Como cualquier brazo del sistema judicial, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por las Naciones Unidas, ha tenido sus batallas contra élites que han usado su encanto y fuerza para tratar de influenciar qué y a quién la comisión debe investigar.

La mañana del 19 de febrero de 2007, tres miembros salvadoreños del parlamento centroamericano y su conductor cruzaron la frontera hacia Guatemala para asistir a un encuentro con otros delegados regionales. Poco después de entrar a Guatemala, desaparecieron. Sus cuerpos incinerados fueron hallados más tarde el mismo día en una vía pantanosa a unos 50 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, junto a los restos aún humeantes de su auto. Antes de prenderle fuego, el vehículo había sido desarmado, en una búsqueda de los criminales por estupefacientes o dinero… o ambos.

El ministro del Interior de Guatemala Carlos Vielman envió a sus agentes a que se ocuparan de lo que se conoció como el “Caso Parlacen”, según el acrónimo en español del Parlamento Centroamericano. Para el 22 de febrero, las autoridades guatemaltecas habían capturado a cuatro policías y los habían acusado formalmente por el asesinato de los tres diputados y su conductor. Sin embargo, casi inmediatamente después de los arrestos, se hizo evidente que había algo raro. Uno de los policías capturados era Luis Herrera López. Este hacía parte de un selecto grupo de policías bajo el mando de Víctor Rivera Azuaje, un misterioso venezolano que había trabajado muchos años con los gobiernos centroamericanos y el sector privado, con secuestros y otros asuntos de seguridad.

EcoGuatemalaEste artículo es parte de una serie que estudia la relación entre élites y crimen organizado. Lea el informe completo de Guatemala (pdf). Vea las otras partes de la serie aquí.

Rivera Azuaje era la mano derecha del ministro del Interior Vielman en esa época, y luego del arresto de los cuatro policías, se presentó a hablar con ellos. En un video del encuentro que se tomó en el Ministerio del Interior, en el centro de Ciudad de Guatemala, es evidente la tensión entre el policía capturado y Rivera Azuaje.1

“Yo se lo digo, me los voy a llevar a todos. Porque yo, me los voy a llevar a todos!” Herrera le dice a Rivera Azuaje. “Me voy a ir por esto. Pedimos ayuda, ¿Y esta es la que me dio? ¿Esta es la ayuda que me está dando?”

Rivera Azuaje le responde a Herrera, pero el micrófono no capta sus palabras.

“Yo se lo digo, usted va a saber de mí,” dice el policía con una mueca de ira. “Usted y todos los demás. ¡Van a saber de mí! Se lo prometo. Y por mi madre. Se lo juro.” (Vea el video abajo)

Tres días después, los cuatro policías sospechosos aparecieron muertos, a la manera de una ejecución, en una cárcel a unos 65 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala. Las autoridades se apresuraron a culpar a los pandilleros, pero era evidente que estaban encubriendo algo. Las investigaciones posteriores relacionaron la masacre de los policías sospechosos con los “Tres ‘V’”: Víctor Rivera Azuaje; Víctor Soto Diéguez, el exjefe de investigaciones de la policía, que también hacía parte el círculo íntimo de agentes de Vielman; y Víctor Rosales, director del sistema penitenciario.2 

En esa época, el gobierno, grupos de la sociedad civil y sectores de la comunidad internacional estaban presionando para que se creara un nuevo organismo internacional que apoyara en casos como ésos. Lo llamaron la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG era un experimento en la justicia. Diseñado para prestar ayuda especial y asistencia al Ministerio Público, la comisión podía actuar como órgano de vigilancia y fiscal, todo con el visto bueno de su patrocinador, las Naciones Unidas. Estaba conformada por investigadores internacionales, quienes debían ser menos susceptibles a la presión y la corrupción. Es comprensible que los legisladores guatemaltecos y otras autoridades tuvieran dudas, pero el Caso Parlacen cambió el curso del debate a favor de la CICIG y, en parte, debido a esta espectacular serie de crímenes —y a la campaña de Vielman— el Congreso eventualmente aprobó la CICIG.

Vielman y muchos de sus colegas que presionaron para que se instaurara la CICIG nunca se imaginaron que la comisión iría tras ellos algún día. Sin duda, la posible participación de Vielman y la cortina de humo del Parlacen y otros crímenes serían parte central del trabajo de la CICIG. Para 2009, los fiscales de la comisión ejercían presión para que el entonces comisionado de la CICIG Carlos Castresana llevará a juicio esos casos.

Alegaban que, como ministro del Interior, Vielman tenía varias unidades especiales, como la del venezolano Rivera Azuaje, y otra dirigida por el investigador de la policía Soto, así como otros dos altos oficiales de la policía. La unidad de Rivera Azuaje, que adoptó el nombre de “Riveritas”, en honor a la dirección de Rivera Azuaje, y la otra unidad, señalaron los investigadores de la CICIG, eran más que fuerzas especiales.Victor Rivera alias Zacarias Eran un grupo de “limpieza social” que comenzó a ejecutar en forma extrajudicial a sospechosos de crímenes, incluyendo pandilleros, secuestradores y ladrones de bancos, a quienes capturaban o que habían escapado de la cárcel. Pronto pasaron a cometer actos criminales más sofisticados, como el robo de cargamentos de drogas, secuestro y extorsión. Todas estas actividades, dicen los fiscales de la CICIG, eran dirigidas o aprobadas por el ministro del Interior Vielman.

Este no era un sospechoso ordinario. Vielman hacía parte de la élite económica tradicional del país. Alguna vez fue presidente de la principal asociación gremial de la Cámara de Industria y Comercio de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). El CACIF es una institución en varios frentes, de gran influencia política, y Vielman tenía cercanía con algunos de los miembros más conservadores e influyentes de la élite empresarial.

Cuando sus fiscales acudieron a él con los casos contra Vielman y los Riveritas dos años después de los homicidios del Parlacen, Castresana, el comisionado de la CICIG, se enfrentó a un dilema. El respaldo de Vielman a la creación de la CICIG había sido de vital importancia. Más aún, Castresana había entablado relación con numerosos miembros de la élite económica, que eran muy cercanos a Vielman. Estas relaciones eran parte importante de la labor del comisionado: la CICIG necesitaba aliados para trabajar en un lugar que planteaba tantos desafíos como Guatemala.

Sin embargo, algunos de los fiscales de la comisión y críticos externos decían que Castresana se había vuelto demasiado íntimo de esos aliados, que tenían influencia en sus decisiones, y que retrasaban e incluso entorpecían la justicia. Castresana es un hombre recio de carácter fuerte que difícilmente se agacharía ante la autoridad tradicional. Pero en Guatemala, cuando los fiscales de Castresana le presentaron los casos que vinculaban a Vielman con el Caso Parlacen y otros, el comisionado de la CICIG esquivó el asunto, diciendo que la evidencia no era lo bastante sólida o que no era el momento político indicado.

La cuestión de cuánta influencia ejercieron estas élites sobre Castresana —y por extensión en la CICIG— es el centro del presente estudio de caso. La situación no puede verse en blanco y negro. El juez español emprendió la difícil tarea de implementar la comisión en el país, presionó para la consecución de importantes reformas legales, las cuales ayudaron a purgar las pútridas cortes del país, y ayudó a entrenar fiscales locales con las más sofisticadas técnicas investigativas. También procesó varios casos importantes, incluyendo un caso que marcó un precedente y salvó la presidencia de Álvaro Colom, que se encontraba al borde del colapso debido, en parte, a la presión de varias élites rivales. Y la CICIG —después de la salida de Castresana—llevó acusaciones contra algunos de los acusados en los casos de Vielman, aunque la mayoría de los acusados, Vielman incluido, solo fueron juzgados en Europa. Sin embargo, todavía hay dudas alrededor de su periodo en el organismo, tema que investigamos a profundidad en este caso de estudio.

Para el presente estudio, se investigaron las acciones del polémico y muchas veces elogiado comisionado Castresana en docenas de entrevistas con antiguos empleados de la CICIG, funcionarios de gobierno y analistas políticos y judiciales.

También analizamos la CICIG en un contexto más amplio, y estudiamos los casos de la CICIG para tratar de establecer si la comisión fue en contra o favoreció a un grupo sobre otro. Sobre todo, analizamos minuciosamente los casos específicos que constituyeron un hito a través del prisma de la batalla entre las diferentes élites en Guatemala. Entre ellos se encuentra el caso que preparó la CICIG contra Vielman, pero hubo muchos otros, algunos de los cuales tienen que ver con la razón por la que se creó la comisión en primer lugar: los CIACS

Los CIACS

La CICIG es un subproducto de la brutal guerra civil que vivió Guatemala, y el desarrollo de lo que llegó a conocerse como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Esa guerra tuvo sus orígenes en el golpe militar de 1954, respaldado por Estados Unidos, que derrocó al presidente Jacobo Árbenz. El golpe marcó el comienzo de una gran turbulencia, y en 1960, cuando el país aún se encontraba bajo el dominio militar, un grupo de mandos medios militares declaró corrupto al gobierno y comenzó una insurrección que dio lugar a una guerra civil que se extendería por 36 años.

Los militares rebeldes posteriormente se harían a un lado para dar paso a estudiantes, líderes gremiales y grupos insurgentes apoyados por los indígenas, quienes lucharon en su mayor parte desde las montañas del noroeste del país. Eventualmente ellos formaron una organización matriz —la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)—. Esta era una organización guerrillera pobre y desorganizada, que nunca se parecería a sus organizados y disciplinados hermanos insurgentes en Nicaragua o El Salvador, quienes con el tiempo forzaron cambios importantes en sus países.

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La debilidad de la URNG se debía, en parte, a la fortaleza del ejército guatemalteco y a su capacidad para conseguirse el respaldo de las élites económicas del país y de aliados extranjeros, como el gobierno de Estados Unidos. En respuesta a la insurgencia, los militares ampliaron su influencia en el poder. Aunque no siempre controló la rama ejecutiva, determinó de manera efectiva quién llegaba a la presidencia por casi cuatro décadas después del derrocamiento de Árbenz. También fortaleció sus servicios de inteligencia y tomó control de numerosas instituciones de gobierno importantes, desde la agencia de aduanas hasta el Ministerio de Finanzas. Y ejerció gran control en la iniciativa bélica. Pronto se encontró haciendo acopio de información de los grupos insurgentes y de los poderes económicos del país por igual. Eventualmente la guerra fue tanto por intereses ilícitos como por la captura y muerte de los rebeldes. Con ello, el ejército abrió un capítulo más clandestino y corrupto, que incluía el cobro de “cuotas” o sobornos de empresas legítimas e ilegítimas para el movimiento de bienes por todas las fronteras de Guatemala, para lograr el control de varias rutas de contrabando.

Este cambio culminó en marzo de 1982. Mientras las guerrillas continuaban un minilevantamiento que había comenzado a finales de los setenta, una junta de civiles y militares derrocó el gobierno del general Romeo Lucas García. Encabezando la junta estaba el general Efraín Ríos Montt, oficial condecorado y alguna vez candidato presidencial convertido del catolicismo a una iglesia protestante que apoyaba una visión apocalíptica del mundo. Con el avance de las guerrillas, Ríos Montt aplicó una estrategia de contrainsurgencia casi religiosa dando cumplimiento, en algunas formas, al evangelio de su iglesia. En las zonas montañosas del noroeste, bastión de las guerrillas, el ejército emprendió una campaña arrasadora, con el exterminio de miles y el desplazamiento de cientos de miles. Las noticias de las masacres se filtraron, y Guatemala se convirtió en paria internacional —menos para el gobierno estadounidense—. Los crímenes de guerra del ejército serían materia de escrutinio en los años siguientes. Y en su informe posterior a la guerra, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de la ONU diría que el ejército había cometido “actos de genocidio contra grupos de comunidades mayas”3,  lo que preparó el terreno para condenas futuras, una de las cuales afectaría al mismo Ríos Montt.

Sin embargo, a comienzos de los ochenta, pocos podían desafiar el régimen del general. Ríos Montt paralizó la constitución, implementó tribunales secretos y persiguió a los disidentes políticos y sospechosos de pertenecer a la milicia urbana. Por medio del Estado Mayor Presidencial (EMP), entre otras ramas de inteligencia militar, el gobierno mantuvo vigilados a disidentes políticos, grupos de derechos humanos, líderes sindicales y activistas estudiantiles. El EMP mantuvo archivos de estos disidentes, lo que le valió el mote de: “El Archivo.” Trabajando estrechamente con los afamados servicios de inteligencia del ejército, el “G2” y el “D2”, el EMP capturó a docenas de disidentes y luego los ejecutó o los desapareció. Un documento del ejército guatemalteco, divulgado por los Archivos de Seguridad Nacional, contabilizó 183 desaparecidos entre 1983 y 1985.4 

Rios MonttCon su creciente influencia en los asuntos políticos, Ríos Montt y los militares a quienes representaba se convirtieron en una amenaza para las élites económicas tradicionales. El ejército creó un banco. Sus oficiales recibían grandes porciones de tierra y compraban empresas de cemento, estacionamientos y granjas piscícolas, entre otros negocios.5  Los militares también fundaron sus propios partidos políticos o se unieron a otros. En suma, se transformaron en élites burocráticas6,  que desafiaron de frente a las élites tradicionales en la industria de bebidas y el sector agroindustrial desde los años setenta.

Al comienzo, las élites burocráticas y tradicionales no se disputaron abiertamente, en parte porque tenían un enemigo común: la URNG. Un miembro de la poderosa agremiación CACIF hacía parte de la junta de gobierno de Ríos Montt, y otros ayudaron al ejército a implementar su estrategia contrainsurgente. Entre varios mecanismos de apoyo, los empresarios aportaron aviones para el lanzamiento de bombas.7 La CACIF también ejerció presión para impedir que se eliminara a Guatemala de la asistencia internacional a causa de las violaciones a los derechos humanos.8 Sería una alianza fugaz por conveniencia, que acabaría cuando Ríos Montt y su partido político posaron sus ojos en ellos y sus empresas, dos décadas después.

Ríos Montt fue sacado de la presidencia después de menos de 17 meses, y Guatemala volvió a ser un gobierno por elección democrática en 1985, pero los militares mantuvieron un poder considerable y prosiguieron su guerra sucia contra los grupos de oposición. El servicio de inteligencia presidencial, el EMP, estaba en el centro de lo que, en esencia, era un gobierno paralelo que trabajaba para mantener la impunidad por los crímenes cometidos por el ejército en el pasado y el presente. Los defensores de derechos humanos eran objetivo regular, al igual que los líderes sindicales, los activistas estudiantiles, periodistas y fiscales públicos. Este gobierno paralelo —o lo que solía llamarse “poderes ocultos”— también preparó el terreno para el desarrollo del crimen organizado a gran escala en Guatemala. Militares, activos y retirados, usaron sus puestos en el gobierno para facilitar actividades criminales, como el traslado de contrabando o estupefacientes. Suministraron armas ilegales, servicios de seguridad o de inteligencia a grupos criminales. Y ayudaron en adopciones ilegales, trata de personas y expedición de documentos oficiales falsificados.

Para comienzos de los noventa, el estado paralelo tenía un nombre: Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Los CIACS no eran una sola unidad u organización, sino grupos con una definición laxa que trabajaron en colaboración durante la guerra, en su mayor parte en las ramas de inteligencia del ejército. Algunos de estos grupos tenían nombres como la “Cofradía” o la “Hermandad”, en referencia a los medios de organización de los antiguos mayas; otros hacían parte de lo que se llamaba “Oficiales de la Montaña” o simplemente “La Montaña”9. No eran operadores criminales tanto como facilitadores criminales, contratistas del crimen organizado que disponían todos los elementos para que el crimen pudiera darse a gran escala y muchas veces en forma sistemática. Se pensaba que sus redes eran tan poderosas y astutas que podían derrocar un gobierno sin que surgiera el más leve indicio de su participación.

La cara visible de los CIACS era el general Francisco Ortega Menaldo. Ortega es un ejemplo casi perfecto de los integrantes de la élite burocrática. A comienzos de los setenta trabajó con el EMP. Más adelante, trabajó con el Ministerio de Finanzas Públicas. Se casó con la hija de un expresidente, que también fue exoficial del ejército. A mediados de los años ochenta, llegó a la jefatura de la división de  inteligencia militar G2. Y a comienzos de los años noventa, en la presidencia de Jorge Serrano Elías, Ortega dirigió el EMP, donde se convirtió en lo que la principal revista del país en esa época llamó “la sombra del gobernante”.10 El artículo —cuya foto de portada de Ortega Menaldo lo llamaba: “el hombre más influyente del gobierno”— indicaba que el general presuntamente instaló micrófonos para vigilar todas las conversaciones de la Presidencia. Controlaba cada aspecto de la agenda del presidente, añadía el artículo, y podía filtrar lo que pasaba por los ojos del presidente; tenía el poder de mantener a los ministros a distancia y cancelar entrevistas con los medios.francisco ortega menaldo

“Cuando el presidente se levanta en la mañana, él está allí, nítido, pulcro, perfectamente uniformado”, abría el artículo. “‘¿Qué tenemos para hoy?’ pregunta Serrano”.11

Ortega Menaldo era además un delincuente que dirigía uno de los CIACS más poderosos —La Cofradía— según los investigadores guatemaltecos y estadounidenses que hablaron con InSight Crime. A comienzos de los noventa, Ortega Menaldo y sus regimientos militares esquilmaron millones de dólares de ingresos por aranceles.12 La estafa tomó el nombre de Moreno como su operador principal, Alfredo Moreno, un exoficial de inteligencia del ejército que había trabajado al mando de Ortega Menaldo cuando era jefe de la división del inteligencia del G2. El caso Moreno incluyó la falsificación de tiquetes de aterrizaje y el robo de mercancía, entre otros trucos. Tocó los más altos escalones del sector de seguridad, incluyendo al jefe de policía y a numerosos oficiales del ejército, quienes regularmente recibían sobres con dinero de la oficina de aduanas.

