La Cámara de Diputados del Congreso brasileño votó a favor de una ley que pretende tratar a jóvenes criminales como adultos, una polémica medida que probablemente no impedirá que los grupos criminales sigan reclutando menores.

Tan sólo un día después del rechazo de una propuesta que buscaba bajar la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, el Congreso brasileño aprobó una versión más simple de la misma ley, con 323 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, informó O Globo.

La nueva versión de la ley ya no aplica para casos de tortura, tráfico de drogas y robos, y solamente incluye la comisión de crímenes violentos, informó Estadão.

La ley está siendo sometida a segundas votaciones en la misma cámara. Si pasa, será enviada al Senado para su aprobación.

Los cambios propuestos han provocado un intenso debate en Brasil. Sus defensores —incluyendo a su promotor, el congresista de derecha Laerte Bessa— afirman que con esta figura se terminará la cultura de impunidad que ha favorecido la aparición de jóvenes criminales. Bessa manifestó a The Guardian que él veía esa ley como un primer paso y que espera que en el largo plazo Brasil alcance “una etapa en la que podamos determinar si un niño en el vientre tiene tendencias a ser criminal, y si es así, a la madre no se le permitiría darle a luz”.

Sin embargo, la ley ha sido fuertemente criticada por organizaciones e instituciones que van desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) hasta Amnistía Internacional.

Análisis de Insight Crime

Dejando de lado las posiciones reaccionarias y de línea dura, asumidas por políticos como Bessa, existe cierta lógica en disminuir la edad de responsabilidad penal. Los grupos criminales latinoamericanos se caracterizan por reclutar menores para que trabajen como mensajeros, sicarios e informantes, dado que es poco probable que sufran penas severas si son capturados.

Sin embargo, el impacto negativo de permitir que más jóvenes sean tratados como adultos sobrepasará cualquier otro aspecto positivo. Tal medida sólo hará que se estigmatice más a los jóvenes, quienes ya sufren un alto riesgo de muerte violenta.

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Adicionalmente, el ingreso de niños al sistema penal solamente exacerbaría el hacinamiento en las prisiones, a las que ingresan casi 40.000 nuevos reclusos, según estimaciones del ministro de Justicia de Brasil. Así mismo, la nueva ley expondría a los menores a criminales maduros, llevándolos aún más lejos dentro del mundo criminal e incrementando el riesgo de reincidencia.

Pero sobre todo, es poco probable que la ley disuada a los grupos criminales de utilizar menores. La falta de sentencias más duras no es la única razón por la que dichos grupos reclutan menores —éstos también son vistos como prescindibles, fácilmente desechables y reemplazados con un bajo costo para la organización.