Mientras el Congreso de Guatemala se prepara para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, InSight Crime investiga cómo el crimen organizado influye en el proceso de elección. Esta historia detalla los intereses de un bloque político en particular, que compite por el control de las cortes y por lo que está en juego: millones de dólares de fondos públicos, que en gran parte serán desviados con fines políticos e individuales, y la posibilidad de saquearlos impunemente.
Tardamos 40 minutos para que la entrevista comenzara oficialmente, aunque en realidad nunca comenzó. El juez, un veterano con décadas en el sector judicial que había ocupado cargos en todos los juzgados excepto en la Corte Suprema de Justicia, pasó la mayor parte de la entrevista contestando llamadas, firmando papeles, y hablando con otras personas que entraban y salían de su oficina.
“Parecería que estás en medio de una campaña política”, señalé, en parte preguntando y en parte constatando un hecho.
“Lo estoy”, asintió con la cabeza.
Esta campaña es por la justicia, al estilo guatemalteco. El país está en medio de la elección de magistrados para los próximos cinco años en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones, un proceso que culmina a finales de septiembre.
Oficialmente, ambos procesos son controlados por lo que se conoce como “Comisión de Postulación”, un comité de 34 personas que selecciona a los candidatos entre una larga lista de aspirantes, antes de que el Congreso tome la decisión final.
Extraoficialmente, se trata de una lucha a muerte entre diversos intereses políticos, económicos y criminales, que se enfrentan por hacer parte de la Comisión Postuladora y por ejercer el mayor control sobre el sistema judicial.
El “Oficialista” o bloque “oficial”, es el más poderoso de estos grupos de interés especial. Debe su nombre a que está compuesto por muchas personas vinculadas al gobierno actual, específicamente al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Si bien estos altos funcionarios niegan que pretendan influir en las Comisiones de Postulación, algunos antiguos miembros de las comisiones, grupos de monitoreo y medios de comunicación se refieren habitualmente a los operativos oficialistas en sus discursos públicos, análisis y entrevistas.
Usted no consigue un puesto en las Altas Cortes sin hacer campaña, señaló el juez.
“El proceso está politizado”, me dijo, como si sólo estuviera afirmando lo obvio.
Casi en el momento justo, un juez más joven entró a la oficina. Él también está tras uno de los puestos en las Altas Cortes, y considera que politiquear con su colega, lo acerca un paso más a ocupar uno de los escaños.
“Nadie tiene control total [sobre las comisiones]”, dijo el juez mayor después de que el más joven dejó la oficina. “Todo el mundo necesita negociar”.
El juez recibió otra llamada. Esta vez por su cita para almorzar con un grupo de antiguos funcionarios de alto nivel con influencias en las comisiones. Se tuvo que ir.
Los oficialistas: El nuevo bloque de poder de Guatemala
En teoría, el mecanismo de elección de jueces es un proceso democrático muy abierto. La selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones está controlada por comisiones independientes. Cada comisión está compuesta por 34 miembros de diferentes sectores del gobierno, la comunidad académica y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
Las comisiones se reúnen en lugares públicos —en este caso el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Carlos (USAC)— para examinar las hojas de vida de los candidatos, supuestamente cerciorándose de que no tengan asociaciones criminales y que no hayan estado implicados en casos de corrupción, antes de definir la lista de finalistas que será enviada al Congreso, donde se hace la elección final.
En un mundo ideal, cada uno de los comisionados sería un actor independiente que vota por un candidato en función de su historial de servicio, experiencia, educación y otros factores claramente definidos en la Constitución y en la ley de Comisiones de Postulación del país.
Las leyes que fundamentan estas comisiones fueron diseñadas precisamente para garantizar la independencia de la mayoría de los comisionados, razón por la cual incluyen decanos de las facultades de derecho del país y miembros del CANG, cada uno de los cuales cuenta con 11 representantes —de un total de 34— en las dos comisiones de las Altas Cortes.