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El dinero no solo les forró los bolsillos; también se usó para entorpecer la justicia, en particular los intentos por procesar judicialmente a personal castrense por violaciones pasadas y presentes a los derechos humanos y por ejecuciones extrajudiciales. Uno de esos casos fue el de Myrna Mack, una antropóloga y activista de derechos humanos sin pelos en la lengua que fue asesinada por miembros del EMP en 1990. El caso brincó de un juzgado a otro durante años, principalmente gracias a los sobornos, intimidaciones y el intercambio de favores que caracterizan al sistema judicial guatemalteco. El asesinato habría quedado impune de no ser por la hermana de Myrna, Helen, quien creó una fundación en su nombre para honrar a Myrna y buscar justicia. Al final, el homicida fue condenado y sentenciado a 30 años de cárcel. Aunque el juicio determinó que el asesino actuaba siguiendo órdenes de los altos mandos del EMP, solo se condenó a un mando superior.

Ortega Menaldo hacía parte integral del plan para obstruir la justicia en el caso Mack, pero nunca llegó a juicio. Tampoco respondió ante la justicia por el caso Moreno. Años después, Estados Unidos le suspendió la visa por su presunta participación en el tráfico de drogas. Fuentes del Ministerio del Interior le dijeron a InSight Crime que por altas sumas de dinero también suministraba documentos falsos a grupos criminales y facilitaba adopciones ilegales. Pero nunca enfrentó acusaciones por esos supuestos actos criminales tampoco. Peor aún, hacia comienzos de la década del 2000, Ortega Menaldo estaba de nuevo trabajando tras bambalinas con otro presidente. Ortega Menaldo era, en una palabra, intocable, un símbolo del poder de los CIACS y de la impunidad que los rodeaba. La CICIG se estableció para cambiar esa ecuación.

Origen de las élites burocráticas y emergentes

En 1994, el gobierno de Guatemala y la organización paraguas de la guerrilla, la URNG, firmaron el Acuerdo Global de Derechos Humanos. Dicho acuerdo fue la primera parte de lo que sería el acuerdo de paz final que firmaron ambas partes en diciembre de 1996, y proveyó un indicio de lo que sería el futuro énfasis de la CICIG en las élites burocráticas, pero no hizo mucho más. “Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad”, decía. “El gobierno de la República reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos.”13

El acuerdo de paz abrió la puerta a las primeras intervenciones de posguerra de la ONU en Guatemala: la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), para monitorear y ayudar a implementar los acuerdos posteriores a la guerra; y la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), la comisión especial que se centraba en la publicación de un informe sobre abusos a los derechos humanos y crímenes de guerra durante el conflicto. Ambas experiencias pusieron a los guatemaltecos sobre alerta frente a posteriores intervenciones de la ONU, en particular a los militares, y prolongó la batalla por implementar la CICIG. La CEH, en particular, dejó atónito y enardecido al sistema guatemalteco al escribir que el 93 por ciento de los crímenes de guerra los habían cometido las fuerzas del gobierno; y que el ejército había cometido “actos genocidas” contra las comunidades mayas en la región montañosa del noroeste. (Los hallazgos de la comisión abrieron la puerta a una andanada de procesos judiciales locales e internacionales que no se han disipado).

Las heridas de esos hallazgos seguían frescas cuando los grupos de derechos humanos comenzaron a exigir una nueva comisión de carácter más permanente, que permitiera al gobierno guatemalteco desmantelar los CIACS. El problema, en ciertas maneras, había sufrido una metamorfosis luego de los acuerdos de paz, ya que el ejército se había reducido a una tercera parte de su tamaño original. Los exmilitares buscaron nuevas oportunidades de negocios, en especial en seguridad privada, pero también en las poderosas redes ilícitas que proliferaban en la región. Algunas de esas redes, por ejemplo, tuvieron conexión con el espectacular y turbador asesinato del obispo Juan Gerardi, en 1998, quien había encabezado un grupo que redactó un informe de varios volúmenes sobre los abusos de los derechos humanos durante la guerra con el título: “Guatemala: nunca más”. Pero otros buscaron legitimidad. Crearon empresas y formaron sus propios partidos políticos. Ríos Montt, por ejemplo, creó el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

El FRG ilustraba la evolución de los CIACS en la Guatemala posguerra. El partido estaba lleno de exoficiales del ejército y recibía dinero ilícito de la red Moreno para financiar sus campañas.14 Reclutó a políticos hábiles y ambiciosos, como Alfonso Portillo, diputado guatemalteco que era también parte de una élite política emergente. En el 2000, después de perder por estrecho margen las elecciones anteriores, Portillo ganó la presidencia. El FRG también obtuvo el mayor número de curules en el Congreso, y Ríos Montt llegó a ser presidente del Congreso. Ortega Menaldo se convirtió en el consejero de Portillo, alguien que lo consolara mientras él saqueaba las arcas del gobierno bajo la mirada atenta de los agentes de La Cofradía ubicados estratégicamente en todas las dependencias del gobierno. Uno de sus esquemas, como luego se sabría, era robar al mismo ejército.Alfonso Portillo

Para las élites económicas tradicionales, el FRG era la manifestación de todo el poder que les habían quitado sus rivales de las élites burocráticas y “emergentes”. Los partidos políticos y el ejército habían estado en deuda durante mucho tiempo con estos intereses, haciendo de mensajeros virtuales y mayordomos glorificados. Sin embargo, la administración de Portillo retó el status quo como no se había visto hasta entonces. Abrió la puerta a las importaciones de pollos, cerveza, azúcar y cemento, despertando la ira de las élites más poderosas del país, como la familia Gutiérrez-Bosch, cuya franquicia Pollo Campero sigue siendo una especie de símbolo no oficial del poder de la élite económica tradicional en el país. Además, el FRG impuso gravámenes a artículos como las ventas de licor, lo que desató la furia de los gigantes de las bebidas, e importó azúcar de Cuba para desestabilizar a las poderosas familias dueñas de los ingenios azucareros.

El partido también disputó el control de las élites económicas tradicionales sobre el sistema judicial del país con el cambio de las normas para la selección de los magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general, entre otros. En especial, aprobaron una nueva ley que abrió las elecciones internas del Colegio de Abogados del país a quienes ejercieran fuera de la capital. Un miembro de este Colegio de Abogados, Roberto López Villatoro, usó la nueva ley para crear coaliciones por fuera del alcance de la élite económica tradicional. Estas coaliciones ayudaron a elegir a los magistrados de la Corte Suprema y cambiaron la balanza de poderes en el sistema judicial.

Si el FRG era la cara de la élite burocrática de Guatemala, López Villatoro era la cara de su élite emergente. Este grupo surgió en el periodo de sustitución de importaciones de los años sesenta y setenta. Inicialmente, obtuvieron ingresos de importaciones y exportaciones de productos no tradicionales. Más adelante, se beneficiaron de los procesos de privatización durante las reformas neoliberales de los años ochenta. En todo ese tiempo, usaron sus conexiones en el gobierno para acumular favores y dineros públicos. Y eventualmente fundaron importantes bases económicas que pasó a nuevas industrias, como la exploración petrolera y la generación hidroeléctrica.

Por su parte, López Villatoro hizo una fortuna vendiendo tenis “réplica” y neumáticos usados de Asia, de acuerdo con su declaración a InSight Crime. Sus críticos simplemente llaman a estos productos contrabando y se comenzaron a referir a él como “El rey del tenis” y a afirmar que usó su dinero e influencias de alto nivel en el gobierno para facilitar el rápido aumento de su fortuna y su control en ciernes del sistema judicial. Los aliados de López Villatoro incluían a su hermano, Julio César, quien llegó a ser diputado, su entonces suegro, el presidente del congreso Efraín Ríos Montt, y su esposa en esa época, la congresista Zury Ríos. “La Primera Familia del Congreso”, como los llamaba la prensa, ilustraba una importante fusión de intereses entre las élites emergentes y burocráticas, otro prospecto aterrador para las élites económicas tradicionales.

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La agitación en los círculos políticos y económicos de Guatemala fue más allá de la administración Portillo y del FRG. A finales de los años noventa, Guatemala dio más participación en el gasto público a los municipios y departamentos. El resultado fue una explosión de pequeñas constructoras que buscaban sacar provecho de sus conexiones locales y de las oportunidades económicas que conllevaban: mientras en 1998 el número de constructoras registradas era de 84, para 2014, esa cifra había pasado de 2.000.15

Estas empresas pasaron a ser parte integral de las estructuras políticas y criminales del país. Los contratos de obras públicas son un medio de intercambio de favores, financiamiento de campañas y lavado de dinero. Ese carrusel de favores abrió el camino para la creación de nuevas estructuras políticas muchas veces locales, cuya financiación no depende de los poderes económicos tradicionales y por lo tanto ya no están en deuda con ellos en el terreno político, otro prospecto aterrador para las élites económicas tradicionales.

Este abanico de oportunidades —o como lo llamó un exministro de Interior, esta “democratización de la corrupción”— se extendió también a otras instancias del gobierno.16  Entes de gobierno, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), abrieron la puerta a los intereses de las élites emergentes y burocráticas, algunas de ellas corruptas. En 2002, la junta del instituto fue sometida a escrutinio por un acuerdo con un sospechoso de narcotráfico para construir viviendas para personas de la tercera edad. Las viviendas nunca se construyeron y el presunto traficante eludió la justicia.17

La comunidad internacional intervino en este hervidero de intereses en conflicto. En algunos aspectos, la comunidad internacional funciona como una especial de supraélite, ejerciendo control social, económico y político sobre diversas partes de la sociedad guatemalteca, en formas similares a las ejercidas por las élites locales. En otros aspectos, la comunidad internacional es una herramienta de las élites. En lo que respecta a los temas de la justicia, los dos protagonistas en esta comunidad internacional son Estados Unidos y la ONU. Y a comienzos de la década de 2000, ambos desempeñaban roles muy activos. Estados Unidos había quitado a Guatemala su certificación por su falta de cooperación en temas antidrogas. Entretanto, MINUGUA, la misión de verificación de la ONU, seguía en el país, supervisando la implementación de los acuerdos de paz.

Aún se hablaba de crear una “comisión” especial para condenar a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos en conexión con las redes paralelas clandestinas del gobierno involucradas en abusos y actividades criminales. En 1999, el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados había recomendado la creación de “un organismo de vigilancia independiente con facultades para investigar las denuncias de corrupción en cargos públicos”.18  Y en 2002, una comisión técnica de la ONU se quejó de la influencia indebida de las redes clandestinas conocidas como los CIACS.19 

Consciente de la imagen del país y de la importancia de hacer las paces con la ONU y Estados Unidos, Portillo asignó a Edgar Gutiérrez, su operador político más capaz, para que se hiciera cargo del tema. Economista e investigador en derechos humanos de larga trayectoria, Gutiérrez hacía parte integral del equipo del Obispo Gerardi que expuso el rol capital del gobierno en los abusos a los derechos humanos, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales durante la guerra civil del país. También es una de las autoridades más notables del país en el tema del crimen organizado.20 Portillo le encomendó la tarea de ser la cabeza de una unidad de inteligencia para el gobierno manejado por civiles, y, a pesar de las protestas y críticas de sus colegas de mucho tiempo en la comunidad de derechos humanos, Gutiérrez aceptó el cargo.

Divorciado de sus excolegas, pero no de sus raíces como activista y defensor de los derechos humanos, Gutiérrez comenzó la batalla por la CICIG cuando fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, en las últimas etapas de la administración Portillo. Durante un almuerzo con José Miguel Vivanco, jefe de la división de Human Rights Watch para las Américas, y el presidente Portillo, los tres discutieron la posibilidad de crear una “comisión” para erradicar la influencia de los CIACS.21 La ironía de que la Cofradía —la principal CIACS del país— fuera el corazón mismo de la administración, y que su jefe —Ortega Menaldo— fuera consejero de Portillo no se ventiló, según Gutiérrez. En lugar de eso, los tres esbozaron los detalles básicos de lo que luego se llamaría la Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS).

Gutiérrez dice que obtuvo de la ONU y de la presidencia las firmas definitivas para crear la comisión unos días antes del término del periodo de Portillo, pero la propuesta de inmediato encontró problemas. Los críticos dijeron que el acuerdo le dio a la comisión el poder de investigar delitos penales independientemente de las autoridades guatemaltecas, algo que va contra la constitución del país. Gutiérrez cuestionó ese alegato, señalando que la oposición a la propuesta era política, no legal.22 Sin embargo, después de que la Corte Constitucional rechazara la propuesta, eso fue discutible. La propuesta de la CICIACS estaba estancada.

CICIG: ¿“botón de reinicio”?

La persona que recibió la capa de la CICIACS luego de la decisión de la Corte Constitucional fue el recién elegido vicepresidente Eduardo Stein. Al igual que Gutiérrez, las lealtades de Stein eran difíciles de esclarecer. Aunque proviene de una familia adinerada perteneciente a la élite, a Stein se lo considera políticamente independiente y progresista. Hasta el día de hoy, aún recurren a él para que coordine procesos complicados de arbitraje nacional, como una comisión de la verdad luego del golpe de 2009 en Honduras. Stein fue, en algunas formas, la personificación de la presidencia de Óscar Berger (2004-2008). Berger dice que su gobierno fue una administración “empresarial”, lo que bien puede ser un eufemismo.

El sello de la asociación gremial CACIF en el gobierno de Berger fue inequívoco. Donde el partido FRG llenó posiciones con antiguos oficiales del ejército, Berger puso a empresarios. Entre sus nombramientos más importantes están el de Carlos Vielman como ministro del Interior. Vielman es hijo de un coronel del Ejército, de la élite tradicional más adinerada. Estas élites tradicionales se vieron como un grupo moderno e incluyente que podía restablecer el orden tras la debacle del FRG. Lo que eso significara en la práctica aún es objeto de debate, y la cuestión está en el centro del presente estudio de caso. Vielman, por ejemplo, coordinó temas de seguridad en estrecha colaboración con hijos de familias acaudaladas, que en ocasiones emplearon a mercenarios extranjeros para realizar el trabajo sucio. Entre esos mercenarios se encontraba Víctor Rivera Azuaje, venezolano que a la postre jugaría un rol clave en algunas de las actividades extrajudiciales más tristemente célebres del Ministerio del Interior.

Stein y Vielman se conocían desde hacía años, y cuando Berger nombró a Vielman en su gabinete, el vicepresidente se convirtió en aliado clave en la creación de lo que eventualmente sería la CICIG.23 Stein consultó con la Corte Constitucional y con el Ministerio Público (MP, que cumple las veces de la Fiscalía General en Guatemala). Stein y Vielman también se reunieron con miembros del Congreso y viajaron juntos a Washington conseguir respaldo para la comisión entre el gobierno estadounidense. Además, Stein introdujo asesores de la sociedad civil, como Helen Mack de la Fundación Myrna Mack, para que le ayudaran a reformular la propuesta, de modo que se centrara más en la impunidad y tuviera un campo de acción más amplio que tan solo caso que implicaran ataques a defensores de derechos humanos, periodistas y fiscales.24

La propuesta tuvo sus oponentes. El FRG y muchos otros partidos desconfiaban del imperativo de la comisión, que se trazó como objetivo los CIACS. Pensaban, con buenas razones, que eran objetivos importantes. Los miembros del CACIF también temían la comisión. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Briz, era un opositor declarado, según Stein25; también lo era el entonces fiscal general, que la veía como una potencial amenaza para su poder. Sin embargo, la mayoría la asimilaban con MINUGUA, un experimento que demostró ser relativamente inofensivo a sus ojos. Stein contó a InSight Crime que pocas personas en las élites comprendían en realidad las implicaciones de la comisión.26

Si las élites tradicionales tenían reservas, se calmaron con la presencia de Vielman en el proceso. Existe cierta discrepancia sobre si consideraron la CICIG como una posible herramienta contra sus rivales de las élites burocrática y emergente. Renzo Rosal, que trabajó como consejero presidencial durante el gobierno de Berger, comenta que la administración lo vio como una oportunidad de oprimir “el botón de reinicio… cambiar el casete”.27 En otras palabras, pensaron que CICIG podría ayudarles a volver al tiempo en que las élites tradicionales dirigían el país y usaban al ejército como guardianes suyos. “No era un elefante”, dijo en referencia a los CIACS y a gobiernos anteriores, “esto era una manada de elefantes”.28

Stein, sin embargo, discrepa con esa afirmación. Dice que las élites cercanas al gobierno adoptaron más una actitud de no interferencia. Es posible que no hayan pensado que la propuesta era buena, pero no pensaron que les afectaría en alguna forma importante. Y en el mejor escenario, pensaron que podrían beneficiarse. En cualquier caso, la presencia de Vielman en el proceso calmó sus nervios. “Mi principal aliado era Carlos Vielman”, comentó Stein a InSight Crime.29 

Los opositores a la medida tuvieron lo que querían cuando el mandato de la comisión se limitó a dos años. La entidad se diluyó aún más cuando la ONU decidió que no haría parte formal del organismo multilateral. Sin embargo, tenía dientes. La comisión ayudaría a “promover la acusación” y brindar “asistencia técnica” a casos en Guatemala. Ayudaría a adaptar leyes y ofrecería “informes temáticos” en temas de interés legal y judicial. Además tendría la facultad de “iniciar procesos judiciales” con “total independencia de funciones”.30

Para miembros de la élite como Vielman y sus seguidores en la agremiación del CACIF, el aspecto más importante era que los CIACS siguieran siendo el objetivo declarado de la comisión. Aunque su definición fuera amplia, las élites emergentes y burocráticas eran claramente los blancos de la CICIG.

El presente Acuerdo tiene como objetivos fundamentales: (a) Apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos.31

La ONU y el gobierno firmaron el acuerdo en diciembre de 2006, pero en los meses siguientes, el gobierno tuvo problemas para hacer que el Congreso actuara. No sorprende que el partido de Ríos Montt, el FRG, que aún tenía las riendas del Congreso, liderara las iniciativas contra la propuesta. Los esfuerzos por implementar la CICIG ganaron cierta fuerza en febrero de 2007, luego de los homicidios del Parlacen y la masacre que siguió de los sospechosos principales. El presidente Berger instó al Congreso a dar vía rápida a la propuesta y, en una alocución televisada al país, señaló que el enemigo de Guatemala es el “crimen que se alimenta del narcotráfico”.32 Otros seguidores incluyeron a Otto Pérez Molina, exgeneral convertido en congresista y fundador del Partido Patriótico (PP), movimiento político en ascenso.

