Un nuevo estudio revela que sólo el uno por ciento de los casos de homicidio en tres ciudades principales de Honduras resultó en condenas, resaltando la gran impunidad que es alimentada por el disfuncional sistema de justicia penal del país.
Un estudio conducido por Alianza Paz y Justicia (APJ), una ONG hondureña, examinó 566 homicidios en las ciudades de San Pedro Sula, Comayagua y Tegucigalpa, y encontró que sólo el uno por ciento resultó en condenas, informó Revistazo. APJ identificó la inhabilidad del Estado para llevar a cabo investigaciones criminales de calidad como la causa principal de la falta de condenas, y reveló que la evidencia –incluyendo el cuerpo de la víctima- fue recolectada en la escena del crimen sólo en el 61 por ciento de los casos. Adicionalmente, las investigaciones criminales sólo se abrieron en el ocho por ciento de los casos y sólo el siete por ciento resultaron en un juicio.
A nivel nacional, la APJ encontró que de los 27.272 homicidios que ocurrieron entre 2010 y 2013, sólo 1.009 –o 3,7 por ciento- resultaron en condenas.
Iris Fonseca, Fiscal Especial de Delitos contra la Vida en Honduras, dijo a Revistazo que 2.363 homicidios han sido registrados en lo que va del año en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero sólo 129 casos fueron judicializados.
Análisis de InSight Crime
El estudio de APJ resalta el alto nivel de impunidad en Honduras facilitado por la corrupción, falta de entrenamiento, y un agobiado sistema judicial. Según las cifras reveladas por APJ, la tasa de impunidad en Honduras para los homicidios es de más del 96 por ciento, lo que significa que prácticamente no hay un elemento disuasorio para que los grupos criminales –como las poderosas pandillas callejeras del país- paren de cometer homicidios. La vasta impunidad probablemente es un factor que contribuye al estatus de San Pedro Sula como la ciudad más violenta del mundo, y la posición de Tegucigalpa en el top diez.
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A pesar de que Honduras ha logrado avances este año persiguiendo a poderosas organizaciones narcotraficantes como el clan Valle Valle, estos avances difícilmente han hecho algo a corto plazo para mejorar la vida diaria para los hondureños. Los descubrimientos de APJ sugieren que el país podría verse mejor servido invirtiendo más recursos para fortalecer las instituciones responsables de la recolección de evidencia y de la investigación criminal, en lugar de enfocar sus esfuerzos en capturas de alto nivel y extradiciones.