Pero lo que buscaba distanciar a la política del proceso ha terminado politizando todavía más las instituciones no gubernamentales. Tanto las universidades como el CANG se han convertido en campos de batalla clave en los que todo se negocia, se vende y se intercambia, todo en nombre de la justicia. Las elecciones internas de estas universidades y de los representantes del CANG parecen campañas políticas con anuncios, camisetas, pancartas, mítines públicos y fiestas y reuniones privadas.
Los operadores políticos más poderosos —como los oficialistas— gastan cientos de miles de dólares tratando de influir en la decisión sobre quiénes conseguirán ser parte de la Comisión de Postulación. La inversión tiene un retorno de millones de dólares en contratos, empleos, adjudicaciones y otros botines, que en su mayoría proceden de las arcas del Estado.
“La corrupción se ha convertido en la norma”, le dijo a InSight Crime Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack.
VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Guatemala
Durante mucho tiempo sólo hubo un bloque político importante con injerencia en el proceso. Este bloque estaba controlado por élites económicas tradicionales, como los grandes exportadores, los banqueros y los grupos industriales. Estos ejercían su poder a través del control del CANG, de las universidades y, en muchos casos, de los propios jueces.
Sin embargo, con el tiempo, las élites tradicionales han cedido espacio económico y político a las nuevas élites “emergentes”, con intereses económicos en las importaciones y exportaciones no tradicionales, en el incipiente sector de la construcción, el turismo, y la minería. Gran parte de los proyectos económicos de estas élites emergentes dependen de la generosidad del gobierno, por lo que no es de extrañar que uno de los más poderosos de quienes compiten por influenciar las Comisiones de Postulación, proceda del seno del mismo gobierno.
El llamado bloque oficialista pretende controlar la elección de los jueces ejerciendo influencia sobre puestos clave del gobierno, y sobre muchos de sus más importantes recursos económicos. Si queremos entender cómo funcionan los oficialistas, debe explorarse sus vínculos con estos recursos, específicamente con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y con el ejército, y examinar la forma de cómo se saca jugo a los contratos de obras públicas.
Los oficialistas y la Seguridad Social
Una de las principales formas en que el bloque oficialista manipula la elección de jueces es a través de sus vínculos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una de las agencias gubernamentales más grandes del país. El actual jefe de la seguridad social es un importante operador político de los oficialistas, y un actor clave para asegurar que aquellos elegidos lleguen a las comisiones en las que más tarde se seleccionarán a los jueces del país. Y debido a que el IGSS maneja un presupuesto tan grande, y es el responsable de la adjudicación de tantos contratos lucrativos, la agencia ha conseguido una influencia política que va más allá del proceso de selección de los jueces.
El IGSS ha sido llamado el departamento de “caja menor”, es decir, un medio para comprar favores a otros funcionarios públicos, políticos y autoridades judiciales. Y cuando se trata de las Comisiones de Postulación, el IGSS funciona de la misma manera que la gasolina en un automóvil. El actual presidente del IGSS, y exteniente coronel de ejército Juan de Dios Rodríguez, es el principal operador político de los oficialistas en estas comisiones, y según los grupos de monitoreo y los informes de los medios, es el encargado de ayudar a negociar con los comisionados para que sirvan a los intereses de los oficialistas e influenciar sus votos.
Dadas las dimensiones del IGSS, Rodríguez maneja un poder de sobra que va más allá de la conformación de las Comisiones de Postulación. En cualquier momento, el IGSS tiene cerca de US$5.000 millones en su haber, como lo indicaba un estado de cuentas de 2012, y más de la mitad de ese dinero está en circulación a través de inversiones, compras de medicamentos, contratos con laboratorios privados, y proyectos de infraestructura pública. El presupuesto para 2014 (pdf) fue de US$1.800 millones. La mayor parte del dinero del IGSS es gastado en contratos para los que no hay un proceso de licitación. De hecho, según un análisis realizado por Prensa Libre, el ochenta por ciento de las compras del gobierno en el primer trimestre de 2014 fueron hechas de forma directa. El IGSS y el Ministerio de Salud son las dos entidades gubernamentales que hacen la mayor cantidad de compras “excepcionales” sin licitación, según señala el informe.
