Aunque ya no son las masas de hace una década, aún demasiados colombianos que habitan en los límites entre Colombia y Venezuela se están viendo forzados a huir de sus hogares para escapar de la violencia del viejo conflicto armado y de nuevas mafias criminales.
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Entre 2008 y 2011 se desplazaron en Norte de Santander más de 27.000 personas, y en el primer semestre de este año ya iban casi 1.000 personas que se han tenido que ir de sus hogares de afán en grupos grandes, y muchas decenas más en forma individual.
VerdadAbierta.com conversó con algunas personas en plena huída, constató como el conflicto entre el Estado y las guerrillas sigue forzando a la gente a desplazarse y cuenta qué tiene que ver el narcotráfico en todo esto.
¿Por qué no paró el desplazamiento?
Entre 1998 y 2005, en Norte de Santander, el más poblado departamento al oriente colombiano, pegado a Venezuela, una brutal ofensiva las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se definían como una fuerza ilegal contrainsurgente, invadió pueblos y veredas, asesinó, quemó, aterrorizó, y obligó a 114.000 hombres, mujeres y niños a salir despavoridos para salvar sus vidas. Estos paramilitares querían, sobre todo, arrebatarle a las guerrillas las ganancias de la exportación ilegal de cocaína por la lucrativa ruta venezolana. Este negocio es más atractivo en esa parte del país. Allí, en la selva del Catatumbo, crece frondosa la coca y se recogen seis cosechas y medio al año. Además, como son subsidiados por el gobierno de Venezuela, la gasolina y otros insumos químicos, como el cemento y la acetona, que se usan para extraer la cocaína de la hoja de esa planta, resultan particularmente baratos. En esta frontera porosa de 376 kilómetros, además, son fáciles todos los contrabandos, desde carbón hasta ganado y es sencillo esconder cargas ilícitas y escabullirse cuando el brazo de la ley actúa. Los paramilitares buscaron también suplantar a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC), y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en un territorio a donde habían sido fuertes por más de dos décadas. Y al igual que en el resto del país, eso incluía capturar a los gobiernos locales para conseguir rentas fáciles y robar tierra para montar sus agroindustrias y haciendas ganaderas. Debido a una negociación entre el gobierno nacional y las AUC, éste grupo dejó las armas desde 2004. En noviembre 25, los 1.425 integrantes del Bloque Catatumbo se desmovilizaron oficialmente.
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Los nortesantandereanos creyeron que eso marcaba el fin de su tragedia; que había llegado el tiempo de reconstruir. El gobierno, acatando una enérgica sentencia de la Corte Suprema de Justicia en defensa de la población víctima del conflicto armado también de 2004, comenzó a mejorar sus sistemas de atención y de ayuda a los desplazados. Eran insuficientes, pero en las comunas 6, 7 y 8 al norte y al occidente de Cúcuta, la capital del departamento, a donde habían llegado miles a levantar sus improvisados ranchos, el Estado y las organizaciones civiles, como los sacerdotes católicos Scalabrini y otros voluntarios italianos, alemanes y venezolanos, venían construyendo barrios, ampliando cupos escolares, montando centros de salud. Si la avalancha de desplazados hubiera terminado ahí, seguramente hoy ya habría tranquilidad, pero no fue así.
Pronto mandos medios de las antiguas autodefensas que no dejaron las armas reorganizaron sus bandas criminales al servicio de los negocios ilegales de la frontera que nunca dejaron de fluir. Grupos de otras partes del país llegaron a la lucrativa zona. Para 2007, entre locales y foráneos, ya había en la frontera varios grupos aterrorizando a la gente: Urabeños, Rastrojos, y últimamente, una banda que quiere tener apellido pseudo-político y se hace llamar las Autodefensas de Norte de Santander. Hoy estas bandas están desplazando familias trabajadoras que viven al límite entre los dos países, desde Puerto Santander al norte de Cúcuta, hasta Ragonvalia en el sur. También está desplazando a la población civil al norte del departamento la vieja guerra colombiana, por la cual la fuerza pública intenta sacar a las guerrillas del norte selvático del territorio. En El Tarra, norte de Tibú, San Calixto, Teorama y Ocaña, a cada envión del Ejército, la guerrilla siembra más minas en el campo, y dinamita más estaciones de policía y bases militares, muchas de las cuales están en medio de las casas de la gente. Evitando quedar entre fuegos cruzados, las familias huyen, se mudan de zona, van y vuelven, y pasan hambre y a sus hijos les queda marcado el miedo.
