arresto de Makled en Colombia en 2010 y su extradición a Venezuela en 2011, parece que los elementos corruptos de las fuerzas han cooptado más o menos exitosamente sus redes de narcotráfico en el Estado Zulia. El Cartel de la Guardia Nacional, por su parte, es más fuerte en otras regiones del Occidente de Venezuela, incluyendo la zona de frontera con los departamentos colombianos de Arauca y Norte de Santander.

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