Estos contratos hacen del IGSS una herramienta política importante para quien lo controle. En parte, a esto se debe que los grupos de presión de la medicina sean uno de los mayores financiadores de campañas políticas en el país. Según un informe de Southern Pulse, Gustavo Alejos, cuya antigua compañía J.I. Cohen se beneficia cada año de millones de dólares en compras estatales de medicamentos, fue un patrocinador clave en la campaña presidencial de Álvaro Colom en 2008. Más tarde Alejos sirvió como “secretario privado” de Colom.
Estos proveedores del sector de la salud son conocidos por jugar sucio, y algunos tienen vínculos con el hampa. En su informe, Southern Pulse afirma que Alejos amenazó a un funcionario público que proponía poner fin al contrato de J.I Cohen con el Ministerio de Salud. Southern Pulse también informó que Alejos se dirigió a contactos en la Corte Constitucional para asegurarse echar por tierra los impedimentos legales a la validez del contrato.
Pero es casi imposible demostrar este tipo de influencia indebida, señalan los analistas, en parte debido a que estos actores políticos controlan las cortes. Simplemente no existen investigaciones conocidas contra Alejos, contra Rodríguez, o contra ningún otro funcionario actual de alto nivel vinculado al IGSS, ni se ha demostrado nunca el uso del IGSS para ejercer tráfico de influencias en torno a la Comisión de Postulación.
“No tenemos evidencia”, me dijo Renzo Rosal, un columnista de Plaza Pública y Prensa Libre, que también hace parte del grupo de monitoreo Guatemala Visible, sobre la afirmación de que el IGSS es una “caja menor”. “Pero es muy diciente el hecho de que las personas que están manejando esto [las maniobras para elegir a los jueces de las Altas Cortes] hagan parte del IGSS”.
La única investigación formal que se ha hecho contra el IGSS fue por unos empleados organizados que inflaron el arreglo para la construcción de apartamentos para la tercera edad que nunca fueron construidos, hasta la fecha sólo ha derivado en un encarcelamiento. Uno de los implicados que nunca fue detenido por el caso fue Gustavo Herrera, señalado como otro de los operadores políticos clave del gobierno, el amaño de las Comisiones de Postulación al agrado de los oficialistas.
VEA TAMBIÉN: La Guerra de Paz y Paz: Retrato de un agente político guatemalteco
Herrera se dio a la fuga mientras el caso del IGSS pasaba por el sistema judicial a mediados de la primera década del siglo XXI. Y como un fiscal señaló a InSight Crime, supuestamente el caso se encuentra “congelado”, y Herrera está de vuelta en Ciudad de Guatemala —presuntamente junto a Rodríguez— reuniéndose con jueces, abogados y políticos en un intento de diseñar la composición de las Altas Cortes.
Los investigadores locales también dijeron a InSight Crime que Herrera mantiene vínculos directos con el hampa. En concreto, en 2004, el entonces secretario de seguridad Otto Pérez Molina, vinculó a Herrera a una prominente red de tráfico de drogas cuyo líder después fue extraditado a Estados Unidos, donde pasó seis años tras las rejas. Y a principios de este año, cuando InSight Crime preguntó al ahora presidente Pérez Molina acerca de Herrera, éste reiteró en sus respuestas por escrito su creencia de que Herrera mantenía “vínculos con el narcotráfico.”
Un Estado mafioso
Durante mucho tiempo Guatemala ha estado infestada por el crimen organizado, y desde hace algunos años el país viene luchando contra la corrupción. Actualmente el problema radica en que estos dos parecen haberse fusionado con más fuerza que nunca, y esta nueva idiosincrasia ha permeado todas las jerarquías del Estado.