Pero otros miembros del Congreso pusieron obstáculos a Berger y a las propuestas que siguieron. Los líderes del congreso convocaron a numerosas sesiones extraordinarias para debatir el asunto, pero no pudieron tener quórum.33 Furioso por la falta de voluntad para ponerlo en la agenda, en cierto punto, un legislador a favor de la CICIG le arrojó una botella de agua al presidente del Congreso.34 Aun después de que los proponentes lograran que se sometiera a consideración, las cosas no parecían ir por buen camino. Apenas unas semanas antes de la votación, la comisión de relaciones exteriores, liderado por la hija de Ríos Montt, Zury, recomendó al Congreso que se rechazara la comisión.35

El 1 de agosto de 2007, día de la votación, la presión continuó. La policía le dijo al presidente del Congreso que había una amenaza de bomba y que debía evacuar el edificio.36 El presidente decidió mantener la votación de todos modos, así que el partido FRG de Ríos Montt y otros opositores salieron estrepitosamente de la sesión. También, diplomáticos europeos, estadounidenses de la ONU hicieron campaña abiertamente a favor del acuerdo. Estados Unidos incluso amenazó con suspender parte de la cooperación económica con Guatemala, si el Congreso rechazaba el acuerdo.37 (La política de riesgo calculado de la CICIG y la presión estadounidense se convertirían en un modelo para la comisión, que se ha mantenido hasta el presente). Y con 110 votos a favor, apenas por encima del mínimo necesario, finalmente nació la CICIG.

Round 1: Tras el ‘Rey de los Tenis’

La CICIG comenzó a funcionar en septiembre de 2007, y trabajó arduamente en diversas tareas. Una de ellas fue la modernización de las leyes sobre cooperación de testigos y la implementación de una ley de interceptación telefónica; ayudar al gobierno en la depuración de funcionarios inoperantes y posiblemente corruptos, al igual que en la policía. Sin embargo, lo que los guatemaltecos esperaban de la comisión —tal vez injustamente— era que llevara ante la justicia casos de alto perfil, y en ese aspecto se requirieron varios años para que la comisión se encaminara.

Los problemas de la comisión podrían dividirse en dos categorías principales. La primera era seleccionar realmente los casos que ayudaría a desvelar al Ministerio Público; la segunda era lograr condenas y hacer que dichas condenas quedaran en firme en las corruptas cortes de Guatemala.

En lo que respecta al primer problema, la CICIG tuvo pocos obstáculos para hallar indicios. La información llegaba en abundancia, así como los informantes. Sin embargo, seleccionar esa información y verificar los informantes era una tarea dantesca, y seleccionar los casos prioritarios entre ellos era aún más difícil. Según su informe anual de 2009, la comisión usó “un proceso de razonamiento inductivo para determinar, si se pueden o no, alcanzar las estructuras paralelas”.38 Pero no había claridad sobre qué significaba esto en la práctica. Los casos que la comisión puso de relieve en su informe de 2009, por ejemplo, tocaban desde homicidio hasta peculado. Incluían casos contra narcotraficantes, policías y delincuentes comunes. Dos casos estaban vinculados a la presidencia y dos tenían estrechos nexos con los CIACS. Sin embargo, había poco que agrupara los casos.

El encargado de seleccionar entre esa maraña de información y de determinar las prioridades de la CICIG era el primer comisionado del organismo, el magistrado español Carlos Castresana. Con vasta experiencia en casos judiciales internacionales políticamente sensibles, Castresana era una figura formidable. Antes de posicionarse como el primer comisionado de la CICIG, Castresana había sido el encargado de diseñar el caso contra el dictador chileno Augusto Pinochet y estuvo al frente de una serie de casos contra antiguos miembros personal militar argentino por su presunto papel en violaciones de derechos humanos. En su país de origen, Castresana también se había enfocado en un caso de corrupción contra el popular club de fútbol Atlético de Madrid.

Carlos CastresanaPara muchos, era perfecto para la tarea. Además de su experiencia en procesar casos de corrupción y de su trabajo con militares, Castresana entendía la CICIG, en parte debido a su visita a Guatemala y a su participación en los esfuerzos de implementar la propuesta de la CICIACS. Trabajador, seguro de sí mismo —muchas veces en exceso— y persistente, infundió a su personal un norte y confianza. “Tenía una capacidad de trabajo enorme”, contó a InSight Crime uno de sus exfiscales. “Tenía claridad en lo que hacía”.39

Pero Castresena también tuvo algunos problemas. Si bien durante su carrera se había desempeñado en casos de alto nivel, algunos de estos no estuvieron a la altura de su ego. Quizás el caso que más molestias despertó fue el de Pinochet. Tres personas que trabajaron con Castresana se refirieron abiertamente a sus comentarios sobre no haber recibido suficiente crédito por su papel en el caso. Uno de sus antiguos colegas también dijo que Castresana estaba tras un cargo de mayor importancia, como el de la dirección de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, y que veía a la CICIG como una especie de trampolín.

En Guatemala, Castresana tuvo problemas para encontrar terreno firme, y su ego muchas veces motivó roces con gente dentro y fuera de la CICIG. El comisionado tenía poca paciencia para la incompetencia y menos aún para la burocracia. Aceleró los casos que pasaban por su oficina y e incluso dejó a un lado a fiscales competentes que lo desafiaron. Se rehusó a tener un segundo mando, alguien que lo asistiera en el manejo de sus relaciones con diplomáticos, políticos y élites.40

Castresana también tuvo problemas con la ONU. Como la CICIG no era técnicamente un organismo de la ONU, cualquiera que trabajara para la comisión perdería las prestaciones y pensiones de la ONU, lo que hacía casi imposible contratar personal de dentro de la ONU. Cuando estuvo en el país, Castresana también tuvo que recaudar dinero, contratar seguridad y buscar una oficina. Pero también supo como usar la independencia de la ONU a su favor, y desestimó múltiples esfuerzos de las Naciones Unidos para evaluar el progreso de la comisión y su mandato, entre otros temas.

Más aún, fue en este sentido que Castresana se enfrentó con una de sus mayores dificultades. Aunque las facultades de la CICIG se centraban en los CIACS —y los tipos malos como el general Ortega Menaldo eran fáciles de identificar— en la práctica era muy difícil llevar ante la justicia a estos poderes ocultos. La tarea se dificultaba aún más con las anticuadas leyes de Guatemala, el personal administrativo sin educación, y policías y fiscales mal entrenados. A Castresana también se le hizo difícil establecer relaciones laborales con otros poderes judiciales y de seguridad, quienes no siempre eran bien intencionados. Y tuvo que entender la forma en que Guatemala funcionaba tras bambalinas, esa zona gris donde los Ortega Menaldos operaban y hacían el trabajo sucio.

Para esta última tarea, Castresana se apoyó en un círculo interno de confidentes, que fue lo primero que desarrolló a su llegada a Guatemala. Castresana entrevistó a más de 300 personas cuando llegó al país, pero solo unos cuantos se convertirían en fuentes regulares. Estas incluyeron investigadores locales de derechos humanos y diplomáticos extranjeros, funcionarios del gobierno en funciones y de administraciones anteriores, y, por supuesto, miembros de la élite. Estos miembros de la élite cubrieron toda la gama. Uno de los más importantes fue Helen Mack, fundadora de la Fundación Myrna Mack. Aunque Mack procede de una familia terrateniente acaudalada, funge más como miembro de la élite social e intelectual, que ayuda a sentar la agenda de seguridad y derechos humanos en el país debido a su acceso e influencia sobre una amplia variedad de actores.41

Una voz igualmente influyente fue el exvicepresidente Eduardo Stein, quien sigue siendo un miembro importante de la élite política. Stein intervino a favor de la comisión en sus intentos de hacer avances con el gobierno y los diplomáticos, es decir, las élites internacionales, incluyendo al embajador de Estados Unidos Stephen McFarland.

El representante clave de la élite económica tradicional era un abogado llamado Alfonso Carrillo, quien no se considera miembro de la élite, pero su firma, Carrillo y Asociados, es una de las más antiguas de Guatemala y ha representado por largo tiempo a una de las principales familias de la élite tradicional.42 Por su parte, Carrillo ha sido un interlocutor político y empresarial importante para la agremiación del CACIF durante décadas.43Alfonso Carrillo

Carrillo y Castresana desarrollaron una estrecha amistad y eventualmente compartieron información, así como contactos. Carrillo, por ejemplo, dice que presentó a Castresana a miembros de la élite económica tradicional, como Dionisio Gutiérrez Mayorga, del imperio avícola que incluye la cadena de comidas rápidas Pollo Campero y una firma de importaciones. En una entrevista con InSight Crime, Carrillo restó importancia a esta red de contactos,44 pero un exempleado de Carrillo y Asociados informó que había asistido a cenas con el jefe de la empresa y representantes de estas élites.45 Era, según este antiguo empleado, una vía para las élites influenciar la agenda de Castresana. “Lo fueron contextualizando de acuerdo con sus intereses”, puntualizó el exempleado.46

Los críticos de Castresana dicen que su relación con Carrillo y su bufete de abogados fueron más allá de lo debido e ilustraban el sesgo del comisionado hacia las élites económicas tradicionales. Con certeza, Carrillo ayudó directamente con el trabajo de la comisión. Pese al hecho de que el bufete de abogados de Carrillo se especializa en fusiones y adquisiciones, algunos de sus miembros fueron asignados para ayudar a la CICIG. Por ejemplo, el exempleado de Carrillo y Asociados señaló que él y otros de la firma investigaron un caso de peculado en el gobierno. (Dice que Castresana se puso furioso, cuando, después de meses de trabajo, los investigadores no habían recabado la evidencia necesaria para llevar el caso a juicio).

Carrillo también ayudó a la CICIG con su segundo mayor problema: procesar los casos que había ayudado a llevar a las cortes. En su informe anual en 2009, la CICIG dijo haber abierto 39 casos, pero pocos de ellos pudieron resultar en condenas.47 Eso se debió en cierta medida a la corrupción judicial. Aun si la comisión lograba llevar un caso a juicio y conseguir una condena, las cortes de apelaciones la anulaban. Para obtener resultados, la comisión decidió que tenía que cambiar los jueces.

Para ello, la CICIG volcó su atención al poco conocido —y muchas veces ignorado— proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Guatemala. En primer lugar, lo que se conoce como comisiones de postulaciones seleccionan los candidatos finales para las cortes Suprema y de Apelaciones, y luego el Congreso selecciona los magistrados de esas listas. Las comisiones de postulación se diseñaron para minimizar la intrusión política en el proceso. Estaban conformados por los decanos de las facultades de derecho, magistrados de la Corte Suprema y miembros del Colegio de Abogados. Sin embargo, la política y la corrupción que muchas veces acompañaban el proceso, inevitablemente tomaron las riendas.48 Por ejemplo, las facultades de leyes fueron fundadas tan solo para ganar votos en las comisiones. La selección de los representantes del Colegio de Abogados a las comisiones llegó a parecerse mucho a una campaña política, con afiches, camisetas y mítines partidistas. Y los jueces nombrados en las comisiones quedaban copados de trabajo de consultoría y otras ventajas.

Como en otros casos que la CICIG eventualmente abordaría, la batalla por las cortes se trataba tanto de la lucha de clases como de la penetración criminal del Estado. Las élites económicas tradicionales habían mantenido el control de las altas cortes durante mucho tiempo, pero a principios de la década del 2000, el partido FRG de Ríos Montt y su operador judicial, Roberto López Villatoro, también conocido como el “Rey del Tenis”, habían comenzado a manipular las cortes a su favor, invirtiendo en campañas para elegir sus candidatos a los comités del Colegio de Abogados, así como reclutando a decanos de las facultades de derecho en sus grupos, para que pudieran usar sus votos en las comisiones de postulación y meter a sus candidatos jueces en las listas enviadas al Congreso. Hacia 2009, López Villatoro se había convertido en un agente independiente que trabajaba para las élites emergentes y burocráticas, lo que incluía a miembros de la administración de Álvaro Colom (2008-2012), así como a miembros del FRG.

Con la ayuda de Carrillo y otros, la CICIG se fue contra el abogado advenedizo. Hicieron que varios investigadores hurgaran en la vida de López Villatoro, hasta encontrar transacciones sospechosas o ilícitas con jueces, abogados y fiscales. Estudiaron sus expedientes tributarios, sus manifiestos de carga y los contratos con el gobierno que había ganado, y estudiaron sus registros de viajes y sus actividades extracurriculares. También investigaron las comisiones de postulación y a los jueces que dichas comisiones recomendaron al Congreso para ser elegidos como magistrados de la Corte Suprema y jueces de la Corte de Apelaciones. Carrillo estuvo presente en todo el proceso, en las oficinas de la CICIG.

“Nunca tuve claro cuál era el rol de Alfonso Carrillo”, dijo Aníbal Gutiérrez, funcionario político por largo tiempo en la CICIG. “Lo que sí sé es que diariamente, casi diariamente sobretodo en esa época estaba en la Comisión reunido con Castresana”. (Tres exinvestigadores de la CICIG confirmaron la presencia regular de Carrillo durante este periodo).

A decir verdad, Carrillo estaba inmerso en su propia batalla por limpiar las altas cortes, lo que incluía la presentación de requerimientos judiciales. Tampoco estaba solo como persona ajena al proceso que trabajara con la CICIG. Otros, como Helen Mack, trabajaron de cerca con la CICIG en la filtración de candidatos para las comisiones de postulación, y sus subsiguientes recomendaciones para los cargos en las altas cortes. Pero Aníbal Gutiérrez añadió que la presencia de Mack era distinta.

 “Obviamente nadie puede negar la importancia de Helen [Mack] en Guatemala, y el peso que tiene su palabra en Guatemala, eso es evidente”, explicó Gutiérrez. “Me parece que a diferencia de Carrillo el rol de Helen era mucho más abierto, mucho más público, mucho más directo porque también Helen es así. Entonces lo hacía de una manera mucho más transparente por decirlo de alguna manera, y en general no lo hacía sola, es cierto."

Sin embargo, así como Carrillo, Mack representaba intereses que iban mucho más allá de los de su organización.

“En general cuando pensamos en el rol de Helen o en la influencia de Helen tenemos que hablar desde la influencia de las ONG guatemaltecas que en general en este tipo de cosas, y sobre todo en ese momento, se movían bastante en bloque”, señaló.

Algunos insinuaron que el mismo Castresana estaba inseguro de si la comisión debía siquiera comprometerse en la lucha por las cortes. Esto puede haber tenido que ver con el hecho de que la información que la comisión halló sobre López Villatoro y los jueces no era ni criminal ni iba contra las políticas del comité de postulaciones. Gran parte de ella se centraba en la incompetencia y el nepotismo más que en algún delito penal. Pero para Castresana era suficiente, experto showman, además de juez, organizó una conferencia de prensa para desprestigiar a seis jueces recién nombrados en la Corte Suprema, y de paso debilitar a López Villatoro y sus aliados advenedizos.

“Hay una investigación que intenta establecer la responsabilidad criminal de una persona al menos”, anunció Castresana, con una presentación en PowerPoint encendida a su espalda.49 “El empresario, Sergio Roberto López Villatoro”.

Roberto Lopez VillatoroCastresana acusó entonces a López Villatoro (foto) de tirar de los hilos necesarios para asegurar que 26 de sus elegidos —de un total de 54— se sentaran en los comités de postulación que eligieron a los candidatos finales para las más altas cortes de Guatemala. “No creemos que se trate de la actuación aislada de esta persona”, agregó Castresana. “Sino que esta actuación coordina intereses de estructuras paralelas”.

Castresana señaló que esas “estructurar paralelas” eran redes de adopción ilegal, de narcotráfico, oficiales del ejército vinculados a abusos contra los derechos humanos y políticos corruptos. López Villatoro, insinuó el juez español, estaba diseñando las cortes para estos intereses criminales. Castresana agregó que López Villatoro compró el favor de por lo menos 11 jueces y abogados pagando para que hicieran estudios de posgrado en España antes de las comisiones de postulación de 2009, que eligieron a los jueces de las altas cortes. De estos, tres ingresaron a las comisiones, apuntó Castresana; otros se postularon como candidatos para los asientos en la Corte Suprema.

Castresana también hizo referencia a la “Terna X”, una misteriosa coalición de tres personas en la comisión de postulación para la Corte Suprema. Esta coalición había diseñado la votación para garantizar la elección de cuatro de los seis jueces que la CICIG ahora acusaba de “no idóneos”, según el comisionado. Castresana añadió que estos jueces de la Corte Suprema estaban “manchados” por conflictos de interés y habían emitido fallos cuestionables en casos penales y de corrupción; les faltaba el “honor” que los cargos requerían. Castresana no ofreció nada más, pero los titulares —y la presión de grupos de la sociedad civil y miembros de la élite internacionales y locales— demostró ser poderosa: pocos días después el Congreso retiró a tres jueces de sus cargos, en algunos casos sin ninguna investigación en profundidad.

López Villatoro —y algunos en el gobierno del entonces presidente Álvaro Colom— estaban devastados. López Villatoro presentó una queja formal ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), y atacó a Castresana por trabajar para las élites tradicionales. Acudió al Ministerio Público y ofreció atestiguar en todos los casos en su contra. Sobre los cursos en España, dijo al procurador que él, y otros más, habían creado un fondo para pagar por los jueces y abogados, porque ellos tenían problemas para pasar su dinero a euros (una historia que repitió a InSight Crime unos años después).50

Cuando InSight Crime preguntó a López Villatoro sobre la presunta conexión de su coalición con intereses criminales, incluyendo las redes de adopción ilegal, el narcotráfico, y los caso de abusos contra los derechos humanos durante la guerra y los políticos corruptos, él contestó que trataba con muchas personas y no podía controlar las interacciones de su coalición.51 De hecho, solo uno de los tres jueces destituidos fue vinculado a intereses criminales; los otros dos fueron destituidos por su falta de credenciales y de experiencia.

El análisis que hacía López Villatoro de la situación era que las élites tradicionales usaron a Castresana para vilipendiarlo y ganaron. Al final, dijo, los tres jueces “no idóneos” que habían sido destituidos fueron reemplazados con jueces a favor de la élite tradicional del mismo talante que Alfonso Carrillo. Algunos defensores y críticos de la CICIG estuvieron de acuerdo, incluyendo a Carrillo y a Mack.

