Expresidente Álvaro Uribe en su arenga contra la corrupción el 1 de abril

Mientras Colombia trabaja en la implementación de un ambicioso acuerdo de paz y en la lucha contra grupos criminales nuevos y antiguos, la corrupción en grado extremo en el mismo gobierno es una amenaza que muchas veces se pasa por alto, pero es crucial para combatir la pobreza, el narcotráfico y la violencia en medio de esta histórica ventana de oportunidad para el cambio.

La corrupción en Colombia bien puede cuantificarse en US$14 mil millones, anunció recientemente el Contralor General Edgardo Maya Villazón en un foro anticorrupción organizado por El Tiempo (ver video abajo).

El problema de la corrupción "deslegitima la democracia" y se ha calculado en 30 a 40 billones de pesos, o alrededor de US$10 a 14 miles de millones, informó Maya Villazón, sin especificar un periodo de tiempo para ese estimativo.

Maya Villazón añadió que los dos organismos anticorrupción del gobierno: la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, junto con la Fiscalía General "no son suficientes" para combatir la corrupción, por lo que debe haber un "compromiso de Estado y un compromiso social".

El 1 de abril, el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe, convocó a una marcha contra la corrupción donde exigió la destitución del actual presidente Juan Manuel Santos. A la marcha asistieron los más destacados activistas de la oposición, entre ellos John Jairo Velásquez, alias "Popeye", antiguo sicario del Cartel de Medellín bajo la dirección de Pablo Escobar.

 

Contralor general Edgardo Maya Villazón en su alocución en un foro anticorrupción en abril de 2017.

Análisis de InSight Crime

Los titulares de prensa en Colombia se han copado recientemente con las reverberaciones nacionales del escándalo de corrupción que abarca a varios países en toro al conglomerado brasileño de la construcción Odebrecht. En las últimas semanas, acusaciones que implican la red de sobornos de largos tentáculos creada por la empresa han empañado las campañas presidenciales de 2014 del actual mandatario Santos, así como las de su contrincante más cercano Óscar Iván Zuluaga, cuya campaña fue respaldada por el senador Uribe.

Esta no es más que la muestra más reciente de la erosión del estado colombiano por parte de esquemas criminales en todos los niveles, que por mucho tiempo ha beneficiado a grupos del crimen organizado y élites por igual. Ahora, la lucha contra este flagelo cobrará de nuevo importancia en vista de la implementación de un acuerdo de paz seminal entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Como parte del acuerdo, el gobierno prometió llenar el vacío de poder en las regiones que controlaba la insurgencia, así como realizar un ambicioso plan de desarrollo rural con el fin de debilitar las economías criminales en zonas rurales.

Pero muchos temen que los miles de millones de dólares en ayuda internacional que sustentarán el acuerdo de paz corran el riesgo de desperdiciarse a manos de las redes de corrupción habituales conformadas por empresarios, políticos, contratistas y grupos criminales. De hecho, miembros de las FARC que se están desmovilizando en las zonas veredales de concentración han denunciado que el gobierno ha completado poco o nada de la adecuación de los campamentos mientras que los alimentos tienen precios exorbitantes, presuntamente a raíz de la corrupción en los esquemas de contratación.

 

Fotografía de febrero de 2017 de un lote de tierra vacío donde se suponía que debía haberse erigido un campamento para la desmovilización de las FARC, supuestamente por parte del gobierno.

Sea cierto o no, esto refleja —y atiza— mucho la desconfianza de la población en la prioridad que den los funcionarios de gobierno a la población más pobre del país. Y ese escepticismo podría limitar el incentivo de los ciudadanos para acoger futuras iniciativas gubernamentales, como proyectos esenciales de sustitución de cultivos de coca con sembrados legales.

La corrupción entre las autoridades locales también refuerza la capacidad de los grupos criminales para operar en las comunidades y, en ocasiones, suplantar la autoridad legítima. Con el desplazamiento de grupos criminales a los antiguos bastiones de las FARC, esta realidad seguirá socavando la capacidad del estado para recuperar los territorios y a decenas de miles de familias implicadas en sus economías ilegales.

Una acción decisiva y el empoderamiento del público colombiano, en la forma de organismos de veeduría ciudadana, por ejemplo, puede ofrecer algunas soluciones.

Como lo declarara en el foro el contralor general Maya Villazón: el país debe "hacer un levantamiento contra los malos manejos de los recursos públicos […] estremecer las columnas para que todo [el sistema] se derrumbe y se pueda levantar algo nuevo".