La moneda en este sistema es lo que llaman “cuotas de poder” en Guatemala. Estas cuotas son numerosas y dinámicas, y se negocian cuando el Estado firma un contrato público para construir una carretera, cuando el IGSS compra medicamentos, cuando la policía recibe nuevos chalecos antibalas y cuando se mueve contrabando, drogas ilícitas o dinero sucio.
Los favores, las presentaciones y las invitaciones a las fiestas también son cuotas de poder. Estas se encargan de que algunos se vuelvan ricos y de que otros consigan todavía más poder político —para volverse ricos también. Lo más importante es que garantizan casi absolutamente que quienes participan no serán procesados por la ley.
El resultado es lo que algunos expertos, como Julio Rivera Clavería, llaman un Estado mafioso.
“Es parte de un plan que se necesita para que el país siga en manos de la mafia”, me confió Rivera Clavería.
Y él lo sabe mejor que nadie. Rivera Clavería es un exfuncionario de alto rango del Ministerio de Gobernación, y uno de los tres miembros del consejo del ministerio público.
“Ha sido un proceso en el que las mafias y los criminales han ganado cada vez más espacio”, explicó. “Si tuviéramos un sistema judicial fuerte, el país estaría en un lugar diferente”.
Pero el sistema judicial del país no es fuerte. Su tasa de impunidad se encuentra entre las más altas del hemisferio. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Guatemala es uno de los cinco países más violentos del planeta por fuera de una zona de guerra. Cuenta con una fuerza policial sin preparación, que está crónicamente empobrecida, y además el país está lleno de fiscales que responden más a los caprichos políticos de sus jefes que a su llamado como protectores del orden y la justicia.
Los oficialistas y las obras públicas
Si el IGSS es la “caja menor” de los oficialistas, los contratos de las obras públicas son su “dinero en efectivo”. Más que cualquier otra actividad económica, las obras públicas se han convertido en el motor del desarrollo de una nueva clase de empresarios y políticos en Guatemala, un grupo bien representado por los oficialistas. Algunos de estos son iniciativas legítimas y legales. Pero una vasta mayoría es parte de las cuestionables cuotas de poder que van de un lado al otro en el país entre políticos, funcionarios públicos, contratistas y sus beneficiarios criminales.
“Si los grandes negocios con el Estado son una ‘fiesta’, el presupuesto de inversión pública vendría a ser el ‘pastel’ y los contratistas los ‘comensales’”, escribe Ricardo Barrientos, economista de ICEFI, un centro de pensamiento ubicado en Guatemala, en un artículo que está próximo a ser publicado como parte de un proyecto de American University sobre las élites de Centroamérica.
Un caso que recorre en las cortes tipifica el funcionamiento de las llamadas cuotas de poder. Arnoldo Medrano, alcalde de un pequeño municipio llamado Chinautla, es acusado de lavado de dinero, asociación ilícita y malversación de fondos. Los investigadores afirman que Medrano y otro alcalde guatemalteco trasladaron ilegalmente al menos US$45.000, por razones que aún no han sido esclarecidas.
El alcalde afirma que es inocente, pero su historial muestra una clara predilección por el uso de cuotas de poder para su beneficio personal, el de su familia y el de sus aliados. Medrano ha constituido al menos 24 empresas y cinco supuestas “organizaciones no gubernamentales” u ONG. Estas ONG son, en esencia, agencias contratistas. Numerosos familiares y amigos trabajan para estas ONG que se han visto beneficiadas con las docenas de contratos sin licitación. De hecho, desde 2009, de los 567 contratos adjudicados por el alcalde, 490 fueron hechos sin licitación alguna.
Políticos como Medrano ganaron el espacio que necesitaban para operar a finales los años noventa y principios de la primera década del siglo XXI. Como Barrientos lo describe en su artículo, durante este tiempo Guatemala reorganizó las instituciones que controlaban los proyectos de obras públicas, y dio más poder a los municipios y departamentos para que ejercieran control sobre estos proyectos.