“Fue inducido”, dijo López Villatoro de Castresana. “Su tarea era quitarnos de en medio”.

Sin embargo, otros defendieron los resultados. En un cable de la Embajada de Estados Unidos, el embajador McFarland elogió a la CICIG, y a Castresana en particular, por su trabajo. Diez de los trece magistrados que terminaron en la corte, decía el cable, no habían despertado sospechas ni para la comisión ni para la embajada. “Tener una corte relativamente limpia es de vital importancia para el estado de derecho, en parte porque la Corte Suprema de Guatemala administra todo el sistema judicial, además de que es el árbitro judicial último”, escribió el embajador McFarland. “Su [sic] parece un pequeño contragolpe contra la CICIG o la Embajada por sus roles”.52

Carrillo también defendió su papel y los resultados del trabajo de la comisión.

“No queríamos depurarlo”, dijo del sistema judicial. “Queríamos mejorarlo”.53

Round 2: ‘Una verdad interina'

En la mañana del 10 de mayo de 2009, Rodrigo Rosenberg, un prominente abogado, educado en Harvard, cuyo bufete ha representado a las élites tradicionales tanto como a las emergentes, salió en su bicicleta a dar un paseo dominical en la capital de Guatemala.54 Rosenberg estaba angustiado. Su novia, Marjorie Musa, hija de uno de los clientes de Rosenberg, Khalil Musa, un importante empresario, había sido asesinada junto con Khalil un mes antes en un terrible atentado a la manera de las pandillas. Después de hacer algunas indagaciones, Rosenberg estaba seguro de que funcionarios de alto nivel de la administración de Álvaro Colom habían ordenado el asesinato, pero no podía probarlo.

Rosenberg consideró hacer públicas sus acusaciones, y algunos de sus amigos, entre ellos Jorge Briz, excanciller y destacado miembro de la poderosa asociación de empresarios CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), intentaron disuadirlo. Rosenberg también les comentó a un amigo y a un cliente que estaba siendo víctima de extorsión. Incluso le dio a su cliente, Luis Mendizábal, el número de teléfono de las personas que, según él, lo estaban amenazando.Rodrigo Rosenberg

Los domingos por la mañana son apacibles en ciudad de Guatemala, y cuando Rosenberg pedaleaba por las calles vacías, por lo menos cinco vehículos seguían sutilmente sus movimientos. Unos cinco minutos después detuvo su bicicleta y se sentó en un césped al lado de la vía. Un par de minutos más tarde, un hombre llegó por su espalda y le disparó en la cabeza, el cuello y el tórax y lo asesinó.

La noticia de la muerte de Rosenberg llegó rápidamente a la CICIG, y los investigadores de la comisión llegaron a la escena del crimen a las pocas horas. Al día siguiente, mientras los investigadores analizaban las pistas iniciales, los familiares y amigos de Rosenberg se reunieron para su funeral, donde Luis Mandizábal, el amigo que había tomado el número de teléfono de los presuntos extorsionistas, comenzó a entregarles un DVD a los asistentes, incluyendo a la prensa. El DVD contenía una explosiva declaración de Rosenberg, quien se veía solemne y vestido formalmente. Mirando de frente a la cámara, decía: “Si usted está oyendo o viendo este mensaje, es porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colom”.

En la grabación de 18 minutos, Rosenberg también acusaba a Colom, a la primera dama Sandra Torres y al jefe del gabinete del presidente de asesinar a su novia Marjorie y a su padre, Khalil Musa, y de ser parte de un plan para lavar y malversar dineros de diversas entidades del gobierno, entre ellas el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), el banco de los pequeños agricultores.55

“La historia al final es una historia que hemos vivido demasiado en Guatemala”, dijo, con una mirada triste ante la cámara. “Es la misma historia que hemos estado oyendo y repitiendo en los últimos años. Y los guatemaltecos seguimos sin hacer nada porque ya no hay nada qué hacer”.

Pocos días después del asesinato, el presidente Colom le pidió a la CICIG que se encargara del caso.56 Fue un acto de desesperación. El video se había vuelto viral, y Colom sabía que pronto surgirían las protestas. Una semana después, miles de manifestantes vestidos de blanco —un símbolo, según ellos, de “pureza”— llamaban “asesino” al presidente y exigían su renuncia.57 Los miembros de las élites económicas tradicionales ayudaron a organizar las marchas. Algunos incluso le pidieron al vicepresidente que se les uniera, pero él se negó.58

Rosenberg, por otro lado, era considerado “héroe” y “mártir”. Su inquietante video fue presentado una y otra vez en la televisión local e internacional. Sus acusaciones fueron consideradas creíbles inmediatamente, en especial si se tenía en cuenta la fuente: un respetado abogado de las élites que había sido educado en el extranjero. Incluso los investigadores de la CICIG aceptaron su versión al pie de la letra.

Los enfrentamientos entre los seguidores de Colom y de Rosenberg se convirtieron casi en una guerra de clases. Colom provenía de una familia prominente, había sido parte del CACIF, y luego se convirtió en el director de una agencia de gobierno, conformada después de la guerra, que pretendía aliviar la pobreza en las zonas rurales. Pero nunca estuvo cerca del poderoso centro de las élites económicas tradicionales, y sus relaciones con el grupo conocido como el “G8” eran particularmente tensas.

El G8 era casi como una élite dentro de las élites económicas tradicionales. De este grupo hacían parte Juan Luis Bosch y Dionisio Gutiérrez Mayorga, del imperio avícola Gutiérrez-Bosch; Juan Miguel Torrebiarte, del Banco Industrial; Rodrigo Tejada, del conglomerado cervecero de la familia Castillo; y Fraterno Vila, de las principales familias productoras de azúcar. El grupo ejercía una influencia increíble en la política y la economía. El G8 tenía acceso directo al presidente y, según el exministro de finanzas de Colom,59 lo hostigaron cuando él intentó modernizar el anticuado y extremadamente injusto sistema fiscal que durante décadas había favorecido al G8 y a sus cómplices en el CACIF.60

Pero los problemas del G8 con Colom iban más allá de la política fiscal. Después de que fue elegido, Colom eligió a sus propios colaboradores para dirigir el Ministerio de Hacienda, el organismo de recolección de impuestos y el ente regulador bancario, tres puestos gubernamentales tradicionalmente controlados por el CACIF. Por su parte, la primera dama, Sandra Torres, con la ayuda de su hermana, comenzó a maniobrar para influir en la selección de magistrados de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, usando métodos similares a los del Rey del Tenis. La administración de Colom, bajo el liderazgo de Torres, también modificó los recursos para luchar contra la pobreza rural.

Para ser justos, las élites tradicionales tenían cierto motivo válido para quejarse de la administración. Uno de los principales operadores políticos de Colom había sido vinculado con el crimen organizado.61 La hermana de Torres presuntamente también tenía vínculos con figuras del crimen organizado.62 Y, como lo indica Rosenberg en su video, había acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos, especialmente en lo relacionado con Banrural. 

La CICIG aceptó la petición de Colom de encargarse del caso, bajo el completo conocimiento de que se trataba de una oportunidad y a la vez de un riesgo enorme. Como se señaló, la comisión estaba teniendo problemas para procesar los casos, y aun los que lograba enjuiciar no tenían resultados satisfactorios. Una persona que trabajaba con el gobierno en la reforma de la Policía señaló que las redes criminales puestas en evidencia por el trabajo de la comisión durante los primeros días de su funcionamiento ya eran conocidas y sobre ellas había suficiente documentación. Esta persona estaba más preocupada por las “partes que no vemos o sobre las que no escuchamos”, es decir, los miembros de los CIACS atrincherados en posiciones de gobierno de nivel medio, que son más difíciles de detectar y eliminar.63 Otro alto funcionario de seguridad estuvo de acuerdo con esta opinión.64 El trabajo de la CICIG parecía tener que ver más con las relaciones públicas que con la lucha contra el crimen organizado y la búsqueda de reformas estructurales. Como sus propios representantes dijeron en el momento, su trabajo consistía más en generar esperanzas que en logar un cambio real.65

El caso Rosenberg le permitió a la CICIG la oportunidad de cambiar esta dinámica, y Castresana lo sabía. También sabía que ello amenazaba la legitimidad de la Presidencia. Puso a decenas de investigadores a escuchar cientos de grabaciones telefónicas, rastrear registros y placas de autos, ver grabaciones de cámaras de seguridad, realizar triangulación de llamadas telefónicas y localizar testigos. Los investigadores evaluaron las escenas de los crímenes, le siguieron el rastro a pistas en provincias remotas, y pronto comenzaron a escuchar las conversaciones telefónicas de los principales sospechosos.

Unos pocos meses después, ya tenían una imagen general de Guatemala, que mostraba lo que parecía una conspiración dentro de una conspiración. La CICIG mantuvo estos resultados preliminares entre un pequeño círculo de investigadores hasta septiembre de 2009, cuando las autoridades arrestaron a diez sospechosos, que según ellas eran los miembros de un escuadrón de sicarios que habían perpetrado el crimen. Luego de varios tensos meses, la CICIG y el Ministerio Público anunciaron en enero de 2010 que ofrecerían una conferencia de prensa para revelar quién había asesinado a Rodrigo Rosenberg.

Mientras Castresana hacía su presentación de PowerPoint en el auditorio ese 12 de enero, el país entero se paralizó. La investigación sobre la muerte de Rosenberg, comenzó diciendo, era “una verdad interina”; ello implicó contar con decenas de investigadores de 11 países, que habían pasado días y noches enteras desentrañando esta increíble historia. La misma giraba en torno al estado mental de Rosenberg desde el momento en que su novia, Marjorie Musa, había sido asesinada junto a su padre, explicó Castresana. Entre ese día y el momento que el asesino le disparó, Rosenberg había estado deprimido al punto del suicidio. Revisó su testamento, comenzó a regalar valiosas reliquias y preparó su tumba para poder pasar la eternidad junto a su amante asesinada. Castresana también señaló que Rosenberg les envió a sus amigos enigmáticos mensajes en público y por correo electrónico, en los que daba a entender, según dijo Castresana, que no podía continuar la vida sin ella.

Rosenberg no sólo estaba triste, sino además muy frustrado, continuó Castresana. Contario a las recomendaciones de su amigo Jorge Briz, presidente del CACIF, Rosenberg preparó una denuncia pública contra el presidente Colom. Castresana dijo que el cliente de Rosenberg, Luis Mendizábal, que tenía sus propias quejas sobre el gobierno, ayudó a ponerlo en contacto con un veterano periodista, Mario David García, quien filmó la declaración de Rosenberg en la estación de radio de derecha, donde él era un popular presentador. Grabaron la declaración en los DVD y los dispusieron para su distribución en caso de que algo terrible le sucediera al abogado.

Diagrama3 RedRosenberg

A principios de mayo, Rosenberg envió a su chofer a comprar cuatro teléfonos celulares; él se quedó con dos de ellos y los otros dos se los envió a los primos de su primera esposa, los hermanos Francisco y José Valdés Paiz. En tanto dueños de una gran empresa farmacéutica, los hermanos Valdés Paiz hacen parte de la élite económica tradicional. Y además eran amigos cercanos de Rosenberg. Sin saberlo, dijo Castresana, los hermanos Valdés Paiz pusieron en marcha la última parte de lo que él llamó el plan Rosenberg. Él les dijo a los hermanos Valdés Paiz que estaba recibiendo amenazas de extorsión y que necesitaba su ayuda para matar a la persona que lo estaba amenazando. Los hermanos le pidieron a su guardaespaldas que encontrara a alguien que hiciera el trabajo, y él lo hizo.

En la mañana del 10 de mayo, justo antes de comenzar a pedalear por las tranquilas calles de ciudad de Guatemala, Rosenberg llamó al líder de la banda de sicarios y le dijo que el extorsionista estaba saliendo de su casa. El líder la banda de sicarios —a la que Castresana se refirió como “profesional” y “empresarial”— se comunicó con su equipo, quienes ya estaban patrullando la zona en varios vehículos. Los vehículos persiguieron su objetivo, y uno solo de los pistoleros llegó hasta la franja de césped al lado de la vía, donde le disparó a Rosenberg.

En otras palabras, concluyó Castresana, Rosenberg había planeado su propio asesinato —una especie de suicidio político al estilo guatemalteco— para acabar con el presidente Colom.

“¿Quién planificó el hecho?”, Castresana le preguntó a la silenciosa audiencia. “Pues tenemos que concluir que fue el mismo Rodrigo Rosenberg”.

La impresionante investigación —y la extraordinaria presentación de Castresana—salvaron al gobierno de Colom.

“Han ido más allá”, le dijo Colom más tarde al magistrado español, “porque su mandato no era salvar la democracia”.66

Sin embargo, el complicado caso también puso de manifiesto lo difícil que era para que la CICIG evitar convertirse en otro peón en el peligroso juego de tronos guatemalteco. Había muchos intereses en juego —entre ellos los de las élites tradicionales, emergentes y burocráticas—, así como montones de dinero.

En primer lugar, Khalil Musa, el padre de la novia de Rosenberg, Marjorie, pertenecía a una prominente familia de la élite emergente. Rosenberg creía que el asesinato de Khalil estuvo relacionado con una invitación que él había recibido para unirse a la Junta Directiva de Banrural. El banco se había convertido en una entidad extremadamente lucrativa y poderosa, tal vez incluso lo suficientemente importante como para atraer la atención de las elites adineradas tradicionales, cuyas fortunas se estaba hundiendo en el mercado de valores de Estados Unidos en ese momento, y que estaban divulgando rumores acerca de las supuestas actividades nefastas del banco, según varias versiones.67

En su video, Rosenberg omite este tema. En cambio, señala que el enfoque “limpio” de Musa entró en conflicto con los presuntos esquemas corruptos de Banrural, ideados por las élites emergentes. La hija de Musa, Marjorie, parecía ser un daño colateral. Cuando la CICIG investigó el caso de Musa, no encontró ninguna evidencia de vínculos de Banrural con el asesinato de los Musa, ni suficiente evidencia como para adelantar un caso contra el banco por corrupción o lavado de dinero. Sin embargo, lo que si encontraron, fue que las conexiones de Musa con una red de contrabando podrían haber estado detrás del ataque.68 En todos los posibles escenarios, Marjorie, la hija de Musa, podría ser considerada como daño colateral.

Al explorar otras capas de este caso, también se descubrió que la CICIG pudo haber perdido una oportunidad de derrocar al poderoso grupo CIACS. Luis Mendizábal, el hombre que distribuyó los DVD en el funeral de Rosenberg, fue un informante clave de la CICIG en el caso; además, muchos de los entrevistados por InSight Crime dijeron que Mendizábal estaba manipulando a la comisión. Esto no era de extrañar. Mendizábal era un clásico Maquiavelo al mejor estilo guatemalteco —en parte conforme, en parte golpista y en parte en contra del crimen organizado—. Documentos de inteligencia que InSight Crime obtuvo de funcionarios salvadoreños conectan a Mendizábal con redes políticas clandestinas de extrema derecha en toda la región incluso desde los años ochenta. También estuvo vinculado a un misterioso grupo de los CIACS, autodenominados “Los Oficiales de la Montaña”, que habían participado en dos intentos de derrocar al gobierno civil de Guatemala durante los años ochenta.

A finales de los noventa, Mendizábal utilizó la oficina en la parte trasera de su boutique para reunirse con funcionarios políticos y oficiales militares activos y en retiro. Denominada muy apropiadamente “La Oficinita”, él y varios de sus cómplices, algunos de los cuales eran exfuncionarios de inteligencia militar, se dedicaban a todo tipo de actividades, desde resolver casos de secuestros hasta sabotear investigaciones judiciales contra militares activos y retirados. Rosenberg era el abogado de Mendizábal y le estaba ayudando a refutar la decisión de la administración de Colom de asignarle un lucrativo contrato del gobierno a un licitador rival. Por su parte, Mendizábal estaba manejando la investigación personal de Rosenberg sobre la muerte de su pareja y al tiempo le estaba proporcionando información sobre la conspiración que presuntamente se gestaba en Banrural.

La CICIG, y Castresana en particular, fueron criticados por no seguir estas líneas de investigación, que en la opinión de muchas personas condujo a la fuente real de la conspiración para desestabilizar el caso Rosenberg: las élites burocráticas —posiblemente remanentes de La Montaña—, que intentaron derrocar al presidente Colom. Durante la conferencia de prensa, Castresana dijo que Mendizábal fue un testigo clave en la reconstrucción de los acontecimientos previos a la muerte de Rosenberg, pero insistió en que el ambiguo Mendizábal “no es amigo de la Comisión ni del Ministerio Público”.

Cuando se le preguntó por la existencia de la conspiración para derrocar a Colom, Castresana fue enfático: “De lo que sabemos en este momento rotundamente no”, dijo. “Nosotros creemos que la evidencia señala que Rodrigo Rosenberg actuó solo. Insisto: no era un conspirador”.

Por su parte, las élites económicas tradicionales estaban furiosas por los resultados de la investigación sobre Rosenberg. No sólo Colom seguía en el poder (y sin duda se fortaleció gracias a los resultados), sino que además el caso reveló que algunos miembros de la élite empleaban asesinos.

“El estudio objetivo de la escena del crimen nos lleva desde Rodrigo Rosenberg a los hermanos Valdés Paiz”, declaró Castresana. “El estudio objetivo del entorno de la víctima nos lleva desde Rodrigo Rosenberg a los hermanos Valdés Paiz. Y cuando les preguntamos a los diez detenidos unánimemente nos confirman que les encargaron el trabajo los hermanos Valdés Paiz. Y nadie más. Ningún político. Ningún ministro. Ningún jefe de policía. Ningún comisario. Nadie. Sólo estos hermanos”.

Pero al final, la “verdad interina” de Castresana seguía siendo sólo eso: interina. Los hermanos Valdés Paiz finalmente se entregaron a las autoridades, pero fueron liberados bajo fianza, y el caso permanece sumido en problemas legales de sus abogados. Los otros casos que surgieron de la investigación sobre Rosenberg también se estancaron, incluyendo el caso de corrupción de Banrural y el doble homicidio de los Musa. Nadie parecía estar satisfecho, y la lista de detractores de Castresana aumentó. Y si bien el caso salvó a la Presidencia, las ruedas de la retribución de la élite guatemalteca contra Castresana comenzaron a girar.

