Las autoridades de Guatemala han acusado al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, quienes se encuentran en la cárcel, de un nuevo esquema de ilegalidad, lo cual da cuenta de la profundidad de la corrupción política en la anterior administración presidencial del país.
En un comunicado de prensa del 2 de junio, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por las Naciones Unidas, y el fiscal general de Guatemala anunciaron los cargos relacionados con una enorme red de financiamiento ilegal de campañas. Más de dos docenas de sospechosos han sido arrestados, y se han emitido varias órdenes de captura a nivel internacional en relación con el caso.
Según una investigación que contó con apoyo internacional, Pérez Molina comenzó el esquema de financiamiento ilícito de campaña después de perder las elecciones presidenciales de 2007. Desde 2008 hasta las elecciones de 2011, Pérez Molina y la que pronto sería su vicepresidenta, Roxana Baldetti, supuestamente crearon una red de empresas dirigidas por testaferros que lavaban los pagos ilícitos que le hacían empresas e individuos a la campaña.
Según la investigación, después de que Pérez Molina y Baldetti ganaron las elecciones de 2011, quienes proporcionaron los fondos de campaña ilícitos fueron recompensados con favores de las entidades gubernamentales. La investigación relacionó al menos 450 contratos estatales con la estructura criminal y descubrió que el financiamiento ilegal de las campañas ascendió a por lo menos 500 millones de quetzales, unos US$ 65,5 millones.
Las autoridades guatemaltecas ya han vinculado a Pérez Molina y Baldetti a otros dos grandes esquemas de corrupción. En uno de estos complots, conocido como “La Línea”, participaron empresas que les pagaron sobornos a funcionarios de aduanas a cambio de que éstos les ayudaran a evadir impuestos de importación. El otro escándalo tiene que ver con acusaciones de que Pérez Molina recibió sobornos de una empresa española a cambio de lograr que el contrato de desarrollo de un importante puerto le fuera asignado a esa compañía.
Análisis de InSight Crime
Además de Pérez Molina y Baldetti, en la red de financiación ilegal de campaña participaron varias personas cuyos nombres han surgido en relación con las otras investigaciones sobre corrupción mencionadas anteriormente. Las nuevas denuncias contra el expresidente y la exvicepresidenta sugieren que no sólo estaban involucrados personalmente en las actividades de corrupción, sino que además, en palabras de la CICIG, dirigieron una “estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala”.
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Las acciones de lucha contra la corrupción emprendidas por la CICIG y el Ministerio Público han llevado a Pérez Molina y a Baldetti a la cárcel, y al parecer sus redes criminales han sido desmanteladas en gran parte. Pero si bien la investigación y enjuiciamiento de los sospechosos vinculados a la corrupción política durante la anterior administración presidencial indican que se han hecho avances, sin duda Guatemala enfrentará muchos desafíos más, incluyendo las limitaciones financieras y la corrupción judicial, a medida que el país continúa su lucha contra la corrupción.