Parece que hubiera ocurrido un milagro de seguridad en Ciudad Juárez, otrora una de las ciudades más violentas del mundo. Pero mientras algunos aplauden al secretario de seguridad pública de la ciudad, el teniente coronel (r) Julián Leyzaola, otros se quejan de su casi sistemática violación de los derechos humanos.
La llegada de Leyzaola en marzo de 2011 coincidió con una dramática caída en los índices de delincuencia y homicidios, la tasa de homicidios es ahora una quinta parte de lo que fue en ese mes. En noviembre de 2012, la ciudad registraba 27 asesinatos, su menor cifra mensual en casi tres años.
La tasa de homicidios, que llegó a una abrumadora cifra de 10 casos por día, se ha reducido a alrededor de uno diario. Si bien sigue siendo una cifra muy elevada, la situación en Juárez ahora parece manejable.
Homicidios mensuales en JuárezFuente: Fiscalía General de Justicia – Zone Norte del Estado de Chihuahua |
Robo de vehículos mensuales en JuárezFuente: Fiscalía General de Justicia – Zone Norte del Estado de Chihuahua |
Otros delitos, como el robo de autos, la extorsión y el secuestro también se han reducido abruptamente. Las denuncias de extorsión son un tercio de lo que eran hace 18 meses.
El secuestro corresponde, según informes, a una cuarta parte de lo que fue en su punto más alto. A principios de 2011, hubo dos meses con 540 incidentes de robos violentos de vehículos, y en diciembre de 2012 hubo 56.
A Leyzaola le gusta la confrontación. Pasó su mandato presionando a la policía de la calle, donde arrestaban a cualquier persona que vieran como amenaza.
Las cifras de arrestos son tan impresionantes como las estadísticas mismas de la criminalidad. En enero de 2011, la policía detuvo a 1.462 personas por ser sospechosas de delitos menores. En julio de 2012, esa cifra fue de 13.568.
Muchos de los detenidos pagan multas por infracciones como el hecho de no llevar la debida identificación. Otros pierden media jornada laboral. El resultado, dicen los críticos de Leyzaola, es que la gente se está volviendo contra el plan de seguridad del gobierno municipal.
Estudio de caso: Víctor Ramón Longoria Carrillo
Un caso ilustra la intensidad y el carácter problemático de esta política. El 17 de febrero de 2012, la policía llegó a la casa de Víctor Ramón Longoria Carrillo. Sin orden judicial, la policía entró en la casa, empujaron a Víctor a su habitación, le cubrieron la cabeza con un saco y lo golpearon.
“¿Dónde están las armas?” Preguntaron. “¿Para quién trabajas?”
Más adelante, Víctor, su hermana, su esposa y dos de sus vecinos testificaron que la policía finalmente arrastró a Víctor en una furgoneta y se marchó, sin avisarle a la familia a dónde se lo llevaban. La familia siguió a la policía en su propio coche hasta que una caravana militar los detuvo y la policía siguió su camino hacia la estación, donde, Víctor dijo que los golpes continuaron.
La policía —según el testimonio de Leyzaola a la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, que investigó el incidente— estaba siguiendo una pista de tres sospechosos que habían robado un coche, un Hummer versión H2, unas horas antes (Vea la investigación completa en pdf y el recuento de El Diario).
Los sospechosos dijeron que robaron el coche por orden de sus jefes, uno de los cuales identificaron como Víctor. Otros dos presuntos cabecillas fueron arrestados junto con Víctor ese mismo día. Los hombres, según la policía, llevaban consigo varios fusiles AK-47 y municiones. Uno de ellos, agregaron, era alias “Kiko”, un líder criminal local.
No obstante, la Comisión encontró serias discrepancias entre la historia de Leyzaola y la de la policía. Para empezar, la casa de Víctor no está ni cerca de donde se detuvo a los otros dos presuntos líderes. La Comisión dijo que Víctor fue arrestado en su casa, tal como lo testificaron él, su hermana, su esposa y los dos vecinos testificaron. La Comisión agregó que la policía había cometido un registro e incautación ilegales en la casa y pidió al gobierno municipal que sancionara a los agentes.
“No muy amable aún”
La policía no oculta su postura agresiva. Leyzaola no accedió a una entrevista. Sin embargo, otros miembros de la policía que hablaron con InSight Crime dijeron que no había ninguna agenda oculta. De hecho, la policía hace alarde de sus tácticas agresivas, llamándolas la fase de “choque”. Ellos creen que les puede ayudar a revivir la moral, la fe en la institución, y el respeto de la población y los criminales por igual.
