Colombia, que está sufriendo de un gran aumento de denuncias sobre extorsión, está buscando de casi doblar las penas para los condenados por este crimen.
En un proyecto de ley que será presentado ante el Congreso, el gobierno colombiano tiene previsto casi que duplicar la pena máxima por extorsión, de 18 a 32 años. Así mismo, la pena mínima para aquellos condenados por extorsión podría pasar de 8 a 16 años.
Algunas estimaciones han ubicado el ingreso anual de la extorsión en más de mil millones de dólares. Según la unidad especializada de la policía de lucha contra el secuestro y la extorsión, el GAULA, las pequeñas empresas pagan entre US$250 y US$2.500 mensuales, dependiendo de sus ingresos. Incluso muchos vendedores ambulantes tienen que pagar cuotas de extorsión de hasta un dólar diario para poder trabajar.
Si se aprueba la ley, la condena por extorsión quedaría en el mismo rango que el del asesinato. La condena promedio por asesinato premeditado en Colombia es de alrededor de 25 años.
Análisis de InSight Crime
La extorsión solía ser del dominio exclusivo de los guerrilleros marxistas, quienes tenían como blanco a las grandes empresas nacionales y multinacionales. Hoy en día, aunque los guerrilleros todavía están profundamente involucrados en la extorsión, han sido superados por la nueva generación de grupos narcotraficantes, conocidos como BACRIM (a partir de la descripción del gobierno de estos grupos como “bandas criminales”). El perfil de la víctima también ha cambiado drásticamente. La extorsión a las grandes empresas y multinacionales en realidad se ha reducido, mientras que “la microextorsión” ha experimentado un crecimiento explosivo, siendo ahora la mayoría de las víctimas propietarios de tiendas locales y pequeñas empresas.
En términos generales, los guerrilleros imponen la mayoría de sus demandas de extorsión en las zonas rurales, o los centros urbanos más pequeños, aunque hay indicios de que la guerrilla está tratando de ampliar sus actividades de extorsión a las grandes ciudades. No obstante, en los tres principales centros urbanos de Colombia -Bogotá, la capital, Medellín y Cali- la extorsión es en su mayoría administrada por bandas callejeras locales o las BACRIM.
La introducción de esta legislación es tal vez una reacción instintiva del gobierno, que está luchando contra la percepción general de que la situación de seguridad está empeorando, aún cuando está participando en conversaciones de paz con la insurgencia marxista. Lo que está claro es que la delincuencia, en particular en los centros urbanos, es cada vez mayor, y la extorsión es la principal responsable.