Pandilleros custodiados por policías afuera de una cárcel de El Salvador

Un reciente informe de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador hace un reconocimiento a las nuevas medidas de seguridad del gobierno para reducir el crimen, pero rechaza sus efectos negativos con respecto a los derechos de los presos, lo que genera dudas acerca de la eficacia de los programas del país en la lucha contra el crimen dentro y fuera de las prisiones.

El informe de junio de 2017 hace una evaluación de las "medidas extraordinarias" del país con respecto a los derechos humanos y la reducción del crimen. Con medidas que van desde los confinamientos permanentes hasta la suspensión de visitas en las prisiones, el bloqueo de las comunicaciones electrónicas y el establecimiento de audiencias en tribunales lejanos, se busca reducir el contacto de los presos con el exterior, con el objetivo de impedir las actividades criminales que planifican y ejecutan los pandilleros recluidos en las cárceles salvadoreñas.

El informe elogia las medidas por el hecho de haber reducido significativamente el número de homicidios en el país, que pasó de 6.071 a 4.881 entre 2015 y 2016, aunque señala que las tasas de extorsión, desapariciones forzadas y robo se mantuvieron estables. Sin embargo, critica las medidas porque violan "los derechos a la salud, la seguridad, el debido proceso y los programas de reinserción" de los presos.

Las quejas de los reclusos por abusos a manos de las autoridades salvadoreñas aumentaron entre abril y mayo de 2016 —cuando se implementó el programa de seguridad— lo que provocó más de 2.000 intervenciones de la PDDH en los centros penitenciarios. Según el informe, los confinamientos permanentes dieron como resultado más de 47 muertes en las prisiones entre enero y noviembre de 2016.

Análisis de InSight Crime

La positiva valoración que la PDDH hizo sobre los efectos del programa en la reducción de los homicidios es mucho menos convincente que las conclusiones del informe sobre los abusos a los presos. El informe no proporciona ningún nexo causal que sustente la afirmación según la cual las nuevas medidas de seguridad fueron en efecto las que provocaron la disminución en las tasa de homicidios en El Salvador.

En cualquier caso, no hay ninguna relación directa entre dicho programa y los niveles de criminalidad por fuera de las prisiones, si se tiene en cuenta que los datos sobre crimen utilizados por el informe sólo dan cuenta de los casos registrados oficialmente. Además, las pandillas se han atribuido a sí mismas la disminución de los niveles de violencia, aduciendo que en marzo de 2016 les ordenaron a sus miembros rasos detener los asesinatos.

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El informe parece ser parte de un plan para asegurar que el gobierno —y no las pandillas— sea el que controle las versiones que circulan sobre los homicidios. Esta no es la primera vez que en meses recientes los funcionarios salvadoreños han atribuido la disminución en la tasa de homicidios del país a las medidas de seguridad del gobierno, sin ofrecer mayor evidencia para dicha aseveración.