Como en el caso de las Comisiones de Postulación, la ley estaba pensada para democratizar el proceso, y en muchos sentidos lo hizo. A raíz de ella se generó una proliferación de empresas de la construcción, grandes y pequeñas, así como un creciente número de empresas complementarias, y todas ellas se podían beneficiar de las obras públicas del país. Como señala Barrientos, en la actualidad hay más de 2.000 empresas en Guatemala registradas en la base de datos de gestión de infraestructura del gobierno, en comparación con las 84 que había en 1998.
Pero esta proliferación de proveedores más pequeños llegó con sus propios problemas y complicaciones. Estos proveedores se dieron cuenta de que sus relaciones con los políticos locales les daban una gran oportunidad de negocios recurrentes, por lo que comenzaron a financiar campañas locales y del Congreso, a cambio de más contratos. Por su parte, los políticos comenzaron a recolectar “comisiones” por estos contratos. El efecto multiplicador que surgió a raíz de ello ha puesto a algunas de estas empresas y políticos a la misma altura de las potencias políticas y económicas tradicionales.
“Resultó ser una autopista para la malversación de fondos, la manipulación del presupuesto con fines electorales y el pago de ‘favores’ a los financistas de las campañas electorales”, escribe Barrientos.
Los propietarios de estas empresas de construcción y los financiadores regulares de estas campañas incluyen algunos de los nombres más conocidos del hampa guatemalteco. El legendario clan Lorenzana, cuyo “Patriarca” Waldemar Lorenzana se declaró culpable de tráfico de drogas en una corte de Estados Unidos en agosto, controlaba varias de las empresas que se beneficiaron con los contratos de obras públicas en el departamento de Zacapa, el bastión de la familia. La hija de Otoniel Turcios, quien también enfrenta cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, administró un programa de desarrollo en uno de los departamentos centrales del país, canalizando el dinero de un proyecto nacional a proyectos de infraestructura. El hombre que facilitó esos contratos fue asesinado en la ciudad de Guatemala, presuntamente por la organización criminal de los Zetas.
El resultado de esta democratización de dineros estatales es que ahora los proyectos de obras públicas son vistos como cuotas de poder extremadamente importantes. En realidad, estos proyectos han hecho más por la creación de un Estado mafioso en Guatemala que cualquier otro programa único del gobierno. La evidencia de esto se manifiesta en el número de casos contra alcaldes, diputados y gobernadores por corrupción, malversación de fondos y lavado de dinero. de los cuales pocos terminan en condenas.
Dado lo que está en juego, no es de extrañar que los oficialistas cuenten con un operador en el Congreso, cuya labor consiste en influenciar las Comisiones de Postulación. Algunas fuentes dijeron a InSight Crime que esa persona es el diputado Baudilio Hichos. Señalaron que Hichos está ayudando a organizar un grupo favorable de candidatos entre los que el Congreso pueda elegir a sus jueces, para mantener andado su carrusel de contratación de obras públicas.
Hichos ha estado en la política desde 1990 y en el Congreso desde 1994, y tiene gran influencia en su bastión, el departamento fronterizo de Chiquimula. En un momento dado, al menos nueve miembros de su familia tuvieron cargos del gobierno relacionados con obras públicas y con otros proyectos estatales.
Su hermano dirigía una agencia de control de proyectos viales en Chiquimula, y uno de sus sobrinos trabajó en el llamado el Fondo de Inversión Social. Otros dos hermanos se desempeñaron, uno en un programa de servicios municipales y el otro en un programa de desarrollo nacional. Su esposa manejaba un programa de alfabetización del gobierno, y otros dos parientes suyos trabajaron en el organismo de educación departamental.
VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre élites y crimen organizado
Los contactos de Hichos también pueden extenderse hasta el hampa. Según elPeriódico, Hichos era cercano a Giovanni España, presunto narcotraficante que fue asesinado por la organización criminal de los Zetas en el departamento de Petén en 2010. ElPeriódico también señaló que una de las empresas de España celebró un contrato con el gobierno para recoger la basura en Chiquimula durante las próximas dos décadas.
