A ambos lados de la frontera, los carteles mexicanos cuentan con grupos pequeños que, entre otras tareas, adquieren armas de fuentes diferentes. No obstante, según oficiales de seguridad, es improbable, innecesario y peligroso que estos equipos vayan hasta Estados Unidos para desarrollar sus propias redes o tener contacto con testaferros, como los que estaban comprando armas a “X Caliber Guns” en Arizona. En cambio, estos grupos simplemente esperan en México, donde ya tienen todo organizado: contactos, protección, instalaciones de almacenamiento y servicios de transporte.

Los corredores y métodos utilizados para el tráfico de armas hacia el sur son prácticamente los mismos que para el narcotráfico hacia el norte (para más información, vea el Mapa de Traficantes de Armas). Camiones y vehículos de pasajeros con contenedores de almacenamiento ocultos se mueven con relativa facilidad hacia el sur, a través de las carreteras principales y secundarias de México, mientras que la fuerza pública se centra más en las drogas que van hacia el norte. Aún así, hay capturas y detenciones.

El gobierno mexicano dice que ha incautado más de 93.000 armas ilegales desde que Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. De éstas, dicen que cerca del 90 por ciento provinieron de Estados Unidos. Y los arrestos a menudo brindan pistas sobre quiénes forman parte de las redes de tráfico de armas que operan afuera, o al márgen, de las grandes mafias - los carteles - y les proporcionan armas y municiones.

Dos Patrones

El 19 de diciembre de 2009, miembros del ejército irrumpieron en un refugio en Cuernavaca. Se apoderaron de 41 fusiles de asalto, 6.700 cartuchos de municiones, siete silenciadores y una variedad de pistolas, telescopios, aparatos de radio y pequeñas cantidades de drogas ilegales.

Sorprendido por el ataque, un vecino llamó a su hijo, Emilio Guzmán Montejo, un comandante de la policía con la unidad especial de bancos del municipio. Cuando él llegó al lugar, las autoridades lo estaban esperando. Fue detenido y acusado de tener un arsenal de armas no registradas.

El caso Guzmán Montejo ilustra dos patrones aparentes del negocio de tráfico de armas en México: la participación de policías activos o retirados y el uso, posiblemente, de sus familiares para servir como mensajeros y para que les guarden las armas.

Tres meses después de su detención, Guzmán Montejo fue puesto en libertad por falta de pruebas. No fue sorpresa, ya que hay una escasez de investigaciones sobre este tipo de casos. Las autoridades estadounidenses y mexicanas dicen que el personal policial y militar es a menudo fundamental para el tráfico de armas, y esto puede explicar en parte la renuencia de las autoridades para investigar, o incluso hablar mucho al respecto.

Otro ejemplo: Un presunto traficante en el caso “X Caliber”, Fidel Hernández, dijo a los investigadores de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives - ATF] que estaba "vendiendo armas a personas que eran 'policías' en México". Según el informe de la ATF, "En este lugar, aproximadamente a una milla dentro de México, Hernández se reunirá con los oficiales de policía mexicanos, que estaban de uniforme. Hernández dijo que los agentes le pagarían por las armas que había en el interior de las bolsas" (Vea más sobre este caso aquí).

Como en el caso de Guzmán Montejo, la familia también fue parte de la historia: Hernández dijo que en uno de sus viajes a México, un primo le presentó a varios oficiales de la policía mexicana.

"Durante este tiempo," el informe de la ATF dice: "Estos sujetos cuestionaron a Hernández si era capaz de obtener armas de fuego en Estados Unidos y traerlas a México. Hernández indicó que les dijo que sería capaz de conseguir las armas, y desde este punto en adelante, Hernández comenzó a vender armas de fuego a estas personas."

Poco después, Hernández dijo a los investigadores que vendió un rifle calibre .50 que compró en X Caliber por US$9.500 a los mismos policías mexicanos, logrando una ganancia de US$500 por la venta.

Algunos militares mexicanos también se han relacionado con el tráfico de armas. En un caso, reseñado por el diario investigativo mexicano Proceso, un mayor del ejército vendió armas a la Organización de los Beltrán Leyva y al grupo criminal los Zetas; muchas de estas eran armas obsoletas, que ya no usaban.