La gente sigue huyendo:
Cuentan que en los peores tiempos, por allá entre 1999 y 2002, cuando la arremetida violenta de los paramilitares de las AUC en el Catatumbo, esa selva entre Colombia y Venezuela al norte del departamento de Norte de Santander, expulsaba diariamente a cinco familias por día de Tibú y a dos de El Tarra, los niños, apostados sobre las pilas de hoja de coca, ponían en la mira imaginaria de sus palos al transeúnte, mientras gritaban el traqueteo de las metralletas.
Una década después, esos paramilitares ya no existen pues dejaron las armas a fines de 2004, pero a esos niños que jugaban a imitar a los guerreros no les mejoró mucho la vida. Menos de la mitad de los que viven en el pueblo El Tarra completan la primaria, y apenas el 14 por ciento terminan el bachillerato. Allí y en Tibú, la mayoría de los jóvenes no saben hacer mucho y tienen poco para hacer. Pueden meterse a raspachines –como se le dice en Colombia al oficio cosechar la hoja de coca – porque hay coca sembrada en más de 3.000 hectáreas; los ejércitos legales e ilegales se los pelean. Faltan las vías, beben agua mala y los esfuerzos oficiales por brindar salud y educación son como remiendos que no alcanzan a cubrir los agujeros de la pobreza.
El nuevo gobierno ha reforzado batallones y bases militares que intentan mantener a raya a la guerrilla que acecha, intentando recuperar el territorio perdido en Catatumbo. En El Tarra abundan los uniformados, hay una estación de policía y una base militar. También hay otra a cuatro minutos en automóvil, en una aldea llamada Motilonia (los colonos de la región llamaron motilones a los indígenas Bari por la forma en que se cortaban el pelo). Desde El Tarra, el ejército intenta con dificultad avanzar selva adentro, pues la guerrilla bloquea rutas, siembra minas, lanza explosivos y protege sus cultivos ilícitos a muerte.
En diciembre de 2011 las FARC lanzaron una granada contra la estación de policía; en enero y febrero de 2012 hubo 13 combates en la zona rural y según actores humanitarios de la región, unas 800 personas salieron de sus casas buscando refugio. Algunos se desplazan por unos días, se refugian incluso en la casa del personero o del alcalde, y después regresan a sus casas.
“Huir es una estrategia de protección de la gente”, dijo una persona que atiende la catástrofe humanitaria en la región. En marzo pasado, en San Pablo, Teorama, otro municipio de Catatumbo, iba entrando la fuerza pública este año y la guerrilla la atacó. Hubo varios muertos y heridos, entre ellos una mujer y un bebé. La población huyó, pero para cuando llegó la ayuda de emergencia, ya la gente había vuelto a sus casas. En esos días de terror, sin embargo, cuando más necesitaron atención médica y sicológica, alimentos y abrigo, no hubo nadie que los auxiliara.
El 14 de mayo, como a las 11 de la mañana, se armó la balacera en Filo El Gringo, otro pueblito de El Tarra. Las FARC tiraron un cilindro explosivo contra el puesto móvil del Ejército que queda enfrente a la escuela primaria. Los militares abrieron fuego y la escuela llena de niños quedó en medio del tiroteo. Por años la escuela había estado vacía, después de que en 2001 las autodefensas sacaran corriendo a las familias de este corregimiento ejemplarmente organizado y bonito, quemando sus casas y amedrentando a todos. La gente progresista de Filo El Gringo comenzó a retornar en 2008, pero ahora la guerra ha vuelto a aterrorizarlos y los niños no quieren volver a estudiar.
El pasado 11 de junio, luego de un ataque a la base militar de Motilonia que destruyó varias casas de la gente, 33 familias salieron corriendo hacia el pueblo. Al poco tiempo todas las familias de esa vereda, unas 86 en total, huyeron “por físico y mero miedo”, como dijo el personero Alexander Collantes al diario local, La Opinión, y se refugiaron en una finca que tiene la Alcaldía pegada al pueblo. Diecinueve niños no quieren volver al colegio, dice un funcionario que los atiende, tienen pesadillas cargadas de olor a pólvora y algunos se orinan en la cama.
La ironía de Motilonia, como dijo un entrevistado con sonrisa agria, es que es casi la única vereda del Catatumbo donde la gente no vive de la coca. Allí las familias aprendieron a cultivar el pescado cachama en estanques. Durante el día la gente ha seguido yendo a ver sus cachamas, pero éstas no reciben el cuidado que requieren y además el zumbido de las balas y estruendo de las explosiones las aturde y no engordan como deberían.
