El grupo brasileño Odebrecht está en el centro de un escándalo de corrupción de enormes proporciones y alcance global.

Las revelaciones de que el gigante brasileño de la construcción Odebrecht financió a las FARC en Colombia profundizan la urdimbre de un escándalo internacional de corrupción, y plantea preguntas sobre el manejo que darán las autoridades colombianas al tema de las finanzas criminales en el inminente futuro.

Los altos directivos de Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, han admitido que durante veinte años la firma financió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según una noticia divulgada el 4 de marzo por la revista Veja.

Dos ejecutivos declararon presuntamente al fiscal general de Brasil que la empresa pagó entre US$50.000 y US$100.000 mensuales al grupo guerrillero para tener "permisos" de realizar obras en zonas controladas por ellos,  informó AFP. Los pagos aparecieron en los libros de la firma como "costo operativo" o "tributo territorial".

Al parecer, este esquema se deriva de un acuerdo pactado con la guerrilla en la década de 1990 por un grupo de intermediarios de Estados Unidos, a quienes se había solicitado negociar la liberación de dos ejecutivos de Odebrecht secuestrados por las FARC.

Entre los proyectos de construcción que esto habría facilitado están "la Ruta del Sol", carretera que conecta el centro de Colombia con la costa Caribe.

El 5 de marzo, Odebrecht rechazó las declaraciones al caracterizarlas de "especulación" en un comunicado enviado a la AFP. Las FARC, que están desmovilizándose en el marco de un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, también las negaron.

"La misma empresa ha aclarado que nada de eso se ha presentado y la insurgencia nunca tuvo conocimiento de eso", declaró el comandante de las FARC Félix Antonio Muñoz, alias "Pastor Alape", en una conferencia de prensa el 6 de marzo, informó EFE.

Odebrecht está en el ojo del huracán de uno de los escándalos de corrupción de mayor magnitud de la historia latinoamericana, que comenzó como parte de las investigaciones "Operación Lava Jato" en Brasil. Esto ha develado esquemas de sobornos y coimas en gobiernos de toda la región, y la más reciente campaña presidencial en Colombia también se ha visto enredada en la tormenta.

La Fiscalía General de la República de Colombia trinó el 6 de marzo que contaba "evidencias que acreditan asunción de gastos por parte de Odebrecht en beneficio de campañas presidenciales de 2014". 

El hombre que ata los cabos sueltos en el capítulo colombiano de la saga de Odebrecht es el exsenador Otto Bula, quien al parecer recibió millones de la firma brasileña. Desde entonces se le ha acusado de ser también testaferro de la Oficina de Envigado, importante organización criminal de Medellín.

Análisis de InSight Crime

Este último escándalo parece establecer un vínculo directo entre grupos criminales y las élites empresariales brasileñas, pero aún podría ser la punta del iceberg. Exejecutivos de Odebrecht sellaron un preacuerdo con los investigadores brasileños, cuyos hallazgos no se han hecho públicos, y que pueden tener repercusiones aún más hondas en exponer la corrupción y los lazos criminales en la cúpula de los gobiernos latinoamericanos.

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En Colombia, este caso también suscita preguntas sobre cómo empresas como Odebrecht que presuntamente financiaron a guerrillas serán —o no— juzgadas dentro del nuevo sistema de justicia transicional propuesto al Congreso mediante el acuerdo de paz con las FARC. El nuevo sistema dispone, esencialmente, que puedan limpiar su nombre empresas que fueron obligadas a pagar cuotas extorsivas a actores del conflicto armado. Sin embargo, los casos más graves de financiamiento de grupos ilegales deben enfrentar los tribunales de paz transicionales, donde los responsables aún pueden recibir sentencias reducidas. Trazar la línea entre la cooperación voluntaria y forzosa de las empresas puede resultar ser un proceso desafiante.

Además, la conexión FARC-Odebrecht pone en relieve una vez más la elusividad de las finanzas de las FARC. De ser ciertas las denuncias contra Odebrecht, la guerrilla recibió hasta US$1,2 millones de una sola compañía por año, lo que da idea de la escala de las ganancias de las FARC en todo el país. Una de las principales misiones de Colombia ahora será ubicar y confiscar esos activos, lo que posiblemente tendrán que hacer sin la plena cooperación de la guerrilla.