No cabe duda de que las FARC tienen un tenue control sobre algunos de sus frentes más remotos, pero actualmente no hay evidencia de alguna facción disidente manifiesta en la guerrilla. La tregua unilateral de dos meses reveló que la mayoría de las unidades de las FARC se adhieren a las órdenes del Secretariado. Los Bloques Oriental y Sur, donde las denuncias de inconformidad han sido más fuertes, fueron los dos bloques que más respetaron la tregua. Del mismo modo, casi todas las unidades guerrilleras han obedecido a las exigencias del Secretariado para poner fin a la práctica del secuestro, pese a las consecuentes pérdidas económicas sufridas por muchos frentes.

Hay poco riesgo de que las FARC se fragmenten, o criminalicen más de lo que ya están, durante las conversaciones de paz. Hay una urgencia por parte del Secretariado de lograr un cese bilateral al fuego, para que puedan poner su casa en orden, hablar con todos los comandantes locales, imponer disciplina en los frentes más autónomos y garantizar que los comandantes de confianza estén en todos los puestos clave.

Este artículo hace parte de una serie sobre los retos del proceso de paz con las FARC en Colombia. Vea la serie completa aquí.

La política actual de las fuerzas armadas colombianas para neutralizar a “objetivos de alto valor”, aumenta el riesgo de fragmentación y criminalización. Si los comandantes más viejos y más comprometidos ideológicamente de las FARC siguen siendo dados de baja, es mucho más probable que la disciplina se quiebre. La nueva generación de guerrilleros, reclutados después de la finalización de la zona de distensión (2002), ha tenido mucha menos formación ideológica, mucho menos contacto con las altas esferas del movimiento, y mucho menos entrenamiento. Esta generación está llegando a un punto en que puede convertirse en el reemplazo no sólo de los comandantes de la columna, sino incluso de los comandantes del frente en ciertas áreas.

Si a las FARC no se les da la oportunidad de reorganizarse, y pierden aún más altos mandos y líderes ideológicos, entonces el riesgo de fragmentación y criminalización se hace mayor en el segundo escenario, es decir, una vez se logre un acuerdo de paz. Actualmente los negociadores en La Habana no tienen un perfil suficientemente alto, o militar, para venderles cualquier acuerdo a los guerrilleros rasos.

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El riesgo de criminalización de los elementos de las FARC en el tercer escenario, una vez un acuerdo haya sido firmado y se haya producido una desmovilización, es muy alto, casi inevitable. La única forma de minimizar esto es ayudando a las FARC en su transición de ejército irregular a partido político. Esto debe incluir la garantía de que tendrá la capacidad de emplear a muchos de sus combatientes, y el apoyo al movimiento durante el período inmediatamente posterior al conflicto.

Quizás haya también un concepto erróneo acerca de la presión sobre los guerrilleros para firmar un acuerdo de paz. No puede haber ninguna duda de que su “Plan estratégico para tomar el poder” de 1982 es ahora imposible de lograr. La posibilidad de moverse una vez más de una guerra de guerrillas tradicional a una guerra de movimientos es extremadamente remota, a menos que las FARC puedan obtener suficientes misiles antiaéreos para neutralizar la ventaja más grande del Estado: su poder aéreo. Ha habido indicios de que las FARC han comprado algunos misiles1, pero no los suficientes como para alterar el equilibrio estratégico.

No obstante, una derrota militar absoluta de las FARC, como en el caso de los Tigres Tamiles en Sri Lanka, es también improbable. Mientras que los Tigres Tamiles eran un grupo rebelde más innovador, su maniobrabilidad geográfica (Sri Lanka tiene poco más de 65.000 km²) en la parte norte de la isla fue severamente restringida, así como su financiación, y la organización dependía de un único líder carismático (Thiruvenkadam Velupillai Prabhakaran). Como ya se ha visto, la estructura de mando de las FARC es extremadamente resistente, la financiación sigue siendo abundante, y las FARC sufren de pocas restricciones geográficas, si se compara al departamento del Meta, por ejemplo (con más de 85.000 km²), considerablemente más grande que toda la isla de Sri Lanka. Los ingresos de las FARC siguen siendo muy superiores a sus gastos y esto significa que los guerrilleros pueden seguir financiándose casi indefinidamente, a menos de que el gobierno se las arregle para acabar con el narcotráfico.

Gracias a Alfonso Cano, y su “Plan Renacer” y “Plan 2010”, las FARC han logrado adaptarse a las cambiantes condiciones de la guerra civil, y lograron minimizar algunas de las mayores ventajas del Estado. La lucha de hoy en Colombia se parece cada vez más a aquella de la IRA Provisional en Irlanda del Norte. Los guerrilleros operan vestidos de civil, escondidos entre la población civil, usando explosivos y francotiradores, con cada vez menos ataques convencionales de guerrilla contra las fuerzas militares. Incluso hay indicios de que los guerrilleros han logrado aumentar su presencia territorial desde 2010, gracias principalmente a los milicianos.

