Según el Instituto Nacional de Estadística de México, apenas el 1,8 por ciento de los homicidios registrados en 2012 han dado lugar a una condena; un triste recordatorio de los retos que México enfrenta en la aceleración de su proceso judicial.
Como informa Animal Político, sólo se han logrado condenas en apenas 523 de los 27.500 homicidios registrados en México el año pasado, según estadísticas del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
Las cifras muestran que en dos estados, Hidalgo y Tlaxcala, ningún caso de homicidio del año pasado resultó en una condena.
Las cosas no son mucho mejores en algunas de las regiones de México con mayor criminalidad, incluyendo San Luis Potosí (donde el 99,6 por ciento de los casos de homicidio no han sido resueltos), Sinaloa (99,2 por ciento), Chihuahua (98,3 por ciento), Tamaulipas (97,5 por ciento) y Michoacán (96,8 por ciento).
El estado con la tasa más alta de condenas es el Distrito Federal, pese a que el 81,4 por ciento de los casos allí permanecen sin resolver.
Como señaló Animal Político, los gobiernos locales engañosamente han registrado algunos casos de homicidio como “procesado” –lo que significa que se presentó a un sospechoso ante un juez– a pesar de que en última instancia no se haya logrado una condena. En Hidalgo, por ejemplo, 106 personas fueron reportadas como habiendo sido “procesadas”, aunque ninguno de los casos resultó en condena.
Análisis de InSight Crime
Los desafíos que enfrenta el sistema judicial de México están bien reseñados. No es sólo una cuestión de casos de homicidio estancados –el año pasado, la Procuraduría General de la República informó que sólo el 30 por ciento de las personas detenidas por narcotráfico entre 2007 y 2011 fueron declaradas culpables–. Las Naciones Unidas han dicho que el 90 por ciento de los detenidos durante los primeros cinco años de gobierno del Presidente Felipe Calderón fueron eventualmente liberados.
Mejorar la eficiencia del sistema judicial sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el Presidente Enrique Peña Nieto, al igual que durante el mandato de Calderón, quien supervisó una serie de reformas radicales en 2008. Una de ellas es el número de servidores públicos que todavía necesitan formación en el nuevo sistema acusatorio de México. Estados Unidos está ayudando con esto, pero el proceso está avanzando lentamente.