Víctor Ramón Navarro, conocido como Megateo, jefe de frente del Ejército Popular de Liberación, una guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991, sobrevivió la invasión paramilitar y ha construido un poder considerable sobre la base de un narco-emporio y la ejecución de obras públicas y sociales en beneficio de la comunidad. En el territorio bajo su dominio, el número de personas forzadas a desplazarse ha sido constantemente alto en los últimos años.
De Tibú, por decirlo así la capital del Catatumbo, también están huyendo, de a diez personas por mes, según reportó a fin de junio La Opinión. Pero allí no es la guerra la que desarraiga y desplaza, sino son las bandas de criminales que extorsionan y matonean para conseguir dinero rápido de quienes lo han conseguido con años de trabajo. En Tibú un grupo de delincuentes que dice ser de los Rastrojos, el ejército privado creado por un narcotraficante del departamento del Valle al sur del país hacia 2004, es el que extorsiona. La gente no los denuncia porque desconfía, sabe que siempre hay infiltrados en la fuerza pública. De vez en cuando la policía da un golpe, y captura a unos cuantos criminales, pero la fila de jóvenes dispuestos a reemplazarlos es larga, pues hay mucho dinero en juego, y salvo su desdichada vida, tienen poco qué perder.
Dijo un especialista en desarrollo rural que conoce bien la zona, que el narcotráfico se ha ido comiendo al Estado y a las mismas guerrillas como el comején devora la madera en estas tierras tropicales, y cuando hay debilidad en la jefatura, cualquiera hace lo que le dé la gana. Así, cada petardo aparece como hecho terrorista, cuando detrás hay pleitos de negocios por el tráfico ilegal de gasolina, químicos para preparar la cocaína, fertilizantes, lavado de dineros, en los que también están involucrados agentes estatales.
El desplazamiento forzado por el crimen
Puerto Santander, un municipio al norte de la zona metropolitana de Cúcuta es algo así como la puerta de entrada del comercio ilegal a Venezuela. Allí el ambiente es aparentemente tranquilo y las cifras oficiales de desplazamiento son bajitas. No es porque haya paz, como dice un oficial de la policía, más bien es porque allí el dominio de Los Rastrojos es casi absoluto.
Sin embargo, de sus veredas, como hormigas van saliendo personas que se van volviendo incómodas para los hombres armados. Es lo que sucedió con Adolfo y Rosita [los nombres han sido cambiados por razones de seguridad]. Él un modestísimo tejedor de mimbre y fabricante artesanal de zapatos y ella una líder innata que no sabía que lo era, se instalaron en esa aldea y poco a poco fueron haciéndose a un pequeño capital. Primero tenía Adolfo tenía que caminar para vender los zapatos y las sillas por todas esas veredas. Después ya pudo comprar su bicicleta y ahí empezó a rendirle más el dinero y mejoró su rancho. Vinieron los hijos y por una docena de años vivieron tranquilos, prosperando. Los vecinos les propusieron que se metieran a la junta comunal y después, cuando él resultó elegido edil, su mujer entró también a la liderar la comunidad.
“Los paramilitares se desmovilizaron en el 2004, pero ellos dejaron otra gente, como haga de cuenta yo irme y dejar a los hijos que sigan trabajando aquí este tallercito, porque eso fue lo que pasó”, dijo el zapatero a VerdadAbierta.com. (vea el video donde cuenta su historia).
Esa gente que dejó los ‘paras’ puso a uno de los suyos de presidente de la junta de acción comunal, y los vecinos de la vereda no volvieron a las reuniones. Los pistoleros entonces culparon a Rosita de haberlos instigado en contra de ellos. La tensión subió a medida que motociclistas armados venían a preguntar por ella cada vez más seguido. Al final, Adolfo y Rosita salieron y dejaron todo tirado. Se instalaron en otro municipio de Norte de Santander, a empezar de cero. Lograron malvender la casita después de unos meses, y el gobierno le dio a Adolfo el equivalente a unos 700 dólares para que montara su taller. Apenas si le alcanzó para comprarse un calentador que derrite la goma con que le pega la suela a los zapatos y algunos instrumentos básicos. Paga arriendo y se arriesga a viajar a Catatumbo porque por allá puede vender mejor sus zapatos: sus sandalias a 12.000 pesos (US$6.60), botas de jean, a 15.000 pesos (US$8). Si tuviera un cliente fijo, quizás podría salir de la pobreza en que lo dejaron. Pero Adolfo no se queja, al menos no le mataron a ningún hijo.