La guerra ha cambiado de una contrainsurgencia tradicional, a una judicial. La única manera de desmantelar las cada vez más poderosas redes de milicias es preparando casos contra miembros individuales, arrestarlos y condenarlos. Mientras que la policía y el ejército han visto un salto cualitativo en sus capacidades desde 1998, el poder judicial no ha seguido el ritmo, y ahora es el talón de Aquiles de la política de seguridad del presidente Santos..

Vale la pena señalar que las bajas infligidas a las fuerzas de seguridad por parte de las FARC en 2011 (2.089 heridos, 483 muertos), son casi equivalentes a las de 2002 (1.537 heridos, muertos 699)2. Si bien la naturaleza de los ataques guerrilleros ha cambiado drásticamente en la última década, con un número mucho menor de emboscadas a gran escala o batallas campales con las fuerzas de seguridad, la capacidad de las FARC para causar bajas, ahora predominantemente a través del uso de explosivos, minas y francotiradores, sigue siendo alta.

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El gran incremento en los ataques a la infraestructura, que se han convertido en la pieza central de la actual estrategia ofensiva de las FARC, tiene un enorme costo económico para el país. Los ataques a los sectores de petróleo, gas y energía están afectando a la parte más vulnerable de la economía colombiana. Para la guerrilla, estos ataques son un método barato y relativamente seguro de infligir daño al Estado, y están en consonancia con su retórica contra la explotación internacional de los recursos colombianos, y además dan peso a sus esquemas de extorsión hacia ese sector.

La reducción de la capacidad militar de las FARC ha sido compensada, en cierta medida, por un incremento en su actividad política. Uno de los mensajes clave cuando Alfonso Cano asumió el cargo de comandante fue que la guerrilla tuvo que volver a sus raíces, e involucrarse con las comunidades locales en sus áreas de influencia. Cano fue capaz de vender esto tanto en términos militares, como políticos. Si los frentes locales querían asegurarse de reclutas de alta calidad que no desertaran a la primera señal de dificultades, tendrían que comprometerse políticamente con las comunidades locales. Si querían impedir la infiltración en sus áreas, y en sus filas, tendrían que llegar a las comunidades locales. Si querían ser capaces de ocultar a sus combatientes, cuando las fuerzas de seguridad aparecieran en masa en una zona, una vez más necesitarían de las comunidades locales para protegerlos. Era perfectamente obvio para las FARC, y casi todos los frentes entendieron el mensaje. A partir de 2009, los frentes de las FARC comenzaron a hacer un esfuerzo mucho mayor para influir, e incluso controlar, las organizaciones de base de las Juntas de Acción Comunal (JAC). La mayoría de los pueblos tienen sus propias JAC, que sirven como conductos para la interacción del Estado con las comunidades locales. Durante la investigación de campo en los últimos dos años en Antioquia, Córdoba, Cauca y Putumayo, InSight Crime ha visto un aumento significativo en la interacción de las FARC con las JAC en sus áreas de influencia.

Las FARC también creen, tal vez erróneamente, que las tendencias a nivel regional se están moviendo a su favor. La tendencia hacia gobiernos de izquierda desde El Salvador hasta Argentina, ha sido vista por las FARC como una indicación de que la izquierda está ganando fuerza en la región y que con esta tendencia su relevancia política y reconocimiento inevitablemente aumentarán.

Todo esto significa que las FARC no tienen que firmar un acuerdo con el gobierno en estos momentos. Los guerrilleros van a querer concesiones significativas para justificar un fin del conflicto, tanto por sus combatientes como por las comunidades que viven bajo su influencia, y mostrar que en los últimos 50 años de lucha han tenido resultados concretos. Timochenko no quiere ser el comandante de las FARC quien presidió la desintegración de la guerrilla, o que “traicionó” a casi cinco décadas de lucha revolucionaria.

Colombia tiene una oportunidad única. Nunca las condiciones para un acuerdo de paz han sido tan propicias como lo son ahora. La criminalización de algunos sectores de la guerrilla es casi inevitable. Empero, el porcentaje que siga este camino depende de la generosidad del acuerdo que el gobierno negocie con el Secretariado, las oportunidades que planteen a los combatientes desmovilizados y la eficiencia con la que las instituciones del Estado, especialmente el poder judicial, sean capaces de procesar los resultados del acuerdo de paz y llenar el vacío que existe en las áreas dominadas por las FARC.

Este artículo hace parte de una serie sobre los retos del proceso de paz con las FARC en Colombia. Vea la serie completa aquí.

Notas:

[1] Inside Defense, “DOD: Colombian Rebel Group Has Acquired Surface-To-Air Missiles”, marzo 28, 2013, Disponible en: http://ceecolombia.org/print.php?id=4659

[2] Corporación Nuevo Arco Iris, Del Caguán a La Habana; Los Cambios de las FARC, marzo de 2013.