Las acciones judiciales penales por difamación atacan a periodistas que cubren la corrupción y el crimen en Perú

Varios medios informativos peruanos enfrentan una avalancha de pleitos judiciales que ponen de relieve cómo las duras penas contra la difamación en Perú crean un efecto represivo en la cobertura que dan los medios a la corrupción y el crimen organizado.

Miguel Arévalo Ramírez, conocido con el alias de "Eteco", interpuso recientemente varios procesos penales por difamación contra media docena de medios noticiosos, cuatro periodistas y un agente antinarcóticos, que en el transcurso del último año informaron sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico, según información de Ojo-Publico.com.

Las noticias publicadas por Ojo-Publico.com, La República, El Comercio, América Televisión y Agencia Perú Producciones se basaron en documentos oficiales que cubren la investigación de la policía peruana y la de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). InSight Crime citó y reprodujo parte de su reportería.

Según la investigación oficial, Arévalo es sospechoso de traficar cocaína desde la década de 1980. Su primo, David Bazán Arévalo, también fue objeto de la investigación, y fue arrestado en julio por cargos de financiación y suministro de armas al grupo terrorista Sendero Luminoso durante su periodo como alcalde de la ciudad de Tocache, al norte del país.

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La serie de pleitos judiciales contra las empresas de medios es una de las mayores de este tipo en la historia de Perú. Arévalo demanda US$210 millones en multas y varios años de cárcel para los periodistas implicados. Sin embargo, estos litigios no son los primeros que interpone el sospechoso de narcotráfico.

A comienzos de este año, un juez falló a favor de Arévalo en una demanda aparte contra Google y muchos de los mismos medios informativos. El juez del caso ordenó a los medios "retirar, eliminar y suprimir" y "abstenerse de la publicación futura" de información personal o imágenes de Arévalo.

Hace dos años, Arévalo también demandó a Corina de la Cruz, periodista de la radio local y exalcaldesa de Tocache, por sacar al aire una entrevista sobre él. De la Cruz fue sentenciada a dos años de prisión y al pago de una multa de 10 millones de soles (más de US$3 millones).

Las demandas de Arévalo también siguen a casos similares ocurridos en años recientes.

En 2004, Fernando Zevallos, alias "Lunarejo", quien ahora cumple 25 años de prisión por su participación como capo de la droga, demando a El Comercio por US$200 millones por haber informado de sus nexos con el narcotráfico. Rodolfo Orellana Rengifo, actualmente en juicio por su presunta participación como cabeza de una masiva red de corrupción, también presentó más de una docena de demandas fallidas en los últimos años contra medios y periodistas que cubrieron su participación en el crimen organizado.

Análisis de InSight Crime

Las demandas contra medios noticiosos y periodistas que informan sobre la corrupción y el crimen organizado, como las que se están propagando por todo Perú, tienen un preocupante efecto coercitivo y podrían limitar el acceso a información fidedigna sobre algunas de las amenazas a la seguridad más importantes en Latinoamérica.

Todos los países de Latinoamérica y el Caribe, excepto Jamaica, usan el derecho penal para sancionar la difamación, lo cual según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) crea un efecto coercitivo en la prensa.

En Perú, el CPJ ha documentado un "uso alarmante de disposiciones desactualizadas sobre difamación para atacar a periodistas críticos". Esas demandas han sido usadas con éxito varias veces en los últimos años para silenciar la cobertura periodística de la corrupción en el gobierno y los vínculos con el crimen organizado.

Zuliana Laínez, Secretaria General de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), señaló a InSight Crime que en los últimos años estos litigios se han convertido en instrumento de poderosas élites para "bloquear" el periodismo crítico llevando a la cárcel a los periodistas o exigiendo multas exorbitantes, que en ocasiones han llevado al cierre a pequeños medios locales.

"Sin duda, en Perú tenemos una tremenda preocupación, no solo ahora sino por muchos años ya, de que las demandas por difamación estén usándose realmente como instrumentos para generar temor y silenciar las investigaciones y las voces críticas", observó Laínez.

Añadió que aunque las demandas de Arévalo han copado una enorme atención, debido a las enormes multas que pretende y la amplia gama de medios noticiosos y periodistas que implica, existen muchos otros casos similares por difamación actualmente en proceso en los juzgados locales de Perú.

Según Laínez, se ha dado un "uso inadecuado" a las demandas por difamación para la "persecución judicial" de periodistas, pero en el congreso no existe voluntad política para cambiar la legislación.