Los defensores de una paz duradera en Colombia advierten que el acuerdo que se está negociando para poner fin a más de 50 años de conflicto civil entre el gobierno y la guerrilla de las FARC no resolverá todas las fuentes de violencia, y seguramente generará otras en las atribuladas zonas rurales de la nación andina.
Las Naciones Unidas han advertido que el proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puede “generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas”, según informó El Tiempo esta semana.
Un reciente estudio de la Fundación Paz y Reconciliación concluyó que las actuales condiciones sociales y la ausencia de las instituciones del Estado, junto con las actividades ilegales, harán que 281 municipios, en 26 de los 32 departamentos del país, se conviertan en “el territorio perfecto para nuevos fenómenos de violencia”.
El estudio (pdf), titulado “Los retos del posconflicto”, señala que el 25 por ciento de los municipios de Colombia tendrán diferentes grados de vulnerabilidad después del acuerdo. “La idea es que las acciones del Gobierno deben dirigirse, por lo menos los primeros 18 meses, a esos municipios con riesgo extremo”, le dijo a El Colombiano el director de la fundación, León Valencia. El estudio indica que 33 municipios caen en la categoría de riesgo “extremo”.
“Hay muchas actividades ilícitas”, dijo León Valencia, refiriéndose a la minería ilegal, el contrabando y la trata de personas, además del comercio ilegal de drogas. “Es un mensaje claro que dice que no es sólo negociar con estos 20.000 guerrilleros y milicianos o con las bandas criminales. Si no hay alternativas buenas a esas economías ilegales, es prácticamente inviable el posconflicto”.
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Las obstinadas fuerzas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) son una constante preocupación, así como el tráfico de madera y la extorsión.
Análisis de InSight Crime
Una actual investigación de InSight Crime indica que la disminución en el control de las FARC sobre la producción será central en la lucha por el poder luego de un eventual acuerdo de paz. El estudio, titulado “Desmantelando la economía criminal colombiana: hoja de ruta para una paz duradera”, estima que los miembros de las FARC ganan hasta mil millones de dólares al año por el negocio de la coca, aunque no está claro qué parte de este dinero llega a la organización guerrillera.
Las conversaciones de paz se están dando en un momento en que la producción de coca está aumentando en Colombia, donde el cultivo creció aproximadamente el 40 por ciento en 2014, y se cree que en 2015 la producción fue similar o incluso mayor.
Otros procesos de paz en la región sirven como precedentes de la continuación o el empeoramiento de la violencia tras los acuerdos de paz; entre ellos se encuentran el de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la guerra civil en El Salvador.
Antes de su desmovilización, las AUC utilizaron el conflicto para camuflar actividades económicas ilícitas como el tráfico de drogas, el desplazamiento forzado, el secuestro y la extorsión. Tras la desmovilización, los comandantes de las AUC y sus tropas abandonaron el conflicto político, pero muchos continuaron con el lucrativo negocio del tráfico de drogas.
Por otro lado, las presiones sociales y la fallida reforma institucional causaron los altos índices de violencia que se presentaron tras la guerra civil en El Salvador. La desintegración de las familias y las limitadas oportunidades laborales, junto con los cambios en la política de inmigración de Estados Unidos, hicieron que se presentara un auge de las pandillas provenientes de Los Ángeles en la región del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).