Desde que asumió el cargo en 2010, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, ha librado una guerra revolucionaria desde el interior de una de las instituciones más atribuladas del país. Paz y Paz ha presentado su nombre para un nuevo mandato de cuatro años, que comenzaría en mayo, pero sus enemigos son fuertes y quieren regresar al status quo. La tercera parte de una investigación examina los retos que Paz y Paz enfrenta en su aspiración para un nuevo mandato.

Dado su historial de lucha contra el crimen, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, debe ser una elección obvia para continuar con su trabajo. Además de los arrestos de alto perfil de figuras del crimen organizado, y su trabajo para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia, las tasas de impunidad han caído en un 23 por ciento en los últimos seis meses, según el equipo judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigido por las Naciones Unidas.

Este artículo hace parte de una serie sobre el sistema judicial guatemalteco. Vea la serie completa aquí. Descargue el pdf aquí.

La Fiscalía General, o Ministerio Público (MP) como se le conoce, está aclarando más casos en todos los ámbitos. En 2013, había 6.188 criminales condenados, en comparación con sólo 2.884 en 2008. Además, cada año los jueces han emitido más sentencias por feminicidios desde que se pusieron en marcha los nuevos mecanismos (pdf). La cooperación, tanto a nivel internacional como interinstitucional, se ha incrementado.

Sin embargo, se cree poco probable que Paz y Paz conserve su puesto. Se la critica por no hacer lo suficiente para luchar contra la delincuencia común y la corrupción. El MP sólo logró 12 condenas por corrupción en 2012, y 149 en 2013. También hay quejas sobre sus habilidades administrativas. Por ejemplo, ella dividió a los fiscales entre los que hacen trabajo de investigación estrictamente y los que son abogados litigantes. Los litigantes, sin embargo, recientemente se quejaron con la revista Contrapoder de que no tienen suficiente tiempo para prepararse para los casos, que al decir de algunos se mueven al azar por el sistema.

Untitled-3-01Sin duda, los críticos más enconados son exmilitares, empresarios conservadores y miembros de círculos políticos, quienes dicen que ella ha llevado demasiado lejos su agenda izquierdista de Derechos Humanos. Ellos dicen que el caso contra el general Efraín Ríos Montt en el que el ex dictador militar fue condenado por genocidio antes de que un tribunal superior revocara la decisión 10 días después muestra su fervor partidista. La falta de casos en contra de exguerrilleros, añaden, ilustra su agenda política.

Paz y Paz no contribuyó a su causa para ejercer un nuevo mandato cuando un testigo en el juicio de Ríos Montt insistió en que el presidente Otto Pérez Molina estaba involucrado en masacres, cuando estuvo en el ejército. (Pérez Molina negó con vehemencia las acusaciones, y Paz y Paz dijo a InSight Crime que ella y su equipo estaban sorprendidos por el testimonio.)

Además de los exmilitares, las élites económicas, y las numerosas fuerzas políticas, también hay poderosos grupos empresariales tratando de detener a Paz y Paz. Los problemas de tenencia de la tierra siguen afectando a Guatemala, y algunos proyectos mega-industriales y mineros se han estancado debido a las protestas. Paz y Paz es vista como una aliada de los manifestantes, lo que suma estos grandes intereses empresariales a la larga lista de detractores, quienes están trabajando tras bambalinas para asegurarse de que ella no vuelva a ser fiscal general.

Además, grupos alineados con figuras del crimen organizado están haciendo maniobras para asegurarse de que Paz y Paz no obtenga un segundo mandato en el MP. Su historial muestra claramente que ella poco conoce de límites y cuatro años más de liderazgo podrían ser devastadores para más de una red criminal de gran tamaño.

Quizás el más notable de los oponentes de Paz y Paz, es un hombre que representa a varios de estos intereses especiales, Gustavo Herrera. Hombre de muchas caras, Herrera es un hombre de negocios y donante de campañas electorales con estrechos vínculos con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el partido que fundó y apoyó durante años el exgeneral Ríos Montt.

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Herrera entra en la historia porque es un representante de los grupos de presión. Cuando sus contactos, en altos cargos políticos o en empresas sospechosas, necesitan algo del sistema judicial, es a Herrera a quien llaman. Su capacidad de maniobra en este sistema también lo ha ayudado a navegar por aguas turbias en su propia vida.

Herrera fue acusado de transportar drogas y lavar dinero en 2004, incluso por el presidente Pérez Molina cuando trabajó como comisionado de seguridad para esa administración. Sin embargo, no se presentaron cargos en contra de Herrera. También enfrentó acusaciones por el robo millonario del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), pero logró que un tribunal retirara los cargos en 2009.

