Venezuela lanzó su iniciativa de seguridad OLP en julio de 2015

Los expertos dicen que las ejecuciones extrajudiciales han dado un salto alarmante desde que el gobierno lanzó una nueva iniciativa contra el crimen el año pasado, lo que indica que las fuerzas de seguridad podrían estar implicadas en escuadrones de la muerte.

Inti Rodríguez, coordinador de la organización venezolana de derechos humanos PROVEA, dijo a El Nuevo Herald que se han cometido "más de 700 ejecuciones extrajudiciales" desde que comenzó la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), en julio de 2015.

"Estamos hablando de más de 450 de esas ejecuciones en lo que va del año, y 245 el año pasado", explicó Rodríguez, y añadió que las fuerzas de seguridad de la OLP "salen a matar".

Originalmente aprobada como iniciativa de seguridad ciudadana por el gobierno venezolano, el propósito declarado de la OLP es reclamar territorios controlados por bandas criminales y otros grupos armados con el despliegue de unidades de ejército y policía fuertemente armadas en dichas áreas. Sin embargo, desde su lanzamiento la iniciativa se ha visto opacada por temores por los derechos humanos.

Las 245 muertes vinculadas a los operativos de las OLP, documentadas por PROVEA en 2015 representan un incremento de 150 por ciento sobre el número promedio de muertes a manos de fuerzas de seguridad venezolanas en los últimos 25 años, según informes de Efecto Cocuyo. (Vea abajo la gráfica de InSight Crime que muestra la distribución geográfica de las operaciones OLP.)

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Según Javier Ignacio Mayorca, colaborador de InSight Crime y experto en crimen, de Venezuela, la policía ha recibido “manga ancha” o carta blanca para los redadas en la OLP. "Cada vez que lanzan una OLP, eso son 15 o 16 muertos en supuestos enfrentamientos", señaló Mayorca a El Nuevo Herald.

Mayorca compara el fenómeno con casos anteriores de "limpieza social" en Colombia por parte de "grupos de exterminio".

"En esos presuntos enfrentamientos, rara vez sale un funcionario de policía con un rasguño”, observó.

Haciendo eco a esas declaraciones, Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, declaró a El Nuevo Herald que los operativos conocidos como OLP han servido para "institucionalizar" las ejecuciones extrajudiciales entre las fuerzas de seguridad venezolanas, lo que ha dado lugar a homicidios de sospechosos de crímenes y residentes de sectores pobres.

En lugar de ser remedio para la violencia y el delito, Ponce señaló que las OLP "lo que han hecho es traer más violencia".

Análisis de InSight Crime

La inseguridad ciudadana en Venezuela se ha ido deteriorando sin parar con el aumento de las revueltas políticas y económicas en el país. Y los críticos señalan que la iniciativa OLP no ha logrado sus objetivos, y en lugar de eso ha generado varios abusos contra los derechos humanos.

Por ejemplo, los comentarios de Inti Rodríguez siguen a la divulgación en abril de un informe publicado por Human Rights Watch y PROVEA, con el título "Unchecked Power: Police and Military Raids in Low-Income and Immigrant Communities in Venezuela", que documentó 20 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad en redadas de la OLP en 2015. Los testimonios de testigos indican que varias de esas muertes se registraron falsamente como casos de muerte de criminales armados en medio de "enfrentamientos" con la policía.

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Sin embargo, es difícil desentrañar los motivos del gobierno para esas acciones de seguridad de mano dura. Por ejemplo, un reciente informe de la organización venezolana de noticias RunRun.es documentó la implicación de grupos armados progobierno, conocidos como colectivos en los operativos de la OLP, que indica que el gobierno puede estar usando las redadas contra el crimen como pretexto para sofocar la protesta y silenciar a una oposición que cada vez se moviliza más.

Existe, sin embargo, una explicación alternativa, aunque no excluye la anterior. Los grupos criminales atacan cada vez más al personal de seguridad venezolano para robar sus armas y como respuesta a la mayor presión de seguridad. Dado el sobrecargado sistema judicial venezolano, a las fuerzas de seguridad que buscan venganza simplemente puede parecerles más eficiente administrar justicia por su cuenta.