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Varios ministros del gobierno guatemalteco han presentado su renuncia y miles de ciudadanos han inundado las calles para protestas contra recientes movimientos de las élites por institucionalizar la corrupción, sumergiendo al país en una agitación mayor y mostrando cómo una ola de presión nacional podría decidir el desenlace.

Un reciente testimonio ante el Senado de Estados Unidos revivió las denuncias de que una empresa venezolana en Nicaragua pudo haber lavado dinero de las FARC, el movimiento guerrillero de Colombia que se encuentra en proceso de desmovilización, lo que plantea una vez más la pregunta acerca de si pudo haber complicidad de gobiernos extranjeros en el lavado del dinero sucio de los guerrilleros.

Un capo ecuatoriano preso afirma ser parte del grupo guerrillero desmovilizado de las FARC en Colombia, con el fin de recibir los beneficios judiciales ofrecidos a excombatientes según un acuerdo de paz de 2016. Pero el solo hecho de aparecer en la lista de integrantes de las FARC puede no ser suficiente para demostrar la pertenencia al grupo, lo que suscita preguntas sobre cómo verificar a quiénes debe permitírseles aprovechar el proceso de paz y a quiénes no.