La representante estadounidense Norma Torres presentó una enmienda que busca asegurar los fondos de la lucha contra la corrupción

Los políticos estadounidenses están presionando aún más a los países de Centroamérica para que continúen con sus programas de lucha contra la corrupción, los cuales siguen generando controversias políticas en la región.

Recientemente, los miembros de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos tomaron medidas con las que ratifican su apoyo a las comisiones independientes de lucha contra la corrupción en Guatemala y Honduras.

El 6 de septiembre, varios senadores de Estados Unidos enviaron una carta al Departamento de Estado en la que reiteran su "decidido apoyo" al estado de derecho en Guatemala, luego de que el presidente de la nación centroamericana, Jimmy Morales, intentara destituir a Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En la carta, los senadores recomiendan que los funcionarios del Departamento de Estado consideren recortar la asistencia de Estados Unidos a Guatemala en un 50 por ciento, si el gobierno no está tomando "medidas eficaces" para cooperar con las "comisiones contra la corrupción y la impunidad".

Al día siguiente, los miembros de la Cámara de Representantes aprobaron por votación una enmienda que busca proteger los fondos estadounidenses destinados a la CICIG y a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un organismo similar en el país vecino.

Estas acciones se producen en medio de la conmoción política generada por la decisión del presidente Morales de expulsar a Velásquez. Los fiscales le están pidiendo al Congreso que retire la inmunidad presidencial de Morales, para poder dar vía libre a una investigación sobre supuestas ilegalidades en la financiación de su campaña. El 10 de septiembre, una comisión del Congreso que se encuentra evaluando este asunto emitió un comunicado en el que recomienda seguir adelante con los cargos.

Por otra parte, en Honduras, la MACCIH comenzó recientemente a investigar al expresidente Porfirio Lobo Sosa, tras un juicio en Estados Unidos contra su hijo Fabio Lobo, durante el cual se acusó al exdirigente de aceptar sobornos de la organización criminal Los Cachiros.

Análisis de InSight Crime

El hecho de que las autoridades estadounidenses estén tomando medidas más severas es señal de que su compromiso con las acciones contra la corrupción en Centroamérica puede ser más que meras palabras. En febrero de este año, los miembros del Congreso estadounidense aprobaron una resolución en la que expresaban "la opinión de la Cámara de Representantes" de que "la lucha contra la corrupción [...] debe seguir siendo una prioridad de la política de Estados Unidos en Centroamérica."

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Ahora bien, a pesar de que los organismos internacionales de lucha contra la corrupción van tras las poderosas élites en países socios de Estados Unidos, los funcionarios estadounidenses parecen estar expresando más apoyo que nunca a estas iniciativas. Y las amenazas de recortar las ayudas podrían ser sólo el comienzo.

Como señaló Steven Dudley, codirector de InSight Crime, en una reciente conversación de Facebook Live sobre el tema, las autoridades estadounidenses podrían considerar la posibilidad de imponer sanciones o incluso levantar cargos criminales contra las élites centroamericanas sospechosas de corrupción, si éstas logran interferir en las investigaciones y los procesos judiciales contra la corrupción.