Las autoridades de Colombia están acusando a los grupos del crimen organizado de promover las protestas contra la erradicación de la coca, aunque el gobierno puede también tener cierta culpa debido a su incapacidad para implementar eficazmente los programas de sustitución de cultivos.
El director de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Colombiana, general José Ángel Mendoza, dijo que los grupos del crimen organizado le estaban pagando 100.000 pesos colombianos (unos US$35) a cada campesino que participara en las manifestaciones contra la erradicación de la coca por parte del gobierno en la ciudad de Tumaco, departamento de Nariño, al occidente del país, informó El Tiempo.
Más de 1.000 productores de coca han participado en las recientes protestas y trataron de evitar que el gobierno destruyera los cultivos de cocales en la zona. Las protestas sociales, principalmente en las zonas rurales, han generado brotes esporádicos de violencia.
Se han reportado incidentes aislados que involucran el uso de explosivos y un disparo a un helicóptero. Un policía murió a causa de varios disparos el pasado 1 de abril, en medio de las protestas que estallaron en el pueblo de Llorente, cerca de Tumaco.
Once policías fueron secuestrados por cocaleros el 12 de abril, como parte de las protestas en la vereda de El Porvenir, en zona rural de Tumaco. Los agentes fueron liberados un día después, informó El Tiempo.
Según El País, los campesinos sostienen que las autoridades no han cumplido los compromisos de los programas de sustitución de cultivo pactados en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los cocaleros afirman que, por el contrario, el ejército está recurriendo únicamente a la destrucción de las plantaciones de coca de manera forzada.
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Sin embargo, el general Mendoza insistió en que el crimen organizado estaba tras las protestas que han llegado a paralizar a algunas zonas de Tumaco.
El general indicó que el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) se había unido a otras organizaciones criminales, como Los Urabeños, con el objetivo de proteger los “cultivos industriales” controlados por el crimen organizado en la zona.
Aunque los impactos parecen haberse sentido particularmente en Tumaco, en otros municipios y departamentos, como Cauca, también se han presentado protestas de los cultivadores de coca, informó Verdad Abierta. Allí también los manifestantes acusan a las autoridades de no cumplir con el acuerdo de paz, dado que se están enfocando exclusivamente en la erradicación forzada.
Análisis de InSight Crime
Si bien el crimen organizado puede haber financiado las protestas recientes, estas manifestaciones son en parte el resultado de la incapacidad del gobierno de Colombia para ofrecerles otras oportunidades económicas eficientes y coherentes a los cultivadores de coca.
Colombia se siente actualmente muy presionada por mostrar resultados en la lucha contra la producción de coca, la cual alcanzó niveles récords en el año 2016, a pesar de los programas de erradicación de la coca que se han adelantado por muchos años y con inversiones de millones de dólares. Además, las incautaciones de cocaína y las tasas de sobredosis están aumentando en Estados Unidos, una tendencia que, según las autoridades estadounidenses, se debe al boom de la cocaína en Colombia. Se estima que el país suramericano suministra más del 90 por ciento de la droga disponible en Estados Unidos.
Por otra parte, el gobierno colombiano ha fijado su meta de erradicación de coca de 2017 en 100.000 hectáreas. La cifra es considerablemente mayor que la establecida para 2016, cuando el gobierno pretendió erradicar 20.000 hectáreas, pero sólo logró erradicar 18.000.
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Durante una investigación de campo en Nariño, InSight Crime entrevistó bajo condición de anonimato a un oficial del ejército, quien dijo que los soldados a cargo de destruir los cultivos de coca se sienten muy presionados por mostrar resultados, pero no han recibido ninguna orientación ni instrucciones específicas acerca de cómo coordinar y dirigir los planes de erradicación.
La ausencia de una estrategia integral del gobierno y el excesivo uso de la erradicación forzosa han aumentado la desconfianza de los agricultores en el Estado, como lo demuestra el secuestro de cerca de una docena de oficiales de policía esta semana, el cual no se prolongó por mucho tiempo. Además, también parece que el uso de la erradicación forzosa ha unido a los grupos del crimen organizado y a los cocaleros locales en torno a una causa común.
Ante la falta de programas de sustitución eficientes, el cultivo de coca sigue siendo la alternativa más rentable para muchos agricultores pequeños. Por otra parte, la erradicación generalizada reduce directamente las ganancias criminales de las organizaciones narcotraficantes, al disminuir la disponibilidad de las materias primas usadas para elaborar la cocaína. Como resultado, los grupos criminales pueden haber optado por apoyar las protestas sociales, como una manera de impedir la erradicación, en lugar de enfrentarse directamente a las autoridades.
Esta dinámica es particularmente fuerte en Nariño, considerado el departamento de mayor producción de coca en Colombia y donde se han presentado repetidas protestas relacionadas con la coca, supuestamente alentadas por los grupos criminales. Varios alcaldes de Nariño le advirtieron a InSight Crime que esto puede convertirse en un problema grave, y que la violencia puede extenderse a las zonas urbanas.
*Leonardo Goi contribuyó en la búsqueda de información para la elaboración de este artículo.