Las sobredosis de opioides matan a 90 personas diariamente en Estados Unidos

El fiscal general estadounidense Jeff Sessions ha anunciado la creación de una unidad especializada de detección de opioides para contrarrestar la crisis de abuso de narcóticos que aqueja al país, una de las primeras acciones importantes que ha adoptado hasta el momento Estados Unidos sobre una de las promesas electorales más importantes del presidente Donald Trump.

El 2 de agosto, Sessions anunció la creación de la Unidad de Fraude y Abuso de Opioides, programa de análisis de datos del Departamento de Justicia, que se centrará en "el fraude con opioides contra el sistema de salud, usando datos para la identificación y judicialización" de quienes están contribuyendo a la crisis de los opioides, según un boletín de prensa.

El programa ofrecerá financiación a doce fiscales federales por tres años para que se dediquen de manera exclusiva a la investigación y judicialización del fraude asociado a los opioides, que considera de manea específica "esquemas de producción de píldoras y farmacias que desvían o distribuyen en forma ilegal opioides de venta con fórmula médica con fines ilegítimos", declaró el comunicado.

Los distritos seleccionados para participar en el programa tienen correlación con los estados más afectados por la crisis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre ellos West Virginia, Kentucky, Ohio y Pennsylvania.

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Según Sessions, los nuevos recursos pondrán a las autoridades en mejor posición para "identificar, judicializar y condenar a quienes contribuyan a estas decenas de muertes anuales",

En 2015, murieron más de 33.000 personas por sobredosis de opioides en Estados Unidos, y en la actualidad mueren diariamente más de 90 personas, según el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en ingles). El número de muertes atribuido a las drogas de prescripción de venta controlada sigue superando las de cocaína y heroína juntas, según el informe más reciente de la Estimación de Amenaza Nacional por Drogas, de la DEA. Esta tendencia se mantiene desde 2002.

 

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(Gráfico, cortesía de The Economist)

El 4 de agosto, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) propuso una reducción de 20 por ciento en la cantidad de sustancias controladas con autorización de producción en Estados Unidos en 2018 en comparación con 2017, según un boletín de prensa de la DEA. Aunque aún no es ley, la propuesta muestra que el organismo está intensificando sus esfuerzos para atacar las cadenas suministro legales y también ilegales que atizan la epidemia de opioides.

Es bien sabido que la explosión en el uso de analgésicos de prescripción ha sido una ventaja para el crimen organizado, pues ha precipitado un alza en el consumo de heroína y otras sustancias ilegales en Estados Unidos. Muchos adictos a los analgésicos de prescripción recurrieron a opciones más económicas en el mercado negro cuando sus fórmulas se agotaron o cuando no pudieron comprar más los costosos fármacos.

De hecho, mientras la demanda de heroína se disparaba en Estados Unidos, también aumentaba la producción de la droga en México, empeorando violentos conflictos entre grupos criminales en ese país. Otras fuentes ilícitas incluyen píldoras legales que se desvían al mercado negro y cada vez más, el potente fentanilo opioide sintético, que se combina con heroína y otras píldoras (desconocidas para la mayoría de los compradores) y también se venden por sí solas.

Análisis de InSight Crime

La creación de una unidad especializada de lucha contra la crisis de los opioides es un paso positivo de la actual administración estadounidense para cumplir una importante promesa de campaña de Trump de combatir fuertemente la adicción a los opioides. En marzo de este año, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que creaba la Comisión para la Lucha contra la Adicción a las Drogas y la Crisis de los Opioides para investigar formas de combatir la adicción y tratar a los afectados. Esa comisión recientemente instó al presidente a declarar emergencia nacional sobre la crisis de opioides en un informe provisional.

La nueva fuerza de tarea y la propuesta aparte sobre sustancias controladas de la DEA vienen a raíz de varias acciones legales a nivel estatal adelantadas a comienzos de este año contra los fabricantes de opioides en Ohio, California, Illinois, Nueva York, Mississippi y New Hampshire por sus prácticas de mercadeo, venta y distribución. Pero esta es una de las primeras acciones federales de gran envergadura que adopta la administración Trump con el fin de luchar contra la que se ha convertido en la primera causa de muerte para los estadounidenses menores de 50 años.

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Al mismo tiempo, muchos seguidores de Trump —que también son algunos de los más afectados por el flagelo de los opioides— demandan más recursos para el tratamiento, en oposición al refuerzo de las medidas de control. Más aún, la comisión presidencial creada por Trump en marzo recomendó al gobierno "incrementar rápidamente la capacidad de tratamiento", así como otras medidas de prevención.

Pero el mismo Sessions expresó su escepticismo en el tratamiento de la adicción durante el evento de lanzamiento de la nueva unidad de detección de opioides, que carece de tales medidas. El tratamiento muchas veces "llega muy tarde"; solo ayuda "en algunos casos" y "con mucha frecuencia falla" por completo, comentó el fiscal general, indicando que la administración no tiene planes de invertir mucho en ese tipo de servicios públicos, pese al reclamo.

Lo paradójico es que la propuesta de la DEA de limitar la oferta legal de analgésicos puede terminar aumentando la demanda de otros opioides ilícitos (como la heroína), lo que inevitablemente beneficiaría a los grupos del crimen organizado. Algunos expertos han señalado las ventajas posibles de un ataque frontal a los fabricantes de opioides legales, pero otros han sostenido que las estrategias para abordar la crisis de los opioides debe incluir medidas de prevención y tratamiento de la adicción para tener éxito.