¿Un operador político de la (vice) presidenta?

Después de que se desestimara el caso del IGSS y se hubieran acallado los cargos por tráfico de drogas, Herrera reapareció y desde entonces se lo ha conectado con el Partido Patriota del presidente Pérez Molina, concretamente con la vicepresidenta Roxana Baldetti. Prensa Libre, citando a "diputados" y a "sectores de la sociedad civil", dijo que Herrera trabaja por mandato de la vicepresidenta. El medio de comunicación elPeriódico calificó a Herrera como el "narco-operador” de Pérez Molina, señalando sus relaciones con Baldetti. Siglo 21, citando a la directora del Movimiento Pro Justicia, dijo que Herrera trabaja en estrecha colaboración con el Partido Patriota del presidente, el cual dirige la vicepresidenta.

Dos de las principales organizaciones no gubernamentales en la supervisión del sistema judicial, Acción Ciudadana y el Movimiento Pro Justicia, así como numerosos analistas gubernamentales e independientes, también conectan a la presidencia con Herrera. Estos observadores externos dicen que la presidencia utiliza al actual jefe del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, como su intermediario con Herrera.

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La implicación es que la vicepresidenta puede tener sus propios intereses que proteger de una fiscal general agresiva como Paz y Paz. Sin embargo, el presidente rechazó las supuestas conexiones entre Herrera y Baldetti y su oficina.

"El rumor (de que Herrera sea un operador político de la presidencia) que recoge un muy pequeño sector de la prensa y algunos observadores, no tiene fundamento alguno [sic]. No existe la relación que así se pretende establecer a nivel de rumor con el señor Herrera, ni del presidente ni de la vicepresidenta”.

El presidente se distanció aún más de Herrera cuando se le preguntó acerca de las acusaciones por tráfico de drogas que había hecho en su contra en 2004.

"Sostengo lo afirmado en abril del Año 2004", escribió en respuesta a la pregunta específica de InSight Crime sobre este asunto.

El hecho de que el presidente se mantenga firme en la fuerte acusación que hizo anteriormente puede sorprender a aquellos que siguen relacionando a Pérez con Herrera. Contrapoder, que es financiado por un miembro del gabinete de Pérez Molina, describió recientemente a Herrera como "un operador del gobierno", quien se encuentra en el corazón del problema en el proceso de selección del siguiente MP.

“¿Habrá fuerza capaz de impedir que cobre poder en esa comisión Gustavo Herrera, el abogado ligado a operaciones corruptas con el seguro social, con liderazgo en la profesión y considerado, aunque él lo rechaza con vehemencia, un operador del Gobierno?”

Moviéndose en las sombras

La comisión en cuestión es la llamada Comisión de Postulación, establecida por la Constitución de Guatemala para elegir a los candidatos finales a ocupar el cargo de fiscal general. Es una de varias comisiones de postulación establecidas por la constitución. Estas comisiones funcionan como filtros para la selección de algunos de los puestos más importantes del gobierno del país, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones, la Contraloría, y, por supuesto, la Fiscalía General.

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El hecho de que alguien como Herrera se haya convertido en un mediador en este proceso dice tanto sobre el estado de los asuntos políticos en Guatemala como sobre el proceso en sí. Como la mayoría de las cosas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado de Guatemala, el proceso de decisión sobre quién ocupará estos puestos en la comisión está lleno de corrupción y de tejemanejes políticos.

En apariencia, la selección del fiscal general es la democracia en su forma más transparente. Hay una convocatoria abierta para que los guatemaltecos que cumplen con los requisitos básicos para el puesto someten a consideración de la comisión sus hojas de vida, así como otros documentos. La comisión está compuesta por el presidente del Colegio de Abogados, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (quien también la preside), y los decanos de todas las escuelas de derecho del país. Actualmente hay 11 escuelas de derecho acreditadas en Guatemala, y 14 personas componen la Comisión de Postulación para fiscal general.

Todas las comisiones, en foros celebrados en el edificio de la Corte Suprema que son abiertos al público (y que pueden ser vistos por televisión e Internet), evalúan los antecedentes y califican a los candidatos. En el caso del fiscal general, la responsabilidad última de la comisión consiste en utilizar este sistema para seleccionar a los últimos seis candidatos, que luego son transferidos al presidente, quien elige entre ellos.