Operadores oficialistas como Hichos están maniobrando para proteger el enorme y lucrativo carrusel de contrataciones. Sin éste, la élite emergente tendría poco acceso a los grandes flujos de dinero que mantienen sus partidos políticos a flote, sus campañas a rasbien provistas y su creciente poder intacto.
La política de comerciar con favores
Es erróneo concebir al Estado de Guatemala como un apéndice de la mafia, aunque sin duda alguna, existen partes de él que funcionan de esta manera. Es más acertado pensar que diferentes sectores del Estado actúan como una mafia. Lo que esto significa en la práctica es que el país cuenta con redes de funcionarios antiguos y actuales que —ya sea a través de su control sobre puestos clave del gobierno, su capacidad para controlar la política, o su poder económico— están exprimiendo las arcas del Estado hasta acabar con ellas.
“Es un tipo voraz de capitalismo”, explicó un fiscal del gobierno que pidió no ser identificado debido a las investigaciones que actualmente lidera en relación con la corrupción gubernamental y la financiación ilegal de campañas políticas. “Es sólo para carnívoros”.
El intercambio de cuotas de poder puede conducir al fraude, al enriquecimiento ilícito, a la obstrucción de la justicia, y a otras transgresiones a la ley. Pero tal vez esto puede expresarse con el concepto de “tráfico de influencias” (ver versión pdf de la Ley contra la Corrupción). El tráfico de influencias, dice la ley, consiste en influir en un funcionario o empleado público mediante la “jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido”. Puede ser castigado con hasta seis años en prisión y con la expulsión de gobierno.
Sin embargo, esta ley no es ningún impedimento. En el país se negocia con cuotas de poder desde los más altos hasta los más bajos niveles. Pero sigue siendo un sistema muy cerrado. Se gana acceso a él y se disfrutan los beneficios que ofrece, se lo enfrenta y se pagan las consecuencias.
“Hay una democratización de la corrupción”, me dijo un exfuncionario de alto nivel que no quiso ser identificado pues todavía mantiene relaciones con el gobierno.
El funcionario señala que, en parte, esto ha sido motivado por las preocupaciones económicas, y, en parte, por la política. La descentralización del poder ha aumentado la cantidad de jugadores que compiten por su lugar en la mesa. Y todos ellos quieren algo de comer.
El exfuncionario utilizó una metáfora diferente, al llamarlo un enfoque “mercantilista”. Señala que estas cuotas también han penetrado los partidos políticos, que ahora parecen más iniciativas económicas de corta duración que movimientos ideológicos de largo plazo. Citó los recientes cambios en las filiaciones de los partidos, que cambiaron el equilibrio de poder en el Congreso de un día para el otro.
“Pensar que hay un Estado racional que toma las decisiones es no entender la forma en que funciona el gobierno de Guatemala”, explicó el exfuncionario. “Todos ellos están pensando en cómo hacer dinero”.
Los oficialistas y el ejército
El bloque oficialista también tiene como objetivo proteger a otros actores, muchos de los cuales son antiguos y actuales militares guatemaltecos. El presidente Pérez Molina —un exoficial de Inteligencia Militar— cuenta con un grupo de exmilitares que lo asisten. Rodríguez, el presidente del IGSS, es un ex teniente coronel que trabajó en inteligencia militar bajo el mandato de Pérez Molina y fue secretario privado de la presidencia. El exgeneral Ricardo Bustamante encabeza el poderoso Consejo de Seguridad, y el excoronel Mauricio López Bonilla es el ministro de Gobernación. Otros llenan diferentes cargos gubernamentales, constituyendo lo que podría llamarse un régimen pretoriano.
