La más reciente crisis política en Venezuela llevó a los manifestantes a las calles

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dio marcha atrás a un reciente fallo mediante el cual anulaba los poderes legislativos de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, una respuesta importante en un país donde las decisiones políticas tienen impactos sustanciales en la dinámica del crimen organizado.

El 31 de marzo, el ejecutivo en Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que revirtiera su fallo del 29 de marzo, mediante el cual se despojaba a la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, de sus atribuciones legislativas, informó RunRun.es. El tribunal admitió la solicitud el 1 de abril.

Los primeros informes parecen indicar que ese reversazo fue solo parcial. Según RunRun.es, el presidente Nicolás Maduro mantiene el derecho de crear empresas mixtas público-privadas sin aprobación de la Asamblea Nacional, además de la facultad de reformar la ley de hidrocarburos del país. Esta información la repitió Associated Press, al observar que el nuevo fallo "aún permitirá a Maduro suscribir proyectos petroleros conjuntos sin aprobación del congreso".

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Los anuncios anteriores del TSJ habían desencadenado críticas nacionales e internacionales contra lo que se percibió como una medida autoritaria del presidente Maduro con el fin de afianzar aún más sus facultades.

La magnitud del reversazo llevó a algunos altos funcionarios del gobierno, entre ellos la fiscal general Luisa Ortega y el ministro de Información Ernesto Villegas, a expresar públicamente su desaprobación, informó el New York Times. Este disenso aumentó la posibilidad de una erosión del poder político de Maduro debido a fracturas en su círculo íntimo, señalaba El País.

Análisis de InSight Crime

La controvertida decisión del TSJ y el posterior retroceso es una nueva evidencia de la confusión que agita el escenario político en Venezuela, en medio de la intensificación de las crisis económica y de seguridad. Pero estas maniobras pueden tener también ramificaciones criminales, debido a la sospecha de que muchas figuras políticas importantes del país están involucradas en el crimen organizado.

En particular, pueden ser significativos los primeros informes que señalan que la reculada del tribunal supremo no tiene relación con los poderes ampliados del ejecutivo en relación con la industria petrolera. La empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) ha estado en el ojo del huracán por la corrupción generalizada; específicamente, el desvío de miles de millones de dólares de la petrolera para el beneficio personal de varios funcionarios. En el caso más fresco, en febrero de 2017, las autoridades venezolanas acusaron al exdirectivo de PdVSA Jesús Osorio con la presunta recepción de coimas en contratos del gobierno por un valor superior a US$76 millones de dólares, según la periodista de investigación Maibort Petit.

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De manera más general, la revelación de los recientes casos pone de relieve la falta de separación de poderes entre las ramas ejecutiva y judicial. La evidente influencia de Maduro sobre el TSJ, (la más alta instancia judicial en Venezuela), es preocupante si se considera los altos índices de impunidad y las fallas del sistema de justicia en el país.

Esto combinado con la posibilidad de que el dominio de Maduro sobre el país pueda estar debilitándose por causa del disenso dentro de su mismo bando político, la falta de un sistema judicial imparcial podría facilitar nuevas nominaciones de sospechosos de delitos en las esferas más altas del gobierno, una tendencia que es casi con plena seguridad un intento de Maduro de rodearse de personas que tengan tanto que perder con un cambio político como el mismo presidente.

Además, Maduro ha fortalecido cada vez más al ejército de Venezuela como una vía para consolidar su poder; por ejemplo, concediendo pleno control a la institución sobre la red de producción y distribución de alimentos en el contexto de la escasez extendida de alimentos. Como lo documentó Associated Press en una investigación en diciembre de 2016, esta decisión llevó a una mayor implicación de los militares en el tráfico de víveres. Se cree que redes de oficiales del ejército, conocidas como el "Cartel de los Soles", controlan una parte sustancial del negocio de estupefacientes en el país.

La vuelta atrás en la decisión del TSJ indica que el gobierno de Maduro puede ser susceptible a una fuerte presión de actores nacionales e internacionales frente a decisiones controvertidas. Pero la experiencia anterior señala que esta es la excepción a la regla. Cuando se le ha cuestionado en el pasado, Maduro por lo general ha optado por mofarse de sus opositores, en lugar de intentar apaciguarlos.