“El gobierno cree que uno con un millón de pesos (US$555) va a montar empresa, tiene que estar muy de buenas y ganarse la lotería”, dijo Adolfo con pesar. Todas las ferias y capacitaciones que le han dado no le devuelven su taller bien montado, ni la buena vida que habían construido con su esposa y que tuvieron que abandonar. Los muchachos criminales que los forzaron a salir siguen allí en su vereda como si nada.
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En un corregimiento a menos de dos horas de Cúcuta, la capital de Norte de Santander, un departamento de millón y medio de habitantes, la extensa familia de Chepe venía prosperando en paz, hasta que llegó el día de la madre. [Su nombre ha sido cambiado para proteger su identidad.] Él había comenzado con un lote que le dio la reforma agraria hace 39 años, y después con esfuerzo fue comprando lotes vecinos para sus siete hijos. En lugar de estudiar, ellos prefirieron el campo, aprendieron a cultivar el arroz, y entre todos, tomaron créditos y compraron maquinaria, una combinada que sirve para arar y cosechar, y varios tractores. La modesta y amplia casa de los padres servía para los encuentros de la extensa familia que se multiplicó hasta sumar 33 personas, entre ellos, 16 niños.
Las bendiciones, Chepe las supo repartir entre los vecinos. Formaron juntos una cooperativa productora de arroz para sumar fuerzas. Seis mujeres dieron a luz en su carro, que servía de improvisada ambulancia veredal. Quien quisiera tenía siempre un viaje gratis cuando Chepe, salía en su camioneta, y no son pocos los parceleros a quienes este campesino sonriente les prestó sin cobrarles su combinada para darles una mano con sus cultivos. “Son de lo mejor entre la gente de esa región, trabajadores y honrados”, nos dijo a los reporteros de VerdadAbierta.com, un vecino del lugar que alguna vez le hizo un trabajo.
Todavía se les asoman las lágrimas a los ojos, no sabe uno si de rabia o de tristeza, cuando cuentan el día del ataque en mayo pasado. El almuerzo para celebrar el día de la madre ya había pasado, y sólo quedaba parte de la familia y algunos niños en la casa paterna. De pronto sintieron ruidos y empezó la balacera. La señora de Chepe salió corriendo a cerrar la puerta, y cruzándose por entre las balas que perforaban el metal y las paredes, levantó un colchón y se lo arrojó encima a los niños para protegerlos.
Después se escuchó el estallido de la granada. Los niños lloraban bajito, aterrorizados. A los atacantes –dicen ellos que quizás eran como 15, una jovencita incluida– se les debió estrellar la granada contra una reja alta que protegía la casa y se les devolvió y debió herir a algunos, porque después de lanzarla, salieron corriendo y unos iban cojeando. Los hijos que escucharon los tiros y las explosiones desde las casas vecinas corrieron a socorrerlos, pero ya se habían ido los maleantes. Aterrorizados partieron todos, con mujeres, niños, con algunas cobijas y lo que pudieron meter en la camioneta que también había salido averiada por la granada. Esa noche durmieron en la sede de la alcaldía y al día siguiente se instalaron en una escuela, mientras pensaban qué hacer.
El asalto fue sorpresivo pero los perpetradores no. En las semanas anteriores, en tres ocasiones, un par de muchachos en motocicleta y armados, habían venido a advertirles a Chepe y a sus hijos que debían darles cinco millones de pesos mensuales o si no que se atuvieran a las consecuencias. A él le hubiera gustado poder pagar por su tranquilidad, pero no podía. Con los precios del arroz por el piso, apenas si le queda para cumplir sus pagos a los bancos que financian sus cultivos. Hacía unos años ya le había pasado algo similar, y entonces acudió al Gaula (policía especializada en secuestro y extorsión) y cogieron a los bandidos. Ahora da más miedo. Seis familias cercanas de El Zulia tuvieron que huir a Venezuela cuando fueron extorsionadas por la misma banda. Un jovencito de 14 años que intentó proteger a un familiar lo asesinaron.
