El recién nombrado vicepresidente de Venezuela ha sido investigado por Estados Unidos por su presunta participación en narcotráfico, lo que lo convierte en el más reciente funcionario en ocupar una posición de primer nivel en el gobierno venezolano, a pesar de ser sospechoso de tener vínculos criminales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el 4 de enero que Tareck El Aissami, exgobernador del estado de Aragua que había sido ministro del Interior, fue elegido vicepresidente como parte de una reestructuración general de su gabinete.
El Aissami había sido vinculado con el narcotráfico en varios informes periodísticos en los que se mencionaba a funcionarios estadounidenses cuya identidad no fue revelada. En 2015, El Nuevo Herald informó que fuentes anónimas habían mencionado a El Aissami como un posible cómplice en un esquema de narcotráfico que involucraba a sobrinos de la primera dama de Venezuela.
Más adelante, en 2016, el mismo diario citó datos de una fuente anónima que sostenía que El Aissami trabajó con Roberto de Jesús Soto García, el supuesto vínculo en Honduras de la red de militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas conocida como el Cartel de los Soles.
En su informe sobre el reciente nombramiento de El Aissami como vicepresidente, Associated Press indicó que dos fuentes anónimas habían confirmado que fiscales estadounidenses estaban investigando la posible participación de funcionarios venezolanos en el narcotráfico.
Días después del nombramiento de El Aissami como el nuevo vicepresidente, Maduro anunció la creación de un “comando antigolpista” que sería liderado por El Aissami, una figura cada vez más influyente e importante dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El objetivo del “comando” consistía en “vencer y acabar de una vez por todas los remanentes del oligarca y derechista golpe de Estado”, informó la agencia de noticias EFE. (El gobierno de Venezuela y algunos de sus seguidores suelen promover teorías conspiratorias que señalan a la oposición de estar trabajando con elementos sospechosos para desestabilizar y eventualmente derrocar al PSUV del poder).
El presidente Maduro añadió que dicho comando estaría integrado por otros altos funcionarios, entre ellos el ministro del Interior, Néstor Reverol, y Diosdado Cabello, quien tiene un alto cargo en el PSUV. Ambos han sido acusados de participar en el narcotráfico.
Análisis de InSight Crime
Las dinámicas políticas al interior del PSUV pueden haber contribuido a la decisión de Maduro de reemplazar en la vicepresidencia a Aristóbulo Istúriz, un hombre de carácter mesurado, por El Aissami, quien es de mano más dura. Sin embargo, este nombramiento también representa la tendencia a designar funcionarios sospechosos de actividades criminales para cargos de alto nivel dentro del gobierno venezolano.
Dado que Maduro enfrenta una crítica situación en materia tanto de seguridad como económica en su país, parece estar rodeándose de funcionarios que tienen un claro interés en asegurarse de que la oposición no se tome el poder.
“Como El Aissami ha sido objeto de investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero, su salida tendría un alto costo y eso hará que se comprometa con preservar el gobierno de Maduro”, le dijo a InSight Crime David Smilde, experto en política venezolana y profesor en la Universidad de Tulane.
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Como se mencionó anteriormente, el nombramiento de El Aissami —a quien el líder de la oposición, Henrique Capriles, se refiere como “el narco de Aragua”— no es un caso aislado. Néstor Reverol fue nombrado ministro del Interior por el presidente Maduro el día después de que Estados Unidos diera a conocer una acusación de narcotráfico en su contra. Y Diosdado Cabello fue denunciado junto con El Aissami de haber estado profundamente involucrado en narcotráfico, denuncia hecha por exfuncionarios de alto rango de Venezuela, quienes posteriormente se trasladaron a Estados Unidos, según el Wall Street Journal.
Como Insight Crime lo ha expuesto anteriormente, estos nombramientos parecen ser parte de una tendencia mediante la cual la actual administración busca proteger a los funcionarios de alto rango acusados de crímenes, con el fin de mantenerse en el poder, cada vez más corrupto, asegurándole al presidente un séquito de personas leales que tendrían tanto que perder como el mismo Maduro en caso de que se produzca una caída política del presidente.
Pero esta estrategia parece haber llegado a otros niveles recientemente, ya que presuntos criminales han ocupado algunos de los cargos más influyentes del gabinete y han sido nombrados como un “comando especial” dentro de la rama ejecutiva. Esta dinámica podría facilitar la expansión de la corrupción generalizada y la participación de funcionarios venezolanos en otras actividades criminales.