Round 3: Tras el fantasma de Ortega Menaldo

Pocos días después de la teatral revelación que hizo Castresana sobre el suicidio-asesinato de Rosenberg, la CICIG arrestó al expresidente guatemalteco Alfonso Portillo por cargos de corrupción. Aquella fue sólo la primera de una serie de detenciones que se llevaron a cabo entre 2009 y principios de 2010 por un caso que el Ministerio Público había adelantado contra el expresidente y varios de sus principales administradores por malversación de dineros de los fondos de pensiones del Ministerio de Defensa. Simultáneamente, Estados Unidos emitió una acusación contra Portillo por cargos de lavado de dinero y pidió su extradición.

Este caso le complicó aún más la vida a Castresana. Si bien a primera vista encajaba claramente con el mandato de la comisión, dado que involucraba a los CIACS —específicamente al grupo de CIACS más poderoso del país, la Cofradía, y a su jefe, el general en retiro Francisco Ortega Menaldo, también involucraba a un expresidente; lo cual representaba un triunfo para Castresana.

Sin embargo, si bien el caso dejó al descubierto lo que un funcionario de la ONU describió como un amplio abanico de corrupción69, el caso Portillo también hacía parte de una venganza de larga data entre los miembros de varias élites. Las familias que tradicionalmente controlaban las industrias avícolas, cementeras y cerveceras (el famoso G8) estaban todavía furiosas por la medida que había tomado la administración Portillo de abrir estos sectores a la competencia y de gravarlos con impuestos más altos. Y los críticos de Castresana le dijeron a InSight Crime que el comisionado aceleró el caso Portillo debido a sus cercanas conexiones a los miembros de las élites, como Dionisio Gutiérrez Mayorga y su primo Juan Luis Bosch.

Dionisio Gutierrez MayorgaEntre ambos, Gutiérrez Mayorga es el más comúnmente señalado por haber tratado de influenciar a Castresana, y también es considerado como un símbolo de las élites tradicionales y una figura pública. Además de su cercana relación con el negocio de Pollo Campero, Gutiérrez Mayorga tenía un programa de televisión —Libre Encuentro— y muchos decían que aspiraba a ser presidente. Su alto perfil permitió que se convirtiera en el rostro del G8 y lo llevó a tener conflictos directos con sus enemigos. En 2003, cuando los partidarios de Ríos Montt inundaban a ciudad de Guatemala para protestar contra una decisión judicial que excluía al exgeneral de las elecciones presidenciales, cerca de mil partidarios del FRG (Frente Republicano Guatemalteco ), el partido de Ríos Montt, ocuparon a la fuerza uno de los edificios de oficinas de Gutiérrez Mayorga.70 Éste le dijo a InSight Crime que él personalmente fue auditado 16 veces durante la presidencia de Portillo.71 “Me estaban escudriñando a profundidad”, dijo, refiriéndose a los auditores del gobierno.72

La supuesta relación de Castresana con Gutiérrez Mayorga es objeto de abundantes especulaciones y rumores. Algunas personas, como una exfiscal de la CICIG llamada Giselé Rivera, le dijeron a InSight Crime que Castresana viajó en un helicóptero de propiedad de Gutiérrez Mayorga a una remota isla para sus vacaciones. También afirmó que Castresana buscó asegurarse de que las élites tradicionales estuvieran informadas de los avances en el caso Portillo y de pedirles sus consejos; le dijo a InSight Crime que el comisario hizo al menos una presentación privada sobre el caso, en la residencia de Gutiérrez Mayorga, para un grupo de miembros de la élite.

Sin embargo, en una entrevista con InSight Crime, Gutiérrez Mayorga dijo que se había encontrado con Castresana sólo dos veces en lugares privados, y que las dos veces fue para entrevistarlo para su programa de televisión. En ninguno de los dos encuentros hubo helicópteros o vacaciones en islas, señaló.73 Otras personas, como Alfonso Carrillo, quien dijo haber presentado a los dos hombres, también descartaron cualquier amistad que hubieran podido haber tenido, diciendo que las interacciones de Castresana con Gutiérrez Mayorga eran sobre la manera de asegurar un apoyo a largo plazo para la CICIG.

Sin duda, numerosos exmiembros de la comisión se burlaron de la idea de que Castresana hubiera podido haber sido manipulado, y mucho menos de haber sucumbido a las influencias. Castresana, quien se negó a hablar públicamente sobre cualquiera de estos asuntos, fue lo suficientemente astuto para entender las implicaciones políticas de cualquier relación que tuviera con las élites, los políticos o los miembros de la sociedad civil, según estos antiguos compañeros. Además, Castresana estaba profundamente consciente de las implicaciones políticas del caso Portillo —y de otros casos— y buscó distanciarse públicamente de estas élites por temor a ser acusado de manipulación.

“No es una persecución de un caso de pura corrupción ni es una persecución que tenga contenido, o relevancia o intencionalidad política”, le dijo a Gutiérrez Mayorga en su programa de televisión, Libre Encuentro, en julio de 2009. “Es una persecución de una conducta criminal grave cometida en el contexto de una estructura clandestina que tiene que ser desmantelada”.

Pero Gutiérrez Mayorga era también un experto operador, que sabía que todo lo que hiciera podía interpretarse como tráfico de influencias, o incluso como algo peor. Él prefería trabajar a través de intermediarios, a menudo abogados como Marco Antonio Villanueva, quien se presentó para los comités de postulación, y Alfonso Carrillo, el interlocutor no oficial del CACIF con Castresana. En efecto, un exfuncionario del Ministerio Público dijo que fue Carrillo quien impulsó el caso Portillo y que un grupo de abogados relacionado con Carrillo podría haber ayudado a fiscales estadounidenses a construir el caso en ese país. Por su parte, Carrillo negó que tuviera tal influencia sobre Castresana.

“Él era muy prudente”, le dijo Carrillo a InSight Crime. “Carlos jamás se alió con alguien”.

Pero la crítica persistió, en parte debido a la cantidad de fallas que presentaba el caso Portillo. Además de las dudas expresadas por el funcionario de la ONU que se refirió a la corrupción en este caso, tres antiguos investigadores de la CICIG dijeron a InSight Crime que el caso era muy "débil" en términos judiciales, por lo que quedó abierto a la manipulación de un sistema judicial profundamente corrupto, que era renuente a procesar a un expresidente en primer lugar. Para algunos de estos antiguos investigadores de la CICIG, la comisión nunca debería haber asumido el caso. Los resultados parecen confirmar estos sentimientos .

En 2008, después de una batalla de cuatro años que finalmente aseguró la extradición de Portillo de México a Guatemala, un juez lo dejó en libertad bajo fianza. En 2009, otro juez dictaminó que la CICIG no podía ayudarle al Ministerio Público. Castresana apeló la decisión y salió victorioso, pero los problemas continuaron. La comisión tuvo problemas para conseguir la cooperación de testigos y obtener pruebas de la participación de los CIACS en el esquema, especialmente por parte de Ortega Menaldo.

A mediados de 2010, aunque la CICIG había detenido a los ministros de Hacienda y Defensa de Portillo, Ortega Menaldo parecía haber escapado una vez más. Y a principios de 2011, el tribunal declaró a Portillo y a sus dos exministros no culpables.74 Portillo salió de la corte con una enorme sonrisa en su cara, pero luego sería extraditado a Estados Unidos, donde fue juzgado por un caso de lavado de dinero y fue condenado a apenas dos años de prisión. Portillo regresó a Guatemala, donde continúa siendo una prominente figura política.

Por otra parte, había comenzado una perversa campaña para expulsar a Castresana de su cargo. En las Naciones Unidas y en foros públicos, abundaron los rumores sobre una relación extramatrimonial. La campaña de desprestigio hacía pensar en inteligencia militar, pero pudo también haber implicado a las élites tradicionales, que para entonces se habían vuelto contra Castresana cuando descubrieron que uno de los suyos, Carlos Vielman, era objeto de una investigación de la CICIG.

Round 4: El caso de Carlos Vielman

El 1 de abril de 2008, una fiscal costarricense llamada Giselé Rivera llegó a Guatemala a trabajar con la CICIG. Rivera estudió en Francia y había estado al frente de numerosos casos de corrupción y de crimen organizado en su tierra natal bajo la atenta mirada del fiscal general de Costa Rica, Francisco Dall'Anese, quien le recomendó que tomara el trabajo en Guatemala. Su trabajo le había causado problemas: había recibido amenazas de muerte, como más tarde le diría a un periódico; estaba cansada de tener escoltas de la policía en Costa Rica y se sentía “muy sola”.75 Pero Rivera no era de las que cedía. Sus agallas se convirtieron en un activo de la CICIG, así como en una responsabilidad.

Una semana después de que Rivera asumiera el cargo, hombres armados interceptaron a Víctor Rivera Azuaje —un consultor de seguridad venezolano que, hasta una semana antes, había trabajado en el Ministerio del Interior— y a su asistente, María del Rosario Melgar, después de haber salido de un restaurante.  Los asesinos lanzaron 12 disparos a su automóvil, ocho de los cuales impactaron a Rivera Azuaje, quien murió en el acto. Rosario Melgar recibió una herida en el hombro con una bala perdida, pero aparte de eso salió ilesa. Castresana le asignó el caso a Giselé Rivera. Esta sería su primera oportunidad de asomarse al oscuro submundo de las redes élites-criminales de Guatemala. Rivera Azuaje, así como su trabajo en el ministerio y su antiguo jefe, Carlos Vielman, se convirtieron en su obsesión y le causaron problemas a nivel profesional y personal.

La tenacidad de Rivera chocó inmediatamente con el obstruccionismo de los fiscales guatemaltecos. Al principio, los investigadores locales le negaron a Rivera el acceso a los expedientes y rechazaron su petición de recrear el crimen. Editaron apartes del video de seguridad que registró el asesinato, y se presentaron inesperadamente cuando ella fue a inspeccionar la oficina privada de Rivera Azuaje. Cuando la CICIG finalmente tuvo acceso al testigo clave del crimen, la asistente de Rivera Azuaje, Melgar Padilla, los investigadores guatemaltecos estuvieron allí, cortaron apartados del interrogatorio y permitieron que la testigo evadiera preguntas difíciles después de que había dado respuestas aparentemente contradictorias. Cuando la CICIG buscó a Melgar Padilla para hacerle más preguntas, se sorprendieron al descubrir que el jefe de la unidad de homicidios, Álvaro Matus, había hecho arreglos para que ella saliera del país.76 Y lo que es aún más sorprendente: Matus le había permitido a Rosario Melgar limpiar los archivadores de su jefe asesinado.

El caso del asesinato de Rivera Azuaje fue el comienzo de la larga odisea de tres años de Giselé Rivera, que la lanzó al centro del remolino guatemalteco. Poco después de esto, la CICIG comenzó a trabajar en el caso Parlacen —los asesinatos de los miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano— y el caso de los subsecuentes asesinatos de los sospechosos en la prisión de máxima seguridad de Boquerón. En 2005 la CICIG también comenzó a investigar el asesinato de seis hombres que habían escapado de una prisión conocida como el Infiernito, y el asesinato, en 2006, de siete hombres dentro de una prisión conocida como Pavón.

A primera viste, los investigadores de la CICIG no veían una conexión entre los casos, lo que se debía a la forma en que Castresana había compartimentado la información y los casos que la comisión estaba investigando. Pero, con el tiempo, los investigadores se dieron cuenta que todos estos casos tenían un eslabón en común: Víctor Rivera Azuaje y su jefe en el Ministerio del Interior, Carlos Vielman.

Rivera Azuaje tenía bastantes antecedentes de haber trabajado en operaciones oscuras, parcialmente sancionadas, como la que dirigía al amparo del Ministerio del Interior en el momento de su asesinato. En los años ochenta, bajo la dirección del Partido de Democracia Cristiana de Venezuela, habría trabajado con agentes cubanos y estadounidenses que apoyaban los esfuerzos de la derecha por combatir la guerrilla izquierdista en El Salvador y en otros países.77 Rivera Azuaje se fue de Centroamérica, pero regresó a El Salvador en los noventa y trabajó otra vez en calidad extraoficial, esta vez ayudando al gobierno a resolver casos de secuestros.78

A finales de los noventa, después de que Rivera Azuaje estuvo implicado en la muerte de un secuestrado en El Salvador, se trasladó a Guatemala. Allí trabajó de nuevo con el gobierno de manera extraoficial, pero con el apoyo financiero de la asociación empresarial CACIF.79 Rivera también recibió el apoyo de Adela de Torrebiarte,80 quien había establecido Madres Angustiadas, una organización dedicada a la lucha contra el secuestro en el país. Ella provenía de una familia prominente y con conexiones políticas que había vivido el secuestro de manera cercana. Su cuñado es Juan Miguel Torrebiarte, director del Banco Industrial y miembro del G8, la élite dentro de la élite. Posteriormente ella pasaría a convertirse en ministra de Interior.81

Cuando Carlos Vielman (foto) fue nombrado ministro del Interior bajo el presidente Berger en 2004, el ministerio contrató a Rivera Azuaje como consultor especial. En el ministerio, Rivera Azuaje formó su propio equipo de investigadores (la mayoría de ellos policías), cuyo trabajo consistía en resolver secuestros y robos a bancos. Este equipo obtuvo acceso a todos los recursos y la inteligencia que necesitaba. Recibió entrenamiento en el sistema de telecomunicaciones, así como información exclusiva acerca de dónde estaban ciertas cosas, como las antenas de teléfonos públicos y celulares.82 Este equipo llegó a ser conocido como los “Riveritas”. Rivera Azuaje y su Riveritas eran altamente eficaces, y Vielman los elogió por su trabajo luego de que fueran puestos bajo el ojo público por su posible participación en asesinatos extrajudiciales.Carlos Vielmann

“El asesor […] ha resuelto más de 500 casos de secuestro, más de 90 asaltos a bancos y unidades blindadas y ha sido más de 800 veces perito en los juzgados […] Están tratando de destruir una estructura que ha roto los esquemas de secuestro y asalto de bancos”, les dijo Vielman a los periodistas en 2007.83

Sin embargo, en noviembre de 2008, Giselé Rivera y su unidad de investigación empezaron a creer que Víctor Rivera Azuaje y su equipo estaban haciendo mucho más que resolver secuestros y robos bancarios. En el caso del Infiernito, los investigadores de la CICIG descubrieron que los Riveritas habían ejecutado sumariamente a los presos fugados, en lo que parecía una operación de limpieza social. En el caso de Pavón, los investigadores descubrieron que los policías y militares habían entrado a la prisión, donde los policías ejecutaron a los prisioneros. Y en el caso de Boquerón, los testigos le dijeron a la comisión que Rivera y su equipo entraron a la cárcel y ejecutaron a los sospechosos, esta vez para encubrir el hecho de que habían robado US$5 millones en efectivo de los representantes del Parlacen que habían sido asesinados en febrero de 2007.

Los testimonios y los análisis de llamadas telefónicas, videos, fotografías, documentos oficiales y otras evidencias permitieron aclarar la imagen de algo que comenzó como un experimento de limpieza social con el caso del Infiernito, se convirtió en un intento de aprovechar las operaciones criminales en el caso de Pavón, y culminó en una organización criminal con los casos de Parlacen y Boquerón. Según Giselé Rivera y su equipo, esa organización incluía al jefe de la policía Erwin Sperisen, al director adjunto de investigaciones Javier Figueroa, al director de investigaciones Víctor Soto Diéguez y, por supuesto, a Víctor Rivera Azuaje. Algunos de los testigos y policías que habían trabajado con Víctor Rivera Azuaje dijeron que estas operaciones se llevaron a cabo con el conocimiento del ministro Carlos Vielman. Como Giselé Rivera escribió en una nota del 13 de enero de 2009, dirigida a Castresana:

Es criterio del grupo de investigación que efectivamente la CICIG debe dirigirse a acreditar que los Señores Carlos Vielman, Javier Figueroa; Erwin Sperisen; Víctor Rivera y Víctor Soto Diéguez actuaron como un grupo de criminalidad organizada que bajo el resguardo de las investiduras que tenían, legitimaban sus actuaciones delictivas que consistían en limpieza social; asesinatos; tráfico de drogas; lavado de dinero, secuestros, extorsiones y tumbonazos de droga entre otros, todo esto con la finalidad de obtener beneficios económicos, acciones que realizaron en el periodo del gobierno del Señor Óscar Berger, años 2004 a 2008.84

Las implicaciones para la CICIG fueron enormes. Vielman, miembro de la élite tradicional, quien había sido director de la Cámara de Industria, una filial del CACIF, y había presionado para la creación de la comisión, de repente era uno de los principales sospechosos de una serie de casos escandalosos que involucraban ejecuciones extrajudiciales, secuestros, tráfico de drogas, lavado de dinero y más.

Diagrama4 RedCarlosVielmannEn los siguientes meses, la fiscal costarricense escribió siete notas más a Castresana en las que hacía referencia a alguno de estos casos. En una nota de julio de 2009, ella recomendó que la CICIG presentara los casos de Parlacen y Pavón a los tribunales.85 En una nota de agosto de 2009, reiteró esta recomendación.86 En otras notas, ella simplemente expuso las hipótesis de los casos y recomendó los pasos que la comisión debería seguir. En numerosas notas, ella denunciaba que la CICIG no estaba proporcionando suficiente protección a los testigos —entre quienes estaban el subdirector de la policía de investigaciones, Javier Figueroa, y otros que habían participado directamente como parte de los Riveritas o junto con ellos— y exhortaba a la comisión a hacer uso de sus evidencias, especialmente porque al parecer estaban siendo eliminadas.87 En todas estas notas, el mensaje implícito era el mismo: la CICIG debía tomar medidas.

“Para cumplir con el mandato de la CICIG que ordena la identificación de grupos delictivos entronizados en la estructura del Estado, corresponde determinar la modalidad de operación de este grupo, cómo estaban estructurados; a partir de qué momento aparecen como una estructura y cómo se vinculan estos individuos al grupo criminal”, escribió Rivera en su nota de enero de 2009.