Es desesperante ver a este campesino exitoso, trabajador, autónomo, pasando penurias con sus hijos y nietos, arrinconados en una escuela hace casi dos meses. Para comer tienen lo que les regala la Alcaldía, mientras su maquinaria agrícola por la que están pagando a crédito está ociosa. La policía les dijo que se devolvieran a su casa, que ya habían capturado al jefe de la banda, pero Chepe intentó regresar y vio pasar de cerca a dos de los motociclistas sospechosos. Al contrario de los jóvenes sinvergüenza que les querían robar el producido de su trabajo, Chepe y sus hijos sí tienen una vida buena qué perder, y por eso no se arriesgan a volver. Sueñan con irse lejos, a donde no tengan que aguzar el oído para adivinar si el ruido de la moto que se acerca significa que han vuelto para matarlos. (ver entrevista con Chepe en video).
“No es coincidencia que saquen a la familia de Chepe de la región, es una manera de mandarle a todos los demás un mensaje de intimidación. ‘¿Si la más prestigiosa y fuerte familia de la vereda la atacaron así, qué nos pasará a nosotros si no pagamos?’, se preguntarán los vecinos”, dijo una funcionaria de Cúcuta con una larga experiencia en la atención a desplazados.
El coronel Álvaro Pico, experto en inteligencia que hoy comanda la Policía de Cúcuta y de su área metropolitana le aseguró a VerdadAbierta.com que ya ha puesto tras las rejas a 180 maleantes de los grupos que sucesivamente han ido apareciendo desde la desmovilización de las AUC. Primero hubo Águilas Negras, después los Rastrojos se hicieron dueños del bajo mundo de las ciudades y cuando éstos fueron golpeados, los Urabeños, otro grupo fundado por un jefe de las AUC que tuvo poder en el golfo de Urabá, en la costa Caribe colombiana, llegaron a ocupar el lugar.
Las utilidades del negocio del tráfico de estupefacientes alcanzan para financiar varias generaciones de jóvenes ambiciosos o confundidos o misérrimos para que sean la carne de cañón del fabuloso negocio. Las 3.490 hectáreas de coca que, calculó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, había en el Catatumbo en 2011 produjeron poco más de 17 toneladas de cocaína pura, que en Colombia tuvieron un precio de mercado de 42 millones de dólares, los que se volvieron unos dos mil millones de dólares en la calles de las ciudades estadounidenses.
La provisión de precursores químicos también deja ganancias gordas. Según los cálculos de la Policía, los Rastrojos le sacaron en 2010 un promedio de 1.000 millones de pesos mensuales – US$unos 580.000 – a la venta de gasolina. La diferencia del precio entre Colombia y Venezuela hace que este insumo común para el procesamiento de la hoja de coca sea otro negocio. Del lado colombiano la gasolina cuesta 16 veces más que del otro lado de la frontera.
Por momentos, las ganancias de la cocaína han mermado. Por ejemplo, en 2006, después del retiro de los paramilitares quienes habían extendido el cultivo de coca hasta cubrir casi 10 mil hectáreas, el área sembrada disminuyó veinte veces, y las ventas quedaron reducidas a menos del 10 por ciento de los años de la bonanza de las AUC. En los siguientes años, para compensar, los cultivadores casi en su totalidad auspiciados por las FARC, consiguieron sacarle más cosechas al año a cada cultivo –en promedio 6,2– y mejorar la eficiencia, según explicó un funcionario del programa gubernamental de erradicación de cultivos a VerdadAbierta.com. Pero para 2009, el área cultivada se volvió a extender y el mercado floreció de nuevo.
Cuando el mercado baja, los pistoleros de las bandas criminales buscan dinero fácil en los barrios; empujan la droga, roban y extorsionan a quiénes ven como presa fácil. Eso está forzando a mucha gente que no puede o no quiere pagar a salir huyendo hacia Venezuela, hacia otros pueblos del mismo departamento o a otros barrios de la misma capital. Con el éxodo de la gente buena, los malos se hacen más fuertes, y el poder los va llevando a abusar más: a sacar a alguien que no quiso entregarles un hijo para su grupo o a otro que vive justo donde quieren abrirle paso a una ruta clandestina de contrabando.
“Después de 2004 sí disminuyó la violencia, pero hacia 2007, empezó otro fenómeno muy claro que tiene que ver con el tema de droga, liderazgo y venta”, dijo a VerdadAbierta.com un educador de la Ciudadela Juan Atalaya, integrada por barrios donde la tercera parte de la población son personas que llegaron huyendo por sus vidas. Es su forma de decir que ahora hay pugnas barriales por el control del micro-tráfico de bazuco y cocaína, un crimen que echó raíces en Cúcuta en los tiempos en que el negocio internacional había decaído.
