Douglas Meléndez (centro), fiscal general de El Salvador

Según algunos informes, a causa de la falta de recursos, la Fiscalía General de El Salvador se ha visto obligada a posponer diariamente 15 audiencias relacionadas con crímenes de drogas, lo que pone de manifiesto que las instituciones con pocos recursos impiden los intentos por detener la delincuencia y la impunidad en Latinoamérica.

Según La Prensa Gráfica, solo hay 10 autos disponibles para los 16 fiscales asignados a la unidad de lucha contra el narcotráfico adscrita a la Fiscalía General. La mitad de esos autos no funcionan o están siendo reparados, lo que, según las autoridades, se debe a la falta de recursos. Algunos talleres mecánicos se han negado a reparar los vehículos oficiales debido a que existen deudas pendientes, mientras que otros se demoran hasta tres meses para reparar los autos porque la fiscalía no paga el servicio completo por adelantado.

La falta de medios de transporte y de fiscales provocó que la entidad suspendiera o aplazara cada día un promedio de 15 audiencias relacionadas con crímenes de drogas, informó La Prensa Gráfica. Un 40 por ciento de los juicios en el Tribunal de Primera Instancia de Santa Tecla, situado a pocos kilómetros de la capital, San Salvador, han tenido que ser reprogramados. La cantidad de tiempo que los sospechosos permanecen en detención preventiva suele extenderse porque no llega ningún fiscal para las audiencias.

"Otra vez no vino el fiscal y ya estábamos deseando que saliera [de la cárcel]", dijo la madre de un recluso que está detenido por posesión de marihuana.

Análisis de InSight Crime

Las discusiones sobre la debilidad de las instituciones en Latinoamérica suelen girar en torno a la corrupción. Sin embargo, las instituciones con pocos recursos suelen jugar un papel igual de importante para el desarrollo del crimen. De hecho, el presidente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una reputada organización que ha investigado a numerosos altos funcionarios por corrupción, ha dicho que la única forma de bajar las tasas de impunidad es proveer más recursos para los fiscales locales.

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En México, el recorte a los fondos de una unidad contra el lavado de dinero adscrita a la Procuraduría General de la República dio como resultado una disminución en el número de investigaciones sobre este tipo de delitos. Esto se ha dado a pesar de que en México se lavan cada año unos US$10 mil millones de dineros ilícitos.

El informe de La Prensa Gráfica ilustra cómo la falta de recursos ha agravado problemas que son particularmente agudos en El Salvador, como el hacinamiento en las cárceles y las bajas tasas de resolución de los casos criminales. Las cárceles del país están operando a una capacidad tres veces por encima de su capacidad máxima —la segunda tasa de ocupación más alta en toda América Latina—. Sin embargo, sólo uno de cada diez casos de asesinato fue enjuiciado en el año 2015, lo cual ha creado un sistema en el que hay abundantes castigos pero muy poca justicia.