Sin embargo, Castresana se negaba a hacerlo, y para noviembre de ese año Rivera estaba exasperada y había empezado a quejarse públicamente de que Castresana y los otros altos funcionarios de la CICIG no estaban escuchándola. Señaló además que ellos estaban rompiendo acuerdos con posibles testigos y colaboradores en el caso, incluyendo a Figueroa, y que los estaban poniendo en peligro. Es más, Rivera dijo que Castresana había permitido que el sistema judicial guatemalteco procesara a la persona equivocada en el caso del Parlacen, con el fin de ayudar a encubrir quiénes eran los verdaderos culpables. En pocas palabras, ella pensaba que Castresana estaba obstruyendo la justicia.

“El haber identificado a los miembros de esa estructura […] generaría un grave problema para Castresana, pues no quiso que los casos se presentaran a los Tribunales” —decía en una declaración escrita en 2012—. “Empezó a obstruir la investigación; a decir que no teníamos prueba y finalmente a indicar que no haría ningún trato con quienes, confiando en eso, habían dado información vital pues formaban parte de la estructura y pretendía utilizar sus manifestaciones en su contra, a pesar que siempre estuvieron dispuestos a cumplir con lo pactado no así Castresana”.88

La razón por la que Castresana se abstuvo de hacer una acusación formal contra la red de Vielman no es clara. Él nunca habló públicamente sobre el tema, por lo que sus motivos quedaron abiertos a diversas interpretaciones. La mayoría de los críticos de Castresana, como Giselé Rivera, continuaron creyendo en los rumores sobre la relación de Castresana con Gutiérrez Mayorga y, en menor medida, sobre su relación con Juan Luis Bosch. La naturaleza exacta de esta relación es difícil de caracterizar y corroborar.

Giselé Riversa decía que era un “pacto”, que le permitiría a Vielman obtener ciudadanía española y dejar el país antes de ser juzgado por el caso Pavón. Si bien no existe evidencia para sostener estas declaraciones, el caso fue presentado poco después de que Castresana dejara la CICIG, lo cual da la impresión de que dejó todo ordenado y listo para irse. Para ese entonces, Vielman ya estaba en España.

Giselé Rivera decía además que la conexión de Gutiérrez Mayorga con el caso iba más allá de la mera fidelidad a sus intereses de clase, y que era operacional, es decir, que Gutiérrez Mayorga empleaba a Rivera Azuaje. En efecto, Rivera Azuaje trabajó durante años con miembros del CACIF, y tenía una oficina en uno de los edificios donde estaba ubicada la firma de Gutiérrez Mayorga. Sin embargo, ninguna investigación ni ningún documento del gobierno consultado por InSight Crime establecen conexión alguna entre las supuestas actividades criminales de Rivera Azuaje y Gutiérrez Mayorga o su empresa. En la entrevista con InSight Crime, Gutiérrez Mayorga dijo que apenas conocía a Rivera, y dijo incluso que no recordaba cuál era su nacionalidad.

Sin embargo, los críticos de Castresana también ignoran las numerosas razones que lo llevaron a abstenerse de no iniciar el caso durante el año 2009, momento en el cual Giselé Rivera escribiría algunos de estos memorándums. Por ejemplo, la CICIG estaba ocupada con los casos Rosenberg y Portillo. Las investigaciones habían agotado los recursos de la comisión y requerían la inversión de enormes cantidades de capital político para obtener pruebas y la cooperación de las autoridades. También había consideraciones políticas. La CICIG, que ya se enfrentaba a varios grupos de élite como las burocráticas y también las emergentes del partido FRG, no estaba en la posición de abrir otro frente.

Por último, los defensores de Castresana afirman que simplemente es posible que el caso no hubiera estado listo. En comparación con el caso Rosenberg, que se basó en registros telefónicos y en otras evidencias forenses sólidas, los casos relacionados con Vielman se basaban fuertemente en relatos de testigos. Conseguir testigos era difícil, especialmente porque el gobierno todavía estaba intentando establecer su programa de protección de testigos, y fuentes claves como Rivera Azuaje estaban siendo asesinadas. Además, basarse en testimonios no era la estrategia más sólida cuando se trataba de ir tras un exministro que pertenecía a la súper élite del país.

La evidencia clave utilizada por los investigadores en el caso Pavón fue un video, del cual pudieron extraer una serie de fotografías de las siete víctimas que presuntamente habían participado en un motín y le habían disparado a un policía, antes de terminar muertos en lo que según la policía había sido un enfrentamiento armado. Sin embargo, las imágenes mostraban al menos a uno de los presos que más tarde fue asesinado, saliendo de la cárcel hacia un patio —y no enfrentamientos con la policía y con armas, como la policía había testificado—. Dicho prisionero, que era un líder del grupo que había tomado el control de la cárcel, fue encontrado más tarde muerto de un tiro en otra sección de la prisión y con una pistola a su lado.

Los defensores de Castresana han señalado que la CICIG consiguió el video a comienzos de 2010, luego de que Giselé Rivera dejara la CICIG. Rivera afirma que consiguió el video en marzo de 2009 durante un viaje a Colombia, donde se habría reunido con familiares de una de las víctimas, quien le entregó el video. Documentos internos a los que tuvo acceso InSight Crime muestran que Rivera realizó un viaje a Colombia a comienzos de 2009 como parte de su investigación.

La naturaleza de este caso terminó por complicarse aún más cuando Giselé Rivera finalmente tuvo problemas propios, lo cual generó fuertes dudas sobre su versión de los hechos en el caso, su interpretación de los motivos de Castresana y sus propios motivos para hablar públicamente. En diciembre de 2009, sin el conocimiento de la CICIG, ella y otro investigador de la comisión se reunieron con Stefano Figueroa —hermano del exsubdirector de la policía de investigaciones, Javier Figueroa— para discutir su estrategia de defensa. Tras los asesinatos de Parlacen y Boquerón, Figueroa huyó a Austria, donde Rivera y otro investigador lo entrevistaron. En Austria, Figueroa se presentó a sí mismo como un testigo inocente de una serie de asesinatos y otros crímenes cometidos por sus colegas de la policía —una versión que Giselé Rivera aparentemente aceptó como cierta—.

En Ciudad de Guatemala, Giselé Rivera y el investigador de la CICIG que la acompañó se reunieron con la familia para planear cómo proteger a Javier Figueroa. Ella presuntamente le había ocultado esa entrevista a la CICIG debido a que la comisión no había aprobado su acuerdo con él para que fuera un testigo colaborador; además, ella había ignorado evidencias que apuntaban a que él era uno de los culpables de los asesinatos de Pavón. Días más tarde, Rivera renunció a la CICIG, pero continuó en contacto con Javier Figueroa. En junio de 2010, los dos hablaron por teléfono. (Los Figueroa grabaron la reunión de diciembre de 2009 y la conversación telefónica de junio de 2010). Durante la conversación telefónica, Rivera reiteró que ella le había ocultado su testimonio a la comisión, lo cual, según ella, había molestado a Castresana.

“[Castresana] se encargaba de ir a hablar a montones de gente”, le dijo a Figueroa. “Dijo que yo anda [...] que era que él no podía quitar lo que yo estaba haciendo, porque yo quería perdonarle todo a usted y que yo no quería hacer nada”.

El Ministerio Público decomisó las grabaciones cuando su personal detuvo a Stefano por su presunta participación en las actividades del escuadrón de la muerte de su hermano, Javier. Los fiscales las utilizaron como evidencia en un caso que finalmente levantaron contra Rivera y el investigador de la CICIG que la acompañó a la reunión con la familia Figueroa, por obstrucción a la justicia. En noviembre de 2011, el antiguo jefe de Rivera, Francisco Dall'Anese, quien remplazó a Castresana como jefe de la CICIG, le retiró su inmunidad. Ella le dijo a InSight Crime en 2013 que desde entonces no habían hablado. Dadas las restricciones impuestas por el caso de obstrucción a la justicia, Rivera regresó a Costa Rica.

Round 5: “Hay que saber marcharse”

Para los primeros meses de 2010, Castresana tenía una larga lista de enemigos que parecía un “quién es quién” de los administradores del poder guatemaltecos: élites burocráticas de los CIACS, como el exgeneral Francisco Ortega Menaldo; élites emergentes y políticas, como el cabildero Roberto López Villatoro y el expresidente Alfonso Portillo, y élites económicas como los hermanos Valdés Paiz y el exministro del Interior Carlos Vielman. La popularidad del comisionado se estaba agotando.

Algunas de estas élites intentaron ejercer presión directa sobre el gobierno para frenar la actividad del comisionado. Cuando se corrió la voz acerca de los casos de la CICIG contra Vielman y sus anteriores equipos de seguridad, el expresidente Colom dijo a InSight Crime que Vielman lo había visitado en su residencia de Ciudad de Guatemala y le exigió que le explicara por qué estaba bajo investigación. El exministro estaba acompañado de Juan Luis Bosch, primo de Dionisio Gutiérrez Mayorga y Fraterno Vila, del poderoso clan caficultor, azucarero y bancario. Colom le dijo a InSight Crime que le respondió con una llamada telefónica a Castresana. Lo puso en altavoz, y Castresana les dijo que no era Colom quien estaba investigando a Vielman, sino la CICIG.

Otras personas utilizaron los medios de comunicación para atacar a la CICIG. En un editorial publicado en elPeriódico, el exministro de Relaciones Exteriores Edgar Gutiérrez —quien había sido uno de los más fuertes defensores de la comisión, pero también un fiel respaldo del expresidente Portillo— comparó a la CICIG con un mosquito que “sobrevuela y hace un ruido ensordecedor para quienes están en su radar. De vez en cuando señala (o sea, extrae un poco de sangre), pero sustantivamente los casos quedan a medias (sin sentencia) al final de su mandato”; agregó que la comisión iba tras las “sardinas”, pero dejaba que los “tiburones” devoraran el Estado de Guatemala.89 Esta columna, como otras que él escribiría, estaba dirigida más a Castresana que a la CICIG, a la que él dice que siempre ha apoyado.

Otros columnistas, así como profesores universitarios, se unieron al coro. Entre ellos se encontraba Pedro Trujillo, un exteniente coronel del ejército español que había trabajado con MINUGUA y es el director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín,90 de tradición conservadora (y estrechamente vinculada a las élites económicas).  En sus columnas, publicadas en un periódico de amplia circulación, Prensa Libre, Trujillo sostenía que la CICIG bajo la dirección de Castresana era ineficaz, innecesaria e hipócrita. “¿Qué hace la CICIG que no pueda hacer cualquier equipo de investigadores nacionales?”, preguntó en una columna de abril de 2010. “Absolutamente nada”.91

Por su parte, Marta Yolanda Díaz-Durán, columnista del periódico Siglo 21, ampliamente conocida en el medio radial y además catedrática de la Universidad Francisco Marroquín, se enfocó en lo que ella llama “dudas razonables” del caso Rosenberg. Ella argumentaba que Castresana nunca debió haber hecho público el caso mientras no se hubiera resuelto. “La verdad NUNCA es interina”, escribió en una columna de abril de 2010, refiriéndose a Castresana y la famosa “verdad interina” en la conferencia de prensa sobre Rosenberg. “Si la premisa o proposición presentada es negada por la evidencia (o no es comprobada sin dudas razonables), fue, es y será SIEMPRE falsa”.92

Más adelante amplió su crítica: “Muchas de las acciones emprendidas por la CICIG, bajo el mando de Castresana, lo que lograron es debilitar la poca institucionalidad que había en nuestro país, casi acabando con el derecho al debido proceso y su premisa mayor: la presunción de inocencia” escribió unos meses más tarde.93

Los críticos de Castresana no eran solamente los expertos y académicos. En marzo de 2010, varios exinvestigadores de la CICIG escribieron una carta formal a la ONU en la que denunciaban al comisionado. “El Señor Comisionado de la CICIG Carlos Castresana Fernández ha incumplido su obligación de promover, sin excepción alguna [el énfasis es de ellos] la persecución penal y sanción de los miembros de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”, escribieron.94

Su denuncia se centraba casi que exclusivamente en la falta de acción contra la red de Vielman. Dijeron que Castresana había rechazado en tres ocasiones las recomendaciones de los fiscales para llevar el caso a los tribunales guatemaltecos.95

“NO EXISTE JUSTIFICACIÓN ALGUNA NI TIENE EL COMISIONADO RAZONES DE OPORTUNIDAD O POLÍTICAS PARA NO HABER INTERPUESTO LAS ACCIONES PENALES RESPECTIVAS YA QUE ESTÁ INCURRIENDO EN UNA OMISIÓN Y RETARDO DELIBERADO DEL DESMANTELAMENTIO DE LA ESTRUCTURA SEÑALADA”, escribieron en letras mayúsculas.96

La campaña contra la CICIG se volvió finalmente personal. Mario David García, el locutor de radio que había grabado el famoso video de Rosenberg, comenzó una diatriba casi semanal contra el comisionado en su programa de radio Hablando Claro.  García era más que un simple periodista, había estudiado en la Universidad Francisco Marroquín y luego fundó el departamento de comunicaciones de esa universidad. Desde los setenta ha sido vinculado a políticos de la derecha, incluyendo algunos nexos con el fantasma de los CIACS Francisco Ortega Menaldo.97

Entre los temas que García sacó a colación fue el de un supuesto romance entre Castresana y una empleada de la CICIG. En mayo de 2010, Castresana fue distanciado de su esposa, Sanjuana Martínez, una reconocida periodista mexicana que al parecer se había quejado ante las Naciones Unidas por el comportamiento de Castresana.98 Durante una transmisión de su programa radial, García ridiculizó a Castresana por sus presuntas actividades extracurriculares y dio detalles de su ruptura.

“Sanjuana Martínez Montemayor habría empezado a sospechar la doble vida de su esposo a finales del año pasado, cada mes Castresana viajó a Monterrey a reunirse con su familia”, dijo. “Sanjuana es una periodista experimentada que logró confirmar el adulterio hasta los primeros días de mayo [de 2010], lo que le provocó un gran impacto emocional”.99

Varios exinvestigadores del gobierno y de la CICIG le dijeron a InSight Crime que alguien había enviado un paquete a Martínez en México, el cual contenía los materiales incriminatorios, que supuestamente incluían fotografías de Castresana con su amante.100 Martínez no respondió a las solicitudes de InSight Crime para hablar sobre el asunto, y las mencionadas fotografías nunca se han hecho públicas. Para los críticos de Castresana, entre quienes estaba su esposa, ya distanciada, la ironía de que el “honor” de Castresana estaba siendo cuestionado lo convirtió en un blanco fácil. “En el entendido que ella comprende que su esposo Carlos Castresana es un personaje público que debe ofrecer honorabilidad y la moral que él exigía de los demás”, escribió su portavoz en un comunicado al programa de radio de García, que el presentador leyó en voz alta.101

La vida personal del excomisionado tiene relación con este estudio de caso porque numerosas personas entrevistadas por InSight Crime suponen que Castresana estaba siendo chantajeado para mantener ciertas investigaciones cubiertas. Sin embargo, no hay evidencia de que éste fuera el caso. Ni la CICIG ni la ONU parecen haber indagado en esta teoría, y la mayoría de los entrevistados simplemente la descartaron. La mayoría dijo que lo que estaba sucediendo es que sus enemigos estaban tratando de obligarlo a renunciar y abandonar el país. Finalmente obtuvieron lo que querían.

Castresana renunció finalmente el 7 de junio. Las razones, dijo en una conferencia de prensa, fueron múltiples y estaban interrelacionadas. En primer lugar, Castresana se refirió a la campaña de desprestigio contra él, que en su opinión había sido orquestada por al menos tres grupos diferentes y había comenzado tras el arresto del expresidente Portillo en enero de 2010. Sin embargo, Castresana y la CICIG sólo pudieron acusar formalmente a uno de los grupos: los hermanos Valdés Paiz, quienes habían participado en la muerte de Rodrigo Rosenberg. Específicamente, Castresana dijo que los hermanos Valdés Paiz habían contratado a Rodolfo Ibarra, un profesional de relaciones públicas, para utilizar sus contactos en los medios, sabotear la investigación de la CICIG contra los hermanos y vilipendiar a Castresana.102

Diagrama5 RedDesprestigioDeCastresana

En ese momento, Ibarra también se estaba posicionando como el portavoz del Partido Patriota (PP), una coalición en ascenso que incluía al exgeneral del ejército Otto Pérez Molina. Sus vínculos con el partido generaron rumores de que él estaba coordinando la campaña de desprestigio con Mario David García (quien más tarde se postuló para la presidencia como candidato del PP) y posiblemente trabajando con Luis Mendizábal, el principal operador cuya boutique servía como sede para más de una conspiración para debilitar a las autoridades de justicia. Mendizábal y García seguían indignados por los resultados de la investigación sobre Rosenberg.

También había periodistas y académicos implicados. En conversaciones telefónicas, Ibarra hizo referencias a reuniones con ocho “columnistas”. En algunas notas de los acusados, confiscadas por los investigadores, figuran los nombres de varios columnistas del periódico, como Yolanda Díaz-Durán. Otras notas mencionan a Castresana y sus puntos débiles. “¿Novia de Castresana?” se pregunta una nota. “Castresana tiene otros clavos, tratar de averiguar pa’ machucarle la cola”, dice otra. “Empezar a atacar en medios.”

Diversas intercepciones telefónicas implicaron a otras personas. La comisión presentó una serie de grabaciones telefónicas en las que Ibarra hablaba con Francisco Beltranena, también profesor de la Universidad Francisco Marroquín y aparentemente confabulado para debilitar a la comisión. (El caso contra los columnistas y académicos no prosperó en los tribunales guatemaltecos, y Díaz-Durán, Trujillo y otras personas finalmente demandaron a un investigador del gobierno que había realizado un análisis de la campaña mediática, la cual había entregado al Ministerio Público y a la CICIG).

“No se trata de invenciones. No se trata de bolas”, dijo Castresana. “Se trata de intoxicaciones ordenadas, organizadas, calendarizadas en algunos casos encargados a profesionales del marketing de la información, se trata de destruir de la imagen de este comisionado porque se está convencido y es un error de que sacando al Comisionado la CICIG desaparecerá”.

Castresana (foto), claramente ofendido por los ataques personales, continuó.Carlos Castresana Presentation

“Se trata de ataques que muy reiteradamente desde el mes de enero para acá han atribuido conductas impropias en mi vida privada que son falsas, que yo tengo que desmentir”, dijo el comisionado.

