Un reciente informe pide mayor asistencia jurídica para los presos de Haití que se encuentran a la espera de juicio, una iniciativa que podría reducir algunas de las pérdidas humanas y financieras del defectuoso sistema judicial de la isla nación.
La investigación, publicada por el proyecto “Haiti Priorise” del Centro Consenso de Copenhague, afirma que controlar el problema de detención preventiva de Haití podría generar beneficios financieros que equivaldrían a casi tres veces el costo del programa.
En el informe, escrito por Jimmy Verne, economista del Ministerio de la Planificación y Cooperación Externa de Haití (Ministère de la Planification et de la Coopération Externe), el centro de estudios solicita la extensión de un programa de asistencia jurídica que se inició en 2012, que condujo a la creación de nueve Oficinas de Asistencia Legal (OAL) que actualmente operan en cinco de los 18 tribunales de “primera instancia” de Haití , donde los casos son llevados ante un juez por primera vez.
El objetivo de las OAL es prestar asistencia a los acusados que carecen de representación legal. Más de la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza, y de estos, según el informe, casi una cuarta parte viven en extrema pobreza.
La mayoría de los privados de la libertad son pobres y aún no han sido condenados. De la población carcelaria total de Haití, que era de 10.646 reclusos en 2015, más del 72 por ciento —es decir, 7.665— se encontraban en prisión preventiva. El informe considera que las OAL podrían acelerar los juicios de casi 2.800 detenidos, es decir, cerca del 30 por ciento.
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A su vez, disminuir la detención preventiva podría generar importantes beneficios financieros. El estudio estima que, en promedio, cada prisionero liberado mediante este programa permitiría ahorrar costes de prisión de dos años por persona liberada. Incluso, según el estudio, los condenados pasarían un promedio de un año menos en la prisión, gracias a las OAL.
Teniendo en cuenta las estimaciones sobre la productividad económica de los individuos liberados durante estos períodos, así como la disminución en los costos que el Estado debe asumir para mantener a los individuos encarcelados, el informe concluye que Haití podría ahorrar más de US$6 millones hacia finales de 2018. Esto equivaldría a casi tres veces el costo necesario de llevar el programa a todos los municipios de Haití.
Análisis de InSight Crime
El sistema de justicia de Haití es defectuoso y sus prisiones se encuentran terriblemente hacinadas. En febrero de 2017, una investigación publicada por Associated Press reveló que docenas de presos murieron debido a las condiciones de vida en las cárceles, donde un 80 por ciento de los presos se encuentran en prisión preventiva. Haití tiene la peor tasa de superpoblación carcelaria en el mundo; según el Instituto de Política Criminal e Investigación de la Universidad de Londres, dicha tasa es del 450 por ciento.
No es claro si las conclusiones económicas teóricas del documento se traducirán en beneficios monetarios concretos. El informe, por ejemplo, no ofrece suficientes detalles sobre cómo obtuvo las estimaciones de las ganancias económicas por los presos liberados, en un país donde la tasa de desempleo superó el 13 por ciento en 2016.
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Pero los beneficios del programa desde la perspectiva humana sí parecen ser muy valiosos. Permitir que los detenidos sean juzgados no sólo evitaría el encarcelamiento de personas que finalmente son declaradas inocentes, sino que además disminuiría el hacinamiento y los contactos entre los presos, lo cual, como InSight Crime señaló en un reciente informe, puede ser un catalizador para el crecimiento del crimen organizado.