Un reciente informe detalla el amplio alcance de la infiltración que el crimen organizado y los distintos grupos de interés han tenido en la política guatemalteca.

Los partidos políticos guatemaltecos obtienen cerca de la mitad de su financiación mediante la corrupción, incluyendo un 25 por ciento que proviene de las élites económicas y empresariales y otro 25 por ciento de organizaciones criminales, señaló en su último informe (pdf) la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo apoyado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Esta situación es exacerbada por el alto costo de las campañas electorales en Guatemala, así como por una débil regulación en la financiación de las campañas, la falta de medios de comunicación independientes y una impunidad casi total en los casos de corrupción política, señaló la CICIG.

“Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales sin ninguna consecuencia”, afirmó el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, durante la presentación del informe en una rueda de prensa.

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Durante las últimas tres décadas, el crimen organizado —particularmente los grupos dedicados al contrabando y el narcotráfico— ha infiltrado la política de Guatemala a través de violencia y financiación. El informe también señala que las élites económicas y empresariales han financiado secretamente candidatos y partidos políticos para obtener acceso a recursos públicos y satisfacer sus intereses particulares.

Esta mezcla de políticos corruptos, empresarios y crimen organizado en ocasiones termina en la conformación de redes ad hoc para alcanzar estos intereses especiales.

Figuras claves, a las cuales la CICIG ha llamado “recaudadores”, son los responsables de manipular el dinero sucio dentro de estas redes, con el fin de influenciar la política local y nacional. El informe señala que “en cada gobierno puede identificarse recaudadores que posteriormente han tenido una fuerte influencia en el Ejecutivo”.

El costo de realizar campañas políticas es significativamente superior en Guatemala que en los países vecinos, y los candidatos que no se financian de forma corrupta son incapaces de competir con rivales que han recibido financiación, añade el informe.

La CICIG describe la corrupción en el sistema de financiamiento político de Guatemala

Para remediar la situación, la CICIG recomendó lo siguiente:

  • Exigir campañas electorales más cortas y menos costosas
  • Ejercer mayores controles a la financiación privada de las campañas
  • Solicitar que todos los fondos para campañas sean transferidos a través de bancos para una mayor transparencia
  • Endurecer las penas por irregularidades en el financiamiento de las campañas
  • Mejorar la coordinación entre entidades como la autoridad nacional de impuestos y los reguladores bancarios

Análisis de InSight Crime

Si bien la corrupción en la financiación de campañas electorales es un problema en casi todos los países del mundo, el informe presentado por la CICIG es particularmente oportuno dada la serie de escándalos de corrupción que han plagado al país durante el último año y las elecciones generales que tendrán lugar en septiembre.

Si bien las investigaciones apoyadas por la CICIG han atrapado a numerosos miembros de la actual administración, algunos candidatos de oposición también han sido acusados de corrupción. Como lo demuestra el último informe de la CICIG, el dinero sucio y la falta de transparencia han permitido que la corrupción se extienda en la arena política guatemalteca, independientemente del partido en el poder.

Sin embargo, abordar estas fallas sistémicas será un problema para las élites y empresarios que se benefician del status quo, lo cual evidencia por qué los gobiernos de Honduras y El Salvador rechazaron recientemente la posibilidad de crear sus propias versiones de comisiones similares a la CICIG.

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Iván Velásquez Gómez presenta el informe de la CICIG del financiamiento político en Guatemala

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