El presidente venezolano Nicolás Maduro ha nombrado como nuevo ministro del Interior para su país a un hombre acusado de narcotráfico por las autoridades estadounidenses, una medida que politiza aún más los casos por narcóticos que Estados Unidos ha interpuesto contra oficiales venezolanos.
En su programa de televisión presidencial semanal el 2 de agosto, Maduro anunció el nombramiento del exdirector del organismo antinarcóticos de Venezuela, Néstor Reverol, como ministro del interior. El anuncio se da justo un día después de que los fiscales federales de Estados Unidos develaran un pliego de cargos donde se acusa a Reverol y a su exnúmero dos en el organismo antinarcóticos de usar sus cargos para facilitar el tráfico internacional de cocaína.
Reverol ya antes había negado las denuncias de Estados Unidos, citando su servicio en las fuerzas de seguridad
“¿Cómo voy a ser narcotraficante si tengo 30 años luchando contra el narcotráfico y buscando capos?”, le replicó a un periodista a comienzos de este años.
Maduro alegó que los logros de Reverol en la lucha contra el narcotráfico lo habían convertido en objetivo de Estados Unidos. “Por eso es que los narcotraficantes que dirigen la política en Estados Unidos quieren hacerle pagar”, afirmó el mandatario.
“Le ofrezco toda mi solidaridad, todo mi apoyo personal como jefe del ejecutivo, como cabeza de estado”, dijo Maduro de Reverol, al describir los cargos en su contra como un ataque del “imperio norteamericano”.
Análisis de InSight Crime
La designación de Reverol como ministro del Interior hecha por Maduro es quizás la señal más contundente de que el presidente busca tratar las acusaciones por drogas de Estados Unidos contra oficiales venezolanos como un problema político y no como un asunto de orden público. El mandatario ya se había movilizado anteriormente para proteger a otros funcionarios acusados de narcotráfico por Estados Unidos y ha insinuado que dichas acusaciones hacen parte de una campaña adelantada por Estados Unidos para perjudicar a su gobierno; una acusación que niega el gobierno de Estados Unidos.
La politización del problema podría dificultar aún más la posibilidad de que las autoridades estadounidenses lleven a buen término cualquier proceso judicial contra funcionarios venezolanos sospechosos de tráfico de drogas. Los fiscales estadounidenses levantaron la reserva sobre el pliego de cargos contra Reverol y su colega en un momento en que Maduro enfrenta un agravamiento de la crisis económica y una caída en su popularidad, lo que da fuerza a la iniciativa de derogatoria de su mandato liderada por la oposición. Este momento podría dar credibilidad a las declaraciones de Maduro de que las acusaciones están motivadas por el deseo de Estados Unidos de expulsar del poder su gobierno de izquierda.
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Mientras Maduro se mantenga en el poder, es muy improbable que su gobierno coopere con Estados Unidos en investigaciones o procesos judiciales a funcionarios acusados de narcotráfico. En lugar de presionar a la administración de Maduro para que coopere con las autoridades estadounidenses, acciones como el levantamiento de la reserva de la acusación de Reverol parece más susceptible de generar una reacción del gobierno venezolano. Esto puede ser preocupante para los agentes antinarcóticos estadounidenses, pues se cree que Venezuela es un país de trasbordo importante para la cocaína producida en la vecina Colombia.