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Cocalero en Antioquia, Colombia

Un nuevo informe cuantifica el avance del programa de sustitución de cultivos de coca en Colombia en medio del acuerdo de paz y demanda indulgencia y apoyo de Estados Unidos pese a un comienzo inestable y al cierre de la oportunidad.

Más de 115.000 familias han sido incluidas en acuerdos firmados entre las comunidades y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) de Colombia, según un informe presentado el 19 de octubre por la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Lanzado en enero de 2017, este programa busca ayudar a los cultivadores a erradicar sus cultivos de coca en forma voluntaria a cambio de subsidios y apoyo gubernamental para cambiar a cultivos legales. La medida, un pilar del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la estrategia nacional antinarcóticos, se propone la erradicación voluntaria de 50.000 hectáreas de coca este año.

De las 115.000 familias incluidas en los acuerdos colectivos, casi 25.000 familias ya dieron el siguiente paso con la firma de acuerdos individuales con el PNIS para recibir subsidios a cambio de la destrucción de sus cultivos. Más de 6.000 han recibido la certificación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) que verifica el número de hectáreas por familia, y si se plantaron arbustos antes del acuerdo. Otras 5.000 familias están en proceso de verificación, dice el informe de la FIP.

El índice de erradicación voluntaria exitosa está apenas por debajo del 95 por ciento, y se han destruido 2.350 hectáreas desde que el PNIS comenzó a hacer los pagos a las familias, en mayo. La FIP estima que el programa debe permitir la destrucción de un total de más de 10.000 hectáreas para finales del año —cerca del 20 por ciento de la meta oficial fijada en 50.000 hectáreas.

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El informe muestra la complejidad de la implementación del programa debido a los limitados recursos del PNIS; el difícil acceso a las zonas rurales carentes de seguridad; la ausencia histórica de presencia estatal en estas áreas abandonadas, que alimenta el recelo de las comunidades locales, y la ausencia de una estrategia integral eficiente de desarrollo rural.

El documento también es enérgico en sus recomendaciones a los gobiernos colombiano y estadounidense. Haciendo hincapié en "la ventana de oportunidad" para la acción "abierta por el desarme de las FARC", el informe advierte que: "Esta ventana se está cerrando rápidamente. Los grupos armados organizados, incluyendo a los disidentes de las FARC, el ELN, organizaciones criminales como el "Clan del Golfo" [los Urabeños] … están avanzando rápidamente en la ocupación de las regiones".

También suplica paciencia y una perspectiva más comprensiva de parte de Estados Unidos. Con la petición de mayor apoyo estadounidense en los ámbitos de la creación de instituciones y desarrollo rural, el informe también subraya que la presión excesiva de Estados sobre Colombia puede terminar siendo contraproducente.

Análisis de InSight Crime

El análisis que hace la FIP sobre el programa de sustitución voluntaria de cultivos en Colombia aparece en un momento que en Estados Unidos ha expresado su insatisfacción con la estrategia de su aliado andino en lo referente a la coca.

El mes pasado, el presidente Donald Trump amenazó con descertificar a Colombia por el incumplimiento sus obligaciones antinarcóticos, mientras que una reciente sesión del congreso en Washington, DC, reveló el alcance del escepticismo de ciertos altos funcionarios estadounidenses frente a la estrategia de reducción de coca en Colombia.

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A primera vista, el cálculo de la FIP de que Colombia solo alcanzará el 20 por ciento de su meta de erradicación voluntaria confirma las críticas de Estados Unidos, pero la meta de erradicación fue considerada poco realista por muchos desde el inicio.

Además, un retorno a la fumigación aérea de los cambios de coca usando un insecticida tóxico, que en años anteriores permitió a Colombia erradicar grandes cantidades, parece improbable en este momento. Un total potencial de 10.000 hectáreas erradicadas voluntariamente, combinado con iniciativas de erradicación forzosa que buscan destruir 50.000 hectáreas este año, sería realmente una cantidad muy decente en comparación con las cifras de erradicación manual de los tres últimos años.

En lugar de demandar una estrategia diferente, el estimativo del informe es un argumento para incrementar los esfuerzos en el programa. Como la FIP recalca, aun cuando el PNIS carece de los recursos para aprovechar al máximo la estrategia de sustitución voluntaria de cultivos, la ventana de oportunidad para que el gobierno afiance laxos duraderos con las comunidades cocaleras se está cerrando, en el marco del desplazamiento incesante de grupos criminales hacia los territorios abandonados por las FARC.