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Sin embargo, a menudo el proceso es subvertido antes de que llegue al público y a la televisión. Es útil desglosar en capas la forma como sucede este proceso. En la capa superior hay varios grupos de interés especial, entre ellos miembros de la sociedad civil, gobiernos extranjeros, grupos de crimen organizado, exmilitares y empresas privadas. Estos grupos canalizan sus esfuerzos a través de mediadores en los partidos políticos, la Presidencia, el Congreso, bufetes de abogados y grupos no gubernamentales locales. Todos estos buscan influenciar al Colegio de Abogados, las universidades privadas y la institución de educación superior nacional, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes son los que realmente ocupan los puestos en estas comisiones y los que determinan quiénes serán los candidatos finales.

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Como se señaló anteriormente, Herrera trabaja como mediador de los intereses políticos, en concreto para el Partido Patriota, el partido del presidente Pérez Molina, y para el partido de Ríos Montt, el FRG. El FRG ha sido un agente muy eficaz en los últimos años. En un informe de 2009 sobre las comisiones, desarrollado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las Naciones Unidas (pdf), esta comisión determinó que en ese año, el 38 por ciento de los miembros de las comisiones de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones respondían al FRG. Según investigadores del gobierno, Herrera también recurrió al partido cuando necesitaba echar por tierra los cargos de robo millonario al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Tanto el Partido Patriota como el FRG están, como es evidente por sus raíces, estrechamente conectados con el tipo de ex-militares que quieren desesperadamente ver a Paz y Paz por fuera del Ministerio Público (MP).

Herrera también es mediador de intereses criminales, dijeron grupos de vigilancia a InSight Crime. La CICIG señaló que una gran cantidad de los bufetes de abogados, cuyos clientes están relacionados con adopciones anómalas, narcotráfico, corrupción y tráfico de influencias, ejercen un poder considerable sobre las comisiones de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones. Además, las presuntas conexiones de larga data de Herrera con el hampa hacen de él un interlocutor poderoso para estos grupos. 

Como mediador, Herrera centra su atención en dos miembros importantes de la Comisión de Postulación. El primero de ellos es la USAC , en parte porque es donde muchos de estos mundos se cruzan. La USAC es, de lejos, la institución de educación superior más importante del país tan sólo por su tamaño: cuenta con 190.000 estudiantes matriculados. Y muchos potenciales miembros de la comisión y demandantes se conocen y relacionan allí.

En un informe especial de este mes (pdf), la revista Contrapoder señaló que seis miembros de la Comisión de Postulación se graduaron de la USAC.

La universidad también puede influir en los votos de diversos sectores mediante la repartición de puestos. Estos puestos tienen salarios bajos pero generosos paquetes de prestaciones. Según Contrapoder, ocho miembros actuales de la comisión han trabajado en la USAC en algún momento. Incluso otros miembros de la comisión pueden deber su trabajo como decanos de otras facultades de derecho a la USAC. Como ellos controlan los votos en estas comisiones, estas escuelas de derecho han venido brotando como flores durante la primavera. Desde 2004, el número de escuelas de derecho ha pasado de siete a once. Una de estas universidades fue fundada por un congresista en ejercicio.

Las maniobras correctas en la USAC, por lo tanto, pueden conducir al control directo de un voto en la Comisión de Postulación para fiscal general: el decano de la Facultad de Derecho de la USAC. El anterior decano era considerado aliado cercano del FRG, así como del Partido Patriota, ambos aliados cercanos de Herrera y enemigos de Paz y Paz. El actual decano parece ser más independiente. El poder en la USAC también puede resultar en un control indirecto sobre algunos otros votos, a través de los decanos de otras facultades de derecho, o a través del control del propio Colegio de Abogados, en concreto de su presidente y del Tribunal de Honor del colegio.

El segundo nodo crítico en el que Herrera podría ejercer influencia es en el Colegio de Abogados. El funcionamiento interno del colegio es semejante al de un sistema político, dijo la CICIG en su informe de 2009. Hay almuerzos y eventos de campaña para atraer a los candidatos, asegurar a los donantes e influenciar votos para las posiciones relacionadas con el funcionamiento de todo el sistema de justicia, incluyendo el del fiscal general. Para complicar las cosas, están los numerosos bufetes de abogados privados y asociaciones de abogados profesionales, que a menudo trabajan para intereses especiales.

"Es así como algunos abogados, juristas y empresarios se comienzan a manejar dentro del ámbito político como intermediarios entre los intereses de unos en función al trabajo de otros”, escribió la CICIG.