Las cifras demuestran que Cúcuta, una ciudad luminosa donde se aguanta mejor el calor por la brisa constante, es el gran receptor de los desplazados del departamento, pero también el gran expulsor. La extorsión, la amenaza, el ambiente sórdido que se teje alrededor de los negocios ilegales, empujaron en 2010 a 500 cucuteños a dejar sus hogares, o por lo menos esos son los casos registrados por el gobierno. Ese mismo año llegaron a la ciudad otras 724 personas huyendo de otra parte. Desde 2005 hasta el 31 de marzo de 2011, el gobierno registró 22.669 personas que llegaron desplazadas a la ciudad capital, y cuatro de cada diez de estas eran jóvenes y niños.
El padre Francesco Bortignon de la comunidad misionera de los scalabrinianos lleva doce años sirviendo a estas comunidades de los barrios de Cúcuta y explica que hay desplazamiento local porque ya la gente se siente amenazada con una mala mirada y prefiere irse a arriesgarse; o porque le cobran ‘vacuna’ y no la puede pagar. Y desde hace un año y medio volvieron a llegar a Cúcuta los desplazados provenientes del Catatumbo, de la guerra del Estado contra la guerrilla. En una semana les están llegando de repente la petición de de diez cupos en el colegio de niños que vienen desplazados de otras zonas.
“Los desplazados que recibo cada día son descripciones que dan pena, y le puedo asegurar que el 60 por ciento son lágrimas de miseria”, dice el padre. “¿Cómo puedo estar desplazado desde hace cuatro o cinco meses y un pedazo de papel me dice que me atienden si me enfermo pero soy tan pobre que no tengo ni plata para ir por allá?”
Son varias las entidades que atienden a los desplazados en Norte de Santander. La principal es la antigua Acción Social, que ahora pasó a llamarse Unidad de Víctimas y hace parte de una nueva entidad más grande que se llama Departamento de la Prosperidad Social. El cambio burocrático ha complicado la atención de los desplazados, más cuando en Filo El Gringo, en Motilonia, en Villa del Rosario o en Cúcuta, los que hoy piden ayuda de emergencia ya la habían recibido en años anteriores cuando habían sido desplazados la primera vez. Así por ejemplo, desplazados de El Tarra de enero recién fueron aceptados en el sistema para quedar oficialmente registrados como desplazados en junio. Sin ese registro oficial no tienen acceso a cupos en los colegios, ni dineros de auxilios, ni atención prioritaria en salud.
El gobierno de Juan Manuel Santos anunció a comienzos del año una inversión multimillonaria (el equivalente a unos US$450 millones) en protección social y mejoramiento de servicios para Norte de Santander. Pero la gente en terreno es escéptica.
Según un informe de gestión de la gerencia para la región del Catatumbo durante el período 2004-2011 se invirtieron 175.000 millones de pesos (US$97.000) en atención humanitaria, desarrollo económico, desarrollo social, gobernabilidad, justicia y seguridad y ordenamiento de la propiedad. El gobierno nacional no consultó ni con la comunidad ni con los gobiernos locales, cómo invertir esos dineros. Según una fuente conocedora, los oficiales militares estaban muy molestos porque, sabiendo que la consolidación del territorio dependía de la eficacia de la inversión social, la plata se embolataba en manos de contratistas amigos de políticos locales con el visto bueno de funcionarios nacionales. Varios alcaldes y líderes comunitarios hoy se preguntan dónde quedó ese dinero porque la mayoría de la obras no se ven.
Al Estado, que aún no consigue atender y resarcir a las víctimas de antes como debiera, se le siguen presentando nuevas víctimas o las mismas de antes, vueltas a victimizar. En este rincón de Colombia, además, la tragedia es doble, pues al desplazamiento masivo de la vieja guerra que continúa, se le suma otro desplazamiento forzado igualmente cruel, el de las bandas criminales. Y el aumento de los cultivos de la coca en 2011, el crecimiento del desplazamiento forzado en El Tarra en Catatumbo en 2012 y bandas criminales que rápidamente reemplazan a los que han golpeado las autoridades, son malos augurios de que el éxodo forzado de esta frontera caliente va a continuar por muchos años.
*Vea el reportaje completo de VerdadAbierta.com, con elementos multimedia aquí.