Dr. Francisco José Mora Palma (derecha)

Los nuevos detalles que se han conocido sobre el funcionamiento de una sofisticada red de tráfico de órganos con nexos internacionales que operaba en Costa Rica apuntan a una evolución del rol del país en el mercado internacional ilícito de órganos.

En el desarrollo de un proceso a sospechosos presuntamente implicados en una red de tráfico de órganos en Costa Rica, el investigador judicial Diego Castillo Gómez comentó que la presunta red puede haber tenido nexos con Ucrania, según información publicada el 15 de septiembre por La Nación.

En primer lugar, en 2012 las autoridades costarricenses recibieron una solicitud de sus homólogos ucranianos para que investigaran un número de teléfono asociado a dos ucranianos que habían sido detenidos por tráfico de órganos, relató Castillo.

Luego de investigaciones adicionales, los investigadores descubrieron que el número se usó muchas veces para comunicarse con Francisco José Mora Palma, urólogo que fue arrestado en junio de 2013 junto con otros dos por ser presuntos cabecillas de la red de tráfico ilícito de órganos. En febrero de 2016, las autoridades costarricenses anunciaron que formularían cargos formales y eventualmente llevaron a juicio el caso, el primero de su tipo en el país.

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Las denuncias anteriores ya habían relacionado a la red de Mora Palma con actores locales e internacionales.

Entre los presuntos implicados en la red estaban los urólogos costarricenses Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán, el especialista en el sistema vascular periferal Víctor Hugo Monge, así como el agente de la Policía Nacional de CostaRica Maureen Cordero Solano, quien fue presuntamente una de las víctimas de Mora Palma y recibió 6 millones de colones (unos US$10.400) por uno de sus riñones.

Según La Nación, Solano abordaba a personas locales en situación de pobreza para reclutarlos como "donantes" de riñones, lo que supuestamente le reportaba US$1.000 por cada donante reclutado. Luego de eso, Solano remitía los donantes al comerciante griego, Dimosthenis Katsigiannis Karkasi, quien les ofrecía hasta 10.000 colones (alrededor de US$17.400) por el riñón.

Karkasi, dueño de una pizzería frente al hospital donde Mora Palma trabajaba, llevaba entonces a los "donantes" para una consulta con el médico para iniciar los procedimientos preoperatorios, seguidos de un chequeo particular.

Luego de ser remitidos a uno de los hospitales privados, Mora Palma, con ayuda de los urólogos y el especialista vascular periferal, extraía los riñones y los trasplantaba a los receptores, quienes presuntamente pagaban desde US$140.000 por procedimiento, de los cuales se suponía que US$40.000 eran para los donantes.

Posteriormente, se dice que Mora Palma pagaba a los donantes en efectivo, si les pagaba, y los hacía firmar declaraciones ante notario en las que declaraban que no habían recibido pago alguno por el riñón. Al igual que en Estados Unidos, en Costa Rica es ilegal pagar a alguien por sus órganos.

Según el testimonio de Castillo, Mora Palma coordinó los exámenes y cirugías de por lo menos 14 trasplantes renales en las instituciones privadas Clínica Bíblica y Hospital Hotel La Católica. Mora Palma fue durante trece años director del departamento de nefrología en el hospital público Rafael Ángel Calderón Guardia en San José, capital de Costa Rica, y se dice que trabajaba fuera de su consultorio en el hospital.

Mora Palma afronta acusaciones por 14 cargos de trata de personas para extracción ilícita de órganos, y 16 cargos de apropiación indebida por uso de equipo e instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para cometer los delitos, entre otros cargos.

Análisis de InSight Crime

No cabe duda de que las autoridades de Costa Rica parecen haber descubierto una importante red internacional de tráfico de órganos en el país. De hecho, una investigación publicada por el New York Times en 2014 vinculaba la red de Mora Palma —de la que se dice que opera desde 2011 por lo menos— con "importantes actores del considerable mercado negro de riñones en Israel".

Sin embargo, según la abogada colombiana Luz Estella Ortiz-Nagle, experta reconocida en trata de personas, es posible que Costa Rica esté transformándose de actor minúsculo en el tráfico global de órganos a "epicentro" del tráfico ilegal de órganos, en gran parte por la corrupción que ha permitido que prospere una sofisticada industria de "turismo de trasplantes", además del desbalance global entre la oferta limitada de riñones y la gran demanda de trasplantes.

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Ortiz-Nagle explicó en una entrevista concedida a La Nación en junio de 2017 que la corrupción de funcionarios de distintos sectores es esencial para la operación exitosa de estas redes, dada la extensión de sus actividades.

"Hay un facilitador o reclutador que ubica a la víctima o donante (…) un coordinador internacional o intermediario, un lugar para el trasplante, un receptor (…) que recibe la donación, y profesionales médicos: médicos de trasplantes, anestesiólogos, enfermeras, técnicos médicos, laboratorios y administradores de hospitales", señaló.

Según un informe de trata de personas publicado en 2017 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno costarricense está haciendo esfuerzos importantes por combatir el tráfico, pero aún no cumple los estándares mínimos en Estados Unidos.