Más de 450 agencias de seguridad privada de El Salvador operan ilegalmente

La policía de El Salvador dice que un tecnicismo legal le impide responsabilizar a las agencias privadas de seguridad por los delitos que cometen, lo que demuestra la dificultad que existe para ejercer una adecuada supervisión sobre los organismos de seguridad privada en Latinoamérica.

Más de 450 agencias de seguridad privada de El Salvador operan ilegalmente y no han renovado los documentos que les permiten continuar en funcionamiento, informó La Prensa Gráfica.

Sin embargo, un tecnicismo de la Ley de Servicios de Seguridad Privada impide que la policía nacional de El Salvador ejerza su papel como organismo encargado de supervisar a las empresas de seguridad privada.

La Prensa Gráfica señala que, según la ley salvadoreña, las agencias privadas de seguridad pueden ser sancionadas con multas que van desde dos a 10 salarios mínimos por delitos menores y de 11 a 60 salarios mínimos por delitos graves. Pero la ley no especifica si los salarios mínimos se refieren al sector comercio, servicio o industria.

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Las autoridades dicen que, debido a esta discrepancia, ninguna agencia de seguridad privada ha sido sancionada hasta la fecha.

La policía sancionó recientemente a una agencia de seguridad privada por no reportar las armas robadas o perdidas y por no mantener registros de trabajo, entre otras cosas. Sin embargo, la empresa apeló el caso, alegando que la multa era ilegal porque había violado los "principios de seguridad jurídica" debido a la "inexistencia del Reglamento General" de la Ley de Servicios de Seguridad Privada. Posteriormente, según La Prensa Gráfica, un juez dictaminó en favor de la empresa.

El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, ha pedido desde entonces que se hagan reformas a la Ley de Servicios de Seguridad Privada.

Análisis de InSight Crime

La incapacidad de la policía salvadoreña para regular a las empresas de seguridad privada quizá no sea sorprendente, dadas las dificultades que ha enfrentado la institución para hacer que sus propios oficiales den cuenta de una serie de graves abusos, como detenciones ilegales, torturas y asesinatos extrajudiciales. Sin embargo, dicha incapacidad es particularmente preocupante dados los recientes llamados de funcionarios como Meléndez para que los servicios de seguridad privados le ayuden a la policía a controlar la situación de seguridad nacional, que empeora cada vez más.

Las agencias de seguridad privada no reguladas —a las que sólo les interesa proteger los intereses privados de quienes les pagan— han sido una fuente de violencia en otras partes de la región, lo que sugiere que su mayor participación en las funciones de seguridad pública en El Salvador puede agravar la situación de seguridad, en lugar de ayudar a mejorarla.

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De hecho, por ejemplo, las agencias de seguridad privada de Guatemala han sido acusadas de todo tipo de abusos, desde realizar ejecuciones extrajudiciales y comprar armas de fuego de contrabando, hasta proporcionar armas y municiones a presuntos pandilleros. También se ha identificado a las empresas de seguridad privada en Río de Janeiro como una fuente clave de armas para los criminales de la ciudad.