Herrera al parecer tiene relaciones con el presidente del Colegio. Y las altas esferas del Colegio ya han demostrado que están claramente apostadas en el campo anti-Paz y Paz. A principios de abril, el Tribunal de Honor suspendió a la jueza Yassmín Barrios, quien había presidido el juicio contra Ríos Montt, por obligar a un abogado a que asumiera la defensa de Ríos Montt durante el juicio contra el exgeneral. El abogado se quejó ante el Tribunal por lo que consideraba un acto de "humillación", lo que está en contra de la ética del Colegio. El presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, quien también es miembro de la Comisión de Postulación para fiscal general, apoyó la decisión de sancionar a Barrios.

Pero si bien existe un consenso acerca del papel de Herrera como mediador, lo que éste realmente hace para asegurar su influencia no está del todo claro. Mientras que otros mediadores trabajan abiertamente, celebrando actos públicos y asistiendo a almuerzos con políticos y decanos de facultades de derecho en restaurantes de lujo, Herrera trabaja desde las sombras. Cultiva a sus candidatos y contactos en reuniones privadas. Una búsqueda en Google Imágenes no genera fotos publicadas de él, además Herrera no habla con la prensa. Tiene numerosos intereses comerciales, pero a menudo trabaja a través de socios y terceros.

En uno de los pocos casos en los que alguien ha señalado públicamente sus acciones, un grupo de vigilancia no gubernamental local denunció reuniones de Herrera con decanos de facultades de derecho, que incluían la presencia de al menos un representante de la USAC. Manfredo Marroquín del grupo de Acción Ciudadana, dijo que uno de los asistentes a la reunión se mostró sorprendido debido a la presencia de Herrera. Según Marroquín, Herrera dijo que estaba allí representando al gobierno, específicamente a la presidencia. Él era un "prepotente como que quiere ordenar lo que hay que hacer " le comentó Marroquín a InSight Crime.

Al final, Herrera sostiene el garrote y la zanahoria. Por un lado, su trabajo consiste en recriminar y halagar, convencer y amenazar a cualquiera y a todos los que sean necesarios para asegurarse de que sus candidatos obtengan los puestos adecuados. Por el otro lado, tiene que estar listo para repartir favores. Para esto puede recurrir a su banco no oficial: el IGSS. Como señalaron varios observadores de la comisión, Herrera tiene buenas relaciones con el actual jefe del IGSS, Juan de Dios Rodríguez. Su comprensión de cómo saquear a una de las entidades públicas más grandes de la región y su relación personal con el jefe de ésta, es una parte fundamental, aunque en gran medida no contada, de su poder.

Si hace bien su trabajo, los grupos con intereses especiales, sus socios políticos, aquellos que determinan a los comisionados y aquellos en el sistema judicial en sí, estarán en deuda con él. Y cualquiera de estos que necesite influir en decisiones judiciales buscará los consejos y las conexiones de Herrera.

A menudo en Guatemala se trata más de una cuestión de acceso que de justicia. Los intereses especiales que necesitan influir en el sistema no siempre saben cuándo y cómo lo van a necesitar hacer, así que lo que están comprando los mediadores como Herrera es el acceso a quienes controlan el sistema en el momento preciso en que lo necesiten. En ocasiones, es en este acceso en donde radica la diferencia entre un negocio exitoso y uno fracasado; una victoria y una derrota política; estar en la cárcel y ser una persona libre; deshacerse de un fiscal general eficaz o vivir con las consecuencias de que ocupe el cargo durante otros cuatro años.

"Terminar correctamente"

Paz y Paz tiene sus propios aliados poderosos, entre ellos el gobierno de Estados Unidos y miembros de la Unión Europea. El cabildeo está tomando lugar en los más altos niveles, ha conocido InSight Crime, pero los acuerdos secretos entre los comisionados y mediadores como Gustavo Herrera no incluyen a los diplomáticos extranjeros.

La comunidad diplomática se puede reunir con miembros de las comisiones, que tanto la CICIG como el gobierno de Estados Unidos han hecho en el pasado. Sin embargo, los miembros de la Unión Europea se han abstenido, en su mayor parte, de participar en lo que ven como cruzar una línea diplomática hacia la interferencia política. Y Estados Unidos está entre embajadores, algo que puede afectar la eficacia de una estrategia aplicada por la embajada para presionar por un nuevo mandato de Paz y Paz: hay una diferencia entre hacer un llamado a la transparencia por medio de declaraciones públicas, y reunirse personalmente para recordar a los comisionados cuáles son sus responsabilidades.

