Perú planea llevar a cabo un “apagón telefónico” con el fin de hacer frente a la extorsión, un delito generalizado en el país y comúnmente perpetrado a través de teléfonos celulares; sin embargo, los delincuentes han demostrado que pueden adaptarse rápidamente para esquivar medidas similares tomadas en otras ocasiones.
El 2 de junio, el ministro peruano del Interior José Luis Pérez Guadalupe anunció una serie de iniciativas para combatir la extorsión y mejorar la seguridad ciudadana, informó Perú 21. Entre las nuevas medidas se encuentra un “apagón telefónico”, mediante el cual se desactivarán los teléfonos celulares cuyos propietarios no estén registrados debidamente con sus respectivos operadores de servicios telefónicos.
A partir del 5 de junio, toda persona que compre un teléfono celular deberá presentar su identificación y registrar sus huellas dactilares en una base de datos biométrica, informó El Comercio. En las zonas del país que no cuenten con la tecnología necesaria para ello, los registros de los compradores se cruzarán con la información del sistema de identificación nacional de Perú. También se limitarán las compras a 10 teléfonos por persona, de manera que el nombre de una persona no pueda ser utilizado para comprar cientos de teléfonos, como actualmente sucede en Perú, según Pérez. Más adelante, en junio de 2016, se desactivarán todos los teléfonos celulares no identificados como parte del “apagón telefónico”.
Las autoridades peruanas también planean proponer una legislación que les exigiría a las compañías telefónicas reportar en 24 horas la ubicación de los teléfonos celulares usados para extorsiones.
Análisis de InSight Crime
La extorsión parece ser un problema creciente en Perú. La industria de la construcción del país es un objetivo común de las redes de extorsión (que a menudo operan con la ayuda de policías corruptos), aunque los extorsionistas también atacan al sector del transporte peruano e incluso a las escuelas.
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Además, los grupos criminales locales realizan microextorsiones, amenazando a las pequeñas empresas a través de teléfonos celulares, redes sociales o correo electrónico —y a menudo incluso lo hacen tras las rejas— para obligarlos a hacer pagos periódicos.
Las medidas antiextorsión anunciadas por el ministro del Interior de Perú son de alguna manera novedosas. Aunque otros países de Latinoamérica han decidido bloquear la señal de telefonía celular en las cárceles y en sus alrededores, como parte de los intentos por controlar la extorsión, pocos han implementado iniciativas de tan largo alcance como el “apagón telefónico”.
Sin embargo, la demostrada capacidad de los extorsionistas para adaptarse y continuar sus actividades ilícitas ante los esfuerzos por mitigar el delito podría evitar que las iniciativas propuestas tengan un impacto significativo. Según un exfuncionario peruano, Colombia implementó un apagón similar a comienzos de este siglo, pero los resultados fueron mínimos porque los delincuentes encontraron otras maneras de conseguir sus teléfonos.