Presidente Sánchez Cerén (centro) y vicepresidente Ortiz (tercero de izquierda a derecha) con miembros del gabinete de seguridad

El vicepresidente de El Salvador ha afirmado que las nuevas medidas de seguridad tomadas por el gobierno “derrotarán” a las pandillas callejeras del país en un periodo de 12 meses, una declaración audaz que, como la historia demuestra, es extremadamente optimista.

En una conferencia de prensa el 12 de mayo, el vicepresidente Óscar Ortiz hizo la promesa de que el gobierno podrá “parar y revertir” los crecientes índices de violencia y controlar las pandillas en el país en un año.

"No podemos seguir tolerando que estos grupos se tomen la atribución de decidir la seguridad de la familia", señaló Ortiz. "Hay que sitiarlos, perseguirlos y doblegarlos, y esa es la misión que tenemos en estos doce meses".

Ortiz mencionó el paquete de “medidas extraordinarias” aprobado recientemente como un "buen comienzo" en esta campaña. Las medidas, diseñadas para combatir las poderosas pandillas callejeras o “maras” del país, en especial a la Mara Salvatrucha (MS13) y a Barrio 18, atacan la capacidad de los cabecillas de las pandillas en la cárcel de operar efectivamente desde su reclusión. Adicionalmente, el gobierno ha creado una nueva fuerza de respuesta rápida antipandillas y aprobado reformas legales que reclasifican los crímenes de las pandillas como actos de terrorismo.

En la conferencia de prensa, el ministro de justicia y seguridad Mauricio Ramírez se unió al vicepresidente, para destacar la baja en las tasas de homicidios en meses recientes y lo que según dijo era una caída de 2 por ciento en las tasas globales de criminalidad en el último año, como evidencia de que las iniciativas del gobierno están arrojando resultados.

Análisis InSight Crime

Aparte de un periodo de breve experimentación que se inició en 2012 con una tregua de pandillas que ya no existe, desde comienzos de la década de 2000 El Salvador ha aplicado consistentemente una postura inflexible de seguridad, de “mano dura” para resolver su problema de pandillas, y el actual gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha dejado en claro que pretende mantener esta línea de pensamiento.

Sin embargo, la historia no demuestra que las políticas de “mano dura” tengan éxito, pues las pandillas han aumentado su fuerza y la violencia se ha recrudecido en los periodos en los que se aplicaron. Hasta el momento, la actual administración no ha sido distinta y el periodo de Sánchez en la presidencia ha suscitado más violencia, en vez de menos. El Salvador terminó 2015 como el país más mortífero del Hemisferio Occidental, y en 2016 ha habido un incremento hasta el momento de más del 50 por ciento en el promedio mensual de homicidios. Aunque hubo una baja radical de las muertes violentas en el mes de abril, no hay claridad alguna de que el gobierno pueda atribuirse esta variación.

Las autoridades del gobierno han insinuado que los altos índices de violencia son un costo necesario de la estrategia de seguridad de la administración, y dan a entender que las cosas podrían empeorar antes de que se presente una mejoría. Sin embargo, lo que hasta el momento no se ha hecho es mostrar qué han hecho diferente de las administraciones anteriores que tuvieron ese recrudecimiento de la violencia y nunca pudieron devolver la seguridad a El Salvador después de eso.