Ocho ex altos mandos de la policía hondureña están siendo investigados por presunto enriquecimiento ilícito, planteando el dilema de cómo reformar una institución donde abunda la corrupción en los más altos niveles.
Los contralores del gobierno de Honduras (Tribunal Superior de Cuentas) e investigadores de asuntos internos de la policía (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) están investigando por irregularidades financieras a dos ex directores de la policía y seis comisionados generales retirados.
La investigación ha revelado que los sospechosos tienen unos US$3.700.000 (74,5 millones de lempiras) en activos que no han podido justificar, informó La Prensa. Los informes de las investigaciones mostraron inconsistencias entre los bancos, empresas y propiedades de los oficiales y sus ingresos declarados, lo que sugiere que los fondos que invirtieron “pudiera derivar en el delito de enriquecimiento ilícito”.
Los dos ex jefes fueron retirados de sus cargos como consecuencia de escándalos policiales. José Luis Muñoz Licona se retiró en octubre de 2011, tras las acusaciones de que la policía asesinó a dos estudiantes universitarios; y su sucesor, Ricardo Ramírez del Cid, fue reemplazado en mayo de 2012 tras acusaciones que lo vinculan al homicidio de un periodista.
Análisis de InSight Crime
Los intentos de reforma de la policía hondureña llevaron a la realización de una serie de pruebas de confianza –incluyendo detectores de mentiras, evaluaciones psicológicas y pruebas de control de drogas– durante el año pasado. No obstante, el proceso de reforma ha sido lento, mientras que las estadísticas contradictorias no dejan claro el verdadero nivel de progreso.
En mayo, los altos mandos también fueron sometidos a pruebas de confianza, así como a la verificación de antecedentes, lo que reconoce, al igual que la presente investigación, que el cambio de la fuerza necesitará de una purga desde el liderazgo corrupto, hasta los oficiales rasos.
La cúpula actual de la policía está demostrando ser tan polémica como los ex directores que están siendo investigados. Juan Carlos Bonilla, actual director de la policía, ha sido acusado constantemente de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales y Estados Unidos se ha negado oficialmente a enviar ayuda financiera a las unidades bajo su control debido a estas acusaciones, aunque en realidad el dinero sigue fluyendo.