Gustavo Herrera —empresario y agente político en el proceso de selección del próximo fiscal general de Guatemala— puede tener muchas manchas en su historial, pero se las ha ingeniado para mantenerse fuera de la cárcel y ha conservado sus influencias y conexiones políticas.
En 2002, la Fiscalía General, conocida como el Ministerio Público (MP) en Guatemala, dijo que Herrera había planeado una compra fraudulenta de tierras y un acuerdo de construcción de US$50 millones, que involucraba al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que es una de las entidades públicas más grandes de la región y como parte del acuerdo, gastó US$30 millones en terrenos valuados en US$1 millón.
Un notario recibió US$2 millones por falsificar los documentos y una empresa constructora recibió US$4 millones por diseñar planes de vivienda que nunca construiría. El dinero se trasladó a cuentas en el extranjero. El exdirector del IGSS fue encarcelado, junto con tres miembros de la junta directiva del IGSS. Herrera se dio a la fuga y por medio de su abogado negó cualquier participación en el plan. Posteriormente, un juez denegó los cargos pese a las protestas vociferantes por parte del MP.
Herrera luego fue vinculado con el tráfico de drogas. En marzo de 2004, un helicóptero se estrelló al aterrizar en Huehuetenango con 173 kilos de cocaína a bordo. Una investigación posterior publicada por Siglo 21 reveló que el helicóptero pertenecía a Herrera, y la cocaína fue rastreada hasta Otto Herrera (sin parentesco), quien para entonces era uno de los blancos prioritarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en la región.
Los funcionarios guatemaltecos y estadounidenses dijeron que Otto Herrera ayudó a mover la cocaína para el Cartel de Sinaloa a través del istmo centroamericano. Según un informe de elPeriódico, lavó dichas ganancias con la ayuda de personas como Gustavo Herrera, citando a funcionarios del MP y del gobierno.
Entre las personas que inculparon a Gustavo y a Otto Herrera se encontraba el entonces comisionado presidencial para la seguridad y el ahora presidente, Otto Pérez Molina.
“Otto y Gustavo sí tienen relación con el narcotráfico”, fue citado Pérez Molina en el periódico Siglo 21, sobre lo que dijo en ese momento. “Se dedican al transporte, almacenamiento, distribución, y colaboraron con carteles de Colombia, Guatemala y México”.
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La operación de tráfico de drogas de los “Herreras” se vino abajo cuando Otto Herrera fue capturado en Colombia en 2007 y fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. Luego, el caso de Otto Herrera fue cerrado, y no hay más información pública disponible sobre el lugar y lapso de la condena; una buena señal de que está colaborando con las autoridades estadounidenses. Gustavo Herrera continuó prófugo y en el momento negó todos los cargos por tráfico de drogas a través de su abogado. Investigadores del gobierno de Estados Unidos consultados por InSight Crime dijeron que no había cargos por tráfico de drogas contra Herrera en Estados Unidos.
Sin embargo, investigadores guatemaltecos dijeron que todavía había tres investigaciones abiertas en contra de Herrera, aunque no especificaron cuáles. Cuando se le preguntó al Presidente Pérez Molina acerca de las acusaciones por tráfico de drogas que había hecho en contra de Herrera en 2004, el presidente repitió la acusación.
“Sostengo lo afirmado en abril del año 2004”, escribió en respuesta a la pregunta específica del InSight Crime.
Sin lugar a dudas, Herrera —con quien InSight Crime intentó, sin éxito, ponerse en contacto en varias ocasiones— sigue siendo una parte fundamental del hampa de Guatemala, según los investigadores. Específicamente, los investigadores conectan a Herrera con otra poderosa red, encabezada por Hayron Eduardo Borrayo y su esposa, Mirza Silvana Hernández de Borrayo.
Borrayo es desde hace mucho tiempo una figura del hampa, quien ha vendido cocaína a varias organizaciones criminales mexicanas. Durante un tiempo, entre 2009 y 2010, él fue el principal proveedor de Los Zetas. Uno de sus apodos, “Oso,” aparece en varias ocasiones en un libro de contabilidad que fue confiscado por el equipo de Paz y Paz durante su ofensiva contra los Zetas en 2011. (InSight Crime obtuvo de forma independiente una copia del libro de contabilidad).
En enero de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Borrayo y su esposa Myrza formaban parte de una red más grande de lavado de dinero y tráfico de drogas, dirigida por Marllory Dadiana Chacón Rossell, conocida como la “Reina del Sur”. La red de Chacón tenía por lo menos 26 empresas en Guatemala y dos más en Panamá, según el Departamento del Tesoro.
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Para complicar más las cosas, Chacón ha sido vinculada con la vicepresidenta Roxana Baldetti a través de informes de prensa. Concretamente, los periodistas José Rubén Zamora y Ana Arena —en un artículo publicado por elPeriódico y la Fundación MEPI en 2013 (pdf)— dijeron que Chacón había ido a la fiesta de 50 años de Baldetti. La acusación no fue corroborada y el gobierno de Estados Unidos se ha abstenido de hacer esta conexión en sus declaraciones acerca de Chacón.
El gobierno de Guatemala estaba tan furioso que lanzó una campaña para desacreditar a Zamora, y a los numerosos señalamientos de elPeriódico que hacen ver a Baldetti como perversa, corrupta y conectada con el crimen organizado.
El presidente Pérez Molina rechazó la afirmación con vehemencia cuando InSight Crime le preguntó a través de un cuestionario escrito.
“Su pregunta parte de rumores sin fundamento,” dijo en su declaración escrita a InSight Crime sobre las presuntas conexiones entre Baldetti y Chacón. “La vicepresidenta no tiene ninguna relación con el narcotráfico. Ninguna agencia de Estados Unidos encargada del control y combate al tráfico de drogas ha establecido ningún vínculo de la vicepresidenta con el narcotráfico”.
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Sin lugar a dudas, Baldetti se ha convertido en el “pararrayos” de esta administración. Una exreina de belleza que se convirtió en política y empresaria, es ahora líder del gobernante Partido Patriota en Guatemala. En los últimos años, ha llamado la atención el aumento de las ganancias de sus negocios legítimos, a pesar de que no ha sido acusada de ningún delito.
Después de su más reciente declaración a la Contraloría, los periodistas la bombardearon con preguntas acerca de sus empresas y negocios, que admitió, ahora incluyen centros comerciales, condominios y proyectos agroindustriales. Esta información no es pública y, una vez más, el presidente Pérez Molina defendió a la vicepresidenta.
“El patrimonio de la vicepresidenta existe en el marco de actividades legales”, dijo a InSight Crime.
Este artículo hace parte de una serie sobre el sistema judicial de Guatemala. Vea la serie completa aquí. Descargue el pdf aquí.