La comisión también arguyó que los hermanos Valdés Paiz estaban utilizando a Ibarra, así como a su cuñado y a un empleado de su compañía farmacéutica, para arreglar la elección del nuevo fiscal general, Conrado Reyes, quien había asumido el cargo el 25 de mayo. En sus primeras dos semanas, según Castresana, Reyes despidió a empleados que habían trabajado con la CICIG y los remplazó con varios funcionarios que habían sido expulsados de sus puestos debido a presuntos vínculos con el crimen organizado; Reyes también asumió el control de las operaciones de espionaje telefónico y comenzó a asumir algunos de los casos más sensibles de la CICIG. “Conrado no es la persona que el Ministerio Público necesita”, declaró Castresana.

Cuatro días más tarde, después de una floja defensa de Reyes, la Corte Constitucional anuló su nombramiento.

Sin embargo, Castresana también estaba acabado. Sus últimas palabras en la conferencia de prensa del 7 de junio representaban todo su periodo en Guatemala: una mezcla heterogénea de ego, inmolación, desafíos y esperanzas.

“Las fuerzas obscuras de Guatemala se quedan sin uno de los ases que tendrían si este comisionado fuera tan obstinado a mantenerse en el puesto a pesar de darse cuenta que su presencia día a día desgasta a la comisión y el esfuerzo que estamos haciendo,” dijo. “El mensaje es que nosotros seguimos y siguen ustedes con nosotros".

Cuando un periodista le preguntó si estaba frustrado, él se sonrió.

“Frustración ninguna”, dijo. “yo soy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho […] en la vida hay que saber llegar, hay que saber estar y hay que saber marcharse. Muchas gracias.”

Y entonces salió del podio.

Conclusión: El problema de las élites

La CICIG es uno de los experimentos más importantes sobre justicia en la región y además de haber presentado algunas de las investigaciones más importantes contra las élites en la historia de Guatemala, puede enseñarnos muchas lecciones que pueden ser aplicadas más allá del país. Tal vez la más importante es que no existe un sistema de justicia realmente independiente, en particular en un país como Guatemala. Esto proviene, en parte, de la naturaleza fundamentalmente humana de la justicia, tanto a nivel micro, donde los testigos conforman la base de los casos, como en el nivel macro, donde el sistema se ha convertido en una herramienta altamente politizada de las élites, los políticos y los criminales por igual. Los agentes judiciales están sujetos a presiones que van desde lo personal a lo político y lo económico. La independencia es imposible, en parte porque estos actores judiciales dependen de las mismas redes, tanto políticas como criminales. Las redes pueden intentar manipular estos actores judiciales, pero también hacen que su trabajo sea posible.

De hecho, en el caso de Castresana, esta red fue vital, como lo habría sido para cualquier persona que llegara a ser el primer comisionado de un organismo como la CICIG. Sus miembros eran sus fuentes de información sobre la estructura de las élites y las palancas del poder dentro del gobierno. Eran sus informantes en casos importantes y a menudo el camino para llegar a los testigos. Disponían además de  una red de apoyo para él y para la CICIG. Los necesitaba como apoyo y como interlocutores con los agentes del poder locales para conseguir capital político y, en el caso de la comunidad diplomática, también económico, dado que las embajadas eran la fuente de financiación de la comisión. La CICIG no hubiera podido sobrevivir más de dos años sin esta red de apoyo.

Castresana construyó una red amplia y variada, que incluía a miembros de las élites económicas tradicionales como Alfonso Carrillo, el prominente abogado con fuertes vínculos con la asociación de empresarios CACIF; élites políticas, como el ex vicepresidente Eduardo Stein; élites sociales, como Helen Mack, fiel a los derechos humanos; supraélites como los diplomáticos de Estados Unidos y de la ONU, y otros personajes menos honorables, como Luis Mendizábal, quien operaba principalmente en el mundo de la élite burocrática. Dependiendo de a quién se le pregunte, Castresana logró esta red habilidosamente, fue manipulado por esta red, fue cooptado por esta red, o bien se trató de una mezcla de estas tres cosas.

Castresana estaba en una posición difícil. En cierto modo, se vio obligado a jugar dos roles a la vez: el de operador político astuto y el de fiscal leal. Como fue dicho anteriormente fue su decisión jugar ambos papeles, tanto por negarse a contar con un segundo al mando, como por la manera en que desestimaba los esfuerzos de fiscales fuertes. A cualquiera le resultaría difícil gestionar estas tareas a menudo contradictorias, especialmente si se tiene que lidiar con los mencionados expertos operadores políticos y criminales. Los casos analizados en este estudio ilustran claramente el reto al que se enfrentaba. Por ejemplo, en los casos de Vielman, Castresana tuvo que sopesar constantemente cuánto capital político él poseía, y si podría llevar el caso a un sistema judicial que seguía siendo débil y corrupto. En los casos de Rosenberg y Portillo, tuvo que responder a inquietudes tanto políticas como judiciales. Y debió asumir las consecuencias que implicaba enjuiciar o no esos casos.

Si de esta experiencia se puede sacar una conclusión clara es que la CICIG podría actuar mejor teniendo un funcionario político a su cabeza que enfrente las interferencias del fiscal general, para protegerse de algunos de los compromisos de la política de Guatemala.

Castresana tuvo además la nada envidiable tarea de establecer la agenda judicial de la comisión, que se basaba en un mandato bastante flexible. Si bien los CIACS eran su objetivo principal, estos grupos eran definidos tan ampliamente que se podía justificar casi cualquier caso. Esto plantea un problema, dado que la comisión —y en particular el comisionado— pueden elegir la investigación que deseen. El caos que esto causó fue evidente en la CICIG durante su fase inicial. Después de dos años, la gama de casos que estaban siendo investigados por la comisión estaba desenfocada. Sus objetivos incluían desde narcotraficantes hasta los CIACS, en el sentido más puro.103

Hay quienes podrían argumentar que esta variedad es buena, pues demuestra que la comisión no estaba enfocada en un solo tipo de crimen organizado —o en un solo tipo de élites—. Pero al interior de la comisión, este amplio espectro, así como el criterio y la confianza en el juicio del comisionado, generó tensión, confusión y malentendidos. Los casos de Vielman, por ejemplo, causaron grandes desavenencias entre Castresana y la investigadora costarricense Giselé Rivera, que finalmente se hicieron evidentes de manera pública.

Parte de las afirmaciones de Rivera y de otros son ciertas: Castresana no permitió avanzar los casos vinculados al exministro Vielman, particularmente el de la prisión de Pavón. La CICIG también fue lenta en su investigación sobre los asesinatos del Parlacen, y otros casos relacionados con éste fueron ralentizados al punto de estancarse.

Sin embargo, Castresana y la CICIG no descartaron los casos, y la cantidad de trabajo que la comisión había adelantado en el caso de Pavón sería evidente en los meses siguientes, cuando la CICIG hizo una presentación formal.104 Giselé Rivera  presentó el caso de forma tal que Castresana parecía haber sido totalmente corrompido por élites como Gutiérrez Mayorga. Pero el juez español no era una persona nefasta o corrupta. Castresana parecía estar atrapado en su propia decisión de depender demasiado de un solo grupo de élites, las élites tradicionales del G8. Estas élites establecían las reglas, no solo para Castresana, sino para gran parte de Guatemala. Y al parecer, Castresana no notó las señales de que quizá él era apenas un peón en un juego más amplio. Pero si bien su dependencia a estas élites sin duda alguna afectó su capacidad para actuar de manera independiente y podría haber retrasado su decisión de tomar mayores acciones, esto no necesariamente habría implicado ningún tipo de compensación o pacto secreto.

Castresana también tenía la tarea titánica de establecer el tono con las contrapartes políticas de la CICIG y con interlocutores claves en el gobierno: el poder ejecutivo, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. El despacho de Castresana tardó años en encontrar un equilibrio con el Ministerio Público y, como lo demuestra el nombramiento de Conrado Reyes, este equilibrio pudo modificarse en un corto período de tiempo. Las relaciones de la comisión con la presidencia y el ministerio fueron igualmente inestables. La CICIG salvó la presidencia de Álvaro Colom mediante la investigación sobre Rosenberg y le ayudó a depurar su personal y el del Ministerio del Interior, pero otras cuestiones como la supuesta corrupción en Banrural surgieron a lo largo del mandato de Castresana. Finalmente, el periodo de Castresana en el cargo demuestra que la CICIG tiene que ser a la vez un defensor y un supervisor del gobierno —una combinación compleja para cualquier organismo internacional—.

Por último, el comisionado puede priorizar ciertas partes del mandato más que otras. El trabajo de la CICIG en el proceso de selección de jueces de la Corte Suprema, por ejemplo, fue en gran parte una decisión de Castresana (otros comisionados posteriores se han distanciado de este tema). Fue la decisión correcta en ese momento, ya que le permitía a la comisión ilustrar que los problemas centrales debían abordarse en el proceso de selección con el fin de realizar cambios generales en el sistema judicial. Sin embargo, éste fue un caso conflictivo, y los resultados representan el mal menor entre dos opciones. Además, su método —que se basaban más en la vergüenza pública que en el proceso legal— se parecía al de las mismas fuerzas que la CICIG estaba tratando de erradicar y recurría a términos altamente cargados, como el de “honor”, algo que se volvería en contra de Castresana mismo, cuando su honor fue dejado en tela de juicio.

Fue la manera como Castresana usó estas nociones un tanto anticuadas y clasistas, así como las evaluaciones subjetivas y tendenciosas de su red de élites sobre sus enemigos, lo que lo hizo vulnerable a las críticas en estos casos. Ello se debe a que esas mismas élites tenían en mente sus propios intereses —y las de sus colaboradores— cuando lo aconsejaban. Ellas también sabían que la CICIG funcionaba según las decisiones del comisionado y que ejercer influencia sobre éste era básico para alcanzar sus objetivos, lo cual a veces implicaba socavar la justicia —o incluso más que eso—. Algunos de estos intentos por manipular al comisionado pudieron haber sido directos, pero otras estrategias fueron mucho más sutiles. La presencia casi constante de Alfonso Carrillo (abogado vinculado a las élites) en la comisión mientras la CICIG se encontraba investigando, y en última instancia influyendo, en la selección de los jueces de la Corte Suprema da cuenta de una estrategia más discreta y sofisticada. Si Castresana se equivocó, se debió a su orgullo. A lo largo de su tiempo en el cargo él creía que tenía todo bajo control, cuando en realidad, quizás era él el que estaba siendo utilizado.

Al final, hubo algunas decisiones que pudieron aplacar todos estos intereses de élite. La “verdad interina” del caso Rosenberg dejó muchas preguntas acerca de por qué la CICIG nunca enjuició lo que parecía ser el remanente del grupo CIACS —La Montaña— por sus audaces intentos de desestabilizar y posiblemente derrocar al gobierno. Por su parte, las élites económicas consideraron que la comisión no prestó la suficiente atención a las  supuestas prácticas corruptas de Banrural. El caso Portillo enfureció a las élites emergentes y a sus aliados en las élites burocráticas, y aunque Portillo fue finalmente extraditado y procesado en Estados Unidos, sólo pagó una corta pena en la cárcel, lo que hizo que el caso de la CICIG en su contra pareciera más bien una venganza política por parte de las élites económicas, a pesar de que ambos procesos estaban basados en dos cargos diferentes. Los casos de Vielman también se están adelantando en tribunales extranjeros, lo que les deja a los guatemaltecos la sensación de que la justicia en su país siempre estará en un segundo plano.

Si había algo que les podía otorgar a la CICIG y a su comisionado independencia de estos poderes políticos de élite era la evidencia empírica. En este sentido, la CICIG bajo la dirección de Castresana tuvo un desempeño excelente. Durante su mandato, la comisión reformó las leyes que permitían la interceptación de teléfonos y los acuerdos de culpabilidad de los testigos cooperantes, así como mejoras en la protección a estos testigos. Además supervisó la creación de una unidad especial de investigación en el Ministerio Público y comenzó a monitorear llamadas telefónicas y conversaciones, usando activamente estas herramientas.

El mejor ejemplo de esto fue el caso Rosenberg. Los aspectos técnicos de la investigación, que se elaboró triangulando señales de telefonía celular, registros telefónicos y otras técnicas de investigación forenses, impresionó a los guatemaltecos. La tradición en el país ha sido la de encarcelar a quienes son atrapados infraganti o contando con testigos para construir los casos.105 Los juicios por casos de conspiración se transmiten por los medios de comunicación en lugar de realizarse en los tribunales. En el caso de Rosenberg, la CICIG y sus contrapartes guatemaltecos rastrearon los teléfonos y el movimiento de dinero, en lugar de las conspiraciones que Rosenberg había entregado a la prensa a través de su video. Al final, los anales de la historia judicial guatemalteca se partirán en “antes del caso Rosenberg” y “después del caso Rosenberg”.

Pero incluso en su trabajo más forense, la justicia no es una ciencia. Requiere una complicada combinación de relaciones humanas que van de la escena del crimen a la sala de audiencias, de los cuarteles militares al Congreso, de la estación de policía al laboratorio de balística, de las mansiones de ciudad de Guatemala a los pasillos del Ministerio Público. El Estado de derecho requiere más que buenos científicos forenses, policías confiables, jueces honestos y fiscales persistentes. Requiere voluntad política desde la cima —desde quienes controlan los medios de producción, las palancas del poder gubernamental y la construcción social e intelectual de la sociedad—. En una palabra, requiere de las élites.

*Dudley es el codirector de InSight Crime y el director del proyecto sobre élites y crimen organizado. Mapa por Jorge Mejía Galindo. Gráficas por Andrew J Higgens.

Corrección: septiembre 3 de 2016

Una versión previa de este artículo decía erróneamente que Adela de Torrebiarte fue viceministra de Carlos Vielman antes de desempeñarse como ministra del Interior en 2007. Ella fue la primera mujer en ocupar el cargo y lideró una serie de esfuerzos para purgar la policía durante sus diez meses en el cargo. InSight Crime lamenta el error.

Corrección: septiembre 5 de 2016

Una versión previa de este artículo decía que Pedro Trujillo fue mencionado en las interceptaciones telefónicas relacionadas con la campaña de desprestigio emprendida contra Carlos Castresana. Durante una rueda de prensa el 14 de junio de 2010, Castresana dio a entender que Trujillo había sido mencionado (vea el video de la rueda de prensa, minuto 5:18, aquí https://www.youtube.com/watch?v=1WAo5o9GHaM), pero Castresana nunca mencionó el nombre de Trujillo. La versión anterior afirmaba erróneamente que Trujillo y otros habían demandado a la CICIG, pero la demanda fue realizada en contra de un investigador del gobierno que había realizado un análisis de la cobertura de los medios en relación con la presunta campaña de desprestigio, el cual entregó al Ministerio Público y a la CICIG. Vea una copia de la investigación aquí http://www.libertopolis.com/wp-content/uploads/2011/01/Dictamen-Pericial-I.pdf. InSight Crime lamenta el error.

Corrección: septiembre 7 de 2016

Una versión previa de este artículo decía que Dionisio Gutiérrez Mayorga y Juan Luis Bosch habían trabajado con Víctor Rivera Azuaje, un venezolano que ayudó al sector privado en casos de secuestro. Si bien es cierto que Rivera Azuaje tenía una oficina en el edificio donde los empresarios también tenían su firma familiar, la relación de trabajo entre ambos no puede ser establecida.

Para más información sobre estas aclaraciones y correcciones vea http://es.insightcrime.org/analisis/reacciones-aclaraciones-y-correcciones-elites-crimen-organizado-y-la-cicig

Notas al pie


[1] Tomado de la cuenta en Youtube del medio elPeriódico: https://www.youtube.com/watch?v=qrUfUc-BdII

[2] El Faro, “Asesor de Vielman tenia estructuras paralelas en El Salvador,” 9 de marzo, 2007, disponible en: http://archivo.elfaro.net/Secciones/noticias/20070305/noticias11_20070305.asp

[3] Tomuschat, Christian et al., “Guatemala: Memory of Silence,” Comisión para la Aclaración Histórica, presentada el 25 de febrero, 1999, disponible en: http://www.aaas.org/sites/default/files/migrate/uploads/mos_en.pdf

[4] Doyle, Kate et al., “Internal Military Log Reveals Fate of 183 ‘Disappeared,’” National Security Archive, 20 de mayo, 1999, isponible en: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB15/

[5] Schirmer, Jennifer “A Violence Called Democracy” (Philadelphia, PA, 1998), p. 19.

[6] Burócrata —o lo que en ocasiones se denomina élites administrativas o institucionales— aprovechan sus cargos en el gobierno para ganar poder e influencia. Muchas veces son una forma de élite híbrida, que deriva poder de su condición de terratenientes o empresarios, pero usan su control en los cargos del gobierno que han ganado —sea por vía electoral, de nombramiento o ascenso— para tomar las decisiones en materia de seguridad y otros asuntos.

[7] Martín Rodríguez Pellecer, “Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra,” Plaza Pública, 21 de agosto, 2013, disponible en: http://www.plazapublica.com.gt/content/los-militares-y-la-elite-la-alianza-que-gano-la-guerra

[8] Ibid.

[9] Para mayor información sobre los CIACS, ver: Peacock, Susan C.  and Beltran, Adriana “Hidden Powers in Post-conflict Guatemala: Illegal Armed Groups and the Forces Behind Them,” Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), 2003, disponible en: http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Citizen%20Security/past/Hidden%20Powers%20Long%20Version.pdf

[10] Carmen Sofía Brenes and Haroldo Shetemul, “La voz que siempre atiende el Presidente,” Cronica, 4 de septiembre, 1992, disponible en: http://www.cronica.ufm.edu/index.php/DOC271.pdf?gsearch=

[11] Ibid.