El bloque oficialista, por medio de representantes como Rodríguez, maniobra para proteger los contratos militares preferenciales y para asegurarse que sus cuadros no sean procesados por abusos a los Derechos Humanos. Sin duda, muchos antiguos militares enfrentan cargos por este tipo de abusos y por otros crímenes cometidos durante la brutal guerra civil del país que terminó en 1996. La realidad de lo que podría suceder si no se ejerce un control sobre las cortes, se hizo evidente después de que el exgeneral, y cabeza de un golpe de Estado en los años ochenta, Efraín Ríos Montt, fuera declarado culpable de genocidio en 2013. A pesar de que la decisión fue rápidamente revocada por la Corte Constitucional, ésta asustó a varios exfuncionarios militares de alto nivel, entre ellos al presidente Pérez Molina.
También hay mucho dinero en juego. Los Acuerdos de Paz de 1996 trajeron consigo una reestructuración completa del sector de seguridad. Las Fuerzas Armadas de Guatemala fueron reducidas en dos terceras partes, y la mayor parte de los fondos de seguridad fueron transferidos al Ministerio de Gobernación, cuyo presupuesto ha sido inflado a US$500 millones anuales. El ministerio utiliza el presupuesto para comprar armas, uniformes y chalecos antibalas, entre otros productos de seguridad. Al igual que el IGSS, gran parte de estas compras se llevan a cabo a través de contratos sin licitación, que suelen terminar en manos de las empresas de seguridad de los exoficiales militares que dejaron las filas en la reducción de las Fuerzas Armadas.
Los militares también siguen administrando la compra de miles de armas y municiones para las fuerzas restantes. Aunque éstas son menores de lo que alguna vez fueron, los gastos están aumentando de nuevo. Entre 2004 y 2008, la ONU registró una triplicación en las importaciones de municiones y una duplicación en la importación de pistolas y revólveres.
Además, hay un mercado negro de gran tamaño para estas armas guatemaltecas adquiridas por los militares. Un informe del Wilson Center, citando fuentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), señaló que un análisis de la ATF a las cifras de granadas de mano y otros elementos militares incautados por la policía de Guatemala entre 2006 y 2009, mostró que el 85 por ciento puede haber procedido de los arsenales militares. Muchas de estas armas también han aparecido en escenas del crimen en otros países de Centroamérica y México.
Las compras militares también parecen estar pensadas con ánimos de lucro. En un informe de 2009, la ONU señaló a Guatemala como un país exportador de armas, a pesar de que no cuenta con una industria doméstica de armas. Más recientemente, la industria militar —la fábrica de municiones, ropa y botas militares— vendió al Ministerio de Cultura del país US$6 millones en zapatos tenis y pelotas. Como lo señala elPeriódico, este negocio tiene varios problemas: además de que no hubo un proceso de licitación pública, la industria militar no produce tenis ni pelotas, por lo que lo que los importaron , y los revendieron con un incremento de entre el 3 y el 6 por ciento. El proveedor de los zapatos nunca fue revelado.
Sin inmutarse por los críticos que dicen que estos acuerdos preferenciales incluyen sobornos de lado y lado, recientemente el gobierno abrió la posibilidad de un comercio directo entre la industria militar y el Ministerio de Gobernación.
Asegurando la impunidad
Ciertamente los oficialistas no son el único bloque de poder que estafa al Estado y que arregla el sistema judicial para garantizar que sus miembros no sean procesados. Los intereses económicos de la élite tradicional han sostenido durante mucho tiempo el dominio de los contratos de las obras públicas del gobierno y, a raíz de este control, han amañado varias elecciones y procesos de selección judicial. También se están expandiendo hacia nuevos territorios económicos, como la minería y de la energía hidroeléctrica, las cuales a menudo necesitan que las cortes den luz verde a la expropiación masiva de tierras y a los deshaucios a gran escala.
Más aún, los oficialistas ahora se enfrentan a rivales “emergentes” dentro de la élite. El más notable de ellos es Roberto López Villatoro, el llamado “Rey del Tenis”, una especie de comodín político y empresarial que hizo su fortuna vendiendo réplicas de zapatos deportivos.
VEA TAMBIÉN: El “Rey del Tenis” que se convirtió en el caballero cabildero de Guatemala
Y los mismos jueces también tienen su propio poder. Una vez en las cortes, pueden tomar —y a menudo lo hacen— sorprendentes giros en sus decisiones. Un juez de la Corte de Apelaciones con el que hablé —bajo la condición de anonimato pues está compitiendo por un escaño en las Altas Cortes— ofrece una visión más matizada que muchos otros en este sentido. Él aseguró que la gente “sobreestima” la influencia política, las cuotas de poder y el nepotismo. Insistió en que él era un desconocido antes de convertirse en juez de la Corte de Apelaciones, y que había ganado la posición por sus propios méritos, no porque hubiese hecho campaña con la promesa de ser indulgente con los casos más complicados. El juez dijo que las diferencias entre los magistrados son más generacionales que políticas, y que las cuotas de poder no son tan evidentes en las Comisiones de Postulación.
“No hay ningún tráfico de influencias”, me dijo, haciendo referencia al código legal.
Y técnicamente tiene razón. Desde que la ley entró en vigor hace dos años, no hay ninguna mención de casos de “trafico de influencias” en los informes anuales de la Fiscalía General.
De hecho, es casi imposible enjuiciar a alguien por “tráfico de influencias”. La carga probatoria es alta, y más importante aún, los incentivos son bajos. Procesar a alguien requeriría establecer un precedente legal de que ciertos tipos de interacciones entre funcionarios, contratistas, personal militar, empresas, criminales y otros, son prácticas inaceptables, cuando la realidad es que el comercio con cuotas de poder es exactamente la forma en que el gobierno y el sistema judicial funcionan en Guatemala.
“El sistema de justicia fue abordado por las redes criminales para protegerlos, para alertarlos y para no juzgarlos”, me dijo Rivera Clavería.
A pesar de lo que algunos jueces puedan decir, el sistema penal parece tener el dominio absoluto de las Comisiones de Postulación actuales y de los jueces que compiten por los puestos de las Altas Cortes. Los otros jueces que vi revoloteaban de una oficina a otra, y de un almuerzo al siguiente, haciendo intrigas políticas para conseguir el cargo. Las personas con las que se reunían incluían hombres como Juan de Dios Rodríguez, el presidente del IGSS, y su socio, Gustavo Herrera, entre otros poderosos actores en este juego de póquer de altas apuestas.
Los jueces sólo tienen una moneda para jugar: el acceso y la influencia en sus decisiones. A cambio, a menudo reciben acceso a sus propias cuotas de poder, o se benefician de ellas. Por ejemplo, numerosos jueces tienen varios puestos en el gobierno y la industria privada, como señaló Nómada en un informe reciente. Otros abren bufetes privados de abogados, que administran contratos con el gobierno o que son contratados por agencias gubernamentales.
La decisión de cuáles de estos jueces pasarán a la siguiente ronda depende de este tipo de maniobras. Los organismos de control de las cortes, como la organización Pro Justicia, dicen que la selección final será el resultado de una negociación entre el bloque oficialista, otro bloque controlado por el ya mencionado “Rey del Tenis”, (vea la versión pdf del informe) y otros comisionados que trabajan en estrecha colaboración con los poderes económicos tradicionales. Estos bloques, por supuesto, tienen motivaciones diferentes, pero un interés común en el terreno de su protección y la de sus aliados.
“Hay que controlar las cortes, para que cuando salgas del cargo tengas suficiente ‘jugo’ para protegerte a ti mismo”, me dijo el columnista Renzo Rosal.
Los resultados aún no han sido determinados, pero el fraude ya está hecho, señalan Rosal y otros observadores de las cortes. Al parecer, las Altas Cortes estarán controladas por estos bloques que negocian cuotas de poder a través de sus comisionados para proteger sus intereses, tanto legales como ilegales. Una vez las Comisiones de Postulación deciden quiénes son los candidatos, el proceso pasa al Congreso. Los jueces seleccionados por el Congreso ejercerán sus cargos durante cinco años, y las ruedas de la corrupción, el crimen y la impunidad seguirán rodando en este Estado mafioso.