Manteniendo al mínimo el contacto directo, los gobiernos extranjeros están haciendo la mayor parte de su trabajo al financiar grupos de vigilancia, como Pro Justicia y Acción Ciudadana, quienes mantienen un ojo en el proceso y presionan para que haya mayor "transparencia", en lugar de abogar por un candidato específico. Sin duda, Paz y Paz no es el único candidato sólido. Y su fama internacional y su polarizador período como fiscal general han dejado una "mancha" en ella y en su reputación, un recordatorio de que el proceso se trata tanto de celos profesionales como de diferencias políticas entre los principales fiscales.

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Si todo lo demás permaneciera constante, Paz y Paz debería ganar por sus propios méritos. Y su gran actuación durante sus primeros tres años y medio parecen haberle asegurado por lo menos algo de respaldo hasta de hasta cuatro decanos de facultades de derecho de universidades privadas, entre ellos algunos de los nombres más consolidados en el mundo académico de Guatemala, dicen los observadores de la comisión.

Cuando se le preguntó, el presidente Pérez Molina también afirmó apoyar el trabajo de la fiscal general en el MP. En una respuesta escrita, el presidente dijo a InSight Crime que tenía una relación "positiva" con ella y citó el aumento en el presupuesto para probarlo.

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"Es una relación de coordinación y trabajo conjunto", dijo. "Que queda evidenciada en primer lugar en el gran apoyo presupuestario que mi gobierno le ha dado a la Fiscalía, que desde el año 2012 recibió Q200 millones adicionales (US$25 millones).”

Agregó que la relación de la vicepresidenta con ella era igualmente "positiva".

"La relación de la Fiscal con la vicepresidenta es la misma que tiene con el resto del gobierno", dijo.

Sin embargo, se esconde poco el aislamiento que Paz y Paz siente durante estos días por gran parte del resto del gobierno y por los grupos con intereses especiales. La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad para recortar su mandato por seis meses, seguido por la sanción de Barrios por parte del Colegio de Abogados, han enviado un mensaje claro.

Las fases iniciales de la Comisión de Postulación actual tampoco han ido bien. Paz y Paz recibió 32 de las 79 "tachas", o quejas formales por procedimiento, e incluso quejas criminales, presentadas por grupos de la sociedad civil y de vigilancia. El candidato más próximo recibió siete tachas. Los observadores del proceso admiten que en este momento aún es difícil determinar quién se está confabulando con quién, pero el elevado número de tachas que Paz y Paz ha recibido apunta a una estrategia de descalificación por razones técnicas. La determinación de los seis finalistas por parte de la comisión se espera para el 2 de mayo.

Su enorme número de enemigos y la influencia que estos tienen, han desgastado a Paz y Paz y la han empujado a convertirse en un actor político, más de lo que ella hubiera previsto o querido. Durante su tiempo como fiscal general ha logrado mantener gran parte de su vida privada por fuera de la mirada pública, pero hay cosas que se han deslizado a través de la red. A medida que el proceso de selección del próximo fiscal general avanza, inevitablemente, se darán a conocer sus asuntos más personales.

Por citar sólo un ejemplo pasado, su hijo, que tiene cáncer, tuvo que entrar a una cirugía de emergencia, que coincidió con la inauguración presidencial de Pérez Molina. La situación la obligó a emitir un comunicado en Facebook para explicar su ausencia en la ceremonia, para que así nadie creyera que existía una ruptura entre ella y el nuevo presidente. El recuerdo aún la hace sentir incómoda y éste es el tipo de experiencia que la hace estremecer frente a otros cuatro años bajo el microscopio.

Paz y Paz está, de hecho, notoriamente cansada. Cuando se le preguntó qué la motivaba a seguir, la fiscal general cita los casos que ha llevado adelante. Y aunque todavía se emociona explicando cómo su Oficina ha procesado a criminales que anteriormente eran intocables, tiene que empujársela para que se atribuya el crédito por sus acciones y, en general, no disfruta de las apariciones públicas ni de las conferencias de prensa.

Ella es, dice, una litigante de corazón, una ejecutora de la ley. Pero sabe que ésta es sólo la mitad de los requerimientos de su cargo. La otra parte de su trabajo ser un operador político que puede contener a los adeptos y poderosos enemigos en todos los frentes está acabando con su entusiasmo. Aunque no se ha rendido, se está preparando para el final, y desde ya habla de "terminar correctamente".

Este artículo hace parte de una serie sobre el sistema judicial guatemalteco. Vea la serie completa aquí. Descargue el pdf aquí.