El Reciclaje de las Armas

Es difícil saber cuánto armamento incautado es reciclado de vuelta los grupos criminales a través de militares y policías corruptos,  porque los números no cuadran. Funcionarios estadounidenses dicen que México les pide que rastreen menos del 25 por ciento de las armas que ya no son usadas por la fuerza pública, que en total la ATF dice que asciende a más de 70.000 armas. Este total, sin embargo, no corresponde con el número de armas que los mexicanos dicen que han dejado de usar, cifra que estiman alrededor de 93.000 desde el inicio del gobierno de Calderón.

Un ex fiscal mexicano, un oficial de seguridad de Estados Unidos y un investigador internacional, concuerdan en decir que las fuerzas de seguridad mexicanas no mantienen una cuenta exacta de manera intencional. Esto es debido a que el sector de las fuerzas de seguridad implicado en el tráfico de armas quiere revender armas y munición incautada nuevo a los carteles. Y otro sector de las fuerzas de seguridad se sentiría avergonzado si sale a la luz pública que nadie sabe exactamente cuántas armas o municiones han sido puestas fuera de uso.

El ejército mexicano niega con vehemencia ser el responsable de cualquier reciclaje de armas de regreso a las redes criminales. En un recorrido por las instalaciones de almacenamiento de las armas puestas fuera de uso, el general Antonio Erasto Monsiváis Pinedo dijo que el ejército mexicano vigila muy de cerca todas las armas de las que se apodera (ver video abajo). Él dice que sólo de diez a 15 por ciento de las armas puestas fuera de uso vuelven a ser usadas por las fuerzas de seguridad. Un pequeño porcentaje, añadió, van a los museos y el resto son destruidas. Para probar su punto, el general mostró a dos reporteros la forma en que se destruyen.

Las autoridades locales - en particular la policía municipal y estatal – también se apoderan de muchas armas. Su cuenta, según los servicios de inteligencia estadounidenses y mexicanos, puede no ser tan rigurosa como la del ejército. Un agente de Estados Unidos, que rastrea armas en la región, dijo que muchos de estos decomisos no son reportados y simplemente se filtran de nuevo en las redes criminales o se venden en el mercado negro.

Otros Jugadores en el Tráfico de Armas al Interior de México

También hay pequeños grupos criminales independientes que se especializan en el transporte de armas. En algún momento operaban independientemente de los carteles de la droga, vendían armas a todo el mundo, como señala un informe de abril de 2009 hecho por la Oficina del Procurador General de México. "Las organizaciones de narcotraficantes no controlan el mercado negro de armas", dice el informe. "Su red de distribución contacta a personas que compran armas para ellos, y estas personas necesariamente tienen contactos con la organización".

Las cosas son diferentes hoy en día. Las autoridades mexicanas dijeron a los investigadores de este proyecto que los carteles están obligando a los grupos criminales independientes a elegir un bando y trabajar para ellos, si no...

Finalmente, cada grupo involucrado en el negocio de tráfico de armas, sin importar si son carteles de la droga, las fuerzas de seguridad o pequeñas organizaciones criminales, tienden a moverse y actuar en familia - la gente de su confianza.

El 10 de mayo de 2008, las autoridades mexicanas allanaron una casa de seguridad en Culiacán, Sinaloa. Después de un breve tiroteo, las autoridades detuvieron a cuatro hombres, entre ellos Alfonso Gutiérrez Loera, primo del jefe del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo'. Dentro de la casa encontraron un rifle calibre .50, un lanzagranadas, tres granadas, ocho chalecos antibalas, más de 3.500 cartuchos de municiones, un rifle H&K G-3 y 12 AK-47. Gutiérrez Loera luego fue condenado a 21 años de prisión.

Otras Historias de la Serie:

Traficantes de Armas: Introducción al Proyecto Conjunto

De Cómo la lucha entre los Beltrán Leyva y el Cartel de  Sinaloa Desangró a México

La Caída del 'Jefe de Jefes'

IRW: Rumania, Vermont, Arizona: La Compleja Ruta de Armas Hacia los Carteles Mexicanos

CPI: Armas Rumanas Modificadas en Estados Unidos se Convierten en Flagelo de la Guerra de las Drogas en México