Las pandillas buscan extorsionar a estudiantes y colegios

El cierre temporal de un colegio privado en Honduras puede haber sido motivado por la imposición de lo que los directivos llaman un "impuesto de guerra", esto demuestra cómo la extorsión afecta la vida cotidiana de tantas personas en este país centroamericano.

Instituto Modelo, establecimiento privado en la ciudad de Comayagüela, anunció el cierre de sus instalaciones durante una semana por reparaciones. Pero también se cree que la extorsión obligó a la institución a cerrar sus puertas, informó La Tribuna.

"Este problema de las extorsiones a los centros educativos es viejo, porque esta situación la venimos conociendo desde hace unos ocho a diez años", señaló Carlos Sabillón, presidente de la Asociación de Institutos Privados de Honduras.

Explicó también que hace varios años se reunió con el entonces ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, cuando los extorsionistas estaban atacando los autobuses de los institutos privados. Aunque ese problema se disipó eventualmente, las redes de extorsión comenzaron a llamar a las escuelas exigiendo el pago de lo que llaman un "impuesto de guerra", amplió Sabillón.

El presidente de la asociación mencionó que el gobierno hondureño había implementado un impuesto de seguridadad como una manera de resolver el problema. 

"Entonces lo menos que esperamos es que nos den seguridad", completó Sabillón.

Análisis de InSight Crime

Los países del Triángulo Norte —Honduras, El Salvador y Guatemala— han llenado titulares como escenarios álgidos de la extorsión en Latinoamérica, y la extorsión de las redes criminales a centros educativos y estudiantes no es nueva.

En El Salvador, se dice que la extorsión y las amenazas de las pandillas afectaron al 60 por ciento de las escuelas del país en 2016, lo que generó la deserción de cerca de 39.000 estudiantes menores de edad.  

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Las pandillas callejeras de la región han participado de manera constante en extorsiones debido a los sustanciales ingresos que genera. En 2015, La Prensa informó que las pandillas callejeras de Honduras recolectaban casi US$54 millones con el cobro de un "impuesto de guerra", cuyos objetivos más frecuentes son las pequeñas empresas y los conductores de transporte público.  

El año pasado, las autoridades hondureñas intentaron hacer frente al saldo social y económico que sigue dejando la extorsión en la sociedad. Se realizaron una serie de operativos contra las redes extorsionistas. Por primera vez, uno de esos operativos decomisó activos presuntamente obtenidos de la extorsión.

Será difícil erradicar por completo la extorsión dado su arraigo en la sociedad hondureña. Aun así, la estrategia del gobierno de seguir el dinero podría rendir mejores resultados que la estrategia conocida como "Mano Dura", que pretende abatir las pandillas usando la fuerza bruta.