[12] Bill Barreto and Oswaldo J. Hernandez, “De Moreno a La Linea: la huella militar en la defraudacion aduanera,” Plaza Publica, 22 de agosto, 2015, disponible en: http://www.plazapublica.com.gt/content/de-moreno-la-linea-la-huella-militar-en-la-defraudacion-aduanera-0

[13] “Acuerdo global de derechos humanos,” 29 de marzo, 1994, disponible en: http://cms.fideck.com/userfiles/onu.org.gt/File/24012544994336982.pdf

[14] Bill Barreto and Oswaldo J. Hernandez, “De Moreno a La Linea: la huella militar en la defraudacion aduanera,” Plaza Publica, 22 de agosto, 2015. Disponible en: http://www.plazapublica.com.gt/content/de-moreno-la-linea-la-huella-militar-en-la-defraudacion-aduanera-0

[15] Véase: Ricardo Barrientos, “Una perspectiva regional sobre la intervencion de las elites economicas centroamericanas en la politica fiscal”, y “Guatemala: Poder de veto a la legislacion tributaria y captura fallida del negocio de la inversion publica”, ambos en ICEFI, “Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas” (Guatemala, 2015), pp. 1-24, 25-128.

[16] Dudley, Steven “La justicia y la creación de un Estado Mafioso en Guatemala,” 28 de septiembre, 2014, disponible en: http://es.insightcrime.org/investigaciones/justicia-y-creacion-estado-mafioso-guatemala

[17] Dudley, Steven “La guerra de Paz y Paz: Retrato de un agente politico guatemalteco,” 21 de abril 2014, disponible en: http://es.insightcrime.org/investigaciones/la-guerra-de-paz-y-paz-un-pasado-oscuro

[18] International Crisis Group, “Learning to Walk without a Crutch: An Assessment of the International Commission against Impunity in Guatemala,” 31 de mayo, 2011, p. 4.

[19] Ibid.

[20] InSight Crime le encargó la redacción de un caso de estudio sobre Vielman, pero esto se canceló en 2015, cuando ambas partes establecieron que las responsabilidades políticas de Gutiérrez comprometían su competencia para ser considerado un investigador imparcial de algunos de los temas que cubre este informe. Ambas partes mantienen buenos términos, y Gutiérrez fue uno de los expertos consultados para el presente estudio de caso. También redactó la sección introductoria para Guatemala.

[21] Entrevista de Alfonso Portillo interview con Guatevision, 17 de noviembre, 2009, disponible en: https://youtu.be/mA-bby5O-sw

[22] Intercambio de mensajes de correo electrónico de InSight Crime, Edgar Gutiérrez, 26 de octubre, 2015.

[23] Entrevista de InSight Crime, Eduardo Stein, Ciudad de Guatemala, 7 de agosto, 2015.

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Entrevista de InSight Crime, Renzo Rosal, Ciudad de Guatemala, 4 de agosto, 2015.

[28] Ibid.

[29] Entrevista de InSight Crime, Eduardo Stein, Ciudad de Guatemala, 7 de agosto, 2015.

[30] Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Guetamala para el establecimieto de la corte Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/acuerdo_creacion_cicig.pdf

[31] Ibid.

[32] Departamento de Estado de Estados Unidos, “CICIG Agreement Sent to Guatemalan Congress for Approval,” 1 de marzo, 2007, divulgado por WikiLeaks, disponible en: https://wikileaks.org/cable/2007/03/07GUATEMALA426.html

[33] Agence France Presse, “Guatemala: diputados con temores para aprobar Comisión contra impunidad,” 18 de junio, 2007, disponible en: http://wvw.nacion.com/ln_ee/2007/junio/18/latinoamericaya-070618185320.y5m6k675.html

[34] Ibid.

[35] Agence France Presse, “Sin ser aprobada, la CICIG convulsiona la vida politica guatemalteca,” 23 de julio, 2007.

[36] Departamento de Estado de Estados Unidos, “CICIG Agreement Sent to Guatemalan Congress for Approval,” 1 de marzo, 2007, divulgado por WikiLeaks, disponible en: https://wikileaks.org/cable/2007/03/07GUATEMALA426.html

[37] Xinua News Agency, “EEUU condiciona cooperacioon con Guatemala,” 18 julio, 2007.

[38] CICIG, “Dos años de labores: un compromiso con la justicia,” Informe anual 2009, p. 13, disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-LABO_DOC02_20090901_ES.pdf

[39] Entrevista telefónica de InSight Crime, exinvestigador de la CICIG que deseaba mantener el anonimato, 3 de septiembre, 2015.

[40] Los comisionados posteriores también han rechazado la idea de tener un segundo al mando.

[41] Esta investigación se basó en el apoyo y la investigación de un colega Mack.

[42] Carrillo & Asociados es más conocido en Guatemala como el bufete que representa el negocio de la familia Paiz, Supermercados Paiz.

[43] Entrevista con InSight Crime por Skype, Alfonso Carrillo, 1 de septiembre, 2015.

[44] Ibid.

[45] Entrevista con InSight Crime, exempleado de Carrillo & Asociados que desea mantener el anonimato, pues sigue ejerciendo como abogado en Guatemala, Ciudad de Guatemala, 4 de agosto, 2015.

[46] Ibid.

[47] CICIG, “Informe de dos años de actividades, 2007 a 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,” noviembre, 2009, p.6, disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-LABO_DOC04_20091102_ES.pdf

[48] Véase: Steven Dudley, “Justicia tras bastidores: La guerra por las cortes en Guatemala,” InSight Crime, septiembre, 2014, disponible en: http://es.insightcrime.org/investigaciones/la-guerra-por-las-cortes-en-guatemala

[49] CICIG, “La Corte Suprema de Justicia 2009: Los Magistrados no idoneos para representar Guatemala,” 6 de octubre, 2009, disponible en: http://eleccionmagistrados.guatemalavisible.org/images/stories/notas%20equipo%20Guatemala%20Visible/Presentacion%20candidatos%20a%20CSJ%20Octubre%206-09.pdf

[50] Entrevista de InSight, Roberto López Villatoro, Ciudad de Guatemala, 31 de julio, 2014. Véase también: Dudley, Steven “De rey del tennis, al caballero cabildero de Guatemala” InSight Crime, 15 de septiembre, 2015, disponible en: http://es.insightcrime.org/investigaciones/rey-del-tenis-caballero-cabildero-guatemala

[51] Ibid.

[52] Departamento de Estado de Estados Unidos, “Three Supreme Court Justices Replaced at CICIG’s Behest,” 9 de octubre, 2009, disponible en: https://wikileaks.org/plusd/cables/09GUATEMALA929_a.html

[53] Entrevista de InSight Crime por Skype, Alfonso Carrillo, 1 de septiembre, 2015.

[54] El recuento del asesinato de Rodrigo Rosenberg es tomado de la  conferencia de prensa de la CICIG del 10 de enero de 2010, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9erCQCxU7WU&list=PL3144D6C7854F1211 También ver Grann, David  “A Murder Foretold”, The New Yorker, 4 de abril de 2011, disponible en: http://www.newyorker.com/magazine/2011/04/04/a-murder-foretold

[55] Banrural cuenta con un amplio espectro de inversores (incluyendo cooperativas, capital indígena, mujeres, organizaciones no gubernamentales, pequeñas y medianas empresas. Para un total de 16.000 inversionistas) y con una amplia presencia a lo largo del país. Se ha convertido en uno de los bancos más grandes de Guatemala, y la competencia que presenta a los bancos tradicionalmente controlados por las élites podría ser causa de burla por parte de esas mismas élites. Si bien en el pasado se han lanzado serias acusaciones contra el banco, los investigadores nunca han revelado ninguna evidencia que vincule al banco con el caso Rosenberg.

[56] Entrevista de InSight Crime con el expresidente Álvaro Colom, Ciudad de Guatemala, 12 de agosto, 2015.

[57] Associated Press, “Guatemalan Protesters Demand President’s Resignation Over Case of Slain Lawyer,” 17 de mayo, 2009. Disponible en: http://www.nytimes.com/2009/05/18/world/americas/18guatemala.html?_r=0

[58] Entrevista de InSight Crime con el expresidente Álvaro Colom, Ciudad de Guatemala, 12 de agosto, 2015.

[59]  Knight, Fuentes J.A. “El veto de G-8,” Plaza Pública, 27 de agosto, 2011. Disponible en: http://www.plazapublica.com.gt/content/el-veto-del-g-8

[60] Según el Banco Mundial, Guatemala recibe sólo el 10,8 por ciento de su PIB por impuestos, una de las tasas más bajas del mundo. Ver: http://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS

[61] En una entrevista, Colom le dijo a InSight Crime que Obdulio Solórzano, un congresista que dirigió la campaña presidencial de Colom en 2007, tenía vínculos con Otoniel Turcios, acusado y posteriormente condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos. Solórzano fue asesinado en 2010.

[62] Pachico, Elyssa  “Guatemala President's In-Law on the Run in Money Laundering Scandal,” InSight Crime, 6 de diciembre, 2011, disponible en: http://www.insightcrime.org/news-analysis/guatemala-presidents-in-law-on-the-run-in-money-laundering-scandal

[63] Entrevista de InSight Crime con una persona que prefiere no divulgar su nombre, porque aún trabaja con la CICIG y el gobierno. Ciudad de Guatemala, 3 de febrero de 2010.

[64] Entrevista de InSight Crime con funcionario de seguridad prefiere no divulgar su nombre, porque aún trabaja con la CICIG y el gobierno. Ciudad de Guatemala, 25 de enero de 2010.

[65] Entrevista de InSight Crime con Ana Garita, jefe de personal de la CICIG y Yolanda Pérez, consultora de la CICIG y exjueza de Guatemala. Ciudad de Guatemala, 25 de enero de 2010.

[66] Entrevista de InSight Crime con el expresidente Álvaro Colom, Ciudad de Guatemala, 12 de agosto, 2015.

[67] Para citar sólo un ejemplo, en un cable diplomático publicado por WikiLeaks, el entonces embajador Stephen McFarland escribe que Dionisio Gutiérrez Mayorga y Jorge Briz dijeron en una reunión con él con David Robinson, Vicesecretario de Estado Adjunto, que Banrural creció gracias a “actividades ilícitas”. “Ese es el problema con la corrupción”, al parecer les dijo Briz a funcionarios estadounidenses de alto nivel. “Todo el mundo sabe dónde está pero nunca se puede comprobar”. Ver: US State Department, “DAS Robinson Highlights Need to Support Democratic Institutions in Wake of Guatemala’s Rosenberg Scandal”, 2 de junio de 2009. Publicado por WikiLeaks. Disponible en: https://wikileaks.org/plusd/cables/09GUATEMALA518_a.html

[68] Grann, David “A Murder Foretold,” The New Yorker, 4 de abril, 2011, disponible en: http://www.newyorker.com/magazine/2011/04/04/a-murder-foretold

[69] Entrevista telefónica de InSight Crime con un funcionario de la ONU bajo condición de anonimato, 5 de mayo, 2016.

[70] Departamento de Estado de Estados Unidos, “FRG Protests Continue,” 25 de julio, 2003. Publicado por WikiLeaks, disponible en: https://wikileaks.org/plusd/cables/03GUATEMALA1904_a.html

[71] Entrevista de InSight Crime con Dionisio Gutiérrez Mayorga, Ciudad de Guatemala, 13 de octubre, 2015.

[72] Ibid.

[73] Entrevista de InSight Crime con Giselé Rivera, San José, Costa Rica, 16 de agosto, 2013.

[74] Ver: CICIG, “Caso Alfonso Portillo (Causa No. 7102-2001).” Disponible en: http://www.cicig.org/index.php?page=7102-2001

[75] Vargas, Otto “Rivera dice que aqui la tienen en el ‘congelador’,” La Nacion, 4 de agosto, 2010, disponible en: http://www.nacion.com/sucesos/Rivera-dice-congelador_0_1138686141.html

[76] Melgar luego sería capturado y fue llevado a juicio por su participación en el homicidio de Rivera Azuaje, pero fue absuelta. Ver Ramos, Jerson “María del Rosario Melgar absuelta por muerte de Víctor Rivera,” Prensa Libre, 19 de abril de 2016, disponible en: http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/maria-del-rosario-melgar-absuelta-por-muerte-de-victor-rivera

[77] El Faro, “Asesor de Vielman tenía estructuras paralelas en El Salvador,” 9 de marzo, 2007, disponible en: http://archivo.elfaro.net/Secciones/noticias/20070305/noticias11_20070305.asp

[78] Ibid.

[79] Ibid.

[80] Varias fuentes dijeron que Torrebiarte se conectó con Rivera Azuaje por intermedio de contactos salvadoreños y que lo llevó para que ayudara en su organización, “Madres Angustiadas”. La relación continuó hasta la primera década del 2000: Rivera Azuaje trabajó en el ministerio durante el tiempo que Torrebiarte se desempeñó como ministra.

[81] Torrebiarte, que fue la primera mujer en ocupar la dirección del ministerio, ocupó el cargo durante diez meses, tiempo durante el cual ayudó a purgar la policía y a fortalecer las agencias regulatorias y el sistema penitenciario del país.

[82] Entrevista de InSight Crime con un exfuncionario de comunicaciones del ministerio que entrenó a Rivera Azuaje y a su equipo, y que prefirió permanecer anónimo por su trabajo en la industria de telecomunicaciones, Ciudad de Guatemala, 10 de agosto de 2015. 

[83] El Faro, “Asesor de Vielman tenía estructuras paralelas en El Salvador,” 9 de marzo, 2007, disponible en: http://archivo.elfaro.net/Secciones/noticias/20070305/noticias11_20070305.asp

[84] Memorándum interno de la CICIG, “Estrategía de investigación en las causas asignadas,” 13 de enero, 2009.

[85] Memorándum interno de la CICIG, “Plan de acción para los casos Pavón y Parlacén,” 28 de julio, 2009.

[86] Memorándum interno de la CICIG, “Plan de Acción para los casos Pavón,  Parlacén, Boquerón e Infiernito,” 19 de agosto, 2009.

[87] Rivera, Giséle “Tras la condena de Sperisen,” Contrapoder, 12 de mayo, 2015, disponible en: http://contrapoder.com.gt/2015/05/12/granja-de-rehabilitacion-penal-pavon/

[88] La declaración le fue dada al Banco Lafisse y entregada a InSight Crime por Rivera.

[89] "Escenarios de la Cicig", elPeriódico 28 de enero de 2010, página 13.

[90] Dionisio Gutiérrez Mayorga, por ejemplo, es parte de la comisión Ficaduría de 50 miembros de la universidad.

[91] Trujillo, Pedro “¿Sin CICIG?,” Prensa Libre, 26 de abril, 2010, disponible en: http://miradorprensa.blogspot.com/

[92] Díaz-Durán, Yolanda “No resulto: revuelto,” Siglo 21, 19 de abril, 2010, disponible en: http://mydda.blogspot.com/

[93] Díaz-Durán, Yolanda “¿Castrados?,” Siglo 21, 21 de junio, 2010, disponible en: http://mydda.blogspot.com/

[94] Fernández, Lafitte "Crimen del estado: el caso PARLACEN" (San Salvador, 2011), p. 520.

[95] Ibid, p. 523.

[96] Ibid, p. 532-524.

[97] Solano, Luis “Mario David García: El ungido por el Partido Patriota,” Centro de Medios Independientes, 17 de mayo, 2015, disponible en: https://cmiguate.org/mario-david-garcia-el-ungido-por-el-partido-patriota/

[98] Siglo 21, “Castresana renuncia y pide destituir al Fiscal,” 7 de junio, 2010, disponible en: ://www.s21.com.gt/nacionales/2010/06/07/castresana-renuncia-pide-destituir-fiscal

[99] Citado en: Palmieri, Jorge “Renunció Carlos Castresana,” jorgepalmieri.com, 7 de junio, 2010, disponible en: http://jorgepalmieri.com/2010/06/07/renuncio-carlos-castresana/

[100] Hay varias versiones de lo que muestran las fotos. Algunos dicen que son inocuas, y que aparecen Castresana y la empleada de la CICIG en un restaurante con la madre de la empleada. Otros dicen que  son más lascivas, con Castresana y la empleada de la CICIG en un barco con trajes de baño. Los rumores se extienden aún más: según algunas versiones, el dueño del barco es Dionisio Gutiérrez Mayorga o de Juan Luis Bosch. Gutiérrez Mayorga niega haber tenido contacto con Castresana por fuera de sus reuniones en Ciudad de Guatemala.

[101] Citado en: Palmieri, Jorge “Renunció Carlos Castresana,” jorgepalmieri.com, 7 de junio, 2010, disponible en: http://jorgepalmieri.com/2010/06/07/renuncio-carlos-castresana/

[102] Cerigua, “La CICIG reveló datos de campaña de desprestigio que habría sido orquestada por los Valdés Paiz,” 16 de junio, 2010, disponible en: http://noticias.com.gt/nacionales/20100616-la-cicig-revelo-datos-de-campana-de-desprestigio-que-habria-sido-orquestada-por-los-valdes-paiz.html

[103] CICIG, “Dos años de labores: un compromiso con la justicia,” Informe anual 2009, disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/informes/INFOR-LABO_DOC02_20090901_ES.pdf

[104] Los únicos condenados en Guatemala para el caso Pavón fueron Víctor Soto Diéguez, el exjefe de investigación criminal, y dos policías de bajo rango; El hermano de Figueroa (el mismo que subrepticiamente grababa a Giséle Rivera) fue procesado por posesión ilegal de armas. Numerosos sospechosos huyeron del país, incluyendo Vielman, y fueron detenidos en diversas partes del mundo. Sperisen fue finalmente juzgado en Suiza y condenado a cadena perpetua; Figueroa fue encontrado no culpable por un tribunal austriaco. El juicio de Vielman en españa será llevado en 2016. Ver : CICIG, "Sentencias condenatorias en procesos que apoya la CICIG”, 18 de octubre de 2013, disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/2013/SENT-20131018-01-ES.pdf; véase también: CICIG, " Informe de la CICIG : Séptimo Año de labores . " Disponible en: http://www.cicig.org/uploads/documents/2014/COM_039_20141023_DOC01.pdf

[105] Un alto oficial de seguridad se refirió al caso Rosenberg como “un gran cambio” por no depender sólo de testigos presenciales, que es la parte más frágil de cualquier caso. 

El trabajo presentado en esta investigación es el resultado de un proyecto financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC, por sus iniciales en inglés). Su contenido no es necesariamente un reflejo de las posiciones del IDRC. Las ideas, pensamientos y opiniones contenidas en este documento son las del autor o autores.

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