“La policía no puede ser muy amable por el momento,” dijo a InSight Crime un policía, quien no estaba autorizado para hablar oficialmente. “Estamos capturando asesinos. Ellos no piensan en los derechos humanos”.
El alcalde de Juárez, Héctor Murguía, tiene la misma actitud, pues al parecer le ha dicho a la gente que él saldrá antes de que se libren de Leyzaola.
El espinoso debate sobre cómo mantener un equilibrio entre asegurar a la ciudad y proteger los derechos humanos a menudo llega a un punto crítico en el comité de seguridad, administrado por civiles de Juárez, conocido como la Mesa de Seguridad. La Mesa se formó después de la brutal masacre de 15 adolescentes en enero de 2010, a quienes sus asesinos confundieron como miembros de una pandilla rival.
Después del ataque, el entonces presidente Felipe Calderón visitó la ciudad y se reunió con líderes cívicos y empresariales. Juntos formaron una serie de grupos de trabajo o mesas, entre ellos el Grupo de Trabajo de Seguridad, o Mesa de Seguridad.
Los miembros de la Mesa no son los más ricos de Juárez. Son una mezcla de abogados, médicos y empresarios. Algunos tienen experiencia en temas de seguridad. La mayoría son ciudadanos que decidieron participar cuando la situación de seguridad se volvió grave para ellos, sus familiares, vecinos y colegas.
Ahora se encuentran en la primera línea de batalla. La Mesa se ha convertido en un intermediario para las cuestiones de seguridad. Los ciudadanos que tienen un problema y no confían en las autoridades a menudo acuden a alguien de la Mesa, quién a su vez llama a un miembro de confianza de la comunidad de las fuerzas de seguridad, que actuará. El resultado puede ser inmediato, como lo ilustra la reducción en las denuncias sobre extorsión.
La reducción de las tasas de extorsión estaba en el centro del plan de seguridad de la ciudad. Leyzaola hizo su parte al pasar su número telefónico personal a los propietarios de tiendas en el centro de la ciudad. Las personas que llamaron se sorprendieron al oír directamente al teniente coronel en el teléfono.
Después de hablar con el dueño de la tienda, Leyzaola daría a sus agentes una descripción del sospechoso o sospechosos que habían recogido o amenazado con cobrar la cuota semanal, y los oficiales pasarían por ellos. Leyzaola luego llamaría de nuevo al dueño de la tienda, mientras que los oficiales llevaban a los sospechosos de un lado a otro. Cuando la patrulla pasaba frente a la tienda, el dueño le diría a Leyzaola si esos eran o no los recaudadores. De esta manera, los dueños de la tienda no tenían que ponerse en riesgo.
La policía municipal es sólo una de las instituciones que cambió de líderes. El nuevo gobernador de Chihuahua, César Duarte, limpió la corrupción en la Oficina del Procurador General del estado, incluso reemplazando al titular de la cartera, Patricia González. González estuvo vinculada, según informes de prensa, al Cartel de Juárez, por lo que su hermano fue asesinado por presuntos miembros del Cartel de Sinaloa.
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Los observadores más cínicos dicen que los avances en seguridad en la ciudad han ocurrido porque el Cartel de Sinaloa se ha convertido en el jugador dominante en la zona. Esto puede ser cierto. Pero también es una visión estrecha y hace demasiado énfasis en los criminales en lugar de los actores gubernamentales.
De hecho, varios oficiales de seguridad, que hablaron con InSight Crime bajo la condición de que sus nombres o lugares de trabajo no fueran revelados, dijeron que los órganos de seguridad en México estaban trabajando juntos mejor que nunca. Añadieron que estaban compartiendo más información con sus contrapartes estadounidenses, quienes estaban proporcionando información en tiempo real, que permitía a las autoridades mexicanas detener a sospechosos de alto nivel.
La policía de Juárez y de Chihuahua está repoblando sus filas con nuevos reclutas y recibiendo entrenamiento por parte de Estados Unidos. Pero el proceso es lento y muestra lo frágiles que son los avances en seguridad. La policía de Juárez recientemente graduó su primera clase de reclutas desde la llegada de Leyzaola. De los 3.000 candidatos, 100 pasaron las pruebas mentales, psicológicas y de polígrafo obligatorias. De ellos, 81 superaron el entrenamiento básico.
* La investigación para este artículo fue financiada, en parte, por el International Institute for Justice y el Woodrow Wilson Center for International Scholars. Las afirmaciones del autor de ninguna manera, reflejan las posiciones de estas instituciones en materia de seguridad en México o Ciudad Juárez.