Algunos de los magistrados que han denunciado

Una corte de Guatemala ha suspendido el proceso de elección de magistrados para las Altas Cortes del país tras el revuelo causado por funcionarios judiciales por la corrupción en el proceso, en un paso positivo hacia una reforma -que aún se podría descarrilar.

Gloria Porras, presidenta interina de la Corte de Constitucionalidad (CC), señaló en una rueda de prensa el 9 de octubre que el organismo otorgaría temporalmente los cinco amparos presentados por organizaciones de la sociedad civil y por un abogado para anular el proceso de selección de magistrados, informó Prensa Libre. Esta decisión, que solo tuvo un voto en contra, suspenderá los acuerdos alcanzados en el Congreso, a través de las cuales se seleccionaron 13 magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 126 para las cortes de Apelación. Los candidatos seleccionados no podrán asumir sus cargos hasta que la CC haya tomado una decisión final.

La decisión se produce dos días después de que la magistrada de la corte de Apelaciones Claudia Escobar Mejía -quien recientemente renunció en protesta por el proceso de elección- y otros 45 jueces afirmaron que tomarían medidas si la CC no abordaba rápidamente los amparos, informó elPeriódico.

Ese mismo día, la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, redactó una queja formal para ser entregada al Ministerio Público (MP, la Fiscalía General del país) con respecto a ocho irregularidades observadas durante el proceso de selección, informó elPeriódico. Estos incluyen criterios de selección inadecuados y la falta de verificación de los antecedentes de los candidatos.

Un día antes de la decisión de la CC, 12 de los recién reelegidos magistrados de la CSJ contraatacaron, exigiendo que el proceso no fuera anulado, informó elPeriódico.

Análisis de InSight Crime

La decisión de la CC supone un importante reconocimiento de las muchas voces -entre ellas la de la Organización de Naciones Unidas- en protesta por el defectuoso proceso de selección judicial en Guatemala. Sin embargo, mientras el tribunal continúa revisando los amparos (que según los informes podría tomar hasta 45 días), una gran cantidad de personas preocupadas, que probablemente estarán trabajando tras bastidores, harán todo lo posible para evitar que el proceso se realice de nuevo.

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Las dificultades que presenta cambiar el sistema es puesta de relieve por el hecho de que un congresista presentó una iniciativa de ley para reformar las comisiones de postulación de Guatemala hace dos años, pero esta propuesta nunca llegó más allá del Congreso.

Como lo ha señalado InSight Crime anteriormente, las comisiones de postulación de Guatemala están fuertemente influenciadas por las élites políticas y empresariales que buscan proteger sus intereses manteniendo su poder sobre el sistema judicial del país. En el pasado, estas mismas élites han actuado en contra de algunos funcionarios judiciales, como en el caso de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, quien representaba una amenaza para su impunidad.

En este reciente proceso, dos partidos políticos en el Congreso –encargados de hacer la selección final- se unieron para elegir a los jueces de una manera excluyente. Los candidatos seleccionados incluyeron al abogado de un traficante de drogas y a un prominente juez que en el pasado ha sido acusado de favorecer a los criminales