El Salvador tiene en la mira a las pandillas en las prisiones

El Salvador ha extendido a un año el estado de emergencia en siete prisiones, mediante el cual los internos están sujetos a mayores restricciones de seguridad como una medida del gobierno para desmontar el uso de las cárceles como centros de operación de las pandillas. 

El vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz anunció la decisión el 17 de mayo, en la apertura de una nueva cárcel provisional para reclusos de bajo riesgo, informó El Mundo. Como parte de las medidas, los reclusos en los siete centros de reclusión designados permanecerán confinados en sus celdas y no se les autorizarán visitas.

"Tenemos siete centros penales restringidos de visitas, de actividad ambulatoria, así como también hemos cortado todas las comunicaciones internas", dijo Ortiz. "Vamos a seguir así por un año completo… No podemos facilitarle condiciones para que sigan haciendo acciones criminales".

El 29 de marzo, el primer estado de emergencia declarado por 15 días para los siete centros penitenciarios, se extendió varias veces, hasta el 16 de mayo, cuando se lo prolongó por 30 días.

Adicionalmente, el ministro de seguridad de El Salvador Mauricio Ramírez Landaverde anunció una meta del gobierno de reducir en 50 por ciento el hacinamiento en las cárceles. Para lograrlo, se reubicará a 10.000 internos de bajo riesgo en centros de detención provisionales, mientras que otros 5.000 saldrán en libertad condicional o provisional, señaló El Mundo.

El sistema carcelario de El Salvador opera actualmente a más del 300 por ciento de su capacidad, con más de 30.000 presos en 19 instalaciones.

Análisis de InSight Crime

Las prisiones de El Salvador son centros importantes para la actividad pandillera, lo que permite a los miembros reclutar, coordinar y continuar participando en conductas delictivas. Por esta razón, el interés de las autoridades salvadoreñas en el sistema carcelario —parte de una serie de medidas de seguridad “extraordinarias” implementadas recientemente— refleja un intento por atacar lo que se percibe como el núcleo de las operaciones de las pandillas.

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Las medidas de fuerza en las prisiones, sin embargo, no solo apuntan a desmantelar las estructuras criminales que operan en las cárceles, sino también sus redes de facilitadores. 

Esto lo ilustra las acusaciones recientes de que 15 agentes de policía de la subdelegación de Mejicanos pasaban teléfonos celulares y estupefacientes en forma clandestina a pandilleros de Barrio 18 recluidos. Al parecer varios agentes, de los cuales 11 han sido arrestados, también entregaban información sobre redadas próximas y destruían los expedientes policiales de los pandilleros.

El descubrimiento de esas redes de corrupción muestra el control y la infiltración que han logrado los pandilleros en el sistema penitenciario de El Salvador, algo